Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75103
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.103, "Paredes, Roberto José y otros c/ Bondavalli, María Rosa y otros s/ pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud , Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la pretensión indemnizatoria promovida (v. fs. 1.371/1.378).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 1.383/1.421).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.427), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado a fs. 1.432/1.436 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Los antecedentes del caso tienen su origen en el ingreso del señor José Roberto Aníbal Paredes a la guardia del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios" a raíz de un dolor precardial del cual derivó su internación en el servicio de Unidad Coronaria. Luego, habiéndosele diagnosticado que había sufrido un infarto agudo de miocardio y con una evolución favorable, se le practicó una cinecoronariografía, durante la cual el paciente presentó un cuadro compatible con un accidente cerebrovascular isquémico.
II. La magistrada a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda (v. fs. 1.299/1.310).
Luego de situar la controversia en el marco de la responsabilidad extracontractual del Estado y precisar que la relación de éste, a través del hospital público con el paciente y la relación médico paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo- (arts. 75 incs. 19 y 23, Const. nac. y 36 inc. 8, Const. prov.) descartó, a la luz de las pruebas aportadas a la causa, que en el supuesto bajo estudio haya mediado un caso de responsabilidad estatal por falta de servicio (art. 1.112, Cód. Civ.).
Juzgó, asimismo, que tampoco se encuentra acreditada la conexión causal entre el accionar del cuerpo médico y el daño invocado por los demandantes, puesto que no resulta demostrado el obrar culposo o negligente de los galenos demandados.
En consecuencia, concluyó que -en el caso- se encuentra ausente uno de los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil médica, a saber: el nexo de causalidad entre el hecho ilícito imputado a las profesionales y los daños reclamados.
III. Apelado dicho pronunciamiento por la accionante (v. fs. 1.316/1.343), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de grado en todo lo que fue materia de agravios (v. fs. 1.371/1.378).
Para así decidir, destacó que los argumentos expuestos en la pieza recursiva no lograron rebatir los fundamentos del fallo impugnado en base a las pruebas producidas en la causa, más allá del intento por demostrar un error en la interpretación o una equívoca o insuficiente valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas que condujeron a la magistrada a rechazar la pretensión incoada.
III.1. En punto a si el paciente prestó el debido consentimiento, consideró -al igual que la magistrada de la anterior instancia- que el documento que luce a fs. 195 cumple con las formalidades básicas establecidas por la Ley de Salud Pública 26.529 (a la cual adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante su similar 14.464). Ello, en el entendimiento de que la cinecoronariografía realizada al señor Paredes consiste en una práctica invasiva cuya instrumentación debía realizarse por escrito y estar debidamente suscripto (art. 7 inc. "c", ley 26.529).
Expresó, asimismo, que los informes médicos agregados en la causa coinciden en que la intervención realizada constituye una práctica médica que se encuentra entre las razonablemente recomendadas para el cuadro que presentaba el paciente.
Concluyó, en este aspecto, que no se encuentra acreditado que no se haya respetado la libertad de decisión del actor de someterse a un acto quirúrgico programado, con las eventuales consecuencias informadas.
III.2. Por su parte, señaló que el accionante no logró demostrar que las consecuencias que derivaron de la práctica realizada, hayan sido producto de un obrar negligente por parte de los médicos intervinientes ni, por consiguiente, del hospital al cual reportan como agentes.
Del mismo modo, indicó el a quo que tampoco se encuentra acreditado que, habiéndose diagnosticado el accidente cerebrovascular, el tratamiento suministrado por los profesionales haya sido inadecuado.
Refirió a la coincidencia sustancial que en lo medular contienen los dictámenes obrantes en autos en relación con que el accidente cerebrovascular puede producirse como una posible complicación de la cinecoronariografía, independientemente de la correcta técnica utilizada y que, en la relación riesgo beneficio sigue favoreciendo la realización de esa práctica en un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio.
Por su parte, ponderó que las conclusiones de los informes periciales son contestes con relación a que el tratamiento médico instaurado a partir del cuadro clínico compatible con el accidente cerebrovascular fue el correcto conforme cada uno de los momentos de la evolución del paciente, realizándose las medidas necesarias para evitar daños secundarios.
III.3. Consideró insuficientes los agravios relacionados con las consideraciones médicas expuestas en las pericias practicadas (arts. 457 y 474, CPCC), las que -entiende- fueron ponderadas en primera instancia bajo las reglas de la sana crítica y de modo integral con el resto de los elementos de convicción aportados a la causa (art. 384, CPCC).
III.4. Concluyó que la apelación intentada consistió en una mera disconformidad con la tarea desplegada por la jueza de grado que no logró demostrar error ni contradicción con las constancias de la causa y, por lo tanto, no era apta para revertir la suerte de lo decidido, que resolvió mantener firme.
IV. Disconforme con la decisión de la Cámara, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuyo marco denunció la violación de los arts. 514, 901, 902, 903, 917, 918, 919, 1.109, 1.112 y 1.113, segundo párrafo, del Código Civil entonces vigente; 163 incs. 5 y 6, 266, 375, 384, 421, 422, 472 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 59 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo y 2 y 5 de la ley 26.529.
