Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 68, 279, 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.779, "Serra Agustín c/ Municipalidad de Trenque Lauquen s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por las partes, actora (v. fs. 1.362/1.367 vta.) y demandada (v. fs. 1.336/1.344), en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue materia de agravios e impuso las costas a la vencida (conf. art. 51 inc. 1 in fine ley 12.008, texto según ley 14.437; v. fs. 1.440/1.448 y vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el apoderado de la Municipalidad accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.433/1.439), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 1.450/1.451.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.458/1.461), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.462) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la pretensión indemnizatoria promovida y condenó a la Municipalidad de Trenque Lauquen, por la irregular prestación del servicio de salud comprometido al haberse acreditado una infección intrahospitalaria luego de realizada la cesárea programada a la paciente Adriana Gisela Serra, en el Hospital Pedro T. Orellana, que concluyó a la postre en su fallecimiento.
En lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, destacó que de la pericia realizada por la Asesoría Pericial de La Plata surgía que a la paciente fallecida le suministraron antibióticos en forma profiláctica, durante la cesárea, y no se los indicaron luego de que ésta finalizara (cfr. pericia obrante a fs. 408 vta., planilla de evolución glosada a fs. 607, y de control y balance obrante a fs. 612 y vta.; v. fs. 1.419/vta.).
Agregó que no podía sostenerse como lo hizo la Municipalidad demandada, que la infección no se hubiera generado intrahospitalariamente si después de seis días desde el alta y cuatro de la fecha supuestamente indicada para consulta por consultorio externo, la paciente reingresó al hospital con un foco infeccioso (v. fs. 1.420/vta.).
En consecuencia coincidió con el criterio expresado por el juez de grado en cuanto afirmó que la demandada no aportó elementos tendientes a demostrar las medidas de seguridad adoptadas en el hospital al momento de realizar la cesárea y justificar así la regular prestación del servicio comprometido, como tampoco que la infección pudo originarse fuera del ámbito del hospital, luego del alta, cuando era el municipio quien se encontraba indudablemente en mejores condiciones de probar -si así hubiera ocurrido-cuáles fueron las medidas de seguridad que implementó para evitar la infección (v. fs. 1.420 vta.).
Sostuvo que la prueba sobre la atención médica brindada a Adriana Gisela Serra, corroborada por la historia clínica del hospital municipal y por las pericias practicadas en estas actuaciones y en la instrucción penal, apuntan a la carencia del servicio apropiado requerido por la aludida paciente. En este sentido agregó que respecto a la prueba de las prácticas sanitarias es el establecimiento médico o el profesional quien justamente por la especialización del servicio brindado se encontraba en mejores condiciones para aportar tales extremos (conf. 375, CPCC aplicable por remisión del art. 77, CCA; v. fs. 1.421).
Entendió que, si la Municipalidad demandada pretendía sostener que la conducta asumida por la paciente luego de la cesárea incidió en el desenlace fatal, la carga de la prueba de esas imputaciones le incumbía, pues invoca hechos contrarios a lo que normalmente sucede, esto es, que el puerperio y, en su caso la cesárea, evolucione sin complicaciones como las que se exhiben en estas actuaciones (v. fs. 1.421 vta.).
Concluyó así sobre la base de la doctrina de la relación de causalidad adecuada que la infección sufrida por la actora posterior a la cesárea, se debió con un alto grado de probabilidad a la falta de atención adecuada en el Hospital Pedro T. Orellana de Trenque Lauquen. Ponderó que, si bien no resultaba imputable específicamente a un profesional en particular, fue el resultado en la cadena de atención lo que derivó en el posterior deceso de la señorita Adriana Serra (v. fs. 1.421 vta. y 1.422).
Consideró que el agravio del municipio, en cuanto endosó al juez de grado la errónea interpretación del dictamen realizado por la Asesoría Pericial de La Plata, en relación a que la histerectomía debió realizarse con anterioridad al 8 de febrero de 2010, no resultaba suficiente para desvirtuar el análisis efectuado por el aludido magistrado, en tanto éste había ponderado, que el foco primario de la infección por stafilococo aureas ha sido la herida quirúrgica de la cesárea, que en su evolución hacia la sepsis, provocó inicialmente peritonitis, infección del útero o endometritis y neumonía bilateral con embolias sépticas a stafilococo aureas cuyo origen indudablemente fue la endometriosis poscesárea (v. fs. 1.422 vta.). Sumado a que, no hubo certeza en relación a que el adelanto de la histerectomía hubiese evitado el riesgo de muerte (v. fs. 1.423).
Añadió que de la Historia Clínica surgía que recién el 1 de febrero de 2010, luego de cuatro días de haber reingresado Adriana Serra (el 29 de enero de 2010) al hospital municipal le fue realizado un examen ginecológico a fin de determinar la signo-sintomatología que presentaba. Ponderó también que constaba entre los antecedentes una infección de la herida de la cesárea que fue tratada con Optamox, tres días antes de esta internación, en la consulta efectuada en la Salita de Berutti (v. fs. 1.420 y 1.423).
Puso de resalto que ambas pericias expusieron que las complicaciones o riesgos más frecuentes de las cesáreas son los procesos infecciosos, y que constituye una de las principales causas de morbilidad de las pacientes sometidas a este tipo de intervención quirúrgica -respuesta al punto "c" de fs. 412 vta. y 413; v. fs. 81 vta. y 82 de la IPP mencionada- (cfr. fs. 312 vta. y 313; v. fs. 1.424).
Finalmente juzgó que el agravio expresado por el municipio, en torno a la atribución de responsabilidad con sustento en la interpretación de la pericia médica, resultaba sólo una opinión en desacuerdo o en discordancia con la apreciación que había hecho el juez de grado, sin que ninguno de los ataques formulados tuviere entidad suficiente para conmover lo decidido (v. fs. 1.425 vta.).
II. Contra tal pronunciamiento la comuna demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Denuncia la errónea aplicación de los arts. 49, 50 y 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; y 512, 902 y 1.112 del Código Civil (entonces vigente), también acusa la violación de la doctrina legal de esta Corte, que cita y la absurda apreciación de la prueba (v. fs. 1.433/1.439).
La recurrente afirma que la Cámara vulnera la doctrina legal de este Tribunal que, en los supuestos de responsabilidad estatal por falta de servicio, impone al accionante el deber de individualizar de manera concreta cual ha sido la actividad que específicamente reputa irregular.
Aduce que la sentencia atacada prescinde del principio de congruencia, al responsabilizar al municipio dado que la parte actora se ha limitado a esgrimir genéricamente la deficiencia del servicio imputando una obligación tácita de resultado (v. fs. 1.436 vta. y 1.437).
En otro orden, tildó de absurda la conclusión del a quo , al juzgar la existencia de mala praxis sin una imputación a alguno de los médicos demandados.
Se agravió porque la Cámara le impuso el deber de indemnizar por falta de servicio al hospital municipal, por un daño que según la recurrente escapa al control del nosocomio por tratarse el "stafilococo aureus", del tipo de bacterias cuya proliferación es imposible evitar, aun cuando, como en el caso se han seguido todos los protocolos médicos, de higiene y salubridad en el ámbito hospitalario (v. fs. 1.437 vta. y 1.438).
Finalmente afirmó que la irregularidad por la que se condenó al municipio, surgió luego de producida la prueba pericial, y que habiéndose omitido invocar este extremo en el escrito de demanda, se violó nuevamente el principio de congruencia (arts. 384 y 163 inc. 6, CPCC; v. fs. 1.438 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. La recurrente insiste en postular que la Cámara incurre en absurdo e infringe el principio de congruencia, toda vez que, no obstante que el actor omitió indicar de forma precisa y concreta la falta de servicio que imputa al municipio, responsabilizó de todos modos al hospital municipal.
III.2. Tiene dicho este Tribunal que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo, definido como el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al ponderar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, tergiversando las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables (conf. causas A. 69.017, "Salguero", sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; A. 73.385, "SJC", sent. de 24-VI-2015; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.073, "Araya", sent. de 28-VIII-2018; e.o.), vicio que no obstante haber sido invocado no fue en la especie acreditado.
Sentado lo anterior, soslaya el recurrente, que el mismo argumento fue esgrimido ante el Tribunal de Alzada y expresamente abordado y rechazado, en los considerandos 7° y 8° (v. fs. 1.414/1.416), al ponderar sobre la base de las pericias producidas y la doctrina de la relación de causalidad, que la infección sufrida por la actora posterior a la cesárea, se debió con un alto grado de probabilidad a la falta de atención adecuada en el Hospital P. Orellana de Trenque Lauquen. Y que, si bien no resultó imputable específicamente a un profesional en particular, fue el resultado en la cadena de atención lo que derivó en el infortunado deceso de la víctima. Sin que, la aquí demandada haya podido acreditar la regular prestación del servicio público comprometido hasta el extremo de lo posible o previsible ni que la conducta poscesárea de la señorita Serra incidiera en el desenlace de algún modo.
Esta conclusión no ha merecido la réplica adecuada y eficaz, que se requiere en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo insuficiente la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (confr. causas A. 73.780, "Dávila", sent. de 26-XII-2018; A. 75.161, "Musabah", sent. de 17-X-2018; A. 73.860, "Soule", sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
Por otra parte, la tarea valorativa llevada a cabo por el Tribunal de Alzada es facultad privativa de los jueces de grado que sólo puede ser objeto de revisión ante esta instancia en el caso que tal ejercicio resulte irrazonable, siendo insuficiente sólo presentar la propia versión del impugnante sobre el mérito de las mismas (A. 73.757, "M.C.R.", sent. de 11-VII-2018; C. 100.800, "C.D.S., M.", sent. de 15-IV-2009; A. 55.336, "Rodríguez", sent. de 12-XI-1996; Ac. 88.175, "Frenkel", sent. de 24-V-2006; C. 94.798, "de Cárdenas", sent. de 13-XII-2006).
Para el caso, determinar la efectiva ocurrencia del agente dañoso, infección por stafilococo aureus, poscesárea, así como la adecuada relación de causalidad entre aquél y el daño padecido, es decir, entre la deficiente prestación del servicio médico brindada en el nosocomio involucrado y el fallecimiento de la señorita Serra, constituyen cuestiones de hecho que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 98.332, "Guarda", sent. de 7-V-2008; C. 100.800, "C. d. S. y o.", sent. de 15-IV-2009; C. 116.663, "Camus", sent. de 4-IX-2013; C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; C. 120.949, "Borra", sent. de 28-VI-2017 y C. 120.946, "Andaluz", sent. de 8-XI-2017), esto es, un error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa (conf. doctr. causas A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018; A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.648, "Zitto", sent. de 20-VIII-2014; A. 72.030, "Etcheverry", sent. de 3-VI-2015; e.o.); lo que no acontece en la especie.
III.3. Finalmente, tampoco es de recibo la denunciada violación de la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa, C. 97.827, "Leiva" oportunidad en que la recurrente transcribe de modo parcial la opinión expresada por uno de los ministros en su voto.
En este sentido, no resulta idónea como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la remisión a los fundamentos expresados en el voto por uno de los ministros, que a la postre no constituyó la doctrina del fallo invocado y si por esa vía se elude, controvertir eficazmente los fundamentos que estructuran la construcción jurídica de la sentencia atacada (conf. causas A. 75.092, "Martínez", sent. de 17-X-2018; A. 72.710, "Alveolite", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Más aún cuando, de manera inversa a lo sostenido por la recurrente, la doctrina que emerge del precedente Leiva, se evidencia en los fundamentos expresados por la Cámara, al responsabilizar al Estado de manera directa y objetiva, por el funcionamiento deficiente del servicio de salud, al tratarse de una función que ha asumido constitucionalmente, y no a la actuación del profesional o dependiente. De modo que, si el servicio no funcionó, o lo hizo errónea o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta o deficiencia del servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 14.437-; 68, 279, 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia