Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75277
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.277, "Albanese, Nancy Elizabeth y otros contra Municipalidad de La Matanza. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido parcialmente la demanda interpuesta contra la Municipalidad de La Matanza en relación a la reducción de la jornada laboral a raíz de la declaración de insalubridad formalizada mediante la resolución 11.572/06, el pago de las diferencias salariales, y la antigüedad conforme la carrera profesional hospitalaria de cada uno de los actores (v. fs. 1.304/1.329).
Se interpusieron, tanto por los actores (v. fs. 1.330/1.339) como por la parte demandada (v. fs. 1.357/1.369), recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Municipalidad demandada a fs. 1.357/1.369?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte actora a fs. 1.330/1.339?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Los doctores Nancy Elizabeth Albanese, Claudio Alejandro Romero, Juan José Antonio Colecchia, Viviana Lorena Bruno y Silvia Concepción Filipis promovieron -mediante apoderado- demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Matanza pretendiendo se reduzcan sus jornadas laborales de conformidad a lo establecido por la resolución 11.572 de la Subsecretaría de Trabajo dictada con fecha 14 de diciembre de 2006.
Asimismo, solicitaron que se les abonen las diferencias salariales correspondientes, sus intereses y la adecuación de la antigüedad.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza -en la oportunidad de resolver la medida cautelar solicitada- (v. fs. 320/324) ordenó al municipio demandado a reducir la jornada laboral de los actores a 27 hs. semanales manteniendo la remuneración de la jornada de 36 hs., de conformidad con la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo, lo que fue confirmado por el Tribunal de Alzada a fs. 408/412.
A fs. 1.257/1.269 luce agregada la sentencia de primera instancia en la cual el juez que previno reconoció el derecho de los actores a obtener la reducción de la jornada laboral en 1/4 de la correspondiente a sus clases y funciones desde la fecha en que se produjo la declaración de insalubridad en el Hospital Municipal del Niño mediante la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo, y mientras se desempeñen en ese u otro ámbito alcanzado por la resolución antes citada o equivalente, sin afectar la situación de revista o retribuciones de acuerdo a sus clases, ni la antigüedad, ni el monto de los aportes que efectúan al sistema previsional.
En consecuencia, ordenó al municipio demandado a reducir a 27 hs. semanales la jornada de los accionantes, sin perjuicio de admitir -por razones de interés público- la posibilidad de reencuadrar su situación en una jornada de 36 hs. semanales efectivas, cuya remuneración y aportes previsionales deberán ser liquidados con arreglo a un régimen horario de 48 hs. semanales (v. cons. VII, fs. 1.266/1.267).
Por otra parte, admitió parcialmente el reclamo en relación a las diferencias por antigüedad y al pago de las horas trabajadas en exceso a partir de la jornada laboral reducida.
De ahí, condenó al demandado a abonar los montos que surjan de la liquidación a practicarse consistente en las diferencias por antigüedad y el pago de las horas suplementarias laboradas en exceso de la jornada reglamentaria (9 hs. semanales) desde la efectiva notificación de sus reclamos a la comuna y hasta el 2 de septiembre de 2013, con arreglo a las pautas previstas en el art. 21 de la ley 11.757 entonces vigente y las que surjan de la prueba pericial contable.
A ello, adicionó la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días debiendo liquidarse desde la fecha que cada suma ha sido debida hasta la fecha del efectivo pago (arts. 622, Cód. Civ.; 7 y 10, ley 23.928 modif. ley 25.561 y 5, ley 25.561).
Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA texto según ley 14.437).
III. Ambas partes apelaron el pronunciamiento. La parte actora a fs. 1.270/1.271 y la demandada a fs. 1.279/1.287.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín desestimó los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmó la sentencia de primera instancia en todo cuanto fue materia de agravios (v. fs. 1.304/1.329).
Para así decidir, en lo que al recurso extraordinario en tratamiento interesa, el Tribunal de Alzada centró la cuestión a dilucidar en determinar el régimen normativo aplicable a los coactores, en virtud de la declaración de insalubridad efectuada por la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo.
III.1. Indicó que la sentencia del juez de grado no transgredió el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC) toda vez que el magistrado resolvió la cuestión conforme lo planteado en la demanda pudiendo, por imperio del principio iuria novit curia , enmendar el derecho invocado o suplir el omitido sin que ello importe infracción al principio antes aludido ni afectación del derecho de defensa de la contraparte.
Señaló que a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida, supuestos que no se verifican en el caso bajo análisis.
III.2. Por otra parte, precisó las normas que conforman el marco jurídico del caso, a fin de abordar los agravios relativos a la afectación de la autonomía municipal, la ausencia en la ponderación del interés público comprometido y la vulneración de la doctrina sentada por la propia Cámara en la causa "Dominice".
A esos fines recordó que los arts. 14 bis y 39 de las Constituciones nacional y provincial reconocen, respectivamente, los derechos de los trabajadores y, los arts. 41 y 28 garantizan a todos los habitantes gozar de un ambiente sano.
Mencionó que la ley 11.759 establece el estatuto que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que se encuentren adheridos a dicha ley (conf. art. 1, ley cit.).
Indicó que el municipio demandado no adhirió al mencionado régimen, y que la carrera hospitalaria municipal se encuentra regulada por la ordenanza 7.785/84 de la cual no surge referencia alguna al régimen de insalubridad.
Señaló que la Subsecretaría de Trabajo tiene la facultad de declarar insalubres los lugares de trabajo (arts. 2 y 37, ley 10.149), por lo cual es resorte de dicho organismo declarar -a través del procedimiento pertinente y previa intervención de las áreas competentes- esa condición respecto de lugares, tareas o ambientes de trabajo.
Indicó que en dicho contexto el Subsecretario de Trabajo, con fecha 14 de diciembre de 2006, dictó la resolución 11.572/06, en los siguientes términos: "...visto el estado de los presentes actuados y la presentación efectuada por la Municipalidad de La Matanza requiriendo el reconocimiento del carácter de insalubre de una serie de actividades que se desarrollan en el ámbito de ese Municipio, particularmente en el área de Higiene y Seguridad del Trabajo Hospitalario (v. fs. 2 del expte. 2900-73.590/99) [...] el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires resuelve[...]Declarar la insalubridad de las tareas que desarrolla el personal de los Servicios de Radiología, Laboratorio, Hematología, Esterilización y Neonatología de los Hospitales Jose Equiza, Materno Infantil T. Germani, Municipal del Niño y Policlínico Central [...], todos dependientes de la Municipalidad de La Matanza, por las razones expuestas en el exordio de la presente y los arts. 2, 3 inc. e y f, 4, 5, 6, 37 y conc. de la ley 10.149, 14 bis y 41 de la Constitución nacional, arts. 28 y 29 de la Constitución provincial, arts. 1 y 2 de la ley 11.544, ley 19.587, decreto 531/79 y ley 24.557 [...] Requerir a la Municipalidad de La Matanza que cumplimente las medidas correctivas y preventivas [...] en las áreas y sectores indicados" (v. fs. 1.226 vta./1.228).
Recordó que la interpretación de las normas debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico. Asimismo, señaló que la jerarquía normativa impone una disciplina de pensamiento en el intérprete al indicarle un orden de prelación, que no puede desconocerse en la tarea de interpretación.
Señaló, con cita en doctrina de este Tribunal, que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas y que la interpretación que de ellas se efectúe debe hacerse de tal manera que las mismas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas (causas Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001; C. 101.787, "Municipalidad de Chivilicoy", sent. de 2-III-2011; C. 117.079, "Racing Club Asociación Civil", sent. de 8-IV-2015; B. 67.395, "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.)", sent. de 20-IX-2017; e.o.).
Bajo esas premisas, sostuvo que el legislador puso en cabeza de la Provincia la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo.
Por otra parte, destacó que fue la municipalidad demandada quien requirió a la autoridad provincial el reconocimiento de insalubre de las tareas que se desarrollan en ciertas áreas de salud de la comuna, no pudiendo desconocer los efectos que de ella se derivan, como ser la aplicación del decreto 1.351/71.
Entendió que de ello se desprende el reconocimiento del propio municipio de que la ordenanza 7.785/84 no regula la cuestión en materia de insalubridad, la aceptación de que dicha competencia la tiene el organismo provincial y que el municipio -en esta materia y por ese acto propio- fue quien renunció o limitó su autonomía en lo que es objeto de controversia.
Refirió a la doctrina de este Tribunal que tiene dicho que, por aplicación de la denominada "teoría de los actos propios" resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (conf. doctr. causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
Afirmó, con cita en un precedente de este Tribunal, que en el ámbito de la función pública local es posible -y muchas veces necesaria- la coordinación de ordenamientos normativos entre provincia y municipios -e incluso con la nación-; pues el diseño instituido por la Constitución, no impide que ante la pluralidad de ordenamientos cada nivel regulatorio actúe en un plano distinto -material, de generalidad e interés- para la realización de diferentes cometidos y con miras a ordenar diversos aspectos del entramado de situaciones jurídicas que ofrece la relación de empleo en las municipalidades (causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro", sent. de 27-VIII-2017 y sus citas).
En definitiva, sostuvo que no conculca el principio de autonomía consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional, la facultad que tiene la provincia de declarar insalubres determinadas áreas dependientes de las municipalidades, máxime cuando ha sido solicitado por la propia comuna, tal como sucede en el caso.
Ello, en virtud de que la autonomía local, a la vez que supone un arbitrio de privativa incumbencia de los municipios, no excluye la configuración mediante normas provinciales, en tanto sean razonables y proporcionales a los fines previstos en el art. 123 de la Constitución nacional (cfr. arts. 1, 5, 28 y concs., Const. nac. y doctr. Fallos: 325:1.249).
Por su parte, para desestimar el agravio relativo con la falta de ponderación del interés público comprometido que el aquí recurrente le endilga al juez de primera instancia señaló que, justamente teniendo en miras su resguardo posibilitó -en caso de ser necesario- reencuadrar la jornada de los actores en 36 hs. semanales en cuyo supuesto su remuneración, antigüedad y aportes previsionales deberían ser liquidados con arreglo al régimen horario de 48 hs. semanales.
III.3. En relación al planteo subsidiario respecto de que los servicios que prestan los coactores no se encuentran comprendidos en la resolución ministerial 11.572/06, dado que cumplen funciones en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, la cual no había sido declarada insalubre, indicó que la réplica constituye, por un lado, una mera manifestación que no encuentra respaldo en constancia probatoria alguna, cuando el principio en la materia impone a la parte actora la obligación de acreditar la circunstancia fáctica en la cual sustenta su argumento defensivo (cfr. arts. 375, CPCC y 77 inc. 1, CCA) .
Asimismo, indicó que paralelamente, en atención al objeto de la contienda y lo previsto por el art. 39 apartado 3 de la Constitución provincial en materia laboral y de la seguridad social, en caso de duda, debe interpretarse a favor del trabajador (causas B. 63.468, "Pérez Rochiró", sent. de 2-IX-2009 y B. 60.486, "Viglino", sent. de 9-IX-2009; e.o).
En consecuencia, sostuvo que cuando la resolución 11.572/06 dispuso "declarar la insalubridad de las tareas que desarrolla el personal de los Servicios de [...] Neonatología de los Hospitales [...] Municipal del Niño [...] de la Municipalidad de la Matanza", la alusión a tal "servicio" debe ser interpretada de manera amplia e inclusiva de todas las áreas vinculadas -en este caso- a la especialidad de neonatología, con independencia del nombre que pudiera asignársele a cada una de ellas o del esquema de organización interno del nosocomio.
III.4. En relación a la improcedencia del pago de las sumas reclamadas el Tribunal de Alzada señaló que en virtud de las designaciones con un régimen horario de 36 hs. semanales, y habiéndose reencuadrado en el régimen de 27 hs. semanales a partir del 2 de septiembre de 2013, dado la forma en que se resolvió la pretensión de la reducción horaria, corresponde que se le abonen las 9 hs. semanales que los actores trabajaron en exceso.
Destacó que el concepto de carga dinámica de la prueba o prueba compartida, hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo; advirtiendo que la municipalidad demandada no aportó prueba alguna que desvirtuara la afirmación de los actores respecto al cumplimento de la jornada de trabajo conforme a sus actos de designación.
III.5. Por último, no encontró razones atendibles para hacer lugar al agravio respecto a la imposición de las costas y apartase del principio objetivo de la derrota que a partir de la modificación del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437) rige en la materia.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 1.357/1.369 la Municipalidad demandada denunció la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, entonces vigente.
Específicamente advirtió que el Tribunal efectuó una interpretación errada en cuanto señaló que la ordenanza 7.785/84 que regula la carrera hospitalaria municipal fue dictada en el marco de la ley 11.759, y no como derivación del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional.
Reiterando argumentos expuestos en el recurso de apelación, planteó que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC).
Afirmó que la relación laboral de los accionantes con el municipio no se rige por la ley 11.759, ni por la ley 10.471, ya que dichas normas no se aplican a los trabajadores profesionales que desarrollan sus tareas en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública municipal.
Adicionó a ello que -en su caso- los actores no prestan servicios en ninguno de los alcanzados por la declaración de insalubridad, denunciando absurdo en el modo en que se valoró la documental agregada en la causa.
Expresó que no es válido el argumento de que la ordenanza 7.785/84 fue dictada en el marco de la ley 11.759 -que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que hubiesen adherido-, pues más allá de la inconsistencia temporal, la vigencia de la ordenanza municipal citada deriva del art. 2 inc. "b" de la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656).
Adujo que la decisión de las instancias ordinarias vulnera el principio de autonomía municipal toda vez que la resolución 11.572/06 se fundó en el decreto 1.372/71, cuyo ámbito de aplicación está reservado para los establecimientos asistenciales que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sostuvo que el expediente iniciado por el municipio ante la cartera laboral no constituye un acto administrativo en los términos de la ley orgánica de las municipalidades, motivo por el cual no puede interpretarse que el municipio adhirió a la ley 11.759, ni que se encuentra derogado el decreto municipal 282/98 y, menos aún, que se extienda el decreto 1.351/71 a establecimientos asistenciales no previstos en dicha norma.
En ese entendimiento consideró que la sentencia en crisis realizó una indebida aplicación de la "teoría de los actos propios" a la luz de la doctrina legal de este Tribunal.
Refutó -para el caso en que se resuelva que la resolución ministerial 11.572/06 resulte de aplicación al ámbito municipal- que los servicios que desempeñan los accionantes en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal no quedan alcanzados en la misma, la que expresamente comprende los servicios de neonatología, radiología, hematología y esterilización del Hospital Municipal del Niño de San Justo.
En forma subsidiaria, se agravió del reconocimiento efectuado por la Cámara de las horas suplementarias laboradas en exceso, en cuanto entendió que ello vulnera la doctrina legal que rige en materia de carga probatoria.
Adujo que las instancias ordinarias invocando la operatividad del principio de progresividad omitieron aplicar el régimen especial de empleo previsto por la comuna para los profesionales de la salud (ordenanza 7.785/84) que habilita expresamente el art. 2 de la ley 11.757 entonces vigente.
Por último, calificó de dogmática la decisión del Tribunal de Alzada en relación a la imposición de las costas, reiterando los agravios expuestos en la apelación.
V. El recurso articulado no puede prosperar (art. 279, CPCC).
V.1. Conforme surge de los antecedentes de la causa la doctora Nancy Elizabeth Albanese, el doctor Claudio Alejandro Romero y la doctora Viviana Lorena Bruno, se desempeñan como médicos de guardia y los doctores Juan José Antonio Colecchia y Silvia Concepción Filipis como médicos de planta en el Servicio de Neonatología del Hospital Municipal del Niño de San Justo; cuyo servicio -entre otros- ha sido declarado insalubre mediante la resolución 11.572/06.
La Cámara interviniente entendió, de acuerdo a las normas implicadas y a los principios constitucionales rectores, que la competencia en materia de insalubridad es
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