Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74804
En la ciudad de La Plata, a 13 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la Causa A. 74.804, "Núñez, Natalia Noemí c/ Ministerio de Salud s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado (v. fs. 472/475) y revocó la sentencia de grado que había desestimado la excepción de prescripción deducida por la Provincia demandada y, en su consecuencia, rechazó la pretensión indemnizatoria promovida en autos (v. fs. 499/512 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 515/523), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 526 y vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 534/539), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 540) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Se iniciaron las presentes actuaciones en virtud de la demanda de daños y perjuicios por defectuosa prestación médica oftalmológica incoada por la señora Natalia Noemí Núñez, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, contra el Hospital Zonal Especializado Materno Infantil "Argentina Diego" de Azul (v. fs. 162/174).
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Azul rechazó la excepción de prescripción opuesta por la Provincia demandada y, en consecuencia, hizo lugar a la pretensión indemnizatoria deducida por la parte actora (v. fs. 448/464).
Para así resolver, y en lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, consideró que el plazo de prescripción de la acción debía computarse a partir del día 17 de noviembre de 2008, fecha en que se expidió el certificado médico oficial suscripto por el doctor Minervini (v. fs. 161 y vta.) en el que se dejó constancia de la enfermedad de retinopatía que afectaba al menor. En consecuencia, concluyó que a la fecha de promoción de la demanda (el 10 de noviembre de 2010) no había transcurrido el plazo de prescripción de dos años, determinado por el art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente.
Ponderó que tanto en el momento del nacimiento prematuro como durante las dos internaciones que padeció el menor, los profesionales que lo asistieron no le brindaron a la madre (señora Nuñez) suficiente información sobre la patología que afectaba al niño y las consecuencias negativas sobre sus órganos visuales. Por tal motivo, entendió que la acción para reclamar por los daños y perjuicios derivados de la defectuosa prestación del servicio médico no había quedado expedita en el año 2005, fecha en que se le efectuó un fondo de ojos, en el Hospital de Mar del Plata y se le diagnosticó retinopatía del prematuro, en ambos ojos .
III. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia; hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida (v. fs. 499/512 vta.).
Para así decidir, destacó que no había sido objeto de controversia el hecho de que la pretensión indemnizatoria incoada en el sub lite se presentaba en el campo de la "responsabilidad extracontractual" del Estado por la irregular prestación del servicio médico hospitalario a cargo de aquel. Agregó que tampoco fue discutido que el plazo de prescripción aplicable era el bienal establecido en el art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente.
Circunscribió el tema a dirimir al momento a partir del cual correspondía computar el transcurso de la prescripción en el caso.
Consideró que el punto de arranque del curso de la prescripción debía ubicarse a partir del momento en que la responsabilidad existía y había nacido la consiguiente acción para hacerla valer. Señaló que ello acontece, como regla general, cuando sucede el hecho ilícito que origina la responsabilidad y que, excepcionalmente, puede determinarse un momento diferente, sea porque el daño aparece después, o porque puede apreciarse cuando cesa una conducta ilícita continuada (v. fs. 506 y vta.).
Entendió que el momento inicial del cómputo del plazo de prescripción de la acción aquí intentada debía situarse en el día 16 de septiembre de 2005, en ocasión del control oftalmológico efectuado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, donde se le realizó al menor un fondo de ojos y se le diagnosticó la existencia de retinopatía del prematuro (ROP) localizada en las zonas II y III de ambos ojos en estado cicatrizal.
Destacó que la actora reclamó la indemnización de los daños sufridos por el niño "...por falta de equipamiento adecuado o de debidos controles en el sentido de la vista durante su estadía en el servicio de neonatología y en los primeros meses de vida...". Esa denunciada prestación defectuosa sería la causal de la retinopatía en ambos ojos que padecía el menor y que generó una incapacidad permanente y parcial.
Ponderó que la accionante había indicado, que fue recién a partir de la expedición del certificado médico oficial de fecha 17 de noviembre de 2008 que tomó conocimiento tanto de la patología que padecía su hijo (retinopatía) como de las consecuencias incapacitantes e irreversibles que esa enfermedad visual le ocasionaba -conforme punto 3.4 del escrito de demanda; fs. 205 vta., primer párrafo, del escrito de contestación de la excepción de prescripción y punto 4.5. del escrito de fs. 479/490- (v. fs. 507 y vta.).
Consideró que la pericia obrante en la causa (v. fs. 331/337 y 343) daba cuenta que durante el período transcurrido entre el nacimiento del menor ocurrido el día 15 de junio de 2005 y el 13 de agosto de 2005, fueron ejecutados diversos actos médicos oftalmológicos en el Hospital Materno Infantil "Argentina Diego" de Azul. El primero de ellos, de fecha 7 de julio de 2005, consistió en la realización de un "fondo de ojos", a partir del cual se diagnosticó la existencia de una retina inmadura propia de la condición de prematuro del niño y se indicó la necesidad de efectuar un control semanal. La restante intervención ocurrió el 14 de julio de 2005, fecha en la que se dispuso el alta del niño del área de neonatología y se le indicó a la madre la existencia de un control oftalmológico pendiente que debía efectuase dentro de las 24 horas subsiguientes con el doctor Copello (v. fs. 507 vta.).
Estimó que, al margen de los actos médicos oftalmológicos realizados en el nosocomio mencionado, del escrito de demanda, corroborado por la pericia médica practicada en autos surgía que con fecha 16 de septiembre de 2005 se le realizó, en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata un fondo de ojos y se le diagnosticó una retinopatía del prematuro (ROP), a la vez que, se resaltó la existencia de una cicatrización en las zonas II y III de la retina de ambos ojos. En esta oportunidad se lo derivó al Hospital Garraham, nosocomio este último en el que se le informó a la actora "...que se consideraba una consulta tardía de acuerdo al problema visual descubierto en el infante...".
Concluyó que el día 16 de septiembre de 2005 la señora Nuñez tuvo conocimiento de la patología que afectaba a su hijo. Estimó que la actora había reconocido que fue ante la respuesta que se le brindó tanto en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata como en el Hospital Garraham, que intentó una nueva consulta oftalmológica, en un instituto especializado situado en la ciudad de Tandil en el que "...le indican que la afección que padece G. U. no resultaba operable..." (v. fs. 164 vta., escrito de demanda y fs.508).
Indicó que en el caso podían identificarse diversos hitos que se sucedieron con posterioridad al inicial diagnóstico de retinopatía del prematuro de fecha 16 de septiembre de 2005. En tal sentido, valoró que la pericia médica daba cuenta que con fecha 24 de septiembre de 2005 se reiteró el diagnóstico de ROP en estado cicatrizal que afectaba al niño (v. fs. 332), al igual que del informe elaborado por la especialista en pediatría el 25 de enero de 2007 (obrante a fs. 30 de la historia clínica n° 63.713 anexada por cuerda a estas actuaciones) donde también se dejó constancia del diagnóstico de retinopatía (ROP) que la parte actora dijo no conocer sino hasta el día 17 de noviembre de 2008 (v. fs. 508 y vta.).
Resaltó que de lo expuesto podía inferirse que la accionante contaba con suficiente información sobre la patología que afectaba a G. U., con anterioridad a la fecha señalada por ella.
Descartó, asimismo, que el ilícito omisivo por el cual se imputó responsabilidad a la Provincia fuere de aquellos de naturaleza continuada y que, por ende, el inicio del plazo de prescripción de la acción se hubiere corrido en el tiempo hasta el instante mismo en que se expidió el certificado oficial de discapacidad de fecha 17 de noviembre de 2008. Ello, porque los actos médicos que se reputaron irregulares, -sea por falta de equipamiento o por ausencia de controles debidos- fueron los ocurridos en el Hospital "Argentina Diego" de la ciudad de Azul durante el período comprendido entre el 15 de junio de 2005 y el 13 de agosto de 2005. Tales actividades, sean ilícitas o no, se agotaron al culminar ese lapso.
A tales consideraciones agregó que, eventualmente, sus consecuencias en la salud del menor fueron conocidas el día 16 de septiembre de 2005 cuando se diagnosticó la retinopatía (ROP) en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.
En definitiva, precisó que los actos reputados ilegítimos ocurrieron durante el período transcurrido entre el 15 de junio de 2005 y el 13 de agosto de 2005, que el efectivo conocimiento de la accionante sobre las supuestas consecuencias dañosas (retinopatía en ambos ojos) tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005 a partir del diagnóstico de retinopatía (ROP) que también se reiteró a la madre del menor los días 24 de septiembre de 2005 y 25 de enero de 2007. Consideró que resultaba inatendible pretender el corrimiento del dies a quo del plazo de prescripción de la acción al día 17 de noviembre de 2008, por ser la fecha en que se expidió el certificado médico oficial para tramitar la pensión del menor por incapacidad, tal como lo pretendió la parte actora (v. fs. 509 vta.).
Concluyó que a partir del 16 de septiembre de 2005 la accionante se encontraba en condiciones de meritar si la demandada había cumplido -o no- en la medida de lo exigible, con el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la patología del niño desde su nacimiento (15 de junio de 2005) y durante "...los primeros meses de vida..." (v. fs. 510). Y que, al momento de interponer la presente demanda, (el 10 de noviembre de 2010) había transcurrido largamente el término de prescripción bienal que cabe aplicar en el caso, art. 4.037 del Código Civil, entonces vigente (v. fs. 510).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. fs. 515/523) la parte actora denuncia que la Cámara ha incurrido en absurdo en la apreciación de la prueba. También acusa la violación a la Convención de los Derechos del Niño y la vulneración de los arts. 17, 31, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional (v. punto 5, a fs. 516).
Luego de referir a los antecedentes de la causa, expone los fundamentos del recurso interpuesto (v. punto 6 a fs. 516/523).
Aduce que la sentencia impugnada confunde estudios o anotaciones en la historia clínica con el doble conocimiento requerido en cuanto a la existencia del daño y a la ilegitimidad del mismo, para que la acción se encuentre expedita, a los fines de computar el plazo de prescripción (v. punto 6.3 de fs. 516 vta.).
Expresa que, en los supuestos de mala praxis médica, los profesionales utilizan un lenguaje ambiguo, del que resulta imposible extraer el conocimiento completo del daño y menos el de una imputación concreta en relación a quien lo cometió. Añade que tales circunstancias pueden saberse cuando la persona cambia de subsistema de salud, es decir cuando consulta a un médico u oftalmólogo particular que la oriente sobre lo ocurrido en el ámbito hospitalario o viceversa (v. fs. 517, punto 6.4).
Señala que la sentencia discrimina la solución conforme la situación socioeconómica de la actora, desde que supone que las anotaciones en la historia clínica eran suficientes para obtener el eventual conocimiento sobre el daño y su ilegitimidad. Agrega que siempre se amparó en el sistema público de salud donde ninguno de los integrantes le manifestó que se había incurrido en mala praxis médica y que podía ejercer la acción judicial resarcitoria (v. fs. 517, punto 6.5).
Insiste en que ello tuvo lugar recién, el 17 de noviembre de 2008, cuando en el Hospital de Azul se le expidió un certificado y se le brindó información con amplitud (v. fs. 517 vta., punto 6.6).
Arguye que la sentencia incurre en un salto lógico en el curso del pensamiento, que la descalifica como acto jurisdiccional válido, al considerar que "conocer el síndrome equivale a conocer la hipótesis de responsabilidad" (v. fs. 518, punto 7.3).
También afirma que la sentencia incurre en absurdo al declarar prescripta la acción, sobre la base de un conocimiento ficto, acerca de la afección del menor, omitiendo reparar en la cantidad de veces que la actora concurrió al Hospital en busca de asistencia para su hijo (v. fs. 518 vta., punto 7.4).
Agrega que si el curso de la prescripción comienza cuando, además de producido el daño, la persona legitimada toma conocimiento de esa consecuencia dañosa, como indica la propia sentencia que ataca, resulta absurdo que luego declare prescripta la acción incoada, desde que se encuentra acreditado que la señora Nuñez fue reclamando la atención médica de su hijo, en la convicción de que la lesión oftalmológica no era definitiva, ni comportaba la ceguera absoluta, precisamente por contar con información reducida, sesgada y falsa sobre la gravedad de la misma (v. fs. 519 vta., punto 8.4).
Luego de afirmar que el conocimiento de los daños provocados en el menor, recién lo adquirió en la oportunidad de extendérsele el certificado de fecha 17 de noviembre de 2008, cita jurisprudencia, emanada de este Tribunal y de la Corte nacional que refiere que el punto de arranque del curso de la prescripción puede excepcionalmente ubicarse luego de acontecido el ilícito que lo origina, o luego del cese de una conducta ilícita continuada (v. fs. 520 vta., punto 9.1).
Puntualmente señala que se dejó de lado la doctrina jurisprudencial que sostiene que el plazo de prescripción sólo se inicia desde que se conoce el alcance de los perjuicios, doctrina particularmente predicable de los daños personales, pues sólo tras un período de tiempo que haya permitido la sanación o la determinación de las secuelas se podrá interpretar la realidad. Y agrega, que tal conocimiento debe abarcar la comprensión de que existe mala praxis y que el daño sufrido por el niño obedece a un déficit de atención en el servicio hospitalario (v. fs. 521, puntos 9.2 y 9.3).
Insiste en que, hasta el momento en que se le expidió el certificado de discapacidad, la accionante desconocía la patología que afectaba a su hijo, al igual que lo irreversible de la incapacidad.
En el punto 10 (v. fs. 521 vta. y 522) del recurso invoca jurisprudencia de la Corte nacional, para señalar que el certificado expedido por la vicedirectora del Hospital el 17 de noviembre de 2008, debe ser considerado como un reconocimiento de la patología que afecta al menor, y de un déficit de actuación del efector de salud, o de la mala praxis, en los términos del art. 3.989 del Código Civil, entonces vigente.
Por último, con invocación de tratados internacionales sobre derechos humanos, arguye que el instituto de la prescripción ha sido relativizado cuando conculca el derecho indemnizatorio de un menor discapacitado, como en el caso de marras. Agrega que la Convención sobre los Derechos del Niño establece deberes de los Estados nacional y provincial, respecto a la salud y derechos del menor y que, por ello, los profesionales de la salud tenían el deber de informar a la actora lo ocurrido con su hijo, incluso en la hipótesis de mala praxis, permitiéndole a la accionante la atención y la posibilidad de hacer consultas a fin de promover una acción judicial en defensa de los derechos del menor (v. fs. 522 y vta., punto 11).
V. Adelanto que el recurso prospera parcialmente.
V.1. Sabido es que los tópicos vinculados con el cómputo de la prescripción, interrupción o punto de arranque de la misma son típicos planteos fáctico probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas A. 72.609, "Caparrota", sent. de 31-V-2017; A. 70.859, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 10-VIII-2016; A. 71.528, "Barroso", sent. de 15-X-2014; A. 71.754, "Hanuch", sent. de 15-II-2015; e.o.) vicio lógico que, no obstante su alegación en el escrito recursivo, no logra ser acreditado en la especie.
Si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella sólo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Ello es así, en el entendimiento que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (conf. Ac. 77.310, "La Rosaura", sent. de 2-X-2002; Ac. 90.443, "Adano", sent. de 13-IV-2005; A. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; e.o.).
De ahí que el absurdo no quede configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. Ac. 70.845, "Guastavino", sent. de 13-V-2000; Ac. 77.310, "La Rosaura", sent. de 2-X-2002; Ac. 90.443, "Adano", sent. de 13-IV-2005 y A. 70.613 cit.). Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente respecto a la determinación del inicio del plazo prescriptivo, fijado en el día en que le comunicaron a la señora Nuñez el diagnóstico de su hijo menor, Retinopatía (ROP), en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata, lo que ocurrió el día 16 de septiembre de 2005 (art. 384, CPCC).
V.2. Tampoco es de recibo el agravio referido a la inaplicación de precedentes emanados de la Corte Suprema nacional, como el invocado por la recurrente a fs. 522.
La doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC), es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, aún la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (conf. doctr. causas A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016 y Q. 71.256, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016).
V.3. Por otra parte, la recurrente denuncia la vulneración de la doctrina legal de esta Corte individualizada a fs. 521 punto 9.2, L. 80.769, "F., M.", sen
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