Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75160
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.160, "V., A. A. y Otra c/ Clínica Privada Provincial S.A y Otro s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín revocó la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la demanda (v. fs. 1.231/1.262 vta.).
Se interpuso, por el letrado apoderado de la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.289/1.308 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 1.320/1.331), dictada la providencia de autos (v. fs. 1.332) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Las presentes actuaciones fueron iniciadas por los actores, C. N. C. y A. A. V., por su propio derecho y en representación de su hija menor edad M. P. V., contra el Hospital Zonal General de Agudos "Héroes de Malvinas" y contra la Clínica Privada Provincial S.A., con el objeto de obtener la reparación de los daños causados con motivo de la atención médica que le brindaron a la menor.
Al promover la demanda los actores, relataron que el 20 de enero de 2005, la señora C. fue atendida en la Guardia del Hospital Héroes de Malvinas, donde se le realizó una cesárea de la que nacieron las niñas M. P. y M. V. V., antes de la fecha prevista de parto, con bajo peso, motivo por el cual debieron permanecer en incubadora y ser sometidas a un procedimiento de oxigenoterapia hasta el día 3 de febrero de 2005 en que fueron trasladadas a través de su obra social a la Clínica Privada Provincial S.A. Afirman que, en el caso de P., el suministro de oxígeno no contó con el adecuado monitoreo, y que tampoco se le realizaron los controles pertinentes para detectar y en su caso evitar la fibroplasia en su grado más grave que se tradujo en ceguera en ambos ojos.
I.1. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda condenando solidariamente a las accionadas. Para ello tuvo en cuenta las conclusiones del dictamen pericial médico pediátrico realizado por la doctora Rizzo, agregada a fs. 767/810 y la respuesta a las observaciones brindadas a fs. 879/881, en las que sostuvo que la fibroplasia retrolental que padece la menor M. P., es una secuela irreversible por haber presentado retinopatía del prematuro en su grado más avanzado. Indicó que la frecuencia con la que la nombrada fue controlada a través de los estados ácido base que detalla, en un total de diez ocasiones, se realizaron en forma irregular, a la vez que destacó que en el año 2005 ya existía un sensor dérmico continuo que permitía conocer el nivel de oxígeno en sangre de manera constante (v. fs. 1.039 apdo. g.).
Destacó los dichos de la experta respecto a que, tanto la hipoxia como la hiperoxia, que se produce al oscilar la saturación de oxígeno entre el 92% y el 100% son potencialmente peligrosas, produciendo una alteración del tono vascular de la retina en recién nacidos inmaduros, que obliga a monitorearlos en forma permanente, hasta la octava semana de vida posnatal, conforme normas vigentes desde el año 2004. Puso de relieve que según las "Recomendaciones para la Pesquisa de Retinopatía de Prematuros", elaboradas por el Centro de Estudios Fetoneonatales, la menor P., debió ser evaluada oftalmológicamente en el hospital, circunstancia de la que no existen constancias documentadas que den cuenta de su realización (v. fs. 1.039 vta.).
También evaluó que al contestar las preguntas de la representación del Hospital, la experta señaló que ambas gemelas recibieron oxígeno al 100% de concentración, y que P., luego desarrolló la Enfermedad Membrana Hialina que obligó clínicamente a ingresarle el respirador mecánico durante cinco días (v. respuesta al punto 3) sin que ello fuese óbice conforme la respuesta dada en el punto 8) para llevar a cabo el primer control oftalmológico, que insistió, debió hacérsele al nacer o como máximo 48 horas después, dentro de la institución hospitalaria (v. respuesta al punto 12). Examen que reiteró, no consta en la historia clínica. De tal modo, concluyó la experta que, durante la estadía en el Hospital, la menor P., permaneció todo el tiempo en incubadora con oxígeno a altas concentraciones saturando por encima del 92% que era el máximo aconsejable.
Añadió que el estudio oftalmológico llevado a cabo por la doctora Turovetzky, resulto coincidente en lo sustancial con el dictamen antes referido; así, señaló que la menor padece una ceguera bilateral, con desprendimiento total de la retina que resulta inoperable. