Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74821
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.821, "Jardín, Walter Enrique c/ Prov. de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Pettigiani, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 228/254), que había rechazado la demanda de daños y perjuicios. Condenó al Estado provincial a pagar la suma de $500.000 al actor por las consecuencias dañosas derivadas de las lesiones que sufriera el 4 de febrero de 2007 cuando el nombrado se encontraba detenido y en custodia de las autoridades policiales en una Comisaría de San Nicolás (v. fs. 309/324).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/331), el que fue concedido por la Cámara (v. fs. 332/333).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 334) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Walter Enrique Jardín, por apoderado, dedujo pretensión indemnizatoria contra la Provincia de Buenos Aires con el fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios padecidos como consecuencia de la lesión sufrida en su rostro y cuello cuando se encontraba detenido en la comisaría tercera de San Nicolás.
Relató haber sido arrestado por averiguación de identidad y antecedentes y trasladado a esa comisaría, donde fue alojado en un calabozo.
Agregó que en la celda contigua se hallaba detenido Claudio Germán Balverdi, con quien había tenido problemas tiempo atrás en la unidad penal número tres, circunstancia que -añadió- era conocida por el personal policial. Expresó que, durante una conversación con el nombrado, reja mediante, éste lo agredió con un elemento punzo-cortante con filo que le produjo un corte en la parte derecha del rostro y cuello, hecho que exigió su traslado al hospital donde recibió cuarenta puntos de sutura.
Reprochó a la demandada no haber adoptado mayores recaudos para evitar la agresión de la que fuera víctima, teniendo en consideración la conocida situación de encono que existía entre el actor y su agresor (v. fs. 16 vta./19).
Atribuyó la responsabilidad por el suceso a la acción u omisión del personal policial, por falta de servicio en los términos del art. 1.112 y 1.113 del Código Civil (ley 340), entonces vigente.
II. La jueza de primera instancia desestimó la pretensión deducida, rechazó la existencia de falta de servicio alegada y tuvo por no acreditada la relación causal entre el suceso dañoso y las irregularidades endilgadas al personal policial encargado de la custodia.
A tal efecto entendió: a) que no se probó que los efectivos de la comisaría tuvieran conocimiento de la relación conflictiva entre los detenidos; b) que no se acreditó la mecánica del hecho, esto es, si la herida le fue propinada por Germán Balverdi con un elemento filoso o si se la produjo él mismo por el choque contra un objeto duro y con punta (una reja); c) que efectuada la requisa del lugar donde se produjo el hecho de autos, no se hallaron elementos punzantes ni de otro tipo capaces de producir daño a las personas allí alojadas; d) y que el resultado de la pericia psicológica surgía que la lesión sufrida no había generado en el actor ningún trastorno psíquico en su esfera personal, social o laboral.
Concluyó así, que no se encontraba comprometida la responsabilidad estatal en los términos del art. 1.112 del Código Civil (v. fs. 228/254).
III. A su turno, la Cámara interviniente acogió el recurso de apelación presentado por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia (v. fs. 309/324).
En relación a la mecánica de producción del hecho dañoso tuvo en cuenta dos hipótesis: tanto que la lesión fuera sufrida por un golpe con una reja, como provocada por la agresión de otro detenido con un elemento punzo-cortante, aunque -igualmente- aclaró que la responsabilidad del Estado cabía de una u otra manera.
Luego de evaluar la causa penal y pruebas producidas en autos descartó la primera.
Respecto de la segunda hipótesis, relacionada al corte con una hoja de afeitar o elemento similar, destacó que ello suponía que dicho elemento había sido ingresado al ámbito de alojamiento de detenidos por un defectuoso o irregular servicio, lo que implicaba la responsabilidad estatal en virtud del art. 1.112 del Código Civil (ley 340).
Sostuvo que, a pesar de las diferentes declaraciones del accionante, los informes médicos daban cuenta de que las características de la lesión (tipo de corte, longitud y precisión), no se condecían con la hipótesis de un accidente con una reja.
Ponderó que la pericia médica llevada a cabo por el doctor Gagliardo, el 22 de septiembre de 2011, resultaba coincidente con la practicada a fs. 78 en la instrucción penal preparatoria el 27 de noviembre de 2007 (v. fs. 319).
Puso de resalto que el experto había asegurado que el corte fue con un elemento metálico con mucho filo y punta fina de corte preciso puntual con solo deslizarlo, y que ello no coincidía con una lesión producida por una saliente con filo de una reja de ventana, donde el corte sería más irregular, no tan preciso y largo (v. fs. 319).
El Tribunal de Alzada disintió con la evaluación efectuada en la anterior instancia, que le había restado eficacia probatoria a esa pericia médica, con base en el tiempo transcurrido entre el suceso dañoso y el momento de realizarse aquella. Destacó que, por el contrario, el perito Gagliardo, para realizar su dictamen, se entrevistó y examinó al actor, basándose en la cicatriz para evaluar la mecánica de producción de la herida, con sustento científico-doctrinario y cita bibliográfica para caracterizar como grave la lesión que el actor portaba en su rostro (v. fs. 319 vta.).
Respecto a las diferencias existentes entre este dictamen frente al elaborado por el médico de policía, doctor Daguerre, en el expediente administrativo sumarial y que se tuvo en cuenta en el pronunciamiento revocado, puntualizó que fue el propio profesional de policía quien en su informe mencionara expresamente que no había observado la lesión por estar cubierta con vendaje, que no había retirado por razones de asepsia y antisepsia. Por tal razón, la Cámara desestimó la opinión vertida por el doctor Daguerre tras señalar que prematuramente había opinado y sin tener elementos objetivos a la vista había concluido en que la lesión era compatible con un golpe o choque con o contra un objeto duro y con punta.
Asimismo, añadió que en el mismo sentido al expuesto por el perito médico Gagliardo, se había expedido la experta Clarisa Hernández en el informe practicado el 4 de febrero de 2014, al decir particularmente que la lesión cortante tiene un mecanismo de acción con elemento dotado de punta y filo, produciendo un corte regular y preciso.
Por otro lado, resaltó que al haber ingresado el actor a la comisaría por averiguación de antecedentes y quedado bajo custodia de la autoridad policial, resultaba deber de la demandada velar por su seguridad.
En relación a la posible ruptura del nexo causal por parte del accionante a raíz de la ebriedad que se le atribuyera, indicó que ese estado fue referido por un único testigo al declarar en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), y que ese testimonio carecía de entidad ya que ni los demás detenidos, ni el agente de imaginaria, ni el perito médico policial habían referido tal circunstancia. (v. fs. 320 y vta.).
En igual sentido evaluó la declaración de Balverdi -presunto atacante- pues, al haber sido prestada en la IPP que lo tenía como imputado, entendió que no debía ser considerada. Además, refirió que la precaución exigida a Jardín de no acercarse a Balverdi, no resultaba determinante para interrumpir el nexo causal, tras considerar que ningún elemento riesgoso debía existir en el lugar (cfr. art. 8 del Reglamento de Detenidos; v. fs. 320 vta. y 321).
Concluyó que, frente a la prueba obrante en autos, correspondía entonces acoger la demanda por falta de servicio estatal en los términos del art. 1.112 del Código Civil, no encontrando interrupción del nexo causal (v. punto VII).
En cuanto a los daños reclamados, rechazó el daño psicológico peticionado con base en la pericia practicada concluyó que no presentaba sintomatología que requiriera asistencia psicológica. Admitió la procedencia del daño material, conforme a la incapacidad parcial y permanente estimada en el 50% por los peritos intervinientes en la causa. Desestimó la reparación por daño estético por considerarlo comprendido en el daño material y el gasto por cirugías reparadoras lo rechazó por falta de prueba sobre su costo. Por último, condenó al pago de una suma, en concepto de daño moral (v. fs. 321 vta./323).
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación o errónea aplicación de los arts. 384, 474, 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 901, 903, 904, 906 y 1.112 del Código Civil, entonces vigente.
Aduce que la Cámara incurre en absurdo al tener por cierto que la lesión sufrida por el actor se produjo con un objeto de características similares a un bisturí u hoja de afeitar, sobre la base de un examen pericial realizado sobre una cicatriz y no sobre la herida y que la presencia de un elemento de tales características resulta violatoria de la conducta específicamente impuesta por la resolución 36.381/77. Sostiene que, en rigor, no fue hallado ningún objeto con esas características, en el ámbito de alojamiento de los detenidos. Ello, no obstante, la pronta requisa por parte del personal policial, conforme lo acredita la causa penal y sumario instruido.
Agrega que el Tribunal de Alzada omitió considerar como indicio la primera declaración del accionante, donde no hizo ninguna referencia a un supuesto ataque propinado por otro detenido, sumado a la ausencia de testigos presenciales, con lo cual no está probado que Balverdi atacara a Jardín, y en consecuencia no se configura la irregular prestación estatal en que se fundamenta la sentencia.
Señala que el hecho de que un detenido sea lesionado no implica indefectiblemente una deficiencia estatal en los términos del art. 1.112 del Código Civil, y que una interpretación en tal sentido violaría el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial y el derecho de defensa de su parte. Que la aplicación de esa norma requiere la demostración de la irregularidad, aún ante el supuesto de que se hubiere cortado con la reja que se hallaba en la celda.
Asimismo, reprocha al fallo en crisis haber invertido la carga de la prueba al tener por acreditado un funcionamiento irregular de la administración en materia de seguridad y custodia de las personas detenidas.
V. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que motivara la reparación que reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Sentado ello, opino que el recurso no debe prosperar atento la insuficiencia que porta (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V.1. La recurrente básicamente endilga al fallo atacado, absurdo en la valoración de la prueba sin lograr demostrarlo.
Limita su crítica a proponer que los elementos probatorios allegados a la causa se analicen según su propio criterio, para así llegar a la conclusión de que en el caso no se logró probar la mecánica del hecho y que, en consecuencia, la Provincia no debe responder.
Al respecto, recuerdo que determinar si concurren o no los acontecimientos que condicionan la aplicación de una norma o precepto (conf. causa C. 98.617, sent. de 17-VI-2009); así como si ha mediado o no relación de causalidad entre el obrar imputado a la demandada y el daño, constituyen -por regla- cuestiones de hecho que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, criterio que sólo cede cuando se invoca y demuestra que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causa A. 69.840, sent. de 22-XII-2015), vicio lógico que, en la especie, la recurrente no logra demostrar.
Cabe recordar que esta Suprema Corte ha definido al absurdo como un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, entre otros, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 71.980, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.490, "Cocconi", sent. de 14-VI-2017; A. 75.720, "Franchetti", resol. de 18-IX-2019; e.o.)
Bajo esta idea rectora la impugnante no ha logrado patentizar la presencia de un error palmario en la tarea valorativa del tribunal a quo , antes bien, las objeciones al fallo aparecen como meras discordancias con lo resuelto, lo cual no constituye base idónea para los agravios, ni configura un supuesto de absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 70.586, "Fisco", sent. de 20-III-2013; A. 72.297, "Paz", sent. de 29-III-2017; A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019; A. 74.036, "Sena", sent. de 5-VI-2019; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.)
V.2. Igual suerte debe correr la denuncia de la errónea aplicación del art. 1.112 del Código Civil, en cuyos términos el Tribunal de Alzada fundó su decisión, encuadre legal que la recurrente no discute (v. punto 2 del escrito de impugnación).
V.2.a. La Cámara al condenar a la accionada por la falta de servicio estatal, destacó que la limitación a la libertad del accionante implicó que quedara detenido bajo custodia de la autoridad, y por lo tanto, la obligación del personal policial bonaerense de prestar un servicio, debía responder a condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual fue establecido; caso contrario, era responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 307:821; 312:343).
Adunó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo había indicado, dado que se ponía en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, la que no era indirecta, pues la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, debe ser considerada propia de éstas, y por ello deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.
Efectuadas estas consideraciones, la Cámara tuvo por acreditada la omisión incurrida por la fuerza policial al no haber prestado acabado cumplimiento de los deberes de custodia y seguridad para evitar la lesión que sufriera el actor en su rostro y cuello, provocada por la herida con un elemento punzo-cortante que le propinó otro detenido.
Ponderó que tales antecedentes eran demostrativos de la irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad policial al afirmar que en el caso no se tomaron los recaudos estipulados en el Reglamento de Detenidos de la Provincia de Buenos Aires (resolución 36.381/77 y circular general 388.884, del Ministerio de Seguridad) en particular el art. 8 que dispone la prolija requisa que debe realizar el personal policial, de elementos como los que ocasionaron la herida del accionante, precisamente para evitar hechos como el ocurrido.
En el mismo sentido recordó también el deber de custodia y seguridad que pesa sobre la fuerza policial establecida en la ley 13.482 de unificación de las normas de organización de las policías de la Provincia, vigente al momento del hecho.
V.2.b. Tales fundamentos, que por cierto constituyen el sustento jurídico del fallo, no han recibido reproche idóneo por parte del recurrente, quien ha centrado su crítica en la falta de prueba sobre la mecánica del hecho, y se ha desentendido por completo del argumento de la Cámara, quien atribuyó una falta de servicio a la existencia de un elemento con capacidad de daño en el ámbito de alojamiento de los detenidos.
Es doctrina de esta Corte que, en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (cfr. causas A. 73.340, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016; A. 74.319, "Maidana", sent. de 19-XII-2018; A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019; e.o.).
VI. En conclusión, por los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El caso plantea un supuesto de responsabilidad del Estado por falta o irregular prestación de un servicio. Ello, ante la lesión acreditada del señor Jardín, en ocasión de hallarse alojado en dependencias policiales como detenido y en virtud del deber de custodia que fuera infringido (conf. art. 1.112, Cód. Civ., entonces vigente).
De ese modo, los conflictos originados en dicha circunstancia, ponen en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquel, debiendo responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (cfr. CSJN, causa "Jorge Fernando Vadell c. Provincia de Buenos Aires", sent. de 18-XII-1984).
Los funcionarios, actuando en ejercicio de su cargo, son órganos del Estado, por lo que existe una imputación directa de las consecuencias de su actuación; y con factor de atribución objetivo a través de la denominada falta de servicio, conforme la hermenéutica del art. 1.112 citado.
Me permito recordar que la cuestión relativa al supuesto en tratamiento derivada del incumplimiento de los deberes de seguridad y custodia respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad ha sido objeto de análisis por este Tribunal (causas A. 69.485, "Lobato", sent. de 30-IX-2009 y A. 71.596, "Squassi", sent. de 25-X-2017).
II. A partir de tales premisas, la atribución de responsabilidad resulta jurídicamente posible en la medida en que la conducta desplegada se halle razonablemente comprendida en el elenco de procederes propios de la labor o función.
Con otro giro, se diluye el factor atributivo en la medida en que no se verifique la necesaria relación de causalidad adecuada entre las labores o funciones encomendadas al dependiente o funcionario y el resultado lesivo.
Tal postulado encastra con la directiva del art, 375 d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.