Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Virginia Inés Orazi, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
El depósito previo –v. fs. 959- queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Resolución 425/02 (texto según Resol. 3135/13).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Municipalidad de Vicente Lopez, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.726 "MAGLIOCCO CARLOS ALBERTO Y OTRA C/ ORAZI VIRGINIA INES Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 11 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, rechazó el recurso de las codemandadas y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda instaurada por los actores Carlos Alberto Magliocco, Marcela Alejandra López y Lucas David Maglioco -este último, hermano de la menor fallecida, D. M. M.- (v. fs. 889/917).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada analizó que el debate se circunscribió, sustancialmente, a examinar la responsabilidad atribuida a las accionadas y a la procedencia de los rubros reconocidos en la sentencia de primera instancia.
Sostuvo que, los recursos de apelación interpuestos por las demandadas no pueden prosperar pues la disconformidad que manifiestan, puntualmente con el medio de prueba pericial, resultan sólo opiniones en desacuerdo con la apreciación que ha hecho la jueza de grado, sin que ninguno de los ataques formulados tenga entidad suficiente para conmover lo decidido.
Señaló que, en materia de daños por responsabilidad de los profesionales de la salud, el principal y primer elemento de prueba lo constituye la pericia médica y de ella surge que la señora Orazi no actuó según las reglas y métodos aconsejados por la ciencia médica, teniendo en cuenta el accidente sufrido por la menor, previo al fatal desenlace.
Adujo asimismo que, "de las constancias obrantes en las causas tramitadas en sede penal, quedó acabadamente acreditado que la accionada actuó negligentemente toda vez que, frente al cuadro patológico de la niña, omitió adoptar los recaudos imprescindibles para evitar el resultado acaecido".
Confirmó a su vez la responsabilidad de la Comuna demandada, en tanto el primer presupuesto de la responsabilidad del Estado lo constituye la acción u omisión ilegítima imputable al ente, la cual surge en el caso por encontrarse acreditada la irregular prestación del servicio sanitario a su cargo, en virtud de que la médica Orazi "le indicó a la paciente y a su padre regrese a su casa y ante la presencia de vómitos, asista nuevamente al Hospital, ello sin el adecuado diagnóstico, prescripción de estudios complementarios y observación en el nosocomio por no menos de seis (6) horas, hecho que no ocurrió, dejándola a su suerte, lo que determinó el posterior ingreso al nosocomio de San Isidro –Hospital Materno Infantil- deviniendo su fallecimiento días más tarde".
Remarcó que, la pericia resulta determinante en este punto ya que existió una ausencia total de diagnóstico y también de estudios y/o prácticas, que llevaran a determinar la patología que aquejaba a la niña. Ello, sumado a la indicación de que regrese a su hogar, hace caer el argumento referente a que el resultado se debió a la demora acaecida en su domicilio por decisión exclusiva de sus padres.
Sostuvo que, todo lo expuesto da por tierra también con el agravio de la Municipalidad de Vicente López, sosteniendo que de las constancias de autos y las tramitadas en sede penal, no surgía acreditada la relación de causalidad entre el ejercicio insuficiente de la atención médica prestada por la médica demandada y el óbito de la paciente.
También rechazó la apelación con respecto al argumento referido a la incorrecta interpretación de la causa penal, siguiendo el lineamiento de este Tribunal referido a que lo que se valora en la instancia penal es la conducta del imputado, y cualquiera haya sido la opinión del sentenciante allí respecto de la actuación de la víctima en el evento dañoso, no obliga al juez civil cuya tarea se mueve en una dimensión distinta.
Señaló que, lo que intenta evitar la regla del art. 1103 del Código Civil –actualmente derogado-, no apunta en sí a la supuesta contradicción en la que un sujeto pueda ser absuelto en una jurisdicción y declarado responsable en otra, sino que lo que repugnaría a la ley es que un único hecho haya sucedido de modo diferente para dos magistrados.
Finalmente rechazó el agravio de la Municipalidad demandada, respecto a los montos indemnizatorios y la tasa de interés estimados por la jueza de grado, por observar que la recurrente se desentendió de los fundamentos dados por la magistrada de grado y su reproche se aprecia más como una mera disconformidad, que como una crítica concreta y razonada del error en que afirmó que incurre la sentencia de primera instancia. En razón de ello, declaró desierto el recurso respecto a estas parcelas, por insuficiencia técnica.
II. Frente a ello, tanto la médica Virginia Inés Orazi, como la codemandada Municipalidad de Vicente López, interpusieron recursos de inaplicabilidad de ley (v. fs. 942/950 –Orazi- y escrito electrónico de fecha 17/9/2018 –Municipalidad-) donde, sustancialmente, reiteran los agravios presentados ante la Cámara respecto a la apreciación de la prueba efectuada, la responsabilidad atribuida y la indemnización e intereses establecidos.
II.1. La médica Orazi sostuvo que la decisión adoptada por la Cámara "viene destilada de una errónea interpretación de los hechos y aportes probatorios que obran en autos", que la agravian al endilgarle responsabilidad e incidencia en la muerte de la menor, por no cumplir sus obligaciones de medios en la atención primaria, al punto de generar una relación causal entre el ejercicio de la atención médica que prestó y el óbito de la paciente.
Reseñó pormenorizadamente toda la actividad desplegada mientras se desarrollaban los hechos que derivaron, días después, en la muerte de la paciente, recalcando que su diagnóstico fue certero, sus recomendaciones entendibles y la determinación de un regreso, en caso de ocurrir algunas alarmas, se corresponden con un buen obrar dentro de las incumbencias de un profesional médico ante cuadros como el que tuvo que examinar.
Sostuvo sus agravios con base en que la Cámara, le dio mayor entidad a dichos de ciertos peritos sobre la necesidad de que se realizara una placa radiográfica craneal, cuando los mismos se expresaron en la etapa instructora de la causa penal, pero la perito oficial, por ejemplo, sostuvo a fs. 666/676 que ello hubiera sido conveniente, que no es lo mismo que indispensable.
Señaló finalmente, que su actividad no puede ser reprochable ya que el cuadro evolucionó sin su intervención y sin que su conducta pueda ser considerada negligente o imprudente.
II.2. La Municipalidad señaló que el fallo de la Cámara resulta absurdo, toda vez que se apartó de las conclusiones de la pericia médica de oficio y del resultado concluyente del veredicto que absolviera al profesional médico dependiente del nosocomio municipal.
Sostuvo que el decisorio ha sido fundado sin valoración integral de las pericias, en especial la pericia de oficio realizada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, como también "de las constancias obrantes en la Causa Penal, Testimoniales y Doctrina Médica que han avalado correctamente la conducta médica de la Dra. Virginia Orazi".
Negó la existencia del presupuesto de responsabilidad y nexo de causalidad adecuado, entre la conducta médica y el fallecimiento de la menor, por lo que no puede ser condenada a pagar indemnización alguna. La atribución de responsabilidad que esgrime la sentencia en crisis, es producto de una exposición forzada de los hechos y no una derivación lógica de los medios de prueba producidos en las presentes.
Subrayó que, al adjudicar responsabilidad al municipio la sentencia incurre en absurdo, teniendo en cuenta que el dictamen médico es concluyente en afirmar que en el horario de atención a la menor en el nosocomio, se realizaron todas las diligencias médicas correspondientes al cuadro que presentaba la paciente y se dio indicación de regreso si se evidenciaban síntomas compatibles con las pautas de alarma. Y el perito concluye que es de práctica delegar la evaluación de pautas de alarma en los padres.
Denunció que, en el decisorio en crisis, se ha efectuado un examen parcial e inadecuado de los elementos de convicción aportados a la causa, se ha utilizado argumentos contradictorios y se han realizado afirmaciones dogmáticas que sólo otorgan al fallo fundamentación aparente, lo que constituye un menoscabo al derecho de defensa en juicio amparado por el art. 18 de la Constitución nacional. De esta manera, el razonamiento de la Cámara resulta palmariamente erróneo y a la postre inmotivado, ya que el perito médico concluyó de manera contraria.
Sostuvo entonces que la sentencia aquí recurrida, se desvía notoria y palmariamente de las reglas de la sana crítica y de las pruebas legales aportadas, incursionando en el sistema de la libre convicción, apartándose en forma injusta de la doctrina legal en materia de prueba y violando de esta manera lo preceptuado por los artículos 384 y 474 del CPCC.
También se agravió respecto de la parcela del fallo en crisis que expresamente inaplicó la doctrina correspondiente al art. 1103 del Código Civil –actualmente derogado-, en relación al veredicto absolutorio en la causa penal seguida a la doctora Orazi ya que, por mayoría, allí el fallo fue contundente en que no ha mediado culpa médica.
III. Los remedios no deben prosperar, atento la deficiencia técnica que portan (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV. En cuanto al recurso de la médica Orazi, tiene dicho este Tribunal que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, e.o.).
Es del caso recordar que por vía de principio los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (cfr. doctr. causas A. 70.673, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 70.932, "Guardiola", sent. de 4-V-2016; A. 73.329, "Nager", sent. de 21-XII-2016).
Este Tribunal también tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (cfr. doctr. causas A. 70.416, "E.D.E.A. S.A.", sent. de 9-X-2013; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; entre otras), situación que no se verifica en la presente, donde se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente con la solución brindada al caso por la Cámara, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el órgano juzgador para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
V. Pasando ahora al recurso de la Municipalidad, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
Las conclusiones de la Cámara no pueden tampoco ser tildadas de absurdas, en el sentido que esta Corte le atribuye. Al respecto, es doctrina consolidada que para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (cfr. arts. 279 y 384, CPCC; causas A. 71.726, "Fernández", sent. de 11-VII-2018; A. 73.860, "Soule", sent. de 15-VIII-2018; A. 74.260, "Matas", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
Finalmente, en cuanto al agravio expuesto por la codemandada en alusión a la incorrecta interpretación de la causa penal, esta Corte tiene dicho que sólo cuando la absolución del acusado o el sobreseimiento definitivo se funda: 1) en la inexistencia del hecho principal que se le atribuye, o 2) en la ausencia de autoría -que, es otra manera de no existir el hecho con respecto al imputado-, ese pronunciamiento no puede ser revisado en la instancia civil (cfr. doctr. causas C. 105.694, "A.,I.N.", sent. de 14-III-2012; C. 116.715, "Villalba", sent. de 10-VI-2015; C. 121.335, "Orte", sent. de 11-IV-2018, e.o.), por lo que también corresponde su desestimación.
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar las impugnaciones articuladas (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Virginia Inés Orazi, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
El depósito previo –v. fs. 959- queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Resolución 425/02 (texto según Resol. 3135/13).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de la Municipalidad de Vicente Lopez, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 424
Fin de la sentencia