Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75562
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.562 "DIAZ CARLA SUSANA C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Sergio Gabriel Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda interpuesta por la señora Carla Díaz, por la que perseguía la anulación del Decreto Municipal n° 1997 de fecha 25/10/2010, que dispuso su cesantía como psicóloga del Área de Salud de la Ciudad de Junín, por considerar su actitud inmersa en la figura de "notoria inconducta", prevista en el art. 64, inciso 3 de la ley 11.757, entonces vigente.
Para así decidir el Tribunal de Alzada, en lo que aquí interesa, señaló que no era posible advertir la notoriedad que exigía la ley 11.757 al punto de disponer una "cesantía" frente a los elementos de prueba aportados a la causa y los hechos constatados o inferidos, hallando, de este modo, desproporcionada la sanción impuesta respecto de la imputación que se le comunicara a la agente al momento de su declaración (v. fs. 353).
Destacó que ello no implicaba desconocer la potestad disciplinaria en cabeza del Municipio, no obstante, encontrar en la medida adoptada un supuesto de "exceso de punición".
Agregó que, en el caso no se cuestionó la patología ni la prescripción de reposo laboral, sino la atención en consultorio privado frente a la ausencia -por prescripción médica- de su ámbito de trabajo en la Comuna (v. fs. 352). Extremo que -consideró- evidencia que el esfuerzo por fundar la cesantía estuvo puesto en la atención brindada durante el período laboral, pero sin discutir la patología ni la indicación médica.
Entendió que en el caso no se demostró que la agente hubiere prestado servicios profesionales el día de la constatación notarial, en cambio, sí que concurriera a los consultorios y que citara a sus pacientes en intervalos de tiempo regulares, sin que, de ello, pueda acreditarse que las entrevistas fueran sesiones terapéuticas.
Puso de relieve -además- que el registro de una prestación declarada en la empresa de cobertura médica el mismo día de la constatación, podía constituir un indicio pero, frente a las declaraciones de una de las pacientes en sentido contrario -inclusive antes del diligenciamiento del informe requerido como prueba por la propia actora- tornó esta conjetura, discutible.
Por último añadió que, aun dándose este supuesto, se habría configurado un incumplimiento del reposo prescripto y no una prueba de aptitud laboral de la accionante, lo que debió ser objeto de otro debate.
Concluyó que la cesantía dispuesta, constituía un supuesto de "exceso de punición", y que la ausencia de proporcionalidad era causal de invalidez, determinando a su vez la irrazonabilidad del acto por falta de concordancia entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación.
De ese modo revocó el decisorio apelado (v. fs. 346/354).
II. Frente a ello, la Comuna vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 356/361) por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en incongruencia y violación de la ley 11.757, de la Constitución nacional y de la doctrina de esta Corte, al revocar la sanción de cesantía dispuesta.
Alega que la sentencia de Cámara incurre en absurdo por incongruencia al reconocer, por un lado, la potestad disciplinaria del Municipio y al mismo tiempo considerar que la medida adoptada constituye un exceso de punición.
A la vez se agravia por cuanto invoca que el decisorio impugnado ha efectuado una errónea valoración de las constancias objetivas de la causa.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; A. 74.741, "Sacco", resol. de 21-XI-2018; entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que la Cámara al sentenciar incurrió en incongruencia, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por la Cámara interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 75.469, "Olano", resol. de 21-XI-2018; entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.336, "Macia", resol. de 10-X-2018), extremo que no ha sido acreditado en autos.
III. 2. Para más, en punto a la denunciada violación del inciso 3 del art. 64 de la ley 11.757 la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 74.170, "Albarengo", sent. de 28-XI-2018; entre otras).
La impugnante se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto disiente de la interpretación otorgada a la mencionada norma en punto a establecer si la actitud de la actora incurre en el supuesto de "inconducta notoria" por no ser posible advertir esa notoriedad que haga procedente la aplicación de una cesantía.
Por ello es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 74.698, "Zago", sent. de 8-V-2019, entre otras).
III. 3. A su vez, es del caso señalar, que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016).
III. 4. Por último, respecto al invocado vicio de absurdo, es preciso resaltar que esta Corte ha expresado que la fijación de los hechos y la valoración de la prueba es privativa de los jueces de la causa, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo el supuesto de absurdo.
Este agravio no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
En efecto, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las constancias agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 332
Fin de la sentencia