Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75720
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.720 "FRANCHETTI CARLOS FRANCISCO Y OTROS C/ PODER EJECUTIVO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 18 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la demanda promovida por los exagentes Carlos Francisco Franchetti, Pablo Javier Stein, Alejandro Vujosevich, Verónica Selene Fernández, Ariel Héctor Petronave y Sergio Oscar Dziadek contra la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguían obtener la reincorporación, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, junto al cobro de viáticos impagos, con base en su desempeño como personal temporario en la ex Dirección de Rentas (actual Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires).
Para así decidir reseñó que, no existía controversia en punto a que la relación laboral se desarrolló de manera ininterrumpida entre el 15 de marzo de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 y que el régimen jurídico aplicable a esa relación contractual -desde su inicio y hasta su finalización- fue la ley 10.430, que clasifica al personal dependiente en permanente y transitorio, incluyendo en esta última categoría al personal temporario.
Sostuvo que, los accionantes no habían logrado demostrar que la provincia haya intentado encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una vinculación temporaria sin estabilidad.
Señaló que, el cese de la relación laboral había tenido lugar en el marco de una prestación temporaria de servicios y no se había aportado prueba suficiente tendiente a acreditar una modalidad de tareas de carácter permanente, o el desempeño de funciones que excedieran la transitoriedad propia de las actividades de apoyo temporarias.
Concluyó que, por aplicación de la ley 10.430, los exagentes no sólo no poseían estabilidad en el empleo, sino que carecían de derecho a indemnización por cese, sin que se advierta, en el caso, una ilegitimidad del obrar provincial que conduzca al reconocimiento de una reparación.
Por otro lado, sostuvo que tampoco había resultado acreditada la persecución, que los recurrentes pretendían tener por demostrada a partir del cambio de la delegación donde algunos de ellos prestaban tareas.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 780/787).
II. Frente a ello, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21 de agosto de 2018), que fue concedido a fs. 792/793.
En su presentación los accionantes denuncian una absurda valoración de la prueba, señalan que el fallo de la Cámara prescinde de constancias obrantes en la causa y se aparta del debido tratamiento de cuestiones esenciales que fueron introducidas desde el inicio del proceso y sostenidas en la instancia recursiva, vulnerando de tal modo la doctrina legal de este Tribunal y desconociendo preceptos de derecho positivo que rigen la materia en discusión.
Señalan que la interrupción del vínculo laboral, instrumentada por la demandada en diciembre de 2004, no respondió a lo establecido en el decreto 1439/2004, puesto que el resto de los empleados allí designados siguieron prestando servicios, aplicándose la medida extintiva sobre determinados sujetos -básicamente los accionantes-, de manera arbitraria e injustificada.
Repasan toda la situación fáctica ventilada en las instancias previas de la causa, para sostener que no se ciñe a una relación de empleo público temporaria, porque la Administración demandada en su momento publicó una formal convocatoria para ingresar a trabajar en la entonces Dirección Provincial de Rentas; los actores se inscribieron de buena fe junto a decenas de contadores públicos que fueron designados, en pie de igualdad, en un decreto sancionado varios meses más tarde del inicio real de la relación de empleo –por eso no lo impugnaron- y, a partir de entonces el conjunto de los allí designados se diferenció claramente; por un lado, los accionantes, "a quienes se persiguió, se trasladó, se intentó despedir, etc., todo en el marco de una clara actitud arbitraria, discriminatoria y persecutoria". Y por el otro, quienes continuaron sin ningún problema trabajando en el ámbito de la ex Dirección Provincial de Rentas hasta que, o bien renunciaron o bien fueron incorporados a la planta permanente.
Desarrollan argumentos vinculados a que, en los últimos años, se han venido consolidando precedentes de este Tribunal en base a los cuales la situación de los trabajadores del sector público, que no integran la planta permanente, ha sido fuertemente equiparada al emplazamiento jurídico de aquellos agentes que cuentan con una designación por tiempo indeterminado.
Profundizan sobre la motivación de los actos administrativos y citan doctrina de la Corte nacional vinculada al empleo temporario que entienden aplicable al caso.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos traídos por los recurrentes no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de las motivaciones que tuvo la Administración al disponer no extender la relación laboral -enmarcada en los arts. 111 a 121 de la ley 10.430- con los accionantes, más allá del 31 de diciembre de 2004.
IV.2. El razonamiento elaborado por la Cámara interviniente no logra ser desvirtuado por las alegaciones de los actores en cuanto a la prescindencia de ciertos elementos probatorios aportados. Los recurrentes alegan que no se han ponderado determinadas constancias fundamentales y, con ello, la sentencia ha incurrido en absurdo.
El concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (doctr. causas C. 104.616, "Pronar", sent. de 27-VI-2012; A. 71.980, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.490, "Cocconi", sent. de 14-VI-2017, e.o.).
En tal marco, la crítica de los impugnantes no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (cfr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
Para más, debe tenerse presente que es facultad exclusiva de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio, por sí solo, un supuesto de absurdo. Ello así por cuanto el error que ha de configurarse para que medie el citado extremo que habilita el control casatorio no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante del recurrente (arts. 384, 456 y concs., CPCC; doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016, A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018).
IV.3. Por lo demás, la mera denuncia de arbitrariedad efectuada por los recurrentes resulta inadecuada en esta instancia (v. punto IV.4, último párr., del recurso), por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa. Así expuesta, la misma no resulta suficiente para habilitar la instancia extraordinaria de esta Corte, ya que no logra demostrar que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo, vicio que como quedó evidenciado, los recurrentes no han logrado demostrar (conf. art. 279, CPCC; Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; A. 71.274, " Claros", sent. de 7-IX-2016).
IV.4. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 440
Fin de la sentencia