Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74607
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.607, "Maiorano, Claudio S. y Ot. c/ H.I.E.M.I. y Ots. s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 520/532), en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia, que había rechazado la demanda (v. fs. 673/692).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 704/738 vta.) el que fue concedido por la Cámara actuante a fs. 750 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 761) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, confirmó la sentencia de primera instancia, que había rechazado la acción de daños y perjuicios promovida por los actores a raíz del fallecimiento de su hijo D. A. por la supuesta mala praxis médica de los profesionales que lo asistieron en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata al omitir, según adujeron, adoptar los procedimientos médicos adecuados a fin de identificar la grave patología que afectaba al menor y abordar su tratamiento en tiempo oportuno.
Para resolver del modo en que lo hizo y en lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, la Cámara señaló que, en el caso, debía determinarse si existió una defectuosa valoración de las constancias probatorias y si medió un proceder negligente por parte de los médicos que asistieron a D. A. M. desde su ingreso por guardia el 13 de noviembre de 2003 y hasta el 26 de noviembre de 2003, momento en que se le diagnosticó el tumor que a la postre causara el fallecimiento del joven el 10 de febrero de 2004.
Analizó los actos médicos desplegados a partir del ingreso del niño al nosocomio público, sobre la base de lo dicho por el experto interviniente en autos y la historia clínica incorporada en las diligencias preliminares.
Señaló así que, de los actos médicos desplegados por los profesionales que asistieron al menor en el hospital público, no se desprendía que los demandados -doctores Yamahachi y Spomer-, durante el período transcurrido entre el 13 de noviembre de 2003 en que se formuló la primera consulta por guardia y el 26 de noviembre de 2003 en que se arribó al diagnóstico definitivo, hubieran infringido las reglas que rigen la praxis médica.
Agregó que el doctor Yamahachi, intervino en dos oportunidades, la primera de ellas el 13 de noviembre de 2003 (en la que según los actores comenzó el yerro médico), por ser la ocasión en la que se efectuó el diagnóstico presuntivo de bolo fecal y se derivó al joven al denominado "Hospital de Día", donde fue atendido por la doctora Villalba. Y la segunda el 26 de noviembre de 2003, a raíz de la interconsulta requerida por el otro profesional accionado, doctor Spomer, ocasión en la que se constató una tumoración centroabdominal y ordenó la realización de una ecografía, que se efectuó ese mismo día.
Precisó que, si bien era cierto que el primer diagnóstico efectuado el 13 de noviembre de 2003, no fue el acertado en atención a los descubrimientos posteriores, no lo es menos que el niño fue presuntivamente diagnosticado en atención de guardia. Destacó que el galeno lejos de desentenderse del joven, procedió a derivarlo para su tratamiento al llamado Hospital de Día (v. fs. 680 y vta.).
Juzgó, así, que la primera intervención del doctor Yamahachi ocurrida el día 13 de noviembre de 2003, no traducía las falencias científicas que se le atribuían. Por el contrario, recordó que el presuntivo diagnóstico fue acompañado por la doctora Villalba. Sumado al resultado positivo que tuvieron las primeras medidas médicas indicadas (Enemol 60 ml).
Consideró que, en ese marco de actuación profesional, los actos médicos desplegados por el doctor Yamahachi, no tradujeron la impericia que postulaban los actores. Para ello, destacó la observación del perito, en cuanto que un bolo fecal y una masa abdominal podrían presentarse de la misma manera, es decir, como una tumoración abdominal palpable (v. fs. 680 vta. y 681).
Agregó que el resultado del estudio por imágenes, realizado el mismo 26 de noviembre de 2003 permitió direccionar el primer diagnóstico presuntivo de fecaloma hacia otro definitivo -tumor tipo linfoma no Hodgkin- que tristemente siguiera su curso hasta ocasionar el fallecimiento del niño, pese a los tratamientos a los que se sometió a partir del 27 de noviembre de 2003.
Respecto a la denuncia de que el doctor Yamahachi solo habría contado con la especialidad en Pediatría al momento en que atendió al menor y no con la de especialista en Cirugía, el Tribunal advirtió que dicho cuestionamiento no se encontraba vinculado a los hechos aducidos en el escrito de demanda ni a los delimitados en la oportunidad de celebrarse la audiencia de apertura a prueba, además de que en autos no había ninguna constancia para inferir siquiera tangencialmente la denunciada usurpación de título que livianamente esgrimieron en el escrito de apelación (v. fs. 681 vta. y 682).
En lo que refiere a la actuación del doctor Spomer -restante galeno demandado-, la Cámara precisó que los actos médicos realizados por tal profesional fueron tres y ocurrieron los días 19, 24 y 26 de noviembre de 2003.
En el primero de ellos efectuó un diagnóstico inicial de bolo fecal ordenando suministrar al menor dieta y vaselina en una cucharada sopera.
La segunda intervención, del 24 de noviembre de 2003, tuvo lugar luego de verificar el diagnóstico de constipación por fecaloma que también habían presuntivamente indicado los doctores Tiberi y Sarmiento el día 22 de noviembre de 2003, cuando el menor fue atendido por guardia y reinternado, oportunidad en que se asentó en la historia clínica la existencia de tumoración importante en el abdomen y se le indicó un tratamiento con solución fisiológica 500 mm3 por enteroclisis pasados lentamente dos veces por día, enema y dieta.
La tercera vez que el doctor Spomer vuelve a actuar, el 26 de noviembre de 2003, fue para indicar la necesidad de realizar un tacto rectal para descartar Hirschsprung, una biopsia e interconsulta con cirugía.
Sostuvo la Cámara, que tales actos, tampoco traducían la impericia que se les endilgaba. Entendió que cuando el joven fue atendido por primera vez por el doctor Spomer, el 19 de noviembre de 2003, venía de padecer un cuadro presuntivamente de bolo fecal que, tratado por la doctora Villalba el día 13 de noviembre de 2003 en el Hospital de Día del HIEMI, había dado signos positivos. Y que, si bien en esa ocasión coincidió con el diagnóstico inicial, ya en la segunda oportunidad, el 24 de noviembre de 2003, el criterio del profesional comenzó a marcar un nuevo rumbo, indicándose la existencia de una tumoración abdominal importante. Es por ello que, llegado el 26 de noviembre de 2003 y ya sin respuestas al tratamiento primigenio, dispuso varias medidas, entre ellas, la interconsulta a cirugía que materializada ese mismo día dio lugar a la realización de la ecografía que terminó de confirmar la existencia del tumor ya palpado y puesto en el plano de las posibilidades en el acto médico del 24 de noviembre de 2003 (v. fs. 682 vta.).
Consideró, de tal modo, que el derrotero de los actos médicos desplegados por el doctor Spomer, distó de portar la impericia que se le endilgó. Pues en el corto tiempo transcurrido entre el 19 y el 26 de noviembre de 2003, el profesional demandado obtuvo, internación mediante del menor -ocurrida el 22 de noviembre de 2003- y estudios efectuados por la comunidad médica del HIEMI, una definitiva visión del cuadro que, inicialmente identificado de manera presunta como fecaloma, culminó consistiendo en un tumor maligno causante finalmente del deceso del niño (v. fs. 683).
El juzgador consideró que a los efectos de conformar el juicio de razonabilidad del tiempo insumido por los profesionales demandados en autos para realizar el diagnóstico final -linfoma no Hodgkin- resultaba impropio cargar sobre los galenos datos previos que, recopilados en otra institución hospitalaria, no fue acreditado en autos que hubieran sido puestos en conocimiento de los profesionales que abordaron el cuadro que presentaba el menor a partir del 13 de noviembre de 2003.
En cuanto a las irregularidades que los actores denunciaron en la confección de la historia clínica, el Tribunal de Alzada entendió que tampoco alcanzaban para comprometer la responsabilidad de los médicos ni del establecimiento hospitalario público. Pues aún en la hipótesis de que tales deficiencias estuvieren acreditadas no tuvieron, en el caso, repercusión alguna para dilucidar la mala praxis imputada, porque no condujeron a un resultado distinto respecto del procedimiento médico llevado a cabo por los profesionales que atendieron al joven.
Agregó que la denunciada escasez en los datos asentados por el doctor Yamahachi no resultó ser tal, pues los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2003 deben analizarse de manera íntegra relevando todos los datos asentados entre las 12:00 y las 16:00 hs. lo que refleja un proceder ajeno a todo reproche (v. fs. 685).
Igual temperamento cabe aplicar a la circunstancia de no haberse asentado en la historia clínica la realización de una placa radiográfica, lo que si bien genera dudas acerca de si fue realmente efectuada en el hospital, lo cierto es que el doctor Spomer pudo verificar esa radiografía a partir de la entrega en mano por parte de los padres del menor el día 19 de noviembre de 2003 (v. fs. 685).
Concluyó así que el obrar de los galenos demandados en relación a la obtención del diagnóstico y posteriores intervenciones resultó correcto y de acuerdo a los estándares médicos esperables para un caso como el que se les presentó a los profesionales del hospital público. Y que, en definitiva, no podía predicarse la actuación defectuosa que los actores endilgaban al sistema de salud provincial (v. fs. 685 y vta.)
II. Contra la sentencia de Cámara, los actores interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 704/738 vta.) en el que reiteran planteos que han sido vertidos en sus anteriores presentaciones y resueltos por los magistrados de grado. Denuncian que el a quo , hizo mérito de los actos desplegados por los médicos demandados, soslayando aquellos que según la pericia debieron llevarse a cabo (v. fs. 709 y vta.)
Afirman que la Cámara omitió valorar las conclusiones de la pericia y otras probanzas que evidencian negligencia en el actuar de los médicos demandados. En tal sentido sostienen que, al contrario de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, la actuación del doctor Yamahachi es reprochable por haberse apartado de los pasos necesarios para arribar al diagnóstico de bolo fecal (v. fs. 710 y vta.).
Argumentan que el galeno mencionado, omitió en la primera intervención que tuvo, la realización de aquellos actos que hubieren confirmado que en el caso de D. el dolor abdominal no se correspondía con un fecaloma y sí con un tumor. También le cuestionan que actuara como cirujano pediátrico, y así fuera reconocido por el Hospital, pese a no contar con el título en tal especialidad (v. fs. 711 y vta.).
En relación al codemandado doctor Spomer, especialista en gastroenterología, le reprochan haber confirmado el diagnóstico de fecaloma sin base en algún estudio o práctica médica y exponen que tampoco ajustó su actuación a los pasos que indicó el perito para arribar a un diagnóstico, a excepción de continuar con el tratamiento dispensado (v. fs. 713/714).
Afirman así que resulta forzada la eximición de responsabilidad de los galenos demandados, por haber omitido aquellos procedimientos que dispone la ciencia médica para arribar a un diagnóstico y descartar la posible presencia tumoral haciéndola evidente de manera tardía y, en consecuencia, privando al menor de recibir un tratamiento adecuado acorde a su patología en tiempo útil (v. fs. 715 vta. y 716).
Concluyen que el tiempo insumido en el tratamiento infructuoso de lo que presuntivamente se diagnosticó como bolo fecal, fue determinante de las pocas posibilidades de mejoría de D., quitándole una chance de sobrevida (v. fs. 718).
Sostienen que el nexo causal entre la intervención médica y el deceso de D., quedó configurado por los insuficientes recursos utilizados para arribar a un diagnóstico certero, remarcando que la ecografía realizada recién el día 26 de noviembre de 2003, debió ser indicada en la primera consulta hecha por guardia, el 13 de noviembre de 2003, sumado a lo que consideran el ineficiente seguimiento de los médicos especialistas (v. fs. 723 vta. y 724).
De otro lado, manifiestan que tal como fue planteado en el recurso de apelación, las irregularidades o desprolijidades que endilgan en la confección de la historia clínica, particularmente por la falta de asentamiento de la radiografía que el doctor Spomer analizó en la primera intervención que tuvo -19 de noviembre de 2003-, revela que la atención suministrada a D. ha sido deficiente, y que la actuación del galeno Yamahachi, se limitó a formular un diagnóstico presuntivo de bolo fecal y derivar al paciente al Hospital de Día, quitándole chances de vida o de calidad de vida. Enfatizan que tal falencia en la historia clínica debe perjudicar a los accionados (v. fs. 725/729 vta.)
Por último, se vuelven a agraviar de que el Tribunal de Alzada declaró inoficioso pronunciarse sobre la constitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil entonces vigente, por hallarse supeditado a la previa determinación del deber de resarcir los perjuicios causados por parte de los demandados (v. fs. 732 vta./737).
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. Los recurrentes centran su crítica en la denuncia de una errónea apreciación de la prueba por parte de las instancias de grado, considerando que, tanto de la historia clínica obrante en la causa como de la pericia realizada, se desprende la incorrecta actuación de quienes asistieron a D. en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. Insisten en señalar que las causas del trágico desenlace deben vincularse con el diagnóstico tardío sobre el tumor maligno que afectaba al joven, imputable a los galenos demandados.
Sin perjuicio de que no se formuló una concreta denuncia de absurdo, lo cierto es que el recurso luce insuficiente para evidenciar que la ponderación de la prueba realizada por el Tribunal de Alzada sea manifiesta o groseramente errónea.
Cabe recordar que el absurdo sólo se configura cuando ha existido en el razonamiento del juzgador un vicio lógico de tal magnitud que sea notorio el apartamiento de las leyes del raciocinio o la desinterpretación material de las piezas ponderadas, que conduce a conclusiones contradictorias o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa (causas A. 74.174, "H., T. N.", sent. de 22-VIII-2018; A. 73.757, "M., C. R.", sent. de 11-VII-2018; A. 74.291, "Zeeb", sent. de 21-VIII-2018; e.o.).
Así, los argumentos desarrollados por el recurrente referidos a la interpretación realizada sobre la pericia médica, no logran acreditar la existencia del mencionado vicio lógico, toda vez que no basta con exponer la propia interpretación de los hechos para declarar absurda la actividad desplegada en la instancia anterior.
En el caso, la Cámara, luego de analizar en detalle la historia clínica labrada y las diferentes pruebas producidas en la causa (v. consideraciones de fs. 680/686), concluyó que el proceder de los galenos demandados -en lo que refiere al diagnóstico y posteriores actos médicos- resultó correcto y en un todo de acuerdo con los procedimientos y estándares esperables para un caso como el que se les presentara a los profesionales agentes del hospital público.
Valoró que, si bien de la pericia médica se desprendía que si el tratamiento de dieta, medicación y enemas no resolvía el cuadro clínico en el período de 48 a 72 horas se imponía considerar que la masa no fuese un fecaloma, también, debía cotejarse que ante el primer requerimiento del joven se adoptaron recaudos que tuvieron resultados positivos y que, si bien el 19 de noviembre de 2003 el menor fue atendido con idéntico cuadro, no lo era menos que fue internado en el nosocomio público el 22 de noviembre de 2003 y sometido a estudios y exámenes que llevaron a desenmascarar la real patología.
Juzgó así, que el tiempo insumido para llegar al descubrimiento de la real patología que afectaba al joven, fue razonable. En tal sentido estimó que, del 13 de noviembre de 2003 -en que el menor ingresó por guardia con un cuadro de constipación y que sujeto a tratamiento presentó catarsis positiva- al 26 de noviembre de 2003 -en que se identificó el tumor- transcurrieron trece (13) días. Y que, en ese acotado término, la actuación de los profesionales tratantes, distó de resultar ajena a las reglas del arte pues desde que el niño reingresara con el cuadro de dolor abdominal al HIEMI (el día 22 de noviembre de 2003), se lo medicó, se lo trató, se lo internó y se le realizaron estudios clínicos, de laboratorio y de imágenes, los que dolorosamente arrojaron como diagnóstico definitivo el de linfoma no Hodgkin (v. fs. 683 y vta.).
Al respecto insisten los recurrentes sobre la existencia de responsabilidad de la demandada, limitándose a reproducir agravios expuestos en la instancia anterior que han sido analizados y correctamente desestimados por el Tribunal de Alzada, sin exteriorizar más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son propios de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su particular versión sobre los hechos y de cómo en su opinión debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual y conforme reiteradamente se ha declarado, carece de idoneidad para configurar el absurdo que en esta instancia se requiere (conf. causa A. 74.174, "H., T. N.", sent. de 22-VIII-2018; e.o).
La exigencia de fundar el recurso no queda cubierta por la invocación de alguna prueba que a su entender ha sido erróneamente valorada, si no se aborda, en el caso concreto, el razonamiento seguido por el sentenciante para arribar al fallo.
Los recurrentes plantean circunstancias tendientes a evidenciar la existencia de responsabilidad de los profesionales demandados por el tiempo que les insumió arribar al diagnóstico definitivo de lo que afectaba a D., pero no demuestran que la Cámara haya incurrido en vicio alguno capaz de descalificar la sentencia al resolver del modo en que lo hizo.
III.2. Tampoco conmueven lo resuelto las críticas elaboradas por los recurrentes por irregularidades en la confección de la historia clínica del menor, puesto que la deficiencia que postulan, respecto a que el doctor Yamahachi omitió dejar constancia en la intervención del 13 de noviembre de 2003 del estado del menor limitándose a derivarlo y la falta de prueba sobre la realización de la placa radiográfica que luego revisara el doctor Spomer el día 19 de noviembre de 2003, no tienen entidad para comprometer la responsabilidad de los galenos y del establecimiento hospitalario público (v. fs. 684 vta.).
Los agravios con respecto a esta valoración sólo muestran una mera discrepancia subjetiva con el razonamiento del tribunal, sin lograr demostrar la existencia de un error palmario y fundamental que habilite el conocimiento
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