Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74565
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo extraordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.565, "F. J. M. c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín, hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por las partes y, en consecuencia, revocó parcialmente el fallo de primera instancia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por J. F. contra la Municipalidad de Chivilcoy (v. fs. 1.899/1.916 y 1.988/2.019).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.060/2.083).
Mediante el decisorio de fs. 2.085 y vta. la Cámara interviniente denegó el recurso de nulidad y concedió el de inaplicabilidad de ley.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 2.093) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En las presentes actuaciones, J. F., promovió demanda contra la Municipalidad de Chivilcoy pretendiendo la reparación de los daños y perjuicios derivados del accidente que protagonizó el día 30 de enero de 2010 en circunstancias en que conduciendo su moto por la calle Alem, al aproximarse a la intersección con la calle Moreno de la ciudad de Chivilcoy, encontró que el sector derecho de la calzada se hallaba obstruido por bolsas de residuos dispersas sobre el asfalto y el sector izquierdo bloqueado por una valla municipal señalando que la zona estaba en reparación. A su vez el espacio de calzada que le quedaba habilitado para circular, contaba con piedras desperdigadas, lo que provocó que perdiera el dominio del rodado y arrastrara consigo los elementos de señalización presentes en el lugar, en especial la malla que recubría las vallas municipales, quedando, además, incrustado en ellas. Como consecuencia de tal infortunio el actor padeció importantes lesiones en su cráneo, quedando con secuelas incapacitantes de modo total y permanente.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar a la pretensión resarcitoria.
III. Apelada la sentencia por ambas partes, la Cámara admitió parcialmente los recursos de apelación interpuestos por la actora y demandada y revocó el pronunciamiento de grado, en los siguientes aspectos: atribuyó al actor un 30% de responsabilidad en la producción del evento dañoso; elevó el monto en concepto de gastos de medicamentos y traslados; reconoció el rubro reparación de la motocicleta; redujo el monto otorgado en concepto de indemnización por incapacidad total y definitiva, comprensiva de la integridad física y psicológica; redujo la indemnización en concepto de costo estimado de una persona de compañía y dispuso que los intereses deberán calcularse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigentes desde el momento del hecho hasta el de su efectivo pago (v. fs. 1.989/2.019).
En lo que interesa para la resolución del recurso extraordinario interpuesto, los fundamentos tenidos en cuenta por la mayoría del tribunal para decidir del modo en que lo hizo (voto de la doctora Bezzi al que adhirió el doctor Saulquin), son los que siguen:
III.1. Señaló que estaba acreditado en el caso -y no controvertido- que con fecha 30 de enero de 2010 cerca de las 02:45 hs., J. F. sufrió un accidente en ocasión de conducir su motocicleta, en la intersección de las calles Alem y Moreno de la ciudad de Chivilcoy al verse obstruida la calzada del lado derecho con bolsas de residuos y del lado izquierdo por una obra de reparación de la Municipalidad, del que resultaron graves lesiones para el actor. Para ello sostuvo que resultó prueba fundamental el acta de procedimiento de fs. 1/4 de la IPP 09-00-001046 labrada el 30 de enero de 2010 a las 3 hs. por la oficial inspector Valeria Lapouble, la que era concordante con lo declarado por los testigos ofrecidos en autos.
Entendió que la sentencia apelada se ajustaba a derecho al condenar a la comuna, en los términos del art. 1.112 del Código Civil, entonces vigente, imputándole responsabilidad por falta de servicio en el control del estado de conservación de la vialidad pública; por omitir colocar la debida señalización en la zona de reparación (arts. 94, Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires 11.430; 37, 39 y 41, ley 24.449); porque el sector derecho se encontraba obstruido por bolsas de residuos que no fueron recolectadas y porque en el único lugar de la calle disponible para circular había restos de pavimento producto de la reparación de la zona, constituyendo un riesgo para la circulación del actor y de toda la comunidad.
III.2. Sentado ello, la Cámara ponderó el eximente de responsabilidad planteado por la Municipalidad demandada, referente a la existencia de culpa de la víctima: por circular, supuestamente, con exceso de velocidad, sin utilizar el casco reglamentario y alcoholizado. Confirmó el rechazo del agravio relativo al exceso de velocidad y ausencia del casco reglamentario, por falta de prueba. Y admitió el concerniente a la falta de tratamiento por parte del magistrado de grado del estado de alcoholemia que presentaba el señor F. en el momento del accidente.
Advirtió que el art. 48 de la ley 24.449 prohíbe a quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre y que el informe toxicológico de Superintendencia de Policía Científica, probó que el actor condujo su motocicleta la noche del accidente con una graduación de alcohol en sangre mayor a la permitida por ley, más precisamente de 0,5 gramos por litro de muestra analizada (v. fs. 43/44 de la IPP 09-00-001046-10).
Agregó que no debió pasarse por alto que la muestra de sangre fue tomada a las 09:10 hs. del día 30 de enero de 2010, esto es, casi seis (6) horas más tarde de ocurrido el evento dañoso (v. la planilla de custodia de fs. 45 de la IPP 09-00-001046-10). Citó varios trabajos y publicaciones para ilustrar los efectos del alcohol en las capacidades psicomotrices necesarias para la conducción de vehículos, en función del nivel del alcohol en sangre.
Concluyó que la ingesta de alcohol del accionante, constituyó un factor que debió estimarse para analizar la responsabilidad en hechos como el de autos.
Ponderó que el actor fue negligente e imprudente al conducir con más del doble del alcohol en sangre de lo permitido por la normativa vigente, de noche y con lluvia. Y que con tal obrar coadyuvó en el accidente denunciado, generando una causalidad concurrente. De lo que dedujo, correspondía una disminución de la cuantía del resarcimiento, proporcional a la injerencia de la causa acumulada, en la producción del acontecimiento dañino. Coherente con ello atribuyó al actor un 30% de responsabilidad en el hecho ventilado en atención a que la mayor gravitación le pertenecía al municipio demandado. Por lo que la indemnización de condena debía adecuarse en la proporción señalada (v. cons. 11°).
III.3. Finalmente, la Cámara analizó las críticas referidas a los rubros y montos otorgados por el magistrado de primera instancia que fueron cuestionados por ambos litigantes, advirtiendo sobre la orfandad crítica del escrito recursivo de la demandada, al cuestionar los rubros integridad física, psicológica y daño moral (v. cons. 12°).
En relación al rubro gastos de medicamentos y traslados, admitió parcialmente el agravio de la parte actora, elevó la suma otorgada por el juez de grado basándose para ello en lo informado por el perito médico (v. fs. 275/281).
Respecto a los gastos por reparación de la motocicleta, rechazados en primera instancia, hizo lugar al agravio de la actora y admitió su procedencia con fundamento en lo actuado por el perito mecánico en el examen de viso de fs. 11 de la IPP 09-00-001046-10.
En lo atinente a la incapacidad sobreviniente comprensiva del daño a la integridad física y el daño psicológico, consideró que la suma de un millón quinientos setenta y cinco mil pesos ($1.575.000), otorgada por el magistrado de grado era elevada y desproporcionada, en consecuencia, rechazó el agravio de la parte actora y admitió el de la demandada, reduciendo el monto otorgado por este concepto a la suma de quinientos mil pesos ($500.000).
Respecto al rubro costo estimado de una persona de compañía y asistencia, por el que el juez de grado, conforme las facultades del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, fijó en la suma de ochocientos mil pesos ($800.000), el Tribunal de Alzada sostuvo que, no obstante hallarse probado a través de la pericia médica la necesaria y permanente asistencia que requería el actor, la suma otorgada en la instancia de grado resultaba abultada y que el cálculo incorporado en el escrito recursivo de la parte actora era inatendible por extemporáneo. Admitió parcialmente las críticas de la demandada y redujo la suma otorgada a la de doscientos cincuenta mil pesos -$250.000- (v. cons. 16° a fs. 2.013 vta. y 2.014).
Finalmente, en relación al daño moral, luego de invocar precedentes de esta Corte acerca de que para su fijación deben considerarse las circunstancias del hecho, edad y sexo de la víctima y sujetar su monto al prudente arbitrio judicial, la Cámara citando precedentes propios dictados en situaciones análogas al presente por su gravedad, consideró justo y razonable reducir la indemnización otorgada por este concepto en la instancia de grado a la suma de trescientos mil pesos ($300.000), (v. cons. 17°, fs. 2.014/2.015).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 2.060/2.083 la parte actora denuncia que la sentencia dictada por el a quo rompe con el principio de congruencia violando la norma del art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial. También acusa absurdo en la valoración de la prueba. Por último, se agravia por la reducción de las indemnizaciones efectuada por la Cámara, lo que entiende que también, configura absurdo.
IV.1. Reprocha que el a quo ha fallado sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. Afirma que al admitir el Tribunal de Alzada el agravio expuesto por la comuna, relativo a la ausencia en la sentencia de grado de toda consideración del examen toxicológico practicado al actor, luego del accidente (v. fs. 44/45 de la IPP 09-00-001046-10), se incorporó esta cuestión violando las reglas de la congruencia y su derecho de defensa. Pues sostiene que tal extremo, lo sorprendió, desde que no se introdujo como argumento obstativo en el escrito de contestación de demanda. Y que el mismo sirvió a los efectos de disponer, en el caso, culpa concurrente. Agrega que lo expuesto fue advertido en oportunidad de contestar el traslado de los agravios de la comuna (v. fs. 2.070/2.071).
IV.2. Arguye que el fallo de Cámara al tratar la supuesta alcoholemia del señor F. incurrió en un razonamiento absurdo. Entiende que la pericia de sangre, tomada en la instrucción penal, resulta inoponible y cuestiona su validez jurídica y científica, como elemento probatorio. Invoca que la causa penal acredita que la muestra de sangre no fue extraída de manera correcta y resultan falsas, incumpliéndose el art. 62 de la entonces ley 12.061. Y que esta es la primera ocasión que tiene para negar tales extremos. De esta manera señala que el Tribunal de Alzada violentó el debido proceso al colocarlo en situación de total indefensión. En este sentido agrega que la sentencia de Cámara no ha explicado de qué modo la supuesta presencia de alcohol obró como elemento coadyuvante en la producción del evento dañoso (v. fs. 2.075 vta.).
IV.3. Por otra parte cuestiona al fallo impugnado la reducción de los montos indemnizatorios, por los conceptos incapacidad sobreviniente, comprensiva del daño físico y psicológico; daño moral y costo de personal de compañía y asistencia. Considera que el tribunal ha incurrido en un notorio absurdo valorativo de las pruebas producidas que descalifican la decisión como un acto jurisdiccional válido (v. fs. 2.076/2.082).
IV.4. Respecto a la indemnización de los daños material y psicológico, denuncia que la Cámara ha prescindido considerar la cuadriplejia del señor F. que se traduce en una incapacidad total, permanente y vitalicia del 100% conforme las historias clínicas y la pericia médica, que le imposibilita valerse por sí mismo para los más elementales quehaceres, a la que se adiciona una incapacidad psicológica del 24%; que a la fecha del evento dañoso contaba con veintidós años de edad y que su ciclo vital en adelante, avizora un estado igual o peor que el actual, por los próximos cuarenta años sin posibilidad de acceder a actividad remunerada alguna.
Arguye que la Cámara ha aplicado erróneamente los principios procesales de apreciación de la prueba en los términos de los arts. 384, 456, 474 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 77 del Código Contencioso Administrativo, fijando un monto indemnizatorio que se traduce en un injusto rechazo de su escrito de apelación, en el que se agravió por considerar exiguo el monto de $1.575.000 otorgado en primera instancia por ambos rubros y el arbitrario establecimiento de la suma de quinientos mil pesos -$500.000- que sólo se funda en antecedentes del mismo Tribunal de Alzada; proceder autorreferencial carente de otros argumentos o motivos.
Agrega que la decisión que lo afecta violó los principios del debido proceso y la defensa en juicio, tal como se encuentra normado en los arts. 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 77 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el monto otorgado en concepto de incapacidad no se corresponde con una valoración concreta y lógica de las constancias de la causa. Aduce que de la sentencia recurrida no surgen los motivos o fundamentos que respalden la reducción del monto como se resolvió (v. fs. 2.077).
Considera que se desconoció la regla de reparación integral del daño consagrada en el entonces Código Civil (arts. 1.069, 1.077, 1.083, 1.086, 1.078, 1.109, 1.112 y 1.113) a la que el Tribunal de Alzada debió recurrir para hacer mérito de los elementos de hecho comprobados en la causa. Ello hubiese permitido apreciarlos conforme estándares de razonabilidad y proporcionalidad dados en una época y una sociedad determinadas.
Agrega que frente a las gravísimas secuelas que presenta el actor, la Cámara ha actuado incurriendo en absurdo o arbitrariedad al fijar las indemnizaciones consecuentes (v. fs. 2.077 vta.).
Concluye que la suma indemnizatoria otorgada resulta irrisoria, incurriendo el fallo impugnado en absurdo como desvío del juicio lógico a la luz de las circunstancias de tiempo, lugar y personas.
Por último, destaca que es de público y notorio conocimiento que la jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) asciende aproximadamente a la suma de $5.661 mensuales y que el salario mínimo vital y móvil a la de $7.560. Sostiene que ello demuestra que, pese a que en autos existe certeza de que el actor permanecerá postrado, sin posibilidad de acceder a una actividad remunerada, durante al menos sus próximos cuarenta años, el monto otorgado por el fallo recurrido cubre solamente los primeros cinco años de su infortunada vida y en consecuencia lo decidido por la Cámara vulnera la manda expresa del art. 1.086 del Código Civil, entonces vigente.
IV.5. También se agravia de la reducción del monto correspondiente al daño moral, el que fue estimado en primera instancia en la suma de $1.000.000 apelado por ambas partes y reducido por el Tribunal de Alzada a la suma de $300.000.
Luego de invocar la doctrina de esta Corte sobre el concepto de absurdo entiende que esta parcela del fallo, incurre en tal vicio, a la luz de los elementos probatorios producidos en autos, especialmente las pericias médicas desatendiendo las mortificaciones espirituales, de índole moral, ético, de sentido de la vida, de vinculación con las otras personas, de la pérdida de una vida plena sin futuro y dependiente para siempre de los demás. Concluye por ello, que no hay en el decisorio de la Cámara un razonamiento lógico, ni apreciación real de conmiseración de las circunstancias con el sufriente, por lo que la sentencia debe ser casada.
IV.6. Por último denuncia que el fallo impugnado redujo arbitrariamente el monto indemnizatorio otorgado en concepto de gasto por personal de compañía y asistencia, a la suma de doscientos cincuenta mil pesos, cuando en primera instancia se fijó en la de ochocientos mil pesos, fundándolo en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.
Destaca que la Cámara no albergó dudas acerca de que no mejoraría el estado del actor y de la necesidad de contar con personal especializado que asistiera al señor F., con absoluta dependencia, incluyendo las necesidades más elementales.
Por ende, sostiene que dicha valoración no se corresponde con la suma otorgada por este concepto. Para evidenciarlo, formula un simple cálculo matemático sobre el costo de contratar una persona por ocho horas diarias abonándole el salario mínimo vital y móvil, lo que representa la suma de noventa y ocho mil doscientos pesos por año, para concluir que el monto reconocido en la sentencia impugnada cubriría la atención del señor F. por no más de tres años.
Arguye que, por conducto de este simple cálculo, aplicando el criterio del art. 165 in fine del Código Procesal Civil y Comercial, en el tratamiento de este rubro, la Cámara ha incurrido en el vicio de absurdo. Cuestiona por ínfima la indemnización otorgada (v. fs. 2.081 vta. y 2.082).
V. Adelanto que el recurso prospera parcialmente.
V.1. De modo liminar, se impone recordar que determinar si las cuestiones planteadas al Tribunal de Alzada han sido sometidas previamente al juez de primera instancia, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en casación en caso que se demuestre que se ha incurrido en absurdo. Esta Corte ha puntualizado que a los fines recursivos el agravio relativo a la violación del principio de congruencia debe ser acompañado de una adecuada demostración del absurdo (doctr. causas A. 70.790, "P., M.A.", sent. de 18-XII-2013; C. 118.170, "Nasif", sent. de 7-V-2014; A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 72.827, "Zapico" y A. 72.764, "Freudweiler", sents. de 18-X-2017; e.o.), vicio que ha sido denunciado pero no demostrado en la especie.
La Cámara con fundamento en la causa penal agregada a estos autos hizo mérito de uno de los agravios planteados por la comuna contra la sentencia de la instancia de origen, por omitir pronunciarse sobre el examen toxicológico que arrojó que el señor F. poseía al momento de la extracción de sangre (llevada a cabo seis horas después del infortunio) más del doble del alcohol permitido para conducir motocicletas. Lo que condujo a atribuirle un porcentaje de responsabilidad, dado que la conducta de la víctima coadyuvó en la producción del evento dañoso estimándola en un 30%. Mientras que la deficiente prestación del servicio a cargo del municipio intervino en el restante 70%. Agregó que el planteamiento de tal cuestión al juez de la instancia de origen tuvo lugar al alegar la comuna sobr
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