Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74260
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.260, "Matas, Julia Ester y Ot. c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 252/260) y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 241/247 vta.) que desestimó la demanda indemnizatoria interpuesta por la señora Julia Ester Matas -por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad- contra la Municipalidad de Bahía Blanca (v. fs. 286/293).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 297/304), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 305 y vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 328/330 vta.), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 331) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La presente causa versa sobre la acción que por daños y perjuicios incoara la señora Julia Ester Matas, por sí y en representación de su hijo menor de edad, contra la Municipalidad de Bahía Blanca, a raíz del accidente que sufriera su concubino y padre de su hijo, el día 5 de noviembre de 2011, cuando conducía su motocicleta sobre el entubado del arroyo Napostá y al llegar a la intersección con la calle Edison, embistió sorpresivamente con la tapa del desagüe cloacal que se hallaba en el lugar, sobresaliendo unos veinte o veinticinco centímetros, por encima de la calzada. Circunstancia que, según adujo la actora, generó la pérdida de control del ciclomotor, e hizo que golpeara su cabeza con el pavimento y perdiera la vida en el lugar indicado.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Bahía Blanca rechazó la demanda entablada contra el municipio. Consideró, por un lado, la falta de prueba sobre la mecánica del siniestro, sumado a que, pese a ser uno de los puntos de pericia propuestos por la parte actora, finalmente no produjo la pericial mecánica que ella misma ofreciera y, por otro responsabilizó a la propia víctima por circular con un elevado grado de alcoholemia.
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, confirmó la sentencia de primera instancia.
Entendió que el juez de la instancia de grado valoró la prueba con cierta rigidez ya que los extremos de la causa permitían, cuanto menos presumir, que la tapa de desagüe cloacal emplazada sobre la calle Napostá, no fue un elemento totalmente extraño, sino que estuvo presente en la mecánica del suceso.
Consideró que, no obstante que la parte actora podría haber mostrado un mayor empeño en la acreditación de los hechos que hacían a su reclamo (recordó que la prueba pericial en Ingeniería Mecánica que había ofrecido no fue realizada -cfr. fs. 228-) existían una serie de indicios que por su número, precisión y concordancia, permitían formar convicción sobre el punto en cuestión y situar al elemento crítico en el contexto fáctico en el que se produjo el siniestro (arg. arts. 163 inc. 5 seg. párr., 375, 384 y concs., CPCC; arg. art. 77 y concs., CCA).
Al efecto ponderó: el croquis labrado en la investigación penal que ubicó a la tapa cloacal en el mismo sentido por el que circulaba la moto; la planimetría llevada a cabo por la Policía Científica, que describió un "arañazo metálico", ubicado a una distancia media entre la tapa de tormenta y el sector donde fueron hallados el occiso y su motocicleta; el acta de inspección ocular que hizo particular referencia a la tapa de desagüe cloacal de hormigón situada en la calzada con una elevación aproximada de unos veinte centímetros sobre la cinta asfáltica, sólo señalizada con una cinta indicadora de peligro de color rojo y blanco, en avanzado estado de deterioro; las fotografías tomadas por personal policial que dieron cuenta de que la tapa cloacal, era la única anomalía existente en la arteria por la que se desplazaba el señor Rivero Cano; las declaraciones de vecinos del lugar obrantes en autos que resaltaron que no era la primera vez que se producía un accidente vial a raíz de la tapa allí emplazada (v. fs. 289 y vta.).
Entendió que más allá del contacto físico con la cosa, la presencia de la tapa de desagües cloacales deficientemente señalizada, constituyó -de por sí- una fuente de peligros para quienes transitaran por el lugar y un obstáculo que, considerado en abstracto y según el curso natural y ordinario de las cosas, bien podría erigirse en causa adecuada de accidentes como el de autos.
No obstante, destacó que para responsabilizar al municipio debía precisarse si el comportamiento del conductor de la motocicleta (hecho de la víctima) operó en la especie como una concausa susceptible de interrumpir total o parcialmente el nexo de causalidad para desplazar, la responsabilidad que se imputó a la demandada (v. fs. 289 vta.).
En tal sentido, afirmó que con el informe toxicológico que arrojó el resultado de 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre, se acreditó que la víctima conducía en estado de ebriedad, contraviniendo la norma que prohíbe conducir motocicletas con una alcoholemia superior a los doscientos miligramos, además de constituir, falta grave.
A continuación, precisó los perjuicios que, según la literatura especializada, produce la ingesta de alcohol en los conductores de vehículos motorizados y el aumento exponencial del riesgo a sufrir accidentes cuando, como en el caso, se trata de la conducción de motocicletas (v. fs. 290 vta.).
Añadió, citando estudios realizados en la materia, que la concentración alcohólica que presentaba el fallecido, provoca la disminución de la capacidad visual y psicomotriz, la atención y los reflejos, entre otras alteraciones.
Concluyó que la conducta desplegada por la víctima, al circular ebrio y de madrugada cuando la visibilidad no es óptima, constituyó el factor desencadenante exclusivo y excluyente del resultado fatal según el curso natural y ordinario de las cosas, en el entendimiento de que era altamente previsible que sufriera un accidente en el estado de disminución de las habilidades psicomotrices en que se encontraba, aún con abstracción del elemento inerte, en el caso, la elevación de la calzada, en el sitio de la tapa del desagüe cloacal (v. fs. 291 vta.).
Consideró que era dable suponer con un alto grado de probabilidad que el suceso trágico no se hubiera producido si el conductor de la motocicleta hubiera actuado con diligencia, evitando la ingesta de sustancias que prácticamente anulaban -en razón de los guarismos que arrojó el peritaje toxicológico- la capacidad de discernimiento y reacción oportuna en la circulación. En tales condiciones, la alcoholemia del conductor determinó de forma excluyente la producción del daño, cortando de tal modo el nexo de causalidad.
Ponderó que sólo es causa idónea de un daño el hecho que, de acuerdo al curso natural de los acontecimientos, produce ese resultado. Señaló que dicho proceso puede verse alterado por factores anómalos o extraordinarios, que producen la interrupción del nexo causal, excluyendo la responsabilidad del sindicado como agente del daño.
Entendió que, en el caso, tal proceso causal se vio fracturado por el accionar del conductor de la motocicleta, que se constituyó en la única causa del resultado, desplazando totalmente de ese rol a la elevación del pavimento en la zona de la tapa de desagües cloacales que se interpuso en su línea de circulación, la que, en las circunstancias del caso, quedó relegada a la calidad de mera condición en la producción del resultado dañoso (v. fs. 291 vta. y 292).
Finalmente, estimó que no podía omitirse que existían indicios fehacientes de que el conductor circulaba sin casco protector al momento del hecho. Ello porque, el que fue hallado, se encontraba a unos veinte metros de la motocicleta, circunstancia que unida al tipo de lesiones, -grave golpe frontal de cabeza contra el asfalto-, permitían concluir razonablemente que la víctima no llevaba colocado dicho elemento de seguridad al momento del accidente. Extremo este que configuró además de una infracción más a las reglas de tránsito, una circunstancia adicional que, aunque no hubiese evitado el accidente, seguramente habría impedido el luctuoso resultado. Destacó que esa circunstancia reafirmó, una vez más, la incidencia determinante que tuvo el accionar de la víctima en el desenlace trágico (v. fs. 292).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 297/304), la actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de la doctrina legal emergente del fallo de esta Corte, "Conforte de Drago".
Se agravia de la conclusión de la Cámara respecto a que la prueba producida no resulte suficiente para acreditar la relación de causalidad entre el daño y la responsabilidad endilgada a la Municipalidad de Bahía Blanca.
Aduce que el Tribunal de Alzada incurrió en una contradicción, al ratificar lo resuelto por el juez de primera instancia. Explica que luego de admitir que la tapa de desagües cloacales constituía por sí una fuente de peligros que, en abstracto, podría erigirse en causa adecuada de accidentes como el que aquí se analiza descarta que en autos hubiere tenido alguna incidencia, al considerar interrumpido el nexo causal por el estado de ebriedad en el que circulaba la víctima.
Considera que, en el caso existieron dos factores de riesgo, ante los cuales, el a quo , decidió volcar toda la causalidad en uno de ellos, el estado de alcoholemia, sin atribuir ninguna incidencia a la elevación del pavimento en la zona de la tapa de desagües cloacales.
Alega que la Cámara no cumplió con la carga de fundar razonadamente la sentencia, por omitir explicar, qué maniobra concreta debió realizar el occiso para interrumpir el nexo causal. Estima que constituye un absurdo sostener que quien resulta víctima de un daño deba soportar en forma exclusiva las consecuencias del mismo por el hecho de conducir alcoholizado, existiendo, de otro lado, una conducta desaprensiva de las autoridades públicas al mantener un obstáculo peligroso en medio de una arteria vehicular.
Se agravia de la conclusión de la Cámara respecto a que el estado de embriaguez determinó la responsabilidad absoluta en el accidente, sin que se hubiere violado otra norma que haya incidido directamente en la causación del hecho, como hubiese sido cruzarse de carril, girar intempestivamente, sobrepasar exageradamente los límites de velocidad, entre otros. Sostiene que, en todo caso, debían distribuirse las responsabilidades.
Por último, concluye que el fallo en crisis no ha tenido en cuenta la doctrina de esta Corte sentada en la causa Ac. 61.249, "Conforte de Drago", sentencia de 8-VII-1997, donde sostuvo: "Ni la observancia de las leyes de tránsito basta en todos los casos para eximir de responsabilidad al conductor, ni la infracción de las mismas implica necesariamente esa responsabilidad" (el destacado figura en el original).
V. Adelanto que el recurso no prospera.
V.1. En el presente se discute el modo en que el a quo valoró la prueba rendida, tal como ha quedado de manifiesto en los antecedentes reseñados, lo que nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio.
En tal sentido, es doctrina de esta Corte, aplicable en la especie, que determinar si la conducta de la víctima interrumpió o no el nexo causal entre el hecho y el daño, y en su caso, establecer en qué medida lo ha hecho, constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causas C. 104.874, "Falco", sent. de 4-V-2011; A. 71.239, "Koretzki", sent. de 3-IV-2014; C. 110.476, "M., M. d. C.", sent. de 24-IV-2013; A. 73.466, "C., W. H.", sent. de 22-VIII-2018; e.o.), vicio que la actora no ha lograda patentizar en la especie (doctr. art. 279, CPCC).
V.2. En el sub lite , para arribar a la solución del caso, el tribunal de grado examinó con detalle los elementos probados en la causa, y su atribución en la producción del luctuoso evento.
Así, evaluó la prueba rendida tanto en esta sede como en la causa penal adjuntada. En particular: las declaraciones de los testigos, vecinos del lugar del hecho, Sombra y Mondaca de fs. 201/202 y 203/204 respectivamente. De las actuaciones penales, el croquis ilustrativo de fs. 8; la planimetría practicada por la Policía Científica a fs. 27, el acta de inspección de fs. 7, las fotografías tomadas en el lugar de fs. 10, 12 y 27; y la pericia toxicológica de fs. 36/37. También destacó la falta de producción de la prueba pericial mecánica ofrecida oportunamente por la actora.
V.3. Sobre la base de tales ponderaciones, entendió, al igual que el magistrado de la anterior instancia, que el obrar irreflexivo de la víctima, al circular ebrio, de madrugada, se constituyó en la única causa del resultado dañoso, desplazando totalmente de ese rol a la elevación del pavimento en la zona de la tapa de desagües cloacales.
Frente a tal base y desarrollo argumental, las quejas traídas por la recurrente lejos están de evidenciar que la Cámara hubiera incurrido en un grosero desvío valorativo ni en las infracciones normativas denunciadas que habiliten el conocimiento de las cuestiones fácticas y probatorias en esta instancia extraordinaria.
La recurrente insiste en atribuir absurdidad en la decisión de la Cámara, sin que sus críticas pasen de ser una mera confrontación personal de los argumentos dados por el tribunal, atento que los elementos aportados resultan insuficientes para abonar la relación de causalidad pregonada.
Cierto es que la elevación del pavimento en la zona de la tapa cloacal, considerado en abstracto, constituía un obstáculo peligroso para la circulación, como lo ha destacado el propio Tribunal de Alzada, pero en modo alguno, la recurrente logra patentizar el vicio denunciado, en la mayor preponderancia o injerencia dada al accionar de la víctima en la producción del evento.
Tal conclusión no puede ser tildada de absurda en el sentido que esta Corte le atribuye. Al respecto, es doctrina consolidada que para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. arts. 279 y 384, CPCC; causas A. 73.860, "Soule", sent. de 15-VIII-2018; A. 71.726, "Fernández", sent. de 11-VII-2018; A. 71.946, "Mollo", sent. de 30-III-2016; A. 71.595, "Paéz", sent. de 28-X-2015; e.o.).
V.4. En otro orden, no es de recibo la cita genérica de jurisprudencia efectuada por el recurrente a fs. 300 vta./302 así como tampoco deviene un argumento idóneo para revertir lo decidido, la alegada infracción de la doctrina legal emergente del fallo dictado por este Tribunal en el caso Ac. 61.429, "Conforte de Drago", sentencia de 8-VII-1997, habida cuenta que la invocación de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas. Del mismo modo que es ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (conf. causas A. 72.604, "Pena", sent. de 20-V-2015; A. 72.102, "Borio", sent. de 19-X-2016; A. 71.829, "Panero", sent. de 1-IV-2015; A. 71.940, "Arruda", sent. de 8-VII-2014 y C. 114.543, sent. de 29-V-2013; e.o.).
V.5. Finalmente, en relación a la cita del fallo de la Corte nacional que formula en la última parte del punto III.2. (v. fs. 303 vta.), cabe recordar que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, (conf. causas A. 72.492, "Asociación Personal", sent. de 11-IV-2018; A. 73.656, "Solay", sent. de 6-IX-2017; A. 70.498, "Curatolo", sent. de 29-VIII-2017; e.o.) aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
VI. Por los fundamentos dados, concluyo que la recurrente no ha logrado acreditar los vicios que endilga al decisorio atacado, por lo que debe rechazarse el recurso extraordinario en tratamiento (arts. 279 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 279 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia