Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74921
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.921, "Frungieri, Nicolás c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 351/382). En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión anulatoria y de daños y perjuicios promovida por el señor Frungieri contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 418/444).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 451/493), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 503 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 514) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, señaló que la cuestión a dirimir en autos se circunscribe a determinar la legitimidad -o no- de la resolución 986/11, dictada por el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, luego confirmada por la resolución 981/12 que dispuso transformar en cesantía la causal de cese de la relación de empleo público del accionante por encontrarlo responsable de los cargos formulados en el marco de los sumarios administrativos 12.130 y 12.339. Una vez resuelto ello, si correspondiere, el peticionado reconocimiento de la indemnización especial que la normativa interna instituye en favor de los agentes que se desvinculan de la entidad accionada por propia decisión, con más la pretendida reparación de los daños que se denuncian causados por la medida disciplinaria dispuesta.
Destacó que el actor no logró rebatir los argumentos dados por el magistrado de grado para rechazar la pretensión anulatoria e indemnizatoria. Consideró que este persistió en pensar la controversia planteada desde la óptica del derecho privado, con relación al principio de inmediatez y la corriente jurisprudencial elaborada en su entorno, y no como debiera corresponder desde el derecho administrativo y las normas legales y reglamentarias que regulan la relación de empleo público que unió al actor con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el caso el Estatuto y el Reglamento Disciplinario.
La Cámara consideró que el principio de inmediatez que el recurrente denunció vulnerado, en tanto derecho a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años, a partir de que se inicie un sumario, pues la razonabilidad o no del retraso incurrido durante su trámite debe medirse sopesando la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades, entre otras circunstancias.
Descartó que tal vulneración se configurara en las investigaciones de los hechos que motivaron la cesantía del agente, iniciadas respectivamente el día 14 de enero de 2005 y el 20 de junio de 2007 (v. fs. 42 y 61, sumarios 12.130 y 12.339), y decididas por el Directorio que aplicó la sanción con fecha 30 de junio de 2011 (conf. fs. 241/246 y 250/255, sumarios cit.; v. fs. 424 vta. y 425).
Advirtió que el trámite del sumario 12.130 tuvo un desarrollo continuo y constante. Justificó su duración en que las conductas investigadas se encontraban, a su vez, bajo el conocimiento de distintos órganos jurisdiccionales, lo que obligó a la instrucción a requerir múltiples informes para verificar el avance de los pertinentes procesos, descartando así la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad en la instrucción de este (v. fs. 425).
Entendió que tampoco resultaba alterado por la paralización del procedimiento disciplinario seguido en el sumario 12.339 entre el día 20 de julio de 2007 y el 21 de octubre de 2009, momento a partir del cual se reactivó a instancias del propio accionante al solicitar, mediante la Carta Documento n° 98003909, que se dictara su sobreseimiento por entender violentado el principio de inmediatez.
Consideró que dicha dilación era insuficiente para determinar la nulidad del procedimiento, en tanto ante la mentada misiva la accionada prosiguió con el curso de las actuaciones confiriéndole vista de los cargos formulados para que ejerza su derecho de defensa (v. fs. 425 vta.).
De este modo rechazó los planteos de demora culpable y caducidad del procedimiento con fundamento en los arts. 127 y 80 del decreto ley 7.647/70, invocados por el recurrente. Y le endilgó la omisión de peticionar que se declare la prescripción de la potestad sancionatoria, en los términos del art. 14 y concordantes del Reglamento de Disciplina del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Señaló que el apelante pretendió trasladar al ámbito de una relación de empleo público la observancia de una corriente jurisprudencial que ha sido acuñada para dar respuesta a conflictos del derecho privado, circunstancia que descarta, al menos de manera directa, su aplicación a casos como este, en el que se requiere de un espacio temporal más extenso que el que insume un distracto laboral entre particulares, ello, para garantizar al agente señalado como autor de una falta disciplinaria un procedimiento que asegure el efectivo ejercicio de su derecho de defensa (v. fs. 424).
Desestimó que en el caso se hubiere violentado la garantía del non bis in idem , desde que, su alcance, conforme doctrina de este Tribunal, se ciñe a que una misma conducta no pueda ser juzgada dos veces dentro de la misma esfera jurisdiccional. Explicó que el Banco Central de la República Argentina multó al señor Frungieri en su condición de usuario de cuentas corrientes por haber librado cheques rechazados por falta de fondos, en tanto que la penalidad impugnada en autos constituye una sanción disciplinaria de cesantía, por su conducta como agente del Banco provincial violatoria de las obligaciones que le impone el Estatuto en el art. 22 inc. "n", y el Reglamento de Disciplina en los arts. 24 inc. "h" y 25 inc. "c". Añadió, que además de tratarse de dos autoridades y jurisdicciones diferentes, cada sanción persiguió proteger bienes jurídicos disímiles (v. fs. 427 y vta.).
También descartó que se afectara el derecho de defensa, luego de cotejar que las constancias sumariales acreditaban que el señor Frungieri había tomado vista de lo actuado (v. fs. 428).
Igual temperamento aplicó sobre el supuesto quebrantamiento de la garantía de inalterabilidad, por la admisión como prueba hábil de fotocopias sin certificar, en el sumario 12.339, en tanto estas se basaron en los movimientos registrados en las cuentas bancarias que el agente poseía en la sucursal Tribunales del Banco y que contaban con el correspondiente respaldo informático (v. fs. 428 vta.).
Ponderó que ninguna de las quejas vertidas por el recurrente, alcanzaban para desvirtuar lo resuelto por la resolución 986/11, por hallarse respaldada por la prueba producida en la instrucción sumarial, y que el rechazo de la caducidad planteada con las figuras previstas en el decreto ley 7.467/70, para los supuestos de incumplimientos injustificados de los términos o la paralización de los asuntos administrativos, no resultan aplicables al procedimiento sumarial objeto de autos ( v. fs. 429 vta.).
En el mismo sentido agregó que el rechazo de la prueba testimonial de reconocimiento de firma tampoco vulneró su derecho de defensa, con fundamento en la omisión de acreditar el mérito que tendría para modificar la decisión de la causa (v. fs. 429 vta./430 vta.).
Seguidamente reseñó las conductas que justificaron la aplicación de la sanción expulsiva por violar las obligaciones que impone el Estatuto para el personal del Banco en los arts. 21 inc. "b" y 22 incs. "k" y "n" y los arts. 23 incs. "g" y "j"; 24 inc. "h" y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina en su calidad de Ayudante de Firma en la sucursal Tribunales de Mar del Plata (v. fs. 430 vta./431).
Apuntó que el recurrente no desconoció la materialidad de las acciones que se le endilgaron, sino que manifestó su desacuerdo con la sanción impuesta, por considerarla excesiva con sustento en la falta de intencionalidad de apropiarse indebidamente de sumas de dinero ocurrida, según su criterio, por fallas en el sistema implementado por el Banco (v. fs. 433 vta.).
A continuación, la Cámara analizó que la actuación administrativa no contó con irregularidad alguna y que la aceptación de la renuncia para que el agente pueda acogerse al beneficio jubilatorio fue condicionada a lo que resultara de los sumarios en trámite, ajustándose de tal modo a lo prescripto por el art. 192 y que la cesantía impuesta contó con sustento en lo normado en los arts. 24 y 25, sumado a que cuando concurran dos o más transgresiones de diversa gravedad se aplicará la sanción correspondiente a la falta mayor (v. fs. 434/436).
Añadió que el acto de cese dejó constancia de los antecedentes personales del recurrente al hacer mención al llamado de atención de fecha 13 de noviembre de 2000, decidiendo igualmente la medida expulsiva habida cuenta la gravedad institucional y reiteración de las conductas ejecutadas por el agente, con fundamento en el art. 11 y concordantes del Reglamento de Disciplina. Tales: incumplimiento del pago del canon locativo, cuyos importes recibió de la institución para tal fin; embargos reiterados en los sueldos; libramiento de cheques sin fondo y extracciones indebidas a través de cajeros automáticos valiéndose de información privilegiada sobre fallas en el sistema (v. fs. 437 vta. y 438).
Ponderó que entre las constancias del sumario 12.130 obra un informe detallado de embargos que se trabaron sobre los haberes del agente del que surgió que siete de un total de nueve fueron trabados en el término de un año, conforme el art. 23 inc. "j" del Reglamento de Disciplina del Banco (v. fs. 439 vta./440).
Puso de relieve que contrariamente a lo sostenido por el recurrente, de lo actuado en el marco del sumario 12.130 surgía que el señor Frungieri ejerció su derecho de defensa presentándose en cada una de las oportunidades que fue citado y que en ocasión de ser preguntado sobre los derechos que le otorgaba el Reglamento de Disciplina del Banco en sus arts. 87 a 95 manifestó conocerlos, como también su intención de no hacer uso de asistencia letrada conforme fs. 79 y 115 del sumario citado (v. fs. 440/441).
Agregó que las conductas imputadas en el sumario 12.339 encuadradas en los arts. 22 inc. "n" del Estatuto "emitir cheques sin fondo" y 24 inc. "h" y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina "reincidir en el libramiento de cheques sin provisión de fondos en el curso de un año", consideradas falta grave, se encontraban acreditadas con las constancias obrantes a fs. 156/161 del sumario 12.339 y expresamente reconocidas por el recurrente en oportunidad de prestar declaración indagatoria a fs. 136/143 (v. fs. 441 vta.).
Concluyó así que la labor desplegada en la instrucción no merecía reproche alguno, tampoco la decisión adoptada, pues se ajustó a los antecedentes investigados y guardó proporcionalidad con la trascendencia de las infracciones que dieron paso a la responsabilidad disciplinaria (v. fs. 442 y vta.).
Por último, reparó que la resolución 2.732/90 que implementa la indemnización especial para el personal que se desvincula de la institución exige, entre otros recaudos, que el vínculo de empleo no cese como en el caso por la adopción de una medida expulsoria (v. fs. 443).
Agregó que el reclamo pecuniario formulado por el accionante en función del trámite y resolución de los sumarios, se hallaba subordinado a la previa declaración de invalidez del acto expulsivo, lo que conforme la doctrina de esta Corte -en la causa B. 58.147, "Terminales Rio de la Plata", sentencia de 7-II-2007- constituiría el título jurídico habilitante del reclamo patrimonial generado en consecuencia (v. fs. 443/444).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 451/493), la parte actora denuncia la violación del art. 127 del decreto ley 7.647/70, del debido proceso legal, del non bis in idem y de la doctrina de los propios actos.
Luego de reseñar los antecedentes de la causa, impugna la sentencia del Tribunal de Alzada (v. pto. IV y V; fs. 452 vta./492), oportunidad en la que reitera planteos que han sido vertidos en presentaciones anteriores.
Afirma que la Cámara reconoce que el espacio temporal entre el inicio de los sumarios 12.130 y 12.339 y la decisión expulsiva, ha sido irrazonable y violatorio del principio de inmediatez (v. fs. 456/457).
Reitera el argumento de que el principio de inmediatez que pregona lesionado, constituye un límite a la facultad sancionatoria que impone la existencia de un plazo inmediato y razonable entre la toma de conocimiento de la falta cometida, el inicio del procedimiento y la imposición de la sanción de que se trate.
Insiste que en el caso se violó el debido proceso y los principios de igualdad y defensa en juicio, al marginar la aplicación del art. 127 del decreto ley 7.647/70 y la demora culpable de la autoridad administrativa en el procedimiento sumarial seguido a su respecto (conf. art. 80, dec. cit.).
Se agravia argumentando que fue objeto de una doble sanción por los mismos hechos violentando la garantía non bis in idem , consagrada en los arts. 33 de la Constitución nacional y 29 de la Constitución provincial, y que la cesantía resuelta con posterioridad a su cese como agente contraría la doctrina de los propios actos, debiendo, por ello, declararse abstracta la cuestión (v. fs. 474 vta. y 475).
Aduce que la Cámara violó el derecho de defensa de su parte al omitir la consideración efectiva en torno al pedido de vista de las actuaciones y la falta de ponderación de la prueba documental acompañada en fotocopia (v. fs. 463 vta.).
Puntualiza que el tribunal omitió pronunciarse o ponderar las siguientes circunstancias a saber: a) que la percepción de dinero a través de cajeros automáticos no contó con la intención de su parte de apropiarse de fondos indebidamente (v. fs. 471 vta.); b) no contempló que en treinta y dos años de carrera solo tuvo un llamado de atención y que ello no debió tenerse en cuenta para una nueva sanción como ocurrió en el caso (v. fs. 477 y vta.); c) la proporcionalidad, entre la falta cometida y la sanción finalmente aplicada (v. fs. 477 vta.); d) no verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el art. 23 inc. "j" del Reglamento de Disciplina, con relación a los embargos reiterados (v. fs. 480 vta. y 481); e) la falta de citación a indagatoria en el trámite del sumario administrativo 12.130 (v. fs. 481) y f) que la demandada se valió únicamente de la causal tipificada en el inc. "h" del art. 24 -librar cheques sin provisión de fondos en forma reiterada- (v. fs. 483 vta.).
Destaca que la Cámara no trató el agravio relativo al rechazo de la indemnización para el personal que se jubila de la entidad bancaria, tampoco los perjuicios morales y económicos que describe ni las conclusiones de la pericia médica (v. fs. 485 vta./489).
Finalmente, señala que la sentencia impugnada resulta absurda en tanto el tribunal no analizó debidamente la prueba producida en la causa, apartándose así de las reglas de la sana crítica con cita de distintos precedentes de esta Corte (v. fs.489 vta./492 vta.).
III. El recurso no puede prosperar atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. La facultad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no resultan conmovidos por las manifestaciones del recurrente, en tanto se limita a disentir con la valoración de los hechos y pruebas realizada por el a quo , omitiendo atacar las conclusiones que dan sustento a la solución del caso (conf. art. 279, cit.; doctr. causas A. 74.054, "Baigorria", sent. de 21-XI-2018; A. 71.873, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016; A. 71.843, sent. de 3-XII-2014; e.o.).
En la pieza recursiva articulada ante esta instancia de excepción se intenta imponer una solución distinta de la que arriba la Cámara sin siquiera lograr identificar los argumentos de esta. Al respecto tiene dicho esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Se desprende de ello, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (causas A. 69.689, "Gomila", sent. de 30-IX-2009; A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011; A. 71.293, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Romero", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
Veamos.
III.2. Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causas A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018 y A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009).
Este Tribunal también tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (doctr. causa A. 71.873, "Laprovittola", cit.).
En la especie, el impugnante no logra demostrar un vicio de esas características. Sus alegaciones giran en torno a hechos que él considera debieron ser valorados de manera diversa: que la instrucción sumarial le privó de su derecho a producir prueba testimonial; que los embargos reiterados no ocurrieron en el transcurso de un año; que en treinta y dos años de carrera solo tuvo un llamado de atención; que las extracciones de dinero a través de los cajeros automáticos del Banco, no contaron con la intención de apropiarse indebidamente de dichos fondos; que los embargos que recayeron sobre sus haberes no se produjeron solo durante un año calendario y que por librar cheques sin provisión de fondos ya había sido sancionado con multa por el Banco Central de la República Argentina. Más en ningún momento logra demostrar yerro en la decisión. Su crítica solo evidencia un punto de vista distinto.
III.3. También cuestiona el tiempo en que estuvo paralizado el procedimiento disciplinario, el que se reactivó a instancias del propio recurrente, confiriéndosele vista de los cargos formulados para que ejerza su derecho de defensa.
A partir de fs. 424 vta., el a quo da una serie de razones en virtud de las cuales e
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