Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (conf. art. 289 in fine , CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.001; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.793, "Martínez, Nora Inés y otros c/Municipalidad General San Martín s/Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Pettigiani.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar al recurso interpuesto por la actora y revocó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto limitó el derecho a las diferencias salariales reconocido (v. fs. 282/287).
Disconforme con ese pronunciamiento la comuna demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 296/307), el que fue concedido a fs. 313/314.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 316) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Hago mío el voto que dejó elaborado el distinguido colega doctor Héctor Negri, cuyo fallecimiento fuera lamentado en distintos ámbitos y fundamentalmente en este Tribunal.
Lo transcribo a continuación.
II. Los actores - todos agentes de la comuna demandada- promovieron demanda contra la Municipalidad de General San Martín a fin de obtener la reparación de los daños ocasionados como consecuencia de lo que consideran una errónea liquidación de la bonificación por antigüedad. Explican que a partir de la entrada en vigencia de la ley 11.757, la comuna comenzó a liquidar el concepto mencionado en un 1%, reduciéndoles de ese modo sus salarios, sin advertir que por tratarse de empleados afectados a tareas de salud correspondía la aplicación de su régimen específico, esto es la ordenanza 5.971/95, que prevé una alícuota diferencial del 2 o 2,5% según la categoría en la que se preste servicios.
Alegan que el accionar de la comuna les causó un daño patrimonial que continúa perpetrándose mes a mes con cada liquidación por lo que solicitan que la reparación se otorgue de forma integral no solo por los daños padecidos sino también por los futuros hasta que se subsane el derecho cercenado (v. fs. 113).
III. La jueza en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de General San Martín hizo lugar parcialmente a la demanda condenando a la comuna a abonar las diferencias resultantes en relación al pago de la bonificación por antigüedad por el periodo transcurrido entre el mes de febrero de 1999 y el inicio de la demanda, ello al considerar que así lo había limitado la actora en escrito postulatorio (v. fs. 250/251).
Para así decidir, consideró que de la interpretación armónica de los arts. 1 y 2 inc. "b" de la ley 11.757 surgía evidente la exclusión de su aplicación a todos aquellos agentes que tuvieran un régimen estatutario específico. Señaló que, dado que en el caso no estaba cuestionada la inclusión de los actores en la Carrera Profesional de la Salud, la citada norma (ley 11.757) resultaba supletoria, para éstos, en todos aquellos derechos allí reconocidos que no estuvieran previstos en la ordenanza 5.971/95 (v. 249 vta. y 250).
Sólo los actores apelaron dicha sentencia, ello en el entendimiento de que su pretensión nunca estuvo limitada a la fecha de interposición de la demanda como resolviera el a quo .
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín hizo lugar a dicho recurso y, en consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado en cuanto circunscribió el reconocimiento de las diferencias salariales y dispuso la extensión de la vigencia temporal hasta tanto se subsane el derecho cercenado por la comuna.
En primer lugar, señaló que el reconocimiento del derecho al pago de las diferencias salariales era una cuestión que llegaba firme a la instancia de apelación, pues la demandada no había recurrido la sentencia.
En tal contexto, consideró que el thema decidendum se circunscribía a determinar la corrección de la decisión del a quo de limitar el resarcimiento hasta la fecha de interposición de la demanda o si, tal como alegan los actores en el recurso de apelación, debió extenderse temporalmente hasta tanto se subsane el derecho vulnerado.
Adelantó que su pronunciamiento era favorable a los accionantes y que a tenor del instituto procesal de apelación adhesiva correspondía abordar las defensas articuladas por la demandada a lo largo del proceso.
Consideró que los accionantes no habían limitado su reclamo hasta el inicio de la acción, sino que de la lectura integral de la demanda surgía -más allá del tipo de pretensión elegida- que el objeto de la acción era el reconocimiento o restablecimiento de un derecho.
Agregó que si bien al contestar el traslado de la demanda la comuna argumentó que la pretensión intentada era improcedente en tanto en su criterio la vía pertinente hubiera sido una pretensión de reconocimiento de derechos, lo cierto es que no habiendo opuesto excepciones de inadmisibilidad de conformidad al art. 35 del Código Contencioso Administrativo, dicha cuestión había quedado sellada sin posibilidad de reedición.
Señaló que debía tenerse en cuenta que los actores fueron claros al expresar en su escrito postulatorio que "...deben ser reparados la totalidad de los daños sufridos y los que sufren en el futuro como consecuencia del accionar irregular del Estado..."(conf. sic. V., fs. 113), infiriendo que nunca limitaron su reclamo a la fecha de interposición de la demanda.
Sostuvo que una interpretación distinta implicaría que los accionantes se vieran obligados a iniciar un nuevo reclamo con la misma finalidad por cada uno de los periodos posteriores al inicio de la acción, lo que sería no solo contrario al principio de economía procesal -art. 34 del Código Procesal Civil y Comercial- sino también a toda lógica, atento que el derecho reclamado fue reconocido en el decisorio de grado y consentido por la demandada.
Consideró que lo resuelto, en forma alguna vulnera los principios de congruencia, preclusión, cosa juzgada y la garantía constitucional de defensa en juicio, tal como lo sostiene la demandada al contestar el traslado de la apelación -ver fs. 268/270 vta.-, pues en definitiva lo que se discute es el alcance del reconocimiento de las diferencias salariales y no el derecho al cobro que se encuentra consentido.
V. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 296/307, la comuna demandada denuncia absurdo e incongruencia, como así también vulneración de los arts. 12 y 35 del Código Contencioso Administrativo y de los derechos contemplados en los arts. 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 171 de la Constitución provincial.
Sostiene que el pronunciamiento de la Cámara es arbitrario por cuanto omite una adecuada valoración de los hechos y del derecho aplicado, alegando que padece errores graves y manifiestos producto de una indebida fundamentación al momento de resolver.
Aduce que resultó vencida en el pleito, por lo cual no corresponde que se le aplique el instituto de apelación adhesiva. Sostiene que dicho razonamiento indujo a error al ad quem excediéndose del marco de la apelación propuesta por los actores y, en consecuencia, de los alcances de la pretensión indemnizatoria fijados por el juez de primera instancia.
Por otra parte, ataca el criterio del Tribunal de Alzada en cuanto extiende los contornos de la demanda articulada como pretensión indemnizatoria, vulnerando, a su entender, los términos del art. 12 del Código Contencioso Administrativo.
Sostiene que la decisión de la Cámara debió centrarse en determinar hasta qué fecha correspondía hacer lugar a los daños. Alega que ordenar que la comuna responda y subsane el derecho más allá de lo solicitado por los actores requiere una expresa declaración de ilegitimidad del accionar de la comuna, lo cual no fue lo pretendido en la demanda.
Asimismo, manifiesta que a la fecha de interposición del recurso no existe disposición legal que permita considerar como ilegítima la actuación de la comuna por la cual se deba modificar el criterio sostenido desde y durante la vigencia de la ley 11.757. Ello, en relación a cómo debe liquidarse el rubro bonificación por antigüedad abonado a la totalidad del personal que integra la planta permanente comprendida en la Carrera Profesional de la Salud.
Alega absurdo e incongruencia en el razonamiento de la Cámara quien desconociendo la naturaleza de la pretensión -indemnizatoria- intentada en la demanda, condena a su parte a indemnizar daños futuros -por períodos posteriores a la interposición de ésta- quebrantando de ese modo su derecho de defensa y los principios constitucionales contemplados en los arts. 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 171 de la Constitución provincial.
VI. El recurso no prospera.
VI.1. En primer lugar, con referencia al planteo vinculado con el instituto de la apelación adhesiva actuado en la sentencia recurrida y sin perjuicio del acierto o error de su invocación en el caso concreto, debo resaltar que no encuentro agravio atendible pues no ha existido perjuicio alguno para la recurrente. Por el contrario, éste fue utilizado en su beneficio y al solo efecto de retomar planteos realizados en la contestación de demanda que de otro modo no podrían haber sido tratados por el Tribunal de Alzada.
Por otra parte, y a la inversa de lo argumentado por la recurrente, dicho Tribunal tampoco ha excedido el marco de su competencia, en tanto ésta se encontraba plenamente abierta en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora, precisamente contra la limitación de la condena dispuesta en la primera instancia, con lo que el recurso en este aspecto también carece de sustento.
VI.2. Sentado lo anterior, los restantes agravios planteados por la recurrente pueden sintetizarse básicamente en la violación al principio de congruencia y la denuncia de absurdo por el modo en que el Tribunal de Alzada ha decidido la cuestión del alcance de la condena.
En efecto, según plantea, lo resuelto significa mutar el objeto de la demanda, vulnerando de ese modo los términos del art. 12 del Código Contencioso Administrativo, ello al hacer lugar a una pretensión indemnizatoria, más allá de los términos en que considera ha sido planteada en el proceso, desconociendo así el derecho de defensa que le asiste (conf. 17, 18, 19, 28 y 31, Const. nac. y 171, Const. prov.).
VI.3. Con referencia a ello, tiene dicho este Tribunal que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el litigio, deben ser acompañados de una adecuada demostración del absurdo, definido como el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al ponderar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, tergiversando las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables (conf. causas A. 69.017, "Salguero", sent. de 3-VI-2009; C. 105.234, "Villegas", sent. de 17-II-2010; A. 73.385, "SJC", sent. de 24-VI-2015; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y A. 73.073, "Araya", sent. de 28-VIII-2018; e.o.)
Como así también que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó trabada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo (cfr. doctr. causas A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017 y A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018; e.o.), vicio que, si bien alegado, no ha podido ser demostrado.
En efecto, la Cámara resolvió, frente al recurso de apelación interpuesto por los actores, que la pretensión de éstos, más allá de la expresamente escogida en la demanda, nunca se limitó al reconocimiento de las diferencias salariales -por la errónea liquidación de la bonificación por antigüedad- a la fecha de interposición de la demanda, sino que lo fue hasta tanto se subsanara el derecho que consideraban cercenado.
Para ello citó incluso de manera textual parte de la demanda y concluyó que los actores habían sido claros al solicitar que "...deben ser reparados la totalidad de los daños sufridos y los que sufran en el futuro como consecuencia del accionar irregular del Estado..." (escrito de demanda, fs. 113).
Y agregó "Una interpretación distinta, limitando el derecho reconocido mediante la sentencia de primera instancia -derecho, por cierto, que no fuera cuestionado por la demandada en la instancia recursiva- implicaría que los actores tendrían que iniciar un nuevo proceso con el mismo objeto por los períodos posteriores al inicio de la presente acción, lo que sería no solo contrario al principio de economía procesal (conf. art. 34 del CPCC) sino también a toda lógica ya que el derecho reclamado -como se viera con anterioridad- fue reconocido en el decisorio de grado. Y, reitero, aspecto, este último -dirimente y fundamental en el debate traído a los estrados- que no fue cuestionado por la principal interesada, esto es la demandada".
Lo expuesto evidencia que no se encuentran violadas las reglas de la congruencia, ni la garantía de defensa en juicio al resolver del modo en que lo hizo el Tribunal de Alzada (conf. causas C. 87.968, "Porrez", sent. de 16-II-2005 y C. 96.346, "Semerena", sent. de 13-VIII-2008). Las razones esgrimidas en el recurso no resultan suficientes para desvirtuar un análisis que no aparece ni ilógico ni contradictorio y que no alcanzan para modificar en este aspecto el pronunciamiento atacado.
Para ello, es necesario demostrar que lo concluido por el Tribunal de Alzada es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; A. 72.827, "Zapico", sent. de 18-X-2017 y A. 74.565, sent. de 10-VII-2019), lo que en el caso no ha ocurrido.
No cualquier vicio puede ser considerado absurdo, éste no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. causas C. 117.190, "Bodcobel", sent. de 12-IX-2014; C. 119.875, "Consorcio de propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016 y A. 72.764, cit.).
La recurrente no ha logrado demostrar que el razonamiento desarrollado en el fallo de la Cámara padezca del aludido vicio lógico, antes bien entiendo que la solución dada resulta razonable de conformidad a las circunstancias comprobadas de la causa, situación que resulta suficiente para rechazar el recurso extraordinario interpuesto.
Por lo demás, y tal como lo resolviera el Tribunal de Alzada, no puedo dejar de observar que, en el supuesto de autos, negar la posibilidad de ampliar la condena conduciría a un exceso de rigor formal contrario al principio de economía procesal y a la garantía de la tutela judicial continua y efectiva (art. 15, Const. prov.), en tanto produciría como único efecto el de obligar a los accionantes a transitar nuevamente el camino recorrido en este ámbito, con un evidente dispendio inútil de actividad jurisdiccional.
VII. Por último, agrego que tampoco prospera la expresión genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales -arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional- invocados por la recurrente, pues tal planteo no tiene eficacia si no indica claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación (conf. doctr. causas A. 71.011, "Tarantini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.473, "Gómez", sent. de 7-IX-2016; A. 72.386, "Cerardi", sent. de 23-XI-2016; A. 74.004, "Moscheni", 8-XI-2017 y A. 73.870, "Bahía Petróleo S.A.", sent. de 15-VIII-2018; e.o.).
VIII. Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y la confirmación del apelado (art. 289 in fine , CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.001; 68 y 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (conf. art. 289 in fine , CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.001; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Registrada bajo el N ° :
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:14:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:21:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:28:04 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 09:35:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 10:36:11 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia