Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74609
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.609 "P. M. S. C/ MUNICIPALIDAD DE MAIPU S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 24 de abril de 2019.
Los señores jueces doctores Pettigiani, Soria, Negri y Genoud dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó el pronunciamiento de primera instancia que -a su turno- desestimó la demanda contencioso administrativa promovida por la señora M. S. P. contra la Municipalidad de Maipú, mediante la cual se perseguía la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la deficiente práctica quirúrgica que se le efectuara en el Hospital municipal (v. fs. 439/450).
Para así decidir el Tribunal de Alzada comenzó por indicar que la cuestión litigiosa se circunscribía en esa instancia recursiva a desentrañar si la cirugía de ligadura de Trompas de Falopio fue erróneamente practicada por profesionales de la medicina vinculados a la demandada en su carácter de titular del nosocomio municipal y si, como directa consecuencia de tal deficiente prestación del servicio, la actora quedó embarazada con posterioridad a dicho evento.
Recordó que los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar dicho servicio y que frente a una deficiencia en el funcionamiento, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función o a la actuación del profesional o dependiente. Por lo que si el servicio no funcionó, lo hizo mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad estatal frente a una situación objetiva de falta o deficiente servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar. Y añadió que, ese factor de atribución -falta de servicio- debía ser juzgado en consonancia con las previsiones del art. 1112 del Código Civil. -t.a.- puesto que cuando se habla de responsabilidad directa y objetiva, se lo hace en el sentido de que con prescindencia del actuar culposo o no de sus dependiente, el Estado se encuentra obligado a responder por la sola circunstancia de que el daño se produjo como consecuencia del funcionamiento defectuoso, inadecuado o irregular del servicio.
Aseguró que tales directivas no resultaban incompatibles -como lo señaló la apelante- con el análisis que en el sub lite efectuó el juez de primera instancia en relación con la praxis médica. Ello, en tanto entendió que es justamente el accionar médico realizado en la intervención de la señora P. el que debía ser juzgado a fin de determinar si existió o no la falta de servicio que se imputó al ente estatal por el hecho de sus calificados dependientes.
Bajo tales parámetros, juzgó que era menester verificar si -en el caso- la praxis llevada a cabo al efectuar a la actora la operación del día 11 de marzo de 2004 era susceptible de comprometer la responsabilidad del Municipio demandado, sin perjuicio de que en tal valoración debería quedar afuera -por decisión de la propia demandante- toda discusión sobre la posible "falta personal del funcionario" y su eventual responsabilidad a título de culpa.
I.1. Delimitada de ese modo la cuestión a resolver, comenzó por descartar el desatino que se le imputó al juez de grado al valorar el informe pericial de fs. 337/339. Pues juzgó que las conclusiones que brotaban del fallo -apoyadas en las consideraciones del experto que dictaminó- distaban de importar un apartamiento o violación de las reglas y principios que regulan la actividad de ponderación judicial de la prueba.
Así, resaltó que la pericia médica de autos impedía concluir que el embarazo de la actora posterior a la intervención quirúrgica hubiera obedecido a su deficiente práctica, sino que permitía afirmar -antes bien- que la situación de la señora P. se encuadró en aquel porcentaje de falibilidad que -aún en bajo número- presenta el procedimiento de esterilización por ligadura de Trompas de Falopio, sea cual fuere la técnica empleada. Junto a ello ponderó también que esa falibilidad podía obedecer a circunstancias diferentes al error quirúrgico, lo que consideró razonable podría haber sucedido en el caso dado el lapso transcurrido (más de dos años) entre la intervención y el embarazo posterior.
Como conclusión, y teniendo en cuenta que la recurrente no logró demostrar que la valoración de la pericia haya sido irrazonable o científicamente infundada, y a falta de mayor información sobre la técnica empleada en la actora, no existían otros elementos de prueba que desvirtuaran la conclusión del perito en punto a que "se realizó la ligadura tubárica y esta se aflojó o cayó, permitiendo la reimpermeabilización de la o las trompas" (v. rta. "I" in fine ).
Asimismo, señaló que no cambiaba la suerte de lo decidido el agravio esgrimido por la apelante mediante el cual reprochó dogmatismo al informe pericial por no haber tenido el auxiliar de la justicia interviniente en autos contacto personal con la actora. En tal sentido, resaltó que en la mayoría de los casos en que se juzga la responsabilidad médica, por tratarse de situaciones extremas de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, sin embargo -aseguró- ello no significa que el principio por el cual "quien afirma debe probar" haya quedado abolido en estos casos específicos de alegación de mala praxis médica.
Añadió que nada impedía a la actora ofrecer y producir prueba tendiente a demostrar los puntos que consideraba de interés para acreditar la responsabilidad endilgada y, ante tal omisión, el intento de revertir el fallo, denunciando meramente una supuesta omisión probatoria de la contraria, lucía inidóneo a tal fin.
Concluyó con todo que no habiéndose acreditado la mala praxis denunciada por la accionante respecto de la intervención quirúrgica, correspondía desestimar la falta de servicio que se le endilgaba a la demandada con base en aquel hecho.
I.2. Por último, declaró inoficioso -a falta de prueba de aquel primer presupuesto incardinado a demostrar el obrar antijurídico de la demandada- el tratamiento de los agravios articulados en relación con la existencia o no de nexo de causalidad y respecto del daño material requerido.
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 454/460), el que fue concedido a fs. 465/466.
En su presentación, alega absurdidad en la valoración de los escritos y de la prueba rendida e invoca el quebrantamiento del art. 1112 del Código Civil -ley 340- y de los arts. 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
En sustancia, reiterando agravios vertidos en instancias anteriores, denuncia que el Tribunal de alzada invirtió indebidamente la carga de la prueba y luego pasa a cuestionar la validez del dictamen del perito médico afirmando que las conclusiones de la sentencia basadas en tal documento son absurdas con violación de la sana crítica y las máximas de experiencias.
Por último, peticiona se revoque la imposición de costas a su parte.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En efecto, la Cámara, realizó una ponderación de los elementos colectados y concluyó en la ausencia de prueba convincente que acreditara el sustrato fáctico en el que la accionante apuntaló su pretensión, esto es, la falta de servicio que se le endilga a la demandada con base en la intervención quirúrgica de esterilización que se le practicara.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la valoración de la prueba aportada a la causa a fin de determinar la existencia del hecho que motivó la litis, como si ha mediado un obrar negligente por parte de la demandada y en su caso, si éste está vinculado causalmente con los daños reclamados -en el caso, entre la deficiente prestación de servicio médico brindada por el nosocomio involucrado y el posterior embarazo de la paciente-, constituyen cuestiones de hecho que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 98.332, "Guarda", sent. de 7-V-2008; C. 100.800, "C. d. S. y o.", sent. de 15-IV-2009; C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013; C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; C. 120.949, "Borra", sent. de 28-VI-2017 y A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018), es decir, que se verifique un error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas C. 120.101, "Pacheco", sent. de 17-VIII-2016; C. 117.312, "Camuyrano", sent. de 19-X-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018 y A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018).
Vicio de magnitud que no se advierte configurado en la especie (Art. 279, CPCC).
Ello, por cuanto frente al cuadro fáctico compuesto por la judicatura en base a la ponderación de la prueba reunida -siguiendo en gran medida el dictamen pericial-, la impugnante, si bien denunció la existencia del vicio de absurdo, luego se limitó a reiterar planteos esgrimidos desde el inicio de la causa y que recibieron solución adversa con fundamento suficiente en las distintas instancias de grado tramitadas, sin que se evidencie en esta vía extraordinaria ningún vicio casatorio que justifique revertir lo fallado por los jueces de grado en el marco de su competencia.
Se advierte que la recurrente, en su queja soslayó acometer una réplica integral que ponga en evidencia la existencia de absurdo en la valoración de los elementos probatorios examinados, como respecto de las conclusiones fácticas que sobre su base fueron delineadas. Sus críticas resultaron -en rigor- una mera discrepancia que, como es sabido, no constituye per se base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda conformada sólo cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental decidido por el sentenciante (conf. causas A. 74.329, "Mazurenok", resol. de 29-VIII-2018; A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018 y A. 71.872, "Gómez", resol. de 5-XII-2018)
Es que la apreciación de la prueba en general y de la pericia médica en particular -específicamente lo atinente al mérito y fundamento-, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio, la adjudicación de su pertinente eficacia probatoria, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables (conf. doctr. causas C. 92.961, "Martínez", sent. de 11-III-2009; C. 120.946, "Andaluz", snet. de 8-XI-2017; A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018).
Por ello, cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, tal como lo es la valoración de los hechos y prueba, es imprescindible demostrar -a más de denunciar- un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. doctr. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017 y A. 75.347, "Melgarejo", resol. de 19-XII-2018). Extremo que la impugnante no logró demostrar (art. 279, CPCC).
Tampoco le asiste razón en cuando a la violación del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial sustentada en que se invirtió la carga de la prueba en el proceso al valorar los escritos y la prueba rendida, por cuando la protesta sólo traduce una mera afirmación del impugnante que no intenta siquiera demostrar (art. 279, CPCC; conf. causas Ac. 61.026, "Nuñez", sent. del 9-IV-96; Ac. 65.535, "De Leva de Bonadies", sent. de 8-IV-1997; C. 117.904, "Aguirre", sent. de 26-III-2014).
En suma, los agravios replanteados ante esta instancia extraordinaria no evidencian absurdidad en el razonamiento seguido por los sentenciantes de grado al concluir que no se encuentra acreditada la mala praxis denunciada por la actora respecto de la intervención quirúrgica de esterilización practicada el 11 de marzo del año 2004 en el Hospital de Maipú y, en su consecuencia, inexistente la falta de servicio que se le endilga a la demandada. Lo que permite rechazar esta parcela del intento recursivo y descartar los quebrantamientos normativos formulados (conf. art. 279, CPCC).
III.2. Por otro lado, los argumentos relacionados con la vulneración del art. 1112 del Código civil, se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a su interés, luciendo como meras manifestaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
En tal sentido, se ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si el recurrente expone su propio criterio personal, distinto al del sentenciante, en orden a la interpretación de las disposiciones a las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que haya existido una errónea aplicación o interpretación del plexo normativo en cuyos términos se funda la sentencia, tal como lo exige el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas A. 70.891, "Mohando", sent. de 6-VIII-2014; A. 70.232, "Benítez", sent. de 27-IV-2016; A. 73.900, "Greme", sent. de 17-X-2018).
Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como ha afirmado este Tribunal, deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada, y se dedica a criticarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causas A. 73.076, "Consentino Grazia", resol. de 7-VI-2017 y C. 116.677, "Andrada", sent. de 25-X-2017).
III.3. Finalmente, tampoco cabe atender el reproche emparentado con la imposición de las costas dispuesta por la alzada, toda vez que los argumentos vertidos no resultan eficaces para revertir lo decidido (conf. doct. art. 279, CPCC).
Cabe subrayar que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, cuestionando la imposición de las costas, no denuncia la infracción de las normas que regulan el instituto y, en tanto, no acredita una grosera alteración en la calidad de vencido (conf. causas C. 99.979, "Vergara", sent. de 30-V-2010; A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 72.515, "Juombelz", sent. de 30-V-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA HÉCTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-So-Ne-Ge
Reg. Nº 173
Fin de la sentencia