Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75326
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.326, "Ferraro, Matías Daniel c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que desestimó la pretensión indemnizatoria promovida por Matías Daniel Ferraro, contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 515/542).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 552/563 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 564 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 567) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Matías Daniel Ferraro promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires, reclamando una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la irregular prestación del servicio de justicia, que afirma configurada durante la investigación del hecho delictivo cometido en su perjuicio el 24 de febrero de 2004. Señaló como causas del daño la irregularidad cometida por el personal policial que actuó en la instrucción penal que, a la postre provocaría el retiro de la acusación fiscal; y la absolución que dispuso el tribunal del juicio respecto del único imputado en la causa. Circunstancia que, a su entender, le frustró la posibilidad de percibir un resarcimiento integral, de parte del autor del delito.
También, endilgó responsabilidad al Estado provincial por el genérico incumplimiento del deber de proveer a la seguridad ciudadana, (v. fs. 526, 528 y 531).
En base a lo expuesto, sostiene que corresponde sea la Provincia quien repare los daños que el modo en que concluyó el proceso penal le generó, como ser: la pérdida de la chance de percibir del autor del hecho, el resarcimiento de los perjuicios derivados del delito del cual fue víctima y el daño moral experimentado ante la violación de su derecho a la tutela judicial efectiva, (v. fs. 528 vta.).
II. El magistrado de Primera Instancia rechazó la pretensión al juzgar que, en la especie, no se hallaba acreditada la existencia de ningún daño resarcible, derivado del actuar estatal reprochado, sin adentrarse en el análisis de la "irregularidad" o "antijuridicidad" de tal obrar (v. fs. 410/428).
III. Apelado dicho pronunciamiento por la actora y la demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo departamental lo confirmó en todas sus partes (v. fs. 515/542).
III.1. Para así decidir -y en lo que al recurso interesa-, señaló que asiste a las diversas instancias jurisdiccionales la prerrogativa de individualizar y calificar legalmente las pretensiones sometidas a su conocimiento. En consecuencia, coincidió con el encuadre que el juez de primera instancia le dio a la pretensión que motivó este proceso (v. fs. 527 vta. y 528).
Sostuvo que las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda eran elocuentes respecto a que el actor, -sin perjuicio de otros títulos invocados al mismo efecto- endilga responsabilidad al Estado provincial en punto a los perjuicios que hubo sufrido como consecuencia directa e inmediata del hecho delictivo cometido contra su persona con fecha 14 de febrero de 2004, imputándole en tal segmento a la accionada un incumplimiento del genérico deber público de proveer al bienestar general y a la seguridad ciudadana.
A tal fin, destacó que en el escrito liminar se consigna: (i) a fs. 36, que el "...Estado provincial [...] también es, en definitiva, el responsable con su deber primordial de seguridad y protección de sus gobernados..."; (ii) a fs. 41 vta., que "...el Estado provincial violó originariamente su deber primario de protección de la vida e integridad personal de sus gobernados, cuando el 24 de febrero de 2004 fui víctima del hecho de marras...", identificando así "...uno de los hechos ilícitos imputables al Estado ...", que generaba "...que habiendo ocurrido el hecho, [...] la Provincia de Buenos Aires [...] debe repararlo..." y (iii) a fs. 45 vta. que "...los daños psicofísicos sufridos por mí, como resultado del hecho del 24 de febrero de 2004, han sido consecuencia directa del incumplimiento por parte del Estado de su deber primario de seguridad a sus gobernados..." ( v. fs. 528 y vta.).
III.2. En otro orden desestimó el agravio esgrimido por el actor relativo a la delimitación que hizo el juez de grado de la pretensión, en tanto dejó sentado que el señor Ferraro, "...también reclama que lo indemnice [...] el Estado por la pérdida de chance y el daño moral..." que afirma padecer "...a raíz del irregular servicio de justicia...", que afirmó constituido por "...la irregularidad cometida en el curso de la investigación por el personal policial..." actuante, que -a la postre- provocaría el "...retiro de la acusación..." fiscal y la consecuente "... absolución del único imputado..." de la causa penal en que se persiguiera la sanción del hecho delictivo del cual resultara víctima con fecha 24 de febrero de 2004 ( v. fs. 528 vta.).
Asimismo, destacó que el juez de la instancia, luego de descartar la acreditación de "...la chance frustrada por la absolución..." así como del "...daño moral... derivado del resultado absolutorio del proceso penal ..." consideró que "...no acreditado el daño...", devenía "...inoficioso el análisis de los restantes presupuestos de la responsabilidad endilgada...".
Frente a lo expuesto, concluyó que el sentenciante de grado no incurrió en omisión alguna que ponga en crisis el pronunciamiento atacado.
Recordó, que la viabilidad de todo reclamo indemnizatorio sustentado en la irregular prestación de un servicio que compete al Estado se encuentra supeditada a que se acredite la existencia de un daño actual y cierto junto con la relación de causalidad entre el accionar del Estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños al órgano estatal. De modo que la falta de constatación de alguno de estos extremos, sella la suerte adversa de la imputación de responsabilidad estatal concretada en virtud del factor de atribución que estatuye el art. 1.112 del Código Civil -entonces vigente-, (v. fs. 529).
Compartió el criterio expuesto por el sentenciante de grado en cuanto desestimó la pretensión por falta de prueba de los perjuicios invocados, sin adentrarse en el análisis de la "irregularidad" o "antijuridicidad", endilgada por el actor al obrar estatal (v. fs. 529 y vta.).
Puntualizó que esta Corte ha conceptualizado a las "cuestiones esenciales" de la litis como aquellas de cuya concreta estimación depende el alcance del fallo a dictarse.
Por ello, no puede considerarse que el vacío de abordaje que denuncia el recurrente constituya una omisión esencial que importe una incongruencia por defecto en desmedro del principio de completitud de la sentencia (arg. arts. 168, Const. prov.; 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC; y doctr. de causas resueltas por la propia Cámara).
III.3. Por otra parte, recordó que el juez de grado, sostuvo que quien acusa la perdida de chance de percibir un resarcimiento, debe acreditar que existió de su parte intención de perseguir su cobro, lo que no ocurre cuando quien se pretende damnificado no llegó a emplazarse en la situación idónea para obtener la ganancia o evitar la pérdida.
En tal sentido, frente a lo regulado por los arts. 1.096, 1.101 y 3.982 bis del Código Civil entonces vigente, destacó como relevante que: el inicio de la acción civil no depende de que se inste la acción penal o de lo que se resuelva a posteriori en dicha sede, siendo posible únicamente en ciertos supuestos que el dictado de sentencia definitiva en sede civil se suspenda hasta la conclusión del proceso penal; que de no iniciarse la acción civil, ella prescribe por el transcurso del tiempo, y el inicio del plazo -por regla-, no depende de que exista condena penal; que conforme la interpretación jurisprudencial que esta Corte hiciera del art. 3.282 bis del Código Civil -texto anterior-, resulta causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción civil la constitución de la víctima como particular damnificado en el proceso penal, aunque no haya solicitado en esa sede la indemnización de los daños.
Explicó que en el caso la acción civil contra el autor del delito nació para la víctima, "...desde que [...] pudo reconocer a su agresor en la rueda de personas..." -con fecha 9 de junio de 2004- y -de otro- que al momento de resolverse la libre absolución de quien fuera sindicado como autor material del hecho delictivo generador de daños, 23 de abril de 2007, el aquí accionante "...no había iniciado pretensión civil alguna (sea en sede civil o en el mismo proceso penal)..." en su contra, "...ni se constituyó como particular damnificado...".
Con tales antecedentes, arribó a la conclusión de que al momento de dictarse el fallo absolutorio del señor Samuelli, mediaba para el señor Ferraro "...la imposibilidad de percibir la indemnización de manos de quien fue imputado como autor del delito", y ello merced a la prescripción de la acción operada a su respecto "...en el año 2006..." (v. fs. 530 y vta.).
En cuanto a esta parcela de la decisión, la Cámara señaló que el apelante al expresar agravios se limitó a reproducir argumentos anteriores ya propuestos y dirimidos por el juez de grado, sin hacerse cargo de las razones vertidas en la sentencia y sin aportar nada nuevo en las críticas argüidas, por lo que tal proceder es sancionado con la declaración de deserción de su embate (cfr. arts. 56 inc. 3, CCA, arg. art. 261, CPCC) lo que conlleva que la resolución atacada adquiera firmeza para él (v. fs. 531 vta.).
III.4. Finalmente en torno al rechazo del daño moral, destacó las precisiones del juez de grado, acerca de que, en la especie, no constituía un perjuicio in re ipsa . Añadió, que la prueba producida en el proceso no permitía determinar el grado de aflicción que el resultado absolutorio del proceso penal causó en el señor Ferraro. Si bien calificó como indicio de tal daño, los dichos de la perito psicóloga, acerca de que la impunidad del hecho, del que resultó lesionado, le hizo desarrollar mecanismos de evitación y negación de los acontecimientos, seguidamente advirtió que la misma profesional, se refirió al evento dañoso como un hito temporal a partir del cual, la víctima desarrolló esos mecanismos para sobreadaptarse a las nuevas circunstancias, pero no que las angustias o padecimientos tuvieren su origen en el resultado de la causa penal (v. fs. 532 vta.). A ese efecto, también destacó que la sugerencia de la experta sobre la realización de un tratamiento psicológico, responde a la necesidad de que el actor acepte la condición física con la que le toca vivir por las secuelas que el evento delictual le generó.
La Cámara, luego de diferenciar el daño psíquico del moral, sostuvo que, pese a que en el escrito de inicio se incluyó al primero en el segundo, el juez de primera instancia, lo excluyó al analizar su procedencia (v. fs. 534). Coincidió con el magistrado de grado acerca de que la procedencia de la condena indemnizatoria dependerá de la suficiente alegación que del menoscabo formule el reclamante y en base a ello resolvió que, respecto al daño moral denunciado, correspondía al interesado la carga de acreditarlo (v. fs. 534 vta.).
Frente a ello, pese a señalar que el recurrente en su escrito de agravios no expresó más que una mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, ponderó que el dictamen psicológico, permitía vislumbrar claramente que las derivaciones físicas y fisiológicas que el evento le acarreó al actor le produjo serios perjuicios psíquicos y morales; circunstancia que, en todo caso, sólo se acentúo ante el veredicto absolutorio. Extremo que, añadió, no resulta suficiente para tener configurado el agravio moral que denuncia haber sufrido porque el hecho quedó impune. Para más, agregó que a lo sumo se trataría sólo de un indicio sin vinculación con otros para poder formar convicción sobre el punto (v. fs. 536/537).
Concluyó que la cuestión litigiosa propuesta en la demanda en la que el accionante pretende responsabilizar a la demandada por la irregularidad del proceder policial verificado en la causa penal, no fue analizada, habida cuenta la falta de acreditación de otro de los extremos que se requieren para responsabilizar al Estado, en la especie, la acreditación del daño.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el recurrente denuncia violación al principio de congruencia, absurdo en la valoración de los hechos y prueba, y violación de la doctrina legal aplicable al caso.
IV.1. Sostiene que la Cámara efectuó el mismo análisis parcializado, que el juez de primera instancia respecto al planteo formulado en el escrito de inicio.
Insiste en que al no poder determinarse el o los autores del hecho delictivo, quedó imposibilitado de reclamar un resarcimiento a quienes cometieron el ilícito, ello, como consecuencia del ilegítimo proceder de los funcionarios policiales.
Esgrime que el hecho generador de responsabilidad es el irregular proceder de los funcionarios policiales en el contexto de la investigación penal preparatoria y no como lo interpretó la Cámara, por el presunto incumplimiento del deber genérico de seguridad (v. fs. 557/558).
Por ello, entiende incorrecto el encuadre que hizo el Tribunal de Alzada, para desestimar su reclamo, al exigirle que debió demandar civilmente al autor del hecho delictivo del que resultó víctima. Alega que tal requisito resultaba de imposible cumplimiento atento los términos del art. 1.103, del Código Civil, entonces vigente (v. fs. 558 y vta.).
IV.2. Por otro lado, denuncia absurda la conclusión de la Cámara, en cuanto desconoce que la pérdida de chance se configuró por el ilegítimo proceder policial que provocó -según el recurrente-, la imposibilidad de cualquier reclamo indemnizatorio respecto del señor Samuelli o de cualquier otra persona.
Igual reproche formula sobre la interpretación que hizo el Tribunal respecto a los términos en que fue planteado el reclamo. Añade en este punto, que no se demandó a la Provincia por incumplir el genérico deber de brindar seguridad, sino por la específica violación de los deberes que recaían sobre los funcionarios policiales que intervinieron en la instrucción penal preparatoria (v. fs. 560).
IV.3. Por último, denuncia vulnerada la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte, que presume el daño moral frente a una acción antijurídica. La que, en el caso, entiende, emana de la imposibilidad de reclamar el resarcimiento de parte del autor del delito a raíz del ilegítimo accionar policial (v. fs. 562 vta.).
V. Adelanto que el recurso no prospera.
En su discurrir el recurrente insiste en que la Cámara, interpretó erróneamente los términos en que el reclamo fue impetrado.
Arguye que no se demandó a la Provincia por incumplir el genérico deber de brindar seguridad, sino por la específica violación de los deberes que recaían sobre los funcionarios policiales que intervinieron en la instrucción penal preparatoria, que le frustraron la chance de obtener del autor del delito el resarcimiento integral de los daños que el hecho le causo.
V.1. De modo liminar, se impone recordar que la labor de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida en que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo o la violación del principio de congruencia (cfr. doctr. causas A. 70.790, "P., M.A.", sent. de 18-XII-2013; A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017 y A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018; e.o.)
Esta Corte ha puntualizado que la interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles con las constancias de la causa (doctr. causas C. 117.190, "Boscobel", sent. de 12-XI-2014; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016; A. 72.764 y A. 73.975, cits.)
La Cámara consideró que la sentencia de primera instancia se correspondió adecuadamente a la pretensión que constituyó el objeto del proceso -y a la oposición de la contraria en cuanto lo delimitó- observando adecuadamente el deber de congruencia impuesto a los magistrados. Añadió, en forma expresa, que compartía el criterio esbozado por el sentenciante de grado, en cuanto desestimó la pretensión por falta de prueba de los perjuicios invocados, sin analizar la irregularidad endilgada por el actor al obrar estatal (v. fs. 529 y vta.).
Frente a ello la recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en esta parcela del fallo de la Cámara que acrediten el vicio lógico que le endilga.
En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que solo exterioriza una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la decisión que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado -como lo es interpretar, en el caso, el contenido y alcance de las pretensiones formuladas en los escritos liminares del proceso-, discrepancia que resulta insuficiente para modificar, en este aspecto, el pronunciamiento atacado (causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-VI-2016 y C. 119.731, "Estorini", sent. de 15-XI-2016).
V.2. Tampoco resulta atendible el agravio vinculado con la pérdida de chance que alega le provocó el irregular proceder policial que, a su entender, generó la imposibilidad de reclamar una condena indemnizatoria de parte del señor Samuelli o de otro.
Al respecto la Cámara sostuvo que, el recurrente no esbozó ningún argumento tendiente a rebatir la conclusión del magistrado de grado en relación a que la chance de percibir aquel resarcimiento, no existía como tal, al tiempo de emitirse el veredicto absolutorio en la causa penal, en razón de que ya para entonces, la propia omisión del interesado condujo a que la eventual acción resarcitoria resultare alcanzada por los efectos de la prescripción liberatoria, al no haberse constituido, el señor Ferraro, en el rol de particular damnificado.
Tal circunstancia, reiteró la Cámara, desmiente de algún modo los efectos que luego le atribuye para reclamar de parte del Estado provincial la pérdida de chance que alega frustrada y el daño moral por la tutela judicial deficiente que también denuncia.
Sí como quedó expuesto, el Tribunal a quo , ponderó que el escrito de apelación, en este punto, padecía de insuficiencia, en los términos del art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial, por no rebatir el recurrente, de manera sólida los argumentos esbozados en la sentencia, interesa recordar que esta Corte ha sostenido en forma reiterada que la apreciación de la suficiencia del
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