Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75347
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado, con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.347 “MELGAREJO DANIEL ALEJANDRO Y OT. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La Plata, 19 de diciembre de 2018.
Los señores jueces doctores de Lázzari, Negri, Soria y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó lo resuelto por el magistrado de grado que -a su turno- hizo lugar a la demanda promovida por los señores Daniel Alejandro Melgarejo y Norma Itatí Piñeiro y condenó a la Municipalidad de San Antonio de Areco al pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de R. D. M., hijo de los accionantes, acaecida el 25 de diciembre de 2010 como consecuencia del estado en que se encontraba el "piletón" existente en el balneario municipal (v. fs. 228/240 vta.).
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada comenzó por señalar que si bien el Municipio apelante calificó de arbitraria la valoración de la prueba que efectuara el a quo , omitió mencionar cuales eran los elementos probatorios que habrían sido erróneamente merituados, desarrollando -en abstracto- lo que entiende la responsabilidad en el deber de custodia de los padres del menor.
En efecto, la Cámara detalló las circunstancias y pruebas (documental, testimonial, inspección ocular, etc.) que fueran evaluadas por el sentenciante a la hora de determinar la responsabilidad de la accionada y juzgó no acreditada arbitrariedad alguna en el mérito de aquellas. Por el contrario, entendió total y cabalmente demostrada la responsabilidad del municipio al habilitar un balneario sin tomar los mínimos recaudos de precaución y seguridad a los efectos de tutelar la seguridad de las personas.
Asimismo, resaltó -al igual que lo hiciera el juez de primera instancia- que de los carteles existentes en la zona no surgía la prohibición de bañarse como alegó el apelante.
Además señaló que de la conjunción de los arts. 7 y 8 del Decreto Ley n° 8.912/1977 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo surgía claramente que cuando el Estado -sea provincial o municipal- decide que una zona tenga como fin la recreación de los habitantes de su comunidad, asume una obligación de cuidado, prevención y seguridad.
Así, teniendo por probada la relación de causalidad adecuada que operó entre el daño sufrido por los accionantes -la pérdida de la vida de su hijo menor- y la conducta omisiva individualizada en cabeza del municipio accionado que -incurriendo en falta de servicio en los términos del art. 1112 del CC (vigente al momento del accidente)- permitió el uso de las aguas del río Areco en la zona embalsada denominada "piletón" sin tomar los mínimos recaudos en pos de la seguridad, salud y vida de los bañistas; concluyó que en el caso se configuró la omisión antijurídica que funda la pretensión resarcitoria de la parte actora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la letrada apoderada de la Municipalidad interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 248/255), el que fue concedido a fs. 257 y vta..
En su presentación alega absurdo, invoca el quebrantamiento de los arts. 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial, así como la errónea aplicación de los arts. 901 a 906, 1068, 1074, 1109, 1112 y 1113 del Código Civil por entonces vigente. Por último, cita la doctrina que considera violada.
En sustancia, reiterando agravios vertidos en instancias anteriores, cuestiona la apreciación de la prueba efectuada por la Cámara al determinar la responsabilidad de su defendida en el acaecimiento del hecho dañoso y señala que no se analizó en ningún momento la negligencia de los padres en el deber de custodia y vigilancia del menor.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827)
Este Tribunal tiene dicho que tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad ante un evento lesivo, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.458, "Burgueño", resol. de 17-XII-2014; A. 71.595, "Páez", sent. de 28-X-2015; A. 72.342, "Castiglioni", sent. de 29-III-2017; entre otras), yerro lógico que -más allá de haber sido esbozado a fs. 251 y sigs.- no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
El señalado vicio hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etc., alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017).
En la especie, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en su decisorio de fs. 232/238, por medio de los cuales confirma la decisión de primera instancia y desestima el recurso de apelación, por considerar configurada la omisión antijurídica que funda la pretensión resarcitoria de la parte actora al tener por probada la relación de causalidad adecuada que operó entre el daño sufrido por los accionantes -la perdida de la vida de su hijo menor- y la conducta omisiva individualizada en cabeza del municipio, no logran ser desvirtuadas por el discurso impugnativo traído, desde que el mismo revela una patente deficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Y ello ocurre, por cuanto en su pieza recursiva la quejosa insiste en reiterar planteos que viene esgrimiendo desde el inicio de la causa y que han recibido solución adversa -con fundamentos suficientes- en las instancias de grado tramitadas, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia, habida cuenta de que lo que se plantea como violación a la ley, doctrina legal y absurdo, no pasa de ser -en rigor- una mera disconformidad de la recurrente con el sentido de lo resuelto, circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por ante esta Suprema Corte.
En tal sentido, este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. causas A. 70.815, "Darhanpe", sent. de 19-X-2016, A. 73.287, "Inglese", sent. de 21-VI-2017; A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017).
2. Por otra parte, la denuncia formulada en relación a la errónea aplicación de la ley también evidencia insuficiencia.
En efecto, si bien la quejosa señaló los artículos que considera infringidos por la Cámara, lo cierto es que tales referencias se efectúan sin formular y acreditar, con la precisión que el recurso en tratamiento requiere, el concreto quebrantamiento de esas normas (art. 279 cit.).
Este Tribunal ha dicho que quien afirma que la sentencia infringe determinados preceptos no hace otra cosa que adelantar la premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito, siendo insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a enunciar supuestas violaciones pero sin demostrarlas (conf. doctr. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre SA", sent. de 5-XI-2008; A. 72.282, "Murua", sent. de 21-VI-2017; A. 73.303, "Farmacia Central Morón SRL", sent. de 22-XI-2017). De ese modo, como se advierte, las razones dadas por el Tribunal de Alzada son argumentos que llegan incólumes a esta instancia por falta de cuestionamiento efectivo.
3. Tampoco deviene un argumento idóneo para revertir lo decidido la alegada vulneración de doctrina legal formulada por la recurrente, habida cuenta de que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
A las consideraciones expuestas cabe agregar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales (conf. doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016), como la alegada a fs. 252 del escrito recursivo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado, con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 725
Fin de la sentencia