Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74531
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.531, "Mossi, Graciela María Lucía y Ot. c/ Colvi S.A. y O. s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora e hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por la Municipalidad de Tigre y Provincia Seguros S.A. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda incoada por las señoras Urcelay y Mossi en todas sus partes (v. fs. 1.548/1.574).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.588/1.632), que fue concedido por la Cámara interviniente mediante decisorio de fs. 1.636 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.646) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En las presentes actuaciones, María Victoria Urcelay y Graciela María Lucía Mossi -en su carácter de concubina y madre de la víctima respectivamente-, promovieron demanda contra la Municipalidad de Tigre, Colvi S.A. y Nordelta S.A., en virtud de los daños y perjuicios derivados del accidente en el que falleciera Roberto Marcelo Ortiz. El hecho ocurrió el 2 de septiembre de 2006, a las 02:30 hs., en circunstancias en que el nombrado conducía su camioneta marca Ford Ranger, por el corredor Vial Bancalari-Benavidez con sentido a la Panamericana, y embistió frontalmente el separador de carriles de hormigón, llamado "new jersey", ubicado a la altura del barrio Laguna del Sol.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar parcialmente a la demanda, y condenó a la Municipalidad de Tigre, a Colvi S.A. y a Provincia Seguros a abonar a la señora Mossi la suma de $371.520. Rechazó la pretensión de la señora Urcelay por no haberse probado la relación de concubinato con el fallecido. Por último, redujo en un 60% la indemnización otorgada al entender que la conducta de la víctima contribuyó a la producción del siniestro.
El magistrado de grado endilgó responsabilidad a la Municipalidad demandada por falta de servicio en los términos del art. 1.112 del Código Civil -ley 340-. Sostuvo que el "new jersey", no se ajustó a la ley 11.430, vigente al momento del hecho y constituyó un obstáculo con aptitud para producir un daño como el de autos.
Entendió que la referida estructura hormigonada, lejos de cumplir con la finalidad de otorgar mayor seguridad vehicular, constituyó un entorpecimiento a la libre circulación, violentando de tal modo las directivas de la ley 11.430, que en su art. 103 inc. 1 prohíbe obstaculizar la circulación de peatones y vehículos ocupando permanente o temporariamente la zona del camino, con elementos o cosas que restrinjan la libertad de tránsito.
La responsabilidad atribuida a Colvi S.A., la fundó en el carácter de guardián de la obra en los términos del art. 1.113 segunda parte, por ser la empresa mencionada, la que ejercía el poder de mando sobre el "new jersey" pues, a la fecha en que acaeció el lamentable siniestro, aún no había operado la recepción provisoria de ésta (v. fs. 107 del expediente administrativo 4.112-27741/06).
III. La Cámara rechazó el recurso de la actora; admitió los recursos de apelación interpuestos por la Municipalidad de Tigre y Provincia Seguros; revocó el pronunciamiento de grado y, en consecuencia, desestimó la demanda en todas sus partes (v. fs. 1.548/1.574).
III.1. Para así decidir, comenzó por indicar que la ley 11.430, vigente al momento del hecho, define al separador de tránsito como "Obra o espacio vial destinado a otorgar mayor seguridad a la circulación y distribución del desplazamiento vehicular" (art. 9).
Destacó que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires informó que la ley 11.430 no hace alusión en ningún momento a los elementos de infraestructura que deban utilizarse para delimitar dos carriles de manos contrarias y que el separador tipo "new jersey" es el recurso que mejor rendimiento costo-beneficio ha brindado en la separación de manos, resultando casi obligatorio su uso cuando no existe suficiente espacio entre los distintos sentidos de circulación, para evitar el cruce de mano en caso de accidente. Añadió que sólo requieren señalamiento específico en sus extremos y que su gran utilidad radica en conformar verdaderas barreras de gran longitud que absorban impactos casi tangenciales -ver informe obrante a fs. 935- (v. fs. 1.562 y vta.).
Señaló que el perito ingeniero Alessandrini, designado en autos indicó que no existe reglamentación de la Dirección Nacional de Vialidad que obligue a la colocación de amortiguadores de impactos en los separadores y, si bien ponderó que el citado organismo recomienda desde hace un tiempo la colocación de éstos, sostuvo que tal extremo no fue acreditado con documentación alguna o referencia de donde se desprenda dicha sugerencia -ver dictamen obrante a fs. 982/985 respuesta a pregunta 4°- (v. fs. 1.562 y vta.).
Respecto a los dichos del perito referidos a que el corredor no contaba al momento del accidente con los elementos de seguridad necesarios (respuesta a la pregunta 2°), precisó que en este punto tampoco fundamentó adecuadamente su respuesta al no explicitar cuáles serían los elementos de seguridad "necesarios y recomendados" ni de donde surgiría tal exigencia.
En forma concordante, puntualizó que el perito ingeniero mecánico Leonardo Cristian, interviniente en la causa penal a fs. 95/97, indicó que: "La ingeniería de tránsito para estos casos de riesgos tan severos como el eventual impacto de un vehículo contra extremos de separadores o defensas instalados en medio de la vía de circulación, tiene desarrollados y recomienda desde hace tiempo elementos denominados amortiguadores de impacto, los cuales pueden tener distintas características según el diseño" (fs. 95/97).
Agrega que, en oportunidad de ratificar el dictamen producido, mediante declaración testimonial de fs. 197/198, expuso que: los separadores de tránsito de hormigón compacto, denominados "new jersey" no están prohibidos y que la utilización de amortiguadores de impacto, no es obligatoria, sino que sólo se trata de una recomendación de la Dirección Nacional de Vialidad (v. fs. 1.563 y vta.).
Advirtió, entonces, que ambos peritos, tanto el de la causa penal como el de autos, fueron contestes acerca de la inexistencia de normativa específica sobre el tema y omitieron toda referencia concreta a las recomendaciones sobre la utilización de amortiguadores de impactos, por lo que se desconoce el origen de tales exigencias (v. fs. 1.563).
Hizo mérito también de lo declarado por Oscar Rodolfo Astoreca, como técnico de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, a fs. 216/218 de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 101.498/06, quien sostuvo que el uso de los amortiguadores de impacto en los extremos del "new jersey" nace de los usos y costumbres y que en rigor no hay una reglamentación específica que establezca su obligatoriedad, pues la ley de tránsito nada dice sobre el punto (v. fs. 1.563 y vta.).
El Tribunal de Alzada concluyó que, más allá de la conveniencia de la colocación de amortiguadores de impacto en los separadores viales, no existía normativa específica ni en la ley de tránsito vigente al momento del hecho, ni en reglamentaciones de la Dirección Nacional de Vialidad, como tampoco de su par provincial, que establecieran la obligatoriedad de su utilización. Por el contrario, según lo indicado por el Organismo Provincial de Vialidad, las instalaciones de estos dispositivos únicamente requerían ser señalizados en forma adecuada.
Consideró que, en esas condiciones, correspondía analizar si el separador "new jersey" fue debidamente señalizado, contando al momento del hecho con elementos de seguridad que advirtieran sobre su existencia y permitieran su adecuada visualización (v. fs. 1.563 vta.).
En tal tarea, señaló que el Informe Accidentológico obrante a fs. 67/72 de la IPP 101.498/06, demostraba que al momento de la constatación el rodado se encontraba incrustado en uno de los extremos del separador central, donde se hallaban emplazados señalamientos visuales y luminosos, aclarándose luego los tipos de señales de tránsito, horizontales: líneas amarillas centrales al llegar al "new jersey", y verticales: cartel de dirección obligatoria en extremo del separador central; señalamiento: luz amarilla intermitente (v. fs. 1.564).
Añadió que lo expuesto era corroborado con el informe pericial obrante a fs. 96 vta. de la causa penal y con las fotografías de fs. 30, 71 y 72 de la IPP donde se observaba sobre el separador de hormigón un cartel rectangular cebrado a 45° en colores rojo y blanco, sobre éste otro cartel circular con borde rojo, fondo blanco y flecha negra a 45° y una luminaria redonda sobre el referido cartel (v. fs. 1.564).
Ponderó que el acta de inspección ocular llevada a cabo el mismo día del accidente acreditaba que el corredor en cuestión era de doble circulación, de norte a sur y viceversa; que se hallaba en buen estado, con un carril por cada mano; que poseía un separador de aproximadamente 80 metros de largo por 1 metro de alto, de cemento armado; que contaba con carteles de señalización, como de la velocidad máxima permitida de 40 kilómetros por hora (v. fs. 8 de la IPP 101.498/06).
En sentido concordante, ponderó la declaración del perito en accidentología vial de la Policía Científica, Juan José Torres (v. fs. 199/200 de la IPP 101.498/06) cuando expuso que, al llegar al lugar del hecho, pudo advertir que el separador de carriles instalado en el camino Bancalari-Benavidez, estaba -a su criterio- correctamente señalizado. Añadió que, al comienzo del separador "new jersey" y donde impactó la camioneta había una flecha indicadora de la dirección obligatoria y una luz amarilla intermitente y que, al momento de arribar, si bien no funcionaba, desconocía si ello obedeció al impacto sufrido. Puntualizó que la iluminación del camino, a criterio del compareciente, y no obstante estar lloviznando el día del hecho, era adecuada. Basó lo afirmado en que en la ocasión el señor Ortiz circulaba a velocidad normal, pudiendo advertir correctamente las líneas amarillas divisorias sobre el pavimento y la señalización lumínica del separador o canalizador de tránsito (v. fs. 1.564 vta.).
En este aspecto, precisó que las fotografías obrantes a fs. 30, 71 y 72 de la causa penal daban cuenta de que al momento del accidente se encontraba instalada la señal lumínica que se había previsto en forma provisoria hasta tanto se colocara el artefacto definitivo correspondiente, tal como lo requirió la Dirección General de Infraestructura Vial de la Municipalidad de Tigre a fs. 80 de las actuaciones administrativas (v. fs. 1.564 vta.).
En esas condiciones, tuvo acreditado que el separador de carriles contra el que impactara la camioneta conducida por el señor Ortiz se encontraba debidamente señalizado y que, al no existir normativa alguna que estableciera otros requisitos adicionales para el emplazamiento de dicho dispositivo, la falta de servicio endilgada a la Municipalidad de Tigre carecía de sustento.
En consecuencia, rechazó la demanda con costas a la actora vencida.
III.2. Por otro lado, la Cámara señaló que las pruebas recolectadas en autos acreditaban que en el caso había mediado por parte del señor Ortiz una grave negligencia e imprudencia en la conducción de su rodado, al hacerlo con el doble de alcohol en sangre de lo permitido por la normativa vigente, excediendo la velocidad máxima permitida y sin utilizar el cinturón de seguridad, lo que además constituía un agravante en atención a las condiciones climáticas en que se produjo el evento dañoso, de noche y con lluvia, colocando de tal modo en grave riesgo su propia vida e integridad física así como la de su acompañante.
Agregó que los extremos señalados -el estado de alcoholemia, el exceso de velocidad, las condiciones climáticas y la falta de uso de cinturón de seguridad- debían ser meritados integralmente conforme las reglas de la sana crítica (art. 384, CPCC). De modo que, si bien cada una de las infracciones en forma aislada puede no ser causa suficiente del accidente, analizadas en forma sistemática, demuestran por parte de su autor, un accionar reñido con los más elementales principios de seguridad en la conducción.
III.2.a. En lo atinente a la alcoholemia, no obstante los testimonios que referían no haber visto al señor Ortiz la noche del accidente en estado de ebriedad y lo expuesto por el bioquímico a fs. 57 de la causa penal acerca de que el resultado de la alcoholemia no necesariamente indica el estado de ebriedad, recordó que el art. 93 de la ley 11.430 considera un atentado contra la seguridad pública la conducción de vehículos o animales en estado de alcoholemia, que define como aquel que supere los 500 miligramos de alcohol por litro de sangre o bajo la acción de estupefacientes.
Señaló que en autos se encuentra probado, como lo expuso en su sentencia el juez de primera instancia, que de conformidad con el informe químico pericial "en las muestras analizadas se detectó 1.0 (uno coma cero) muestra sanguínea y 1.0 (uno coma cero) muestra de orina, g/l de alcohol etílico, y no se detectaron drogas de tipo ácido y/o básico" -fs. 57 de la IPP 101.498/06- (v. fs. 1.566 vta.). Y que tal resultado es concordante con lo declarado por la propia Urcelay en sede penal, respecto de que Ortiz había bebido alcohol la noche del accidente -fs. 34/35 de la IPP 101.498/06-.
Destacó los numerosos trabajos que dan cuenta de que la ingesta de alcohol disminuye la capacidad de conducción, afectando los sentidos, la percepción y la capacidad de atención y reacción, incluso sin superar el tope legalmente admitido. Citó, en este punto a la ONG "Luchemos por la Vida", "Jóvenes, alcohol y conducción. Guía Didáctica", disponible en www.luchemos.org.ar, y a CESVI, https://www.cesvi.com.ar/SeguridadVial/Recomendaciones/SeguridadRecomendaciones .
Manifestó que existe un consenso internacional en el sentido de reconocer que el alcohol afecta las capacidades, incrementando las posibilidades de accidente ya que produce deficiencias en el juicio, incrementa el tiempo de reacción, disminuye la atención y la agudeza visual (v. fs. 1567/1568).
Puntualizó, entonces, que contrariamente al razonamiento en el que el a quo sustentó su decisión, la ingesta de alcohol tuvo efectos en la conducción y que el hecho de que los testigos manifestaran que el señor Ortiz no presentaba signos de ebriedad no resulta prueba suficiente para descartar la incidencia de este factor en el evento dañoso, máxime cuando se encuentra debidamente acreditado que el conductor presentaba 1 gramo por litro de alcohol en sangre, es decir, el doble del máximo permitido por la ley.
III.2.b. Respecto al exceso de velocidad, señaló que el sentenciante de grado encontró acreditado que el señor Ortiz circulaba a mayor velocidad de la permitida en el lugar del hecho y concluyó que la conducta asumida contribuyó al resultado del accidente en un 50%.
Para ello se basó en la pericia practicada por el ingeniero Cristian en sede penal de la que surgía que el impacto se habría producido a una velocidad de aproximadamente 50 a 60 kilómetros por hora, mientras que la velocidad permitida era de 40 kilómetros por hora, sumando a ello las condiciones climáticas y falta de iluminación alegada por la señora Urcelay, que exigían al señor Ortiz adecuar su conducta a dichas circunstancias, aminorando la velocidad al menos a la máxima permitida en la zona.
Añadió que tal conclusión era respaldada por lo declarado por el perito en accidentología vial de la Policía Científica, Juan José Torres, a fs. 199/200 de la IPP 101.498/06 cuando estimó la velocidad del vehículo al momento del impacto en no inferior a los 50 kilómetros por hora (v. fs. 1.569 vta.). Sumado a la afirmación de que, "... circulando a velocidad normal, se veían correctamente las líneas amarillas divisorias sobre el pavimento y [...] si el vehículo llevaba sus luces prendidas era imposible no ver el cartel y las luces..." (fs. 1.570 vta.).
III.2.c. Por último, se refirió a la falta de uso del cinturón de seguridad.
Recordó que, para el juez de grado, la ausencia de tal elemento de seguridad no habría alterado el acaecimiento del evento dañoso. No obstante, ello debía repercutir en la cuantía de los daños reclamados, que dispuso en una reducción del 10% de la indemnización a otorgarse puesto que de haberlo utilizado los daños podrían haber sido de menor magnitud o inclusive nulos.
En esta parcela, el tribunal destacó primero que no se encontraba controvertido que el señor Ortiz no utilizara el cinturón de seguridad cuando conforme el art. 64 inc. 1 de la ley 11.430 su uso resulta obligatorio, para todos los ocupantes de un vehículo.
Agregó que, si bien es cierto que el uso del cinturón de seguridad no habría evitado el acaecimiento del hecho, los expertos fueron contestes en señalar que la utilización de dicho dispositivo podría haber contribuido a que las lesiones no fueran tan severas. Se basó para ello en lo expresado tanto por el señor Miguel Angel Vitelli, ingeniero industrial del área de Reglamentaciones Técnicas y Homologaciones e Ingeniería de Producto de Ford Argentina S.C.A., como en lo declarado por el perito Cristian, en la IPP 101.498/06 (v. fs. 1.572).
Concluyó que la falta de uso del cinturón de seguridad, además de constituir una violación grave a la normativa de tránsito, demostró un obrar imprudente de la víctima que debe ser meritado con las restantes circunstancias descriptas.
En razón de ello, y aun cuando se considerara necesaria la colocación de los amortiguadores de impacto tampoco podría atribuirse responsabilidad a las demandadas, en tanto la conducta asumida por el señor Roberto Ortiz revistió entidad suficiente para quebrar el nexo causal entre la colocación del canalizador de carriles y los daños sufridos.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 1.589/1.632 vta. la actora denuncia la violación de los arts. 10, 11, 15, 31, y 149 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17, 18, 31, 42 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 278, 281, 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 60 del Código Contencioso Administrativo; 512, 902, 1.074, 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil entonces vigente; 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 del Pacto de San José de Costa Rica; 1 y 10 de la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Acusa además violada la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita, y absurdo en la valoración de la prueba.
IV.1. Sostiene que la ley 11.430 vigente al momento del hecho, no establecía que el separador de carriles tipo "new jersey" fuese el recurso autorizado o aconsejado por la Dirección Provincial o Nacional de Vialidad en el sentido que lo describía el texto legal, al definirlo como "...Obra o espacio vial destinado a otorgar mayor seguridad a la circulación y distribución del desplazamiento vehicular..." (art. 9, ley cit.).
Concluye que, de lo expuesto en esa norma, la estructura en cuestión no puede ser comprendida en la definición transcripta y en consecuencia no se enc
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