Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74878
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
A.74.878 "POTES GABRIEL HERNAN C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 10 de julio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, dictada en forma única en estos autos y en sus acumulados "Potes Gabriel Hernán c/ Basso Dastugue Gustavo y otro s/ Pretensión Indemnizatoria", desestimó la pretensión incoada por el señor Gabriel Hernán Potes contra la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Suipacha, los doctores Gustavo Basso Dastugue y Rubén Altamiranda y las citadas en garantía Provincia Seguros SA y Federación Patronal Seguros SA, por la que persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de una lesión acaecida en un establecimiento escolar de la mencionada localidad y la mala praxis llevada a cabo por los citados profesionales, dependientes del nosocomio municipal.
Para así decidir, la Cámara interviniente comenzó por precisar que el caso traído a su conocimiento se encuadraba en la responsabilidad del Estado Administrador, por la supuesta falta de servicio del órgano administrativo accionado, a la vez que citó doctrina de este Tribunal en punto a la interpretación dada al art. 1117 del CC -vigente al momento de los hechos- conforme la cual se ha dicho que el factor de atribución de la responsabilidad de los propietarios de los establecimientos educativos públicos y privados es objetivo, dado que se debe garantizar la incolumnidad de los escolares que deben retirarse de la institución de enseñanza sanos y salvos (doctr. causa C. 99.308 "O.E.A.", sent. de 17-VI-2009).
A su vez destacó que la crítica del apelante se dirigía principalmente a cuestionar la valoración apreciación de la prueba efectuada por el sentenciante de origen, parcela sobre la cual, recordó, el juzgador tiene un amplio margen de apreciación.
Esbozado así el marco normativo y doctrinario adelantó que el agraviado no lograba conmover lo decidido por el magistrado de primera instancia en relación al rechazo de la pretensión.
En tal sentido expresó que la cuestión central radicaba en comprobar la ocurrencia del hecho generador de responsabilidad estatal, esto era, si la lesión que manifestaba haber sufrido el actor tuvo lugar el día 6 de julio de 2009 entre las 15 y las 16 hs. en el establecimiento educativo CEF Nº 30 de la localidad de Suipacha, tal como afirmaba el accionante.
La a quo entendió que pese a las declaraciones de los testigos ofrecidos por esa parte -a cuyos testimonios restó valor a la luz de las reglas de la sana crítica por su carácter de compañeros y probablemente amigos del actor y por el carácter sugestivo del interrogatorio que les fue efectuado-, existían en la causa elementos probatorios que descalificaban con contundencia tales dichos. Así señaló, que se encontraba acreditado en la causa que durante el mes de julio de 2009 en razón de la propagación de la epidemia de gripe A (H1N1) en todo el territorio nacional, las autoridades gubernamentales provinciales y municipales tomaron distintas medidas preventivas en aras de proteger la salud de la población, y en el caso concreto se dictó la resolución Nº 2137 de fecha 29 de junio de 2009 de la Dirección General de Cultura y Educación que dispuso la suspensión de las clases en todos los servicios educativos de gestión estatal y de gestión privada en el período comprendido entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio de ese año y en el mismo sentido el decreto municipal Nº 236/09, que dispuso la suspensión de clases en todos los niveles de los establecimientos educativos públicos y privados de ese distrito desde el día 2 de Julio y hasta el 17 de Julio de 2009 inclusive.
Sumado a ello el propio docente de educación física, profesor Alfredo Oscar Bonfiglio, manifestó en su declaración testimonial no haber impartido clases ese día en razón de la mencionada epidemia que aquejaba al país.
Bajo tales argumentos rechazó los agravios formulados en relación a la imputada responsabilidad del establecimiento educativo.
Por otra parte, aclarando que la sentencia de origen había adquirido firmeza en relación a la responsabilidad endilgada al Municipio de Suipacha se encaminó al tratamiento de la responsabilidad de los facultativos médicos.
Comenzó señalando que gran parte del desarrollo de los agravios de la parte actora se circunscribían a citar doctrina y jurisprudencia en relación a la carga de la prueba y a la doctrina de las cargas probatorias dinámicas y que en relación a la exculpación de responsabilidad del doctor Altamiranda por parte del juez de grado, no formulaba una crítica concreta y razonada de lo allí resuelto.
Luego, en relación a los agravios vertidos en contra de la exculpación de responsabilidad del doctor Basso Dastugue dispuesta por la sentencia de grado, expuso ciertas cuestiones relativas a la doctrina de la Cámara y de este Tribunal en materia de responsabilidad médica y en cuanto al valor de la prueba pericial para casos como el presente.
Descartando el planteo relacionado a la controversia de la fecha en que el mencionado profesional atendió al actor, se abocó a la cuestión del encuadre de la conducta del galeno en punto a la incidencia de la falta de indicación de una radiografía de la zona presuntamente lesionada.
Surge de las constancias de la causa y de la pericia médica que el doctor Gustavo Basso Dastugue atendió al joven actor a raíz de un golpe recibido en su pierna, no estando acreditado fehacientemente en la causa si dicha atención fue realizada en el mes de junio o julio de 2009 y que en esa oportunidad el joven presentaba síntomas de un simple traumatismo y no de la fractura que posteriormente se verificó a raíz de la mala evolución, por falta de reposo adecuado y la no realización de la nueva consulta sugerida por el profesional dentro de las 72 hs., tal como quedó probado en la causa.
En tal sentido el Tribunal de Alzada entendió que la prestación médica que efectuara el codemandado al actor fue la correcta e indicada para el supuesto, no teniendo la falta de indicación de una radiografía en aquel momento la fuerza causal para imputar negligencia o impericia médica.
De esta forma concluyó que el agravio tratado no merecía tener acogida favorable.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.428/444 vta.).
II. Frente a ello, el demandante vencido, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal por el cual esgrime que el fallo atacado omitió la ponderación de prueba decisiva incurriendo en absurdo y vulnerando las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
El recurrente sostiene que el fallo atacado desconoce el principio de preclusión procesal y omite la aplicación de la teoría de los actos propios, ello en relación a que, según apunta, ni la demandada ni las citadas en garantía invocaron en su momento la circunstancia de la suspensión de clases en el establecimiento educativo donde habría ocurrido el hecho dañoso.
Tales argumentos no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada interviniente para resolver la cuestión como lo hizo, lo que constituye, como se dijo, una tarea insuficiente a los fines impugnatorios.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Para más, esta Corte ha resuelto que es facultad de los tribunales de las instancias de grado seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario invocar y demostrar que existió absurdo (doctr. causas A. 69.321 "Bellia Munzón" sent. de 27-VII-2008, A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017, entre otras).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
Por ello sólo queda configurado si media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (doctr. causas A. 70.247, "Capra", sent. de 20-III-2013; A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.757, "M.C.R.", sent. de 11-VII-2018).
En efecto el Tribunal de Alzada consideró, que de la prueba rendida en las actuaciones surgía, por un lado, que no se había logrado acreditar que el día 6 de julio de 2009 hubiera tenido lugar el efectivo acaecimiento del hecho generador de la responsabilidad estatal en el ámbito del establecimiento educativo y por otro que el actuar del doctor Basso Dastugue en la atención a la dolencia del actor había sido acorde con las reglas de ese arte.
Tales conclusiones, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logran ser desvirtuadas por los reproches volcados por el recurrente, en tanto sus críticas sobre la preclusión de la prueba en un caso y respecto a que la falta de indicación de una placa radiográfica fue determinante en la configuración de la mala praxis médica en el otro, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la interpretación de la prueba, lo que no basta para demostrar el yerro alegado, sino que solo tiende a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
IV. 3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 333
Fin de la sentencia