Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74268
En la ciudad de La Plata, a 20 de noviembre de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.268, "Cardozo, Noemí Esther c/Ministerio de Salud s/Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario Inaplicabilidad de ley"
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, rechazando el de la Fiscalía de Estado, con costas a la vencida (v. fs. 524/531 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la co-demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 539/548), el que fuera concedido por el citado tribunal a fs. 550 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 559) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La señora Noemí Esther Cardozo interpuso demanda de resarcimiento de daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Miguel (v. fs. 64/69). Motivó su pretensión en el incumplimiento -respecto a su persona- del convenio de traspaso de empleados hospitalarios de la órbita municipal a la provincial aprobado por el decreto 1.299/96 de fecha 21 de mayo de 1996.
Relata que ante la inacción por parte de la Provincia en reubicarla en su planta de personal debió iniciar un amparo por mora contra esta última, con el objeto de provocar el acto que dispusiera finalmente su pase. Explica que tras diez años de espera fue solo ante la inminencia de un pronunciamiento judicial que el Ministerio de Salud dictó la resolución 11.112 n°284 de fecha 22 de febrero de 2006, rechazando su incorporación a los cuadros de dicho organismo como Jefa de Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Quemados (expte. 2.945-1210/96), con el argumento de que no contaba con matrícula profesional vigente a ese momento. Si bien reconoció que eso era cierto, sostuvo que tal situación se debió a los impedimentos para ejercer la medicina a nivel provincial producto de la omisión estatal, para lo que propuso regularizar su situación una vez reincorporada.
Solicitó, en consecuencia, la indemnización del art. 30 inc. "b" de la ley 10.430, los salarios caídos, daño moral e intereses.
I.2. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Martin desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad codemandada. Por otra parte, encontró acreditado el incumplimiento de la Provincia de Buenos Aires, no así del municipio de San Miguel, en lo que respecta a la obligación asumida de reubicar a la actora en la esfera provincial. A su entender, en la especie se vulneró el derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo público (arts. 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.; 6, PIDESC; 39 inc. 3 in fine y 103 inc. 12, Const. prov.), a la carrera administrativa (art. 31, ley 10.430), a la dignidad humana y a la protección moral y material de la familia.
Para ello ponderó que la indefinición e incertidumbre en cuanto a la continuidad laboral de la actora por un período de diez años (desde el 1 de abril de 1996 hasta el 22 de febrero de 2006) le provocó un detrimento patrimonial susceptible de resarcimiento que debía ser ponderado. No obstante, tuvo en cuenta su ejercicio de la medicina en el ámbito nacional durante ese lapso.
En consecuencia, resolvió condenar a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la demandante: i) el 35% de las sumas que debió haber percibido desde el momento en que dejó de cobrar sus haberes (1-IV-1996) hasta la fecha en que la Administración se expidió rechazando su incorporación a la órbita provincial (22-II-2006); ii) una suma en concepto de daño moral estimada en cien mil pesos ($100.000); y iii) la indemnización prevista en el art. 30 inc. "b" de la ley l0.430.
I.3. Ambas partes apelaron dicho pronunciamiento.
La actora solicitó que se le abonen la totalidad de los haberes devengados en vez del 35% que se le otorgara (v. fs. 481/482).
La codemandada, Provincia de Buenos Aires, requirió el rechazo total de la demanda. Fundó sus agravios en la improcedencia del pedido de indemnización por no haber sido previamente declarada nula la resolución 11.112 n°284, como lo exigiría el art. 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo y lo establecen la jurisprudencia nacional y provincial. Adujo que a la actora no se la designó en el ámbito provincial en razón de su propia negligencia al no haber acreditado su matriculación como médica en el colegio provincial. Asimismo, expresó que no cabía presumir la existencia de daño alguno y, en su caso, que el 35% de los salarios caídos resultaba excesivo. Por último, destacó que no correspondía el abono de la indemnización del art. 30 inc. "b" de la ley 10.430, en tanto no existió estrictamente una supresión de cargo y abonarla constituiría un enriquecimiento sin causa al exigirle al Estado que pague dos veces por una misma causa (v. fs. 485/491).
II.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y rechazó el de la co-demandada. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia sólo en cuanto al porcentaje de los salarios caídos el cual aumentó al 50%. Impuso las costas a la vencida (v. fs. 524/531 vta.).
Para así resolver, entendió que el Fisco reiteró argumentos expuestos con anterioridad sobre la falta de impugnación de la resolución 11.112 n° 284 y la atribución de responsabilidad a la actora por su falta de nombramiento al no tener habilitada su matrícula médica en la provincia. Adujo, tal como lo hizo el juez de la instancia anterior, que eran los hechos y las omisiones ilegítimas de la autoridad estatal anteriores al dictado de la mentada resolución lo que había generado los presupuestos para tener por acreditado el daño sufrido por la actora.
Con relación a este último punto, señaló que la doctora Cardozo se encontraba matriculada al momento de su traspaso a la jurisdicción provincial como lo probaba su condición de Jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital municipal de San Miguel, de modo tal que la exigencia de esto último no era algo lógico. Consideró que esto coadyuvaba a demostrar la imprevisión y negligencia de la demandada, elementos suficientes para condenar al Estado provincial.
Recordó que por una decisión de política de salud pública se convino, entre la Provincia de Buenos Aires y el municipio de San Miguel, el traspaso de todo el personal médico que prestaba sus servicios en el Hospital Municipal "Raúl F. Larcade" a la órbita del sistema de salud provincial. El referido acuerdo fue instrumentado mediante el Convenio n° 3 (v. fs. 9/10), el decreto municipal 351/96 (v. fs. 11) y el decreto provincial 1.299/96 (v. fs. 12/18).
Tuvo por probado que la actora prestaba servicios en el aludido nosocomio en el área de cirugía plástica con grado Htal. "C" (v. fs. 14), y que por decisión de ambas jurisdicciones fue traspasada a la jurisdicción provincial donde se le debían asignar tareas acordes a su categoría y agrupamiento ocupacional.
Afirmó que, a diferencia de sus colegas, la doctora Cardozo debió atravesar -a consecuencia de la improvisación y negligencia estatal- un iter interminable donde se la mantuvo ilegítimamente privada de su derecho a que se le asignaran funciones de acuerdo a lo dispuesto en los instrumentos antes individualizados.
Encontró acreditado que al igual que otros empleados en su misma situación , la demandante fue emplazada a prestar servicios en el Hospital Zonal General de Agudos "Domingo Mercante" de José C. Paz (v. fs. 23), sin que las autoridades de salud provinciales advirtiesen que en dicho nosocomio no existía el servicio de cirugía plástica. Dijo que esta situación quedó patentizada con la copia de la nota del delegado organizador del Hospital al Jefe de la Región Sanitaria V, en donde se solicitó la reubicación de un grupo de profesionales, entre los que se hallaba la actora (v. fs. 12, expte. adm. n° 2.945-1220).
Esbozó que, a raíz de lo relatado, la demandante fue puesta a disponibilidad de la Región Sanitaria V (v. fs. 19, 20 y 21) sin que se le asignaran funciones en forma inmediata como correspondía hacerlo dada la obligación asumida por el Estado en los instrumentos para el traspaso del personal.
Describió que, luego de un infructuoso intercambio epistolar (v. fs. 24/42) la situación de revista de la actora siguió sin definirse por exclusiva responsabilidad de las autoridades provinciales. Advirtió que del dictamen obrante a fs. 49 surge que el Gobernador dictó el decreto 1.655/97 disponiendo la reubicación de varios de sus ex colegas, sin incluirla. Tuvo en cuenta además el dictamen obrante a fs. 50 de la Asesoría General de Gobierno en el que se insistió en que la autoridad administrativa debía dictar el acto de incorporación de la actora de acuerdo "...a las previsiones del decreto 1655/97".
Ponderó asimismo el informe obrante a fs. 20 del expediente administrativo acollarado a la presente, de donde surge que la titular de la Dirección de Coordinación de la Región Sanitaria V puso de resalto que en el Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón" de San Martin no se le pudo asignar el cargo de Jefe de Servicio que tenía la accionante al momento del traslado a la jurisdicción provincial, en razón de que dicho nosocomio ya tenía cubiertas dichas jefaturas.
Esgrimió que también con posterioridad se probaron otros hechos ilegítimos tales como la falta de notificación de intimaciones cursadas por el municipio de San Miguel (v. fs. 5) o el extravío de su legajo personal, los cuales ocasionaron, a su vez, otras omisiones y dilaciones administrativas (v. fs. 54; 56; 60; 246 y 407). Dedujo así que el actuar administrativo fue muy enmarañado y difuso, a tal punto de que figura registrado el cese de la actora por renuncia, cuando no fue así (v. fs. 302).
Consideró, en definitiva, que quedaron suficientemente probadas en la causa las distintas omisiones y hechos ilegítimos por parte de las autoridades administrativas del área de salud provincial, por lo que correspondía rechazar el agravio de la accionada y confirmar la sentencia en cuanto fue materia de apelación. Ello sobre la base de las normas del Código Civil por entonces vigente sobre responsabilidad (cfr. arts. 1.074 y 1.112, Cód. Civ.; 20, 24, 30 inc. "b", 31, y concs., ley 10.430 y modif. y doctrina de autores).
II.2. En cuanto a los agravios sobre la cuantificación porcentual que efectuó el magistrado de primera instancia y la pertinencia de las indemnizaciones otorgadas por los distintos rubros, entendió que resultaban escuetos y poco desarrollados, tanto en relación al derecho como a los hechos verificados en la causa.
En lo tocante al resarcimiento por los salarios no percibidos, consideró que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por la apelante no podían enervar lo que constituye doctrina legal emanada del Superior Tribunal provincial que determina el derecho a la percepción de los mismos -en porcentajes variables según la extensión del daño- acreditados los presupuestos de la responsabilidad del Estado (cfr. causa B. 56.478, "García" y jurisprudencia de la propia Cámara).
Evaluó que el reconocimiento del derecho al cobro de salarios caídos a causa de omisiones o hechos ilegítimos producidos por la Administración Pública puede, y debe, ser asimilado a la previsión que regula el art. 73 inc. "c" de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y sus modificatorias, para los casos de sanciones ilegítimas.
Descartó el agravio relativo a que se estaría otorgando una doble indemnización por la misma causa, en tanto estimó que ambas sumas otorgadas eran de naturaleza diferente. Ello, a tenor de que el juez hizo lugar al pago de los salarios caídos, adicionando además la indemnización prevista en el art. 30 inc. "b" de la ley 10.430, que contempla el supuesto de supresión de cargo.
Respecto de la procedencia del daño moral y su monto, advirtió que la apelación solo traslucía una discrepancia personal con lo decidido por el magistrado de grado, no reuniendo los requisitos técnicos exigidos por el código ritual. En consecuencia, declaró desierto el recurso en esta parcela (cfr. arts. 56 inc. 3, CCA y 261, CPCC).
Con relación al porcentaje de salarios caídos, ponderó que la actora se vio privada no solo del derecho a la función que la estabilidad en el cargo le aseguraba legalmente, sino que vio frustrado el desarrollo a la carrera hospitalaria en el ámbito bonaerense. Tuvo en cuenta además, como balance para la determinación de un monto razonable, que la doctora Cardozo siguió desempeñando su función en el ámbito nacional en la especialidad de cirugía plástica y reparadora (v. fs. 109, según certificado de inscripción de profesionales, expedido por el Registro Nacional de Prestadores el 10 de noviembre de 2009). Por ello, entendió equitativo incrementar el porcentaje por salarios no percibidos al cincuenta por ciento (50%).
III. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 539/548) en el que denuncia inaplicación del art. 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo, violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y absurda valoración de los antecedentes del caso.
III.1. Reitera, como lo hiciera en anteriores presentaciones, que la demandante no impugnó la validez del acto administrativo -la resolución 11.112 n° 284- que rechazara su incorporación al plantel del Ministerio de Salud provincial, por no estar matriculada en el Colegio de Médicos. Recuerda nuevamente que la pretensión indemnizatoria, en el ámbito del derecho administrativo, se encuentra subordinada a la previa o conjunta promoción de una pretensión impugnatoria del acto del cual, a criterio del demandante, se derivan los daños cuya reparación se persigue (art. 20, CCA).
Por ello, deduce que, al no haberse anulado el decreto mencionado, el mismo es válido y no tiene, entonces, consecuencias dañosas. Cita en sustento de su posición doctrina sentada en las causas Ac. 33.275, "Oasis SRL", sentencia de 26-II-1985 y B. 58.147, "Terminales Río de La Plata", sentencia de 7-II-2007. Asimismo, trae doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrada en Fallos: 319:1476 y 319:1532, además del precedente "Alcántara Diaz Colodredo", sentencia de 20-VIII-1996.
Asevera que las sentencias anteriores han errado al aislar el acto administrativo en cuestión de los trámites que lo precedieron, como si las irregularidades reprochadas a estos últimos fueran ajenas a aquél. Considera equivocado resolver que los vicios son tan graves que merecen indemnización, pero no declaran su nulidad. Por ello denuncia absurdo en la decisión recurrida.
Agrega -no obstante reconocer que las cuestiones fácticas por regla son ajenas a esta vía- que fue la conducta de la propia actora la causante de la resolución 11.112 n° 284, en tanto que convocada a tomar posesión de su cargo en el Hospital Interzonal "Eva Perón" mediante dos telegramas a fin de que presente la constancia de matriculación actualizada por el Colegio de Médicos, ella no se presentó y reconoció que no era posible cumplimentar el requisito exigido toda vez que no se encontraba en ejercicio de la medicina en la provincia de Buenos Aires (nota presentada el 30-VIII-2005, aportada como prueba por la actora).
Insiste con evidenciar el absurdo que denuncia y alega que los jueces ignoraron el telegrama remitido por la Oficina de Personal en el que se citaba a la demandante para proseguir el trámite de su nombramiento (v. misiva de 18-VI-1996), como así también la presentación de la actora ante dicho organismo (21-VI-1996).
Por lo demás, afirma que, si hubo notificaciones erróneas de parte del municipio, nada puede reprochársele a la Provincia.
III.2. Con respecto a la determinación y cuantificación de los daños materiales y morales, considera que se ha caído en absurdo y violación de doctrina legal. Sostiene que no puede cuestionarse la actuación estatal cuando la autoridad local ejerció válidamente la potestad de nombrar a sus agentes administrativos, impidiendo el ingreso de alguien que no reunía los requisitos normativos correspondientes.
En cuanto al monto, solicita se revoque la condena a abonar el 50% de los salarios dejados de percibir por el lapso comprendido entre el 1 de abril de 1996 y el 22 de febrero de 2006. Ello, en tanto la actora nunca prestó tareas para la Provincia, puesto que no fue incorporada al plantel del Ministerio de Salud, por lo cual mal pudo haberse perjudicado su salario. Además, considera que el porcentaje de cuantificación de ese perjuicio es excesivo y contrasta con las pautas que esta Suprema Corte ha fijado para casos mucho más severos.
Se agravia además del pago de una doble reparación pecuniaria: la del porcentaje de los salarios caídos y la fijada en el art. 30 inc. "b" de la ley 10.430 por supresión de cargo, en tanto asegura que poseen la misma causa jurídica; esto es, la afectación de su estabilidad en el empleo. Además, agrega que tampoco se trata de un caso de supresión de cargo, sino de un traspaso.
Finalmente, con relación al daño moral, entiende que es irrazonable el monto de $100.000 dispuesto en la sentencia por exceder lo que de ordinario ha venido fijando esta Corte. Asimismo, se opone a que se adicionen intereses, alegando que no obstante no corresponder esos accesorios, solo puede haber mora desde la fecha de la sentencia que los reconoce. La fecha de cese -dice-, en todo caso es la de la resolución que denegó la incorporación de la actora al plantel provincial, es decir, el 22 de febrero de 2006.
IV. El recurso no prospera, atento su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. Es requisito de ineludible cumplimiento para la recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal de Alzada (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues al denunciar la errónea interpretación y aplicación del art. 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el impugnante reitera consideraciones formuladas en la instancia de grado acerca de la exégesis que considera cabe asignarle a los requisitos legales de acceso a una indemnización integral; esto es, que la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita presupone la previa declaración de nulidad del acto presumiblemente legítimo que causa gravamen.
Independientemente de la corrección jurídica de esa proposición considerada en abstracto, el apelante omite reparar en que el Tribunal de Alzada -para apartarse de esa regla- tuvo especialmente en cuenta el dilatado espacio temporal que transcurrió sin que la actora fuese reubicada en un puesto acorde a su especialidad, que sumado a lo ilógico que reputó supeditar el traslado a la acreditación de la matriculación cuando ya se venía desempeñando como jefa de servicio, la llevó a reclamar por el daño ocasionado
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