Asimismo, acusó vulneración de la doctrina legal que emana de las causas "Leiva" (Ac. 97.827, sent. de 9-VI-2010); "Castillo" (A. 79.514, sent. de 13-VIII-2003); "Alba" (A. 86.304, sent. de 27-X-2007); "Giménez" (L. 71.070, sent. de 23-XII-2003); "C. D. S., M. y ots" (C. 100.800, sent. de 15-IV-2009); "Acosta" (Ac. 46.039, sent. de 4-VIII-1992); "Abdelnur" (Ac. 82.684, sent. de 31-III-2004) y "M., J. A." (C. 98.757, sent. de 21-V-2008).
IV.1. Puntualizó que el a quo situó la contienda en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del estado (objetiva y directa) con base en los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil actualmente derogado, para luego apartarse de ese carril y relevar de responsabilidad al nosocomio demandado bajo la matriz subjetiva de la culpa.
En este aspecto, se agravió que el Tribunal de Alzada soslayó el marco jurídico delineado por los artículos antes citados para tener por configurada la responsabilidad del Hospital por deficiente prestación del servicio.
Explicó que para condenar a la entidad asistencial no se requiere acreditar el obrar negligente de los médicos, sino simplemente debe demostrarse el daño sufrido y el nexo adecuado, extremos que -entiende- se verifican con la prueba aportada y producida en autos.
Adujo error en la apreciación de la prueba en grado de absurdo respecto de la deficiente prestación del servicio de salud al señor Paredes durante su permanencia en el centro asistencial.
IV.2. Denunció que el Tribunal de Alzada valoró erróneamente los elementos probatorios de autos, por cuanto consideró cumplido el consentimiento informado con relación a la cinecoronariografía practicada al señor Paredes con el formulario pre impreso (sic), que luce a fs. 195.
Al respecto indicó que se encuentra incompleto y carente de los recaudos mínimos y esenciales para cumplir con la finalidad perseguida por la ley que regula los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
Sostuvo que en la causa no luce acreditado el consentimiento del señor Paredes, y afirmó que el Tribunal interviniente arribó a una conclusión contraria que se contrapone con lo que surge del aludido instrumento que carece de fecha y en el cual no se especifica la práctica médica a realizar, ni el profesional que en ella intervino.
Señaló que la circunstancia de que en el instrumento se haya consignado que el acto médico quirúrgico sería realizado por el Servicio de Hemodinamia del nosocomio, no releva la exigencia de identificar a un profesional que -en definitiva- sería quien debería haber explicado claramente los procedimientos a realizar, su necesidad, los resultados y posibles consecuencias.
Consideró que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo y vulneró los arts. 917, 918, y 919 del entonces Código Civil, al suponer la existencia de un acto voluntario sin ninguna manifestación expresa o tácita en ese sentido.
Por su parte, señaló que constituye un error afirmar que la práctica realizada se encuentra dentro de las recomendadas para el cuadro que presentaba el paciente, puesto que se admiten estudios alternativos no invasivos que posponen para una segunda etapa la intervención denominada cinecoronariografía.
Expresó que, independientemente de los hipotéticos beneficios de la práctica quirúrgica mencionada, se halla el derecho del paciente a oponerse a su realización incluso sin expresión de causa.
Advirtió que el estudio practicado no era recomendable para un paciente con los antecedentes que presentaba el actor, quien ni si quiera fue evaluado en debida forma y previamente a su realización.
IV.3. Cuestionó la idoneidad de la doctora Bondavalli para llevar a cabo la intervención, y se agravió de la manera en que la Cámara prescindió de considerar la historia clínica del paciente, señalando que las deficiencias que presenta deberían ser interpretadas como una presunción en contra de los accionados, por aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida.
Señaló que el Tribunal de Alzada infringió el art. 266 in fine del Código Procesal Civil y Comercial por haber desestimado arbitrariamente los agravios esgrimidos en el recurso de apelación, respecto del cual sólo se limitó a manifestar que la parte actora omitió demostrar las alegaciones sustanciales invocadas en la demanda, en sus impugnaciones a las pericias producidas en autos, en sus alegatos y hasta en el propio recurso.
Acusó que el a quo desatendió las impugnaciones y observaciones efectuadas sobre los informes periciales y, de ese modo, fragmentó la prueba pericial e informativa producida en autos.
IV.4. Denunció que el nosocomio demandado no estaba preparado ni técnica ni científicamente para realizar una cinecoronariografía, y menos aún para abordar sus eventuales consecuencias o efectuar una derivación urgente de los pacientes.
Indicó que es absurdo afirmar que el Hospital "San Juan de Dios" realizó un seguimiento médico adecuado y correcto del paciente, cuando no contaba con un tomógrafo ni con médicos especialistas para atender el cuadro que presentó el paciente y carecía de los elementos necesarios para medir la presión intracraneana, necesarios para tratar el accidente cerebrovascular de tipo isquémico que había sufrido.
Afirmó que los daños y secuelas irreversibles que padece el señor Paredes guardan directa relación con la deficiente prestación del servicio brindado por el nosocomio demandado y la imperita actuación de los profesionales.
Estimó que, en el caso, contrariamente a lo sostenido por las instancias ordinarias, existió responsabilidad estatal por falta de servicio y/o por su irregular prestación, tanto en la etapa previa a la cinecoronariografía como durante su desarrollo y luego de acaecido el accidente cerebrovascular, como consecuencia de actos y omisiones que guardan un adecuado nexo de causalidad con la incapacidad absoluta e irreversible que padece el señor Paredes.
IV.5. En relación con las profesionales codemandadas, refutó que el Tribunal de Alzada no haya ponderado ciertos hechos y elementos probatorios con relación a su responsabilidad en el caso.
En ese sentido, señaló que las médicas codemandadas llevaron a cabo una práctica diagnóstica invasiva sin contar con el consentimiento informado del paciente ni de sus familiares.
Sostuvo, asimismo, que carecían de la idoneidad técnica y profesional para realizar la cinecoronariografía, durante la cual no sólo no se registró lo sucedido, sino que tampoco se asentaron los controles propios de la práctica en cuestión (mediciones de los signos vitales del paciente), ni se extrajeron las imágenes de la misma.
Por su parte señaló que no dispusieron alternativa alguna de derivación a un centro neurointervencionista ante la posible generación de un accidente cerebrovascular.
Indicó que surge de la prueba agregada en las actuaciones que ambas profesionales desconocían los antecedentes médicos del señor Paredes, por cuanto de conocerlos debieron haber suspendido u oponerse a realizar la intervención.
Específicamente con relación a la doctora Bondavalli, señaló que no tenía el título habilitante que el tipo de práctica requiere.
Puntualizó que la configuración de un comportamiento negligente, imprudente e imperito surge de la prueba agregada al expediente y de la secuencia de actos y omisiones por parte de las profesionales intervinientes quienes carecían -a su juicio- de la aptitud técnica para llevar a cabo la práctica médica en cuestión en un nosocomio que no poseía la aparatología necesaria para abordar sus eventuales consecuencias.
Acusó violación de los arts. 502, 901, 902, 903, 904 y 906 del Código Civil -entonces vigente- y absurdo en la valoración de la prueba.
V. Preliminarmente he de advertir que resultan aplicables al caso las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños por los que reclama la parte actora su indemnización (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
VI. El recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
VI.1. En primer lugar, destaco que el argumento central esgrimido por el Tribunal de Alzada consistió en resaltar que la impugnación deducida por la apelante (v. fs. 1.316/1.343) no logró rebatir los fundamentos de la sentencia de primera instancia que desestimó la pretensión incoada.
Con relación a ello, esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios tendiente a descalificar un pronunciamiento judicial constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento, y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 73.253, "Molina", sent. de 19-X-2016; A. 74.082, "Lucaroni", sent. de 7-II-2018; A. 74.894, "Baez", sent. de 11-IV-2018; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 73.928, "Kohnen", sent. de 21-VI-2018; A. 72.943, "Brown", sent. de 24-IV-2019; e.o.), circunstancia que no ha acontecido en el caso.
De similar manera advierto que la recurrente, pese a que su misión consistía en demostrar el desvío lógico en la decisión del Tribunal de Alzada y la suficiencia del recurso ordinario que había interpuesto, resume ante esta Corte similares argumentos a los vertidos al formular su apelación, intentando demostrar la solidez del planteo, pero omite denunciar y acreditar un razonamiento absurdo del sentenciante respecto a la consideración de una insuficiente técnica argumentativa (arts. 56 inc. 3, CCA y 260, CPCC; doctr. causa A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018).
Este Tribunal tiene dicho que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (cfr. causas C. 114.889, "Pascali", sent. de 15-IV-2015; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; A. 72.031, "Jesús", 19-X-2016; A. 74.894, cit.; e.o.).
VI.2. Por otra parte, y con relación a la prueba, el a quo señaló que las expresiones vertidas en el escrito recursivo tampoco fueron suficientes para desestimar las consideraciones médicas expuestas en las pericias (arts. 457 y 474, CPCC), las cuales -a juicio de los magistrados de la Cámara de Apelación- fueron meritadas por la magistrada que previno bajo las reglas de la sana crítica y de modo integral con la totalidad de los elementos de convicción aportados a la causa (art. 384, CPCC).
Cabe recordar que la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al efecto formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo, supuesto que para que se lo tenga por configurado no basta con presentar la propia versión sobre su mérito sin asumir el juicio crítico de los razonamientos realizados por el sentenciante, demostrando cabalmente que padecen de un error grave, trascendente y fundamental (causa A. 74.577, "Suárez", sent. de 11-IX-2019).
Además, para tener por configurado el absurdo, en la forma en que ha sido delimitado por esta Suprema Corte de Justicia a lo largo del tiempo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (causas A. 72.685, "Portela", sent. de 7-VI-2017; A. 73.244, "Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería de Mar del Plata", sent. de 17-X-2018; A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XI-2019; e.o.).
Respecto a los agravios reiterados por la recurrente en esta instancia con relación a la interpretación y valoración de la prueba producida en la causa, debo señalar que el a quo destacó ciert
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