Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75459
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.459, "Patiño, Cristian Facundo contra Municipalidad de San Fernando. Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Pettigiani, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó los recursos de apelación interpuestos por la actora y la demandada y confirmó el pronunciamiento de primera instancia por el cual se resolvió, por un lado, rechazar la pretensión anulatoria deducida y, por el otro, hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a la Municipalidad de San Fernando a abonarle al actor la suma equivalente al resarcimiento previsto en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, con intereses (v. fs. 361/377).
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 386/396). La Cámara actuante resolvió conceder el primero y denegar el segundo (v. fs. 398/399).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 402) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El actor promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de San Fernando solicitando la nulidad del decreto 1.075/12 y el pago de los salarios caídos desde la fecha en que se produjo el cese hasta el dictado de la sentencia.
Explicó que ingresó a trabajar en el municipio demandado en mayo del año 1995 prestando servicios en la Secretaría de Deportes, en la categoría 89, realizando tareas de mantenimiento en el balneario municipal. Agregó que con posterioridad organizó por muchos años torneos de fútbol bonaerenses, trabajando sábados y domingos y que luego compensaba con trabajo administrativo durante la semana cumplimentando así 60 horas semanales.
Señaló que durante los años 2003 y 2005 pasó a prestar tareas en el Cedec n° 1, realizando trabajos administrativos con funciones propias de un Director.
Manifestó que con posterioridad volvió a trabajar en el balneario municipal prestando las tareas originales de mantenimiento y reparación y que luego, por razones de servicio, lo transfirieron al polideportivo de la calle 19.
Relató que ante la inauguración del Cedec n° 2, empezó a realizar tareas allí, trabajando los sábados, domingos y feriados de 7 a 20 hs., mientras que en invierno lo hacía de 7 a 19 hs., teniendo una activa participación en las colonias de verano para los niños del distrito durante toda la temporada estival.
Continuó diciendo que en el mes de enero del año 2006 se produjo su ubicación en el nuevo escalafón municipal y pasó a desempeñarse en la categoría C1 Administrativo.
Por último, señaló que en el año 2011 se lo declaró incorporado a la planta permanente mediante el decreto 1.489/11.
Explicó que con el cambio de autoridades que se produjo en el distrito en el mes de diciembre del año 2011 comenzó una incertidumbre generalizada en el personal municipal que, en su caso y sin motivo alguno, culminó con el dictado del decreto 1.075/12 por el cual el Intendente municipal dispuso que no se renovaría el contrato que vencía el día 30 de junio de 2012.
Sostuvo que el decreto cuestionado adolece de vicios en la motivación y se refiere a un contrato que no existe.
I.2. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro resolvió, por un lado, rechazar la pretensión anulatoria interpuesta contra el decreto 1.075/12 y, por el otro, hacer lugar parcialmente a la demanda promovida, condenando a la Municipalidad de San Fernando a abonarle al actor la suma equivalente al resarcimiento previsto en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 (computando a esos efectos el período entre la designación del actor, el día 1 de mayo de 1995 según el decreto 30.514/95 del legajo personal, hasta su egreso, el día 30 de junio de 2012), con intereses (v. fs. 315/327).
Para así decidir destacó que había quedado suficientemente acreditado que el actor laboró en el municipio accionado como personal temporario, integrando dicha planta, conforme lo dispuesto por el art. 92 y siguientes de la ley 11.757.
Agregó que el decreto 2.782/11, que dejó sin efecto su incorporación a la planta permanente del municipio, fue emitido antes de que transcurriese el plazo previsto en al art. 7 de la ley 11.757, es decir, dentro del período de prueba.
De modo que quedó acreditado que hasta el dictado del decreto 1.489/11 el accionante se desempeñó como personal temporario, por lo tanto, resultaba inadmisible el argumento referido a la contabilización de la sumatoria de los distintos períodos por los que transitó en cada una de sus contrataciones, a los fines de obtener el derecho a la estabilidad, razón por la cual resolvió rechazar la pretensión anulatoria perseguida.
Despejada esa cuestión, destacó que en el caso de autos no podía soslayarse que desde la designación del actor desde el año 1995 y hasta la finalización del vínculo entre las partes –día 30 de junio de 2012- la actividad laboral del aquí accionante fue constante, concurriendo durante diecisiete (17) años en forma ininterrumpida a prestar servicios en el municipio demandado.
Sostuvo que la duración del vínculo que unió a las partes se revelaba inadecuada a la índole temporal o no permanente formalmente asignada a este tipo de empleos, caracterizados normativamente por ser de "plazo determinado", fundamentalmente, por cuanto la comuna accionada no explicó cuáles fueron los motivos por los que ese vínculo transitorio había debido extenderse por más de diecisiete (17) años. Infirió a su vez, de las declaraciones de los testigos, que las tareas desplegadas por el accionante no evidenciaban ribetes de estacionalidad, transitoriedad o excepcionalidad.
Concluyó que la utilización de un mecanismo de designación transitorio para mantener un empleo por diecisiete (17) años, constituía un ejercicio desproporcionado de las atribuciones conferidas al ente comunal y manifiestamente contrario a la exigencia de buena fe que debía guiar la actuación del Estado con sus agentes en el marco de una contratación administrativa (arg. arts. 103, decreto ley 7.647/70 y 1.198, Cód. Civ. entonces vigente).
En ese contexto y frente a tal arbitrariedad, consideró que surgía con claridad la responsabilidad estatal frente a los perjuicios ocasionados por su irregular actuación con la consecuente obligación de repararlos, por lo que el reclamo indemnizatorio debía prosperar. A los fines de establecer el importe de la indemnización mencionada, teniendo en cuenta que la legislación específica no contenía pautas concretas para el caso en examen, señaló que cabía apuntar a las directrices que otorgan -por analogía- una solución razonable y equitativa.
En ese orden, concluyó que correspondía condenar a la demandada a abonar al actor la suma equivalente al resarcimiento previsto en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 (computando a esos efectos el período desde la designación del actor como personal temporario de la Municipalidad de San Fernando, el día 1 de mayo de 1995 según el decreto 30.514/95 del legajo personal, hasta su egreso, el día 30 de junio de 2012), con intereses.
I.3. Contra esa sentencia la actora y la demandada dedujeron recursos de apelación (v. fs. 335/343 y 344/347, respectivamente).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó los recursos de apelación interpuestos por la actora y la demandada y confirmó el pronunciamiento de primera instancia (v. fs. 361/377).
En lo referente a los agravios esgrimidos por la parte actora, destacó que todas las críticas efectuadas durante el desarrollo argumental se centraban en afirmar que el decreto de cese resultaba nulo por haber citado -como fundamento- el vencimiento de un contrato que -a su entender- resultaba inexistente.
Sostuvo así que el argumento no resultaba de recibo por cuanto el decreto 2.872/11, que derogó -entre otros- el decreto 1.489/11 (por el que se dispuso el pase a planta permanente del actor), estableció su reubicación en el grupo, tramo y régimen laboral que detentaba, esto es, en la planta temporaria.
Agregó que al momento del dictado del decreto 1.075/12 -que comunicó la no renovación- el actor ya había vuelto a formar parte de la planta temporaria del municipio en cuestión.
En este marco de situación, señaló que no puede sostener el señor Patiño que el cese dispuesto resultaba ilegítimo por fundarse en un antecedente falso, cuando de las constancias reseñadas surgía con claridad la categoría que tenía asignada al momento del dictado del decreto 2.872/11 (de cuyo texto surgía la reubicación en la planta temporaria) y durante los seis meses siguientes hasta su cese (mediante decreto 1.072/12).
Señaló que tampoco cambiaba el criterio expuesto la situación de que el actor fue designado en planta permanente, ya que no había demostrado haber adquirido la estabilidad en el mismo.
Sostuvo que las circunstancias comprobadas de la causa revelaban que mediante el decreto 1.482/11 –el día 8 de julio de 2011- el demandante fue nombrado juntamente con otros agentes en la planta permanente del municipio. La nueva administración, el día 19 de diciembre de 2011, dejó sin efecto las citadas designaciones, fundando su determinación en que la decisión política de pase a planta permanente de una gran cantidad de agentes municipales en el mes de julio de 2011 carecía de adecuada fundamentación máxime cuando en la mayoría de los casos los agentes se habían desempeñado varios años en la planta temporaria. Asimismo, el mencionado decreto tuvo en cuenta que la reubicación de los agentes en la planta permanente de la estructura municipal -habiéndose producido el cambio de gobierno el día 10 de diciembre de 2011- generaba una seria dificultad y condicionaba a la nueva gestion a ratificar a quienes no habían tenido oportunidad de evaluar en evidente desmedro del ejercicio de la función administrativa. En esa línea de pensamiento, se manifestó que el periodo que restaba para que los agentes adquirieran estabilidad conforme al art. 7 de la ley 11.757, resultaba exiguo para evaluar las capacidades y condiciones de los agentes en cuestión. Por último, consideró el dictamen de la Asesoría Letrada municipal de fecha 16 de diciembre de 2011; todo ello teniendo en cuenta las atribuciones otorgadas por el art. 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Concluyó que lo expuesto descartaba de plano el supuesto de ausencia de motivación aducido por el impugnante.
I.5. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, el actor interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 386/396). La Cámara actuante resolvió conceder el primero y denegar el segundo (v. fs. 398/399).
En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, alegó que la sentencia del Tribunal de Alzada violó lo dispuesto por la ley 11.757, en la que se establecen las diferentes categorías por las que se puede vincular a un trabajador, por cuanto al vencimiento del contrato temporario con fecha 30 de junio de 2011, y luego revocarse su pase a planta permanente y no establecerse un nuevo contrato, quedó sin relación laboral.
Planteó la ilegitimidad del argumento sostenido en la sentencia impugnada mediante el que se consideró que al revocarse su pase a planta permanente se dispuso su reubicación en el grupo, tramo y régimen laboral que detentaba con anterioridad.
Alegó la nulidad del decreto 1.075/12 por ausencia de motivación y poseer un objeto inexistente.
Por último, denunció la violación de la Constitución nacional y Tratados internacionales.
II. El recurso no prospera.
Esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (causas Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; C. 100.718, sent. de 25-II-2009; C. 95.790, sent. de 23-XII-2009; C. 78.278, sent. de 18-VIII-2010; C. 100.285, sent. de 14-IX-2011; e.o.).
Así, es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. doctr. causas Ac. 70.613, "Fortuna", sent. de 17-VIII-2011; Ac. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; Ac. 71.152, "Formoso", sent. de 12-IX-2012; e.o.), dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas Ac. 91.522, sent. de 15-III-2006; Ac. 90.916, sent. de 28-VI-2006; A. 70.136, "Trillo", sent. de 21-IV-2010; e.o.).
Para resolver el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que al momento del dictado del decreto 1.075/12, que comunicó la no renovación del contrato, el actor ya había vuelto a formar parte de la planta temporaria del municipi. En este marco de situación, consideró que no podía sostenerse que el cese dispuesto resultaba ilegítimo por fundarse en un antecedente falso, cuando de las constancias reseñadas surgía con claridad la categoría que ocupaba al momento del dictado del decreto 2.872/11 (de cuyo texto surgía la reubicación en la planta temporaria) y durante los seis meses siguientes hasta su cese (mediante decreto 1.072/12).
En tal sentido concluyó que el decreto 2.872/11, que derogó -entre otros- el decreto 1.489/11 (por el que se dispuso el pase a planta permanente del actor), estableció su reubicación en el grupo, tramo y régimen laboral que detentaba, esto es, en la planta temporaria.
Consideró entonces infundadas las objeciones del actor, situación que no se modificaba frente a su designación en un cargo de planta permanente, en tanto no había demostrado haber adquirido estabilidad en él.
Frente a ello, el recurrente reproduce ante esta sede consideraciones que guardan identidad con las esgrimidas en la instancia de apelación ordinaria, reiterando que el decreto de cese resultaba nulo por haber citado como fundamento el vencimiento de un contrato que, a su entender, era inexistente, planteo que, además de haber tenido una adecuada respuesta por parte del a quo, lejos está de patentizar los yerros que se le atribuyen al fallo recurrido.
Es insuficiente, para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (cfr. causas L. 102.577, "Lanzavecchia", sent. de 8-IX-2010 y A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012), en tanto la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (cfr. doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016 y A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016).
En tal sentido, quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016 y A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018), tal como acontece en la especie.
Por lo demás, ha dicho esta Corte que para cumplir con la carga establecida por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es indispensable indicar claramente aquellas disposiciones legales que hacen al sentido de la decisión cuestionada, rebatiendo adecuadamente los argumentos del juzgador, sin que la mención genérica de que se han quebrantado ciertas garantías constitucionales pueda concurrir para salvar una deficiente formulación del recurso (conf. causas Ac. 90.628, sent. de 31-VIII-2005 y C. 116.411, "Quetglas", sent. de 5-VI-2013).
III. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2020 12:25:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2020 21:06:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 11:05:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2020 14:05:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 09:25:29 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia