Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74161
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.161, "Gonzalez Carlos Daniel c/ Mrio. Justicia y Seg. s/Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la sentencia de primera instancia (v. fs. 596/606 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento , la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 613/622), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 624 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 630) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda interpuesta, condenando a la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y Seguridad) a abonar al actor Carlos Daniel Gonzalez el importe correspondiente al equivalente a veinte sueldos que por todo concepto perciba un Comisario General del Subescalafón Comando, al 18 de febrero de 2007 (fecha del hecho generador de la incapacidad), según las pautas del art. 47 de la ley 13.982, con más intereses, rechazando la petición de actualización monetaria. Impuso las costas a la accionada en su condición de vencida (art. 51, CCA) y difirió la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la sentencia (v. fs. 567/573).
Contra dicha decisión la demandada interpuso recurso de apelación en torno a dos agravios relacionados con la ley aplicable y la incompatibilidad de la indemnización pretendida con la reclamada ante el fuero laboral.
I.2. La Cámara hizo lugar al primero de los planteos, entendiendo que en virtud de la fecha del hecho generador de la incapacidad (18 de febrero de 2007) resultaba aplicable al caso la ley 13.201 (v. cons. 5°, 6° y 7°). Por otra parte, rechazó el planteo referido a la incompatibilidad de la indemnización pretendida con la reclamada ante el fuero laboral, considerando que ambas eran acumulables, con costas a la vencida (v. cons. 8°).
Para así decidir:
I.2.a. Afirmó que si bien es cierto que la ley 13.201 en su art. 11 inc. "n" último párrafo, establece que "...La percepción de este beneficio será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar que se otorgue a los agentes por la misma causa considerada para su otorgamiento...", el subsidio peticionado mediante la presente acción tiene una naturaleza diferente a la reclamada en el fuero laboral y fundamentalmente es diversa la causa tenida en cuenta para su otorgamiento.
I.2.b. Esgrimió que así lo ha entendido nuestro Máximo Tribunal al sostener que "el beneficio especial para los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente de los agentes policiales (art. 116 inciso 'e', 3°, decreto-ley 9550/80) -en el caso, ley 13.201-, es acumulable a la indemnización basada en las leyes de accidentes de trabajo o en el derecho común, porque tienen distinta causa y naturaleza y responden a distintos presupuestos condicionantes, lo que impide considerar que se trata de una doble reparación por un mismo hecho, o que haya una indebida acumulación de indemnizaciones" (conf. causa L. 110.774, "A., E. E. y ots. contra Provincia de Bs. As. Accidente", sent. de 15-X-2014). Ello en tanto el aludido art. 116 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80 en la causa citada ut supra , tiene una redacción idéntica al artículo de la ley, hoy en análisis.
I.2.c. Entendió que en ambas normativas (arts. 11 inc. "n" últ. párr., ley 13.201 y 116 inc. "e" ap. 3, dec. ley 9.550/80) la causa considerada para la concesión del beneficio es la circunstancia excepcional de que el fallecimiento o la incapacidad acaezcan en ejercicio de la función de policía y por ese motivo, exclusivamente, es que no puede percibirse otra indemnización, subsidio o beneficio similar. Aseveró que no es esa situación la que se tiene en cuenta en la Ley de Riesgos del Trabajo para proceder al pago de la indemnización (arg. causa B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011), ya que la misma representa el pago de la minusvalía laboral.
I.2.d. Refirió, que si bien la Corte Suprema nacional en la causa "Delgado" (D.1119.XXXII, sent. de 16-XII-1997) resolvió que no correspondía permitir la acumulación de dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria ya que de lo contrario se ocasionaría un indebido enriquecimiento en cabeza del eventual beneficiario, para el caso debía tenerse presente lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia en la causa "Vandamme" -citada- en la cual, a pesar de lo resuelto por el Máximo Tribunal, no se encontraron motivos que justifiquen el apartamiento del criterio sustentado en las causas Ac. 65.005, "Rodríguez", sentencia de 25-VIII-1998 y L. 67.483, "Cáceres", sentencia de 22-XII-1998.
I.2.e. Ponderó el hecho de que la actual integración del Máximo Tribunal nacional aún no se ha pronunciado al respecto, como así también que, en este caso, aun siendo análogas, las disposiciones legales aplicables son otras. Bajo tales parámetros recordó el principio de obligatoriedad de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando se trata de supuestos análogos por su naturaleza y circunstancias, y que la misma es la que emana de los fallos de la Suprema Corte provincial, no siendo necesario que la misma sea producto de la reiteración de fallos, ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias ( conf. causa Ac. 39.440, sent. de 27-II-1990 y antecedentes de la propia Cámara).
I.2.f. Aseveró que no debían soslayarse la índole de los derechos en juego y los principios que rigen la materia (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.), los que imponen efectuar una interpretación favorable al trabajador en caso de duda.
I.2.g. Adunó que la ley 13.982, vigente al momento de sentenciar, sí permite la acumulación del subsidio con otros que se establecieren por la misma causa.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, obrante a fs. 613/622.
La recurrente denuncia que la Cámara ha violado o aplicado erróneamente el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201 y que se ha interpretado la ley de forma absurda. Asimismo, denuncia que se ha vulnerado doctrina legal de esta Corte, y en especial la doctrina de la Corte de la Nación en la causa "Delgado". Solicita se revea la doctrina de esta Corte provincial en la causa "Vandamme". Alega que se han vulnerado las garantías consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Expresa que por el mismo hecho por el cual el actor aquí reclama la indemnización especial de la ley 13.201, es decir por el accidente ocurrido el 18 de febrero de 2007, demandó ante el fuero laboral en los autos caratulados "Gonzalez Carlos Daniel c/ Ministerio de Seguridad y otro s/ Accidente de Trabajo", una indemnización por daños y perjuicios (en concepto de indemnización integral del Código Civil, y, en subsidio, la reparación de la ley 24.557).
En este orden, entiende que la ley 13.201 es clara en cuanto a la incompatibilidad equivalente a treinta sueldos. Cita doctrina legal de esta Corte en cuanto a la forma de interpretar las leyes (causas A. 70.858, "López", sent. de 9-IV-2014 y B. 66.779, "Pérez", sent. de 19-II-2015).
Aduna que fue recién con la ley 13.982 (ley que no le resulta aplicable al actor) que se previó la compatibilidad. Sin embargo, en la ley 13.201 ello no se ha normado por lo cual dicha compatibilidad no se puede presumir, en tanto la inconsecuencia o imprevisión del legislador no da derecho a ello. Cita doctrina legal.
Reitera, tal como lo hiciera en su recurso de apelación, que la Cámara se apartó de los criterios sentados por la Corte Suprema de la Nación en casos análogos. En ese sentido menciona la causa "Delgado, Estela del Valle", sentencia de 16-XII-1997, en que la Corte resolvió que no resultaban acumulables las indemnizaciones del entonces art. 112 (luego art. 116) inc. "e", apartado 3 del decreto ley 9.550/80, con las de la ley 9.688. Entiende que, si bien la misma estuvo referida al decreto ley 9.550/80, corresponde hacer extensivas sus razones al régimen del art. 11 inc. "n" de la ley 13.201, porque este último reprodujo la prohibición de no acumular.
Solicita que esta Corte provincial revea su doctrina legal en la causa "Vandamme", en tanto resulta contraria a la regulación que emerge del art. 11 inc. "n" de la ley 13.201 y a la jurisprudencia de la Corte de la Nación. Cita el fallo de esta Suprema Corte donde se acató el sentido decisor de la Corte de la Nación, desestimándose íntegramente la demanda (causa B. 55.247, "Delgado, Estela del Valle", sent. de 2-III-1999), temperamento reiterado en las causas "Cáceres" y "Vargas".
Agrega, que la doctrina mencionada se mantiene en tanto el Máximo Tribunal nacional no se ha pronunciado con posterioridad en sentido contrario y que, si bien oportunamente la Corte de la Nación desestimó el recurso de queja planteado por su parte, lo fue en virtud del art. 4 de la Acordada 4/2007, con fecha 8-IV-2014.
III. El recurso no prospera.
III.1. La acumulación o no de la indemnización prevista en el régimen laboral con el beneficio en cuestión, es decir, si resulta compatible el cobro de las dos, ha sido objeto de análisis por esta Corte -con diferente integración- en las causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998 y L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999. En ellos se reconoció la procedencia de la acumulación.
Las decisiones en igual sentido en las causas B. 55.247, "Delgado", sentencia de 2-VII-1996; L. 67.483, "Cáceres", sentencia de 22-XII-1998 y L. 70.811, "Vargas" (cit.) fueron revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con una conformación muy diversa a la actual) y, en consecuencia, fue el criterio seguido con posterioridad por la mayoría de este Tribunal en casos de igual tenor.
Sin embargo, en la causa L. 84.498, sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016 y A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; esta Corte propicia nuevamente la solución conforme las conclusiones alcanzadas por el cuerpo en las citadas causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998 y L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999.
Los precedentes mencionados gozan de actualidad, por lo cual, considero que no corresponde hacer revisión de la misma en el marco del presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.2. El pronunciamiento se dictó conforme a la aludida doctrina legal de esta Suprema Corte. Y si bien aquí el recurrente se agravia de la interpretación que la alzada efectuó en orden a la nueva normativa (art. 11 inc. "n", ley 13.201), la resolución del caso no varía en tanto la misma contiene análogas previsiones a las de la norma analizada en aquellos precedentes.
Debe reseñarse que el acatamiento que los órganos judiciales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (conf. causas A. 73.385, "S., J. C.", sent. de 24-VI-2015 y A. 74.155, "Saragusti", sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV. En otro orden, corresponde señalar que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. causas A. 69.243, sent. de 6-X-2010; A. 70.553, sent. de 18-IV-2012 y A. 72.442, sent. de 6-XI-2013; e.o.), por lo que devienen inatendibles los agravios sustentados exclusivamente sobre la base de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
V. A tenor de lo señalado, atento que no se acreditó errónea aplicación de la ley ni violación de la doctrina legal, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y se confirma la sentencia de la Cámara en cuanto fuera materia de agravio.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Dejando a salvo la opinión que he expresado sobre la cuestión aquí debatida (causa B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011; e.o.) siendo doctrina legal del Tribunal la aplicada en el fallo impugnado, por razones de economía procesal, presto mi adhesión a la propuesta del doctor de Lázzari.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia