Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75613
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279 y 289, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1°, CCA; 68 y 289 in fine del CPCC)).
A.75.613 "LOPEZ MARIA CECILIA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OT. S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión indemnizatoria deducida por la señora María Cecilia Lopez contra la Provincia de Buenos Aires y la Unidad Ejecutoria del Programa Ferroviario Provincial.
Señaló que, conforme surgía del escrito de demandada el proceso fue iniciado por la concubina del señor Figueroa Torres con el objeto de hacer efectiva una pretensión indemnizatoria contra la empresa Ferrobaires por los perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la muerte de su compañero, acaecida el día 10-2-2014, al haber caído del tren en que se encontraba viajando desde la ciudad de Olavarría y hacia la estación de Constitución.
Destacó que la actora le atribuyó responsabilidad a la demandada con base en el supuesto incumplimiento de una obligación que, según entendió, debió desplegar la mencionada firma respecto de las condiciones de seguridad a bordo del coche en cuestión (adecuado control y cierre de las puertas de los vagones y presencia de personal de seguridad). Expresó que la actora consideró que aquella omisión dio lugar a que se produjera el hecho dramático y que, en definitiva, motivó la promoción del presente proceso, en tanto derivó en la caída del pasajero del tren en movimiento y su consecuente muerte.
La Cámara consideró -al igual que el juez de primera instancia- que no se encontrara debidamente demostrado en el caso cual fue la mecánica del accidente ocurrido en autos. Consideró insuficientes a tal fin los elementos arrimados por la parte actora a la causa, extremo que impidió obtener la convicción necesaria sobre las verdaderas circunstancias que rodearon el desplome del pasajero Jorge Antonio Figueroa Torres del tren en el que viajaba, y que derivó en su muerte.
Reparó que las únicas constancias probatorias obrantes en la causa lejos de permitir acompañar la descripción de los hechos en el modo como fuera expuesto en la demanda (esto es, que el señor Figueroa Torres "...se levantó de su butaca para dirigirse al baño..." y que "...cuando estaba cerca de la puerta del vagón, la cual insólitamente se encontraba abierta, perdió el equilibrio ante el movimiento brusco de la formación...", darían cuenta -como lo aseveró el juez de grado- de una materialidad fáctica totalmente diversa, tal como que la propia víctima es la que habría ejecutado la apertura de la puerta del tren para fumar un cigarrillo y luego caer al vacío.
Destacó que si bien no puede soslayarse que al momento de realizar la señora Lopez su declaración testimonial en sede penal (cuando expuso que fue el señor Figueroa Torres quien acciona el mecanismo de apertura de la puerta de ascenso y descenso del tren para satisfacer su necesidad de fumar) pudo encontrarse emocionalmente afectada por los nervios ocasionados por la tragedia, no lo es menos que bien pudo en aquella misma jurisdicción efectuar las aclaraciones o presentaciones pertinentes para clarificar el marco fáctico que expusiera o, en su caso, y ya decidida a efectuar el presente reclamo indemnizatorio, ofrecer y producir aquellas pruebas concretas -o al menos indiciarias- que permitieran quitar o echar sombras sobre esa primigenia descripción de los hechos.
Ponderó que, por el contrario, la estrategia procesal de la accionante se limitó a exponer la nueva versión de los hechos (la que daría cuenta que Figueroa Torres cayó por la puerta abierta del tren cuando caminaba por el vagón hacia el baño), desentendiéndose en lo absoluto de sus dichos en sede penal. Ello, con el agravante que fue recién al interponer el recurso de apelación que la recurrente intentó torcer su declaración testimonial brindada en sede penal.
Entendió que, ante la carencia de otros elementos pasibles de respaldar una u otra tesis, la antinomia señalada en modo alguno podía ser cargada contra la parte demandada, sino antes bien contra quien corría con el imperativo de su propio interés (crf. arts. 375, 384, 456 y ccs. del CPCC; 77 del CCA).
Concluyó que, al no verificarse el cumplimiento de la mentada carga probatoria, subsistiendo el desconocimiento de la causa de la caída del señor Figueroa Torres de la formación en movimiento, ningún reproche cabía proyectar respecto del juicio vertido por el juez de grado -en lo que a la materialidad del hecho refiere-. Así, a la luz del sentido común y las reglas de la sana crítica, las constancias de la causa impedían indicar que el hecho hubiera ocurrido del modo como lo consigna la parte actora en el escrito de demanda.
II. Frente a ello, la demandante vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante el que denuncia la violación de los arts. 5 y 40 de la Ley de Defensa al Consumidor y 1092 y sigtes del CCyCN. También acusa absurdo y vulneración de la doctrina legal emanada de los fallos que cita (v. fs. 215/222vta.).
Aduce que de las pruebas aportadas analizadas conforme a las reglas de la sana crítica, la causa adecuada del evento dañoso fue el riesgo creado por la demandada a partir de la omisión del deber de seguridad que pesaba sobre ella, en su carácter de prestadora del servicio de transporte de pasajeros. Agrega que no existió, por parte de la accionada, actividad probatoria tendiente a demostrar el obrar culposo de la víctima.
III. El recurso no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (art. 279 del CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III. 1 Como bien lo ha aclarado el juez de primera instancia, las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud endilgada a la demandada que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (v. considerando 2 a fs. 172 vta.) y no las disposiciones del nuevo ordenamiento, tal como pretende la recurrente (cfr. doct. art. 7 del CCyC, ley 26.944; causas A 73.603 "Rolon", sent. de 28-X-2015 y A. 71.254 "Luna", sent. de 4-XI-2015, e.o.).
III.2 Sentado ello, se advierte que en el presente se discute el modo en que el tribunal valoró la prueba rendida, tal como ha quedado de manifiesto en los antecedentes reseñados, lo que nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio.
En el razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada se realizó una ponderación de los elementos colectados y se concluyó en la falta de prueba convincente que acreditara que los hechos hubieran sucedido efectivamente del modo en que la actora lo expuso en su demanda y, con ello, que se hubiera configurado la pretendida responsabilidad de la empresa ferroviaria.
En tal contexto, la Cámara consideró que la sentencia de grado se adecuó a las reglas de la sana crítica en la ponderación de la prueba colectada (conf. arts. 384 del CPCCy 77 del CCA) en cuanto decidió que la parte actora no acreditó los extremos fácticos de los cuales se derivaría la responsabilidad endilgada a la demandada.
El Tribunal de Alzada refirió concretamente a que no ha quedado demostrado el nexo causal entre la muerte ocurrida en ocasión del transporte ferroviario y la responsabilidad del transportador.
En lo que respecta a la determinación de la existencia de la relación causal entre el hecho y el daño, como también su ruptura, esta Corte ha resuelto que constituyen -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- típicas cuestiones de hecho ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre su evaluación en forma absurda (doctr. causas A. 71.239 "Koretzky", sent. de 3-IV-2014; A. 71.946 "Mollo", sent. de 30-III-2016 y A. 72.282 "Murua", sent. de 21-VI-2017, e.o.), lo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (cfr. causas ), carga que no aparece cumplida por la impugnante.
Para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384 del CPCC; causas A. 74.534 "Alfonsin", sent. de 12-VII-2017; A. 72.638 "Baran", sent. de 20-IX-2017 y A. 74.045 "Zaracho", sent. de 10-IV-2019, e.o.).
Es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018 y A. 74.072, "Marmol", sent. de 19-XII-2018, e.o.)
Los argumentos vertidos en el recurso deducido no demuestran el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (arts. 279 y 384 del CPCC).
III.3 Tampoco deviene un argumento idóneo para revertir lo decidido la alegada infracción a la doctrina legal emergente de la causa Ac. 47.979 "Palavecino", sent. de 2-XI-1993, invocada por la recurrente, habida cuenta que la cita de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas. Del mismo modo que es ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas A. 71.940, "Arruda", sent. de 8-VII-2014 y A. 72.493 "Parodi", sent. de 12-VII-2017, e.o.).
Por otra parte, este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros tribunales -como los mencionados en el escrito recursivo- no resulta eficaz para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (cfr. doctr. causas A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016; A. 74.458, "Scaglia", sent. de 19-XII-2018 y A. 74.262 "Capomaggi", sent. de 13-III-2019, e.o.).
III.4 Lo expuesto alcanza para desestimar la impugnación articulada (cfr. art. 279 del CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 279 y 289, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1°, CCA; 68 y 289 in fine del CPCC)).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 326
Fin de la sentencia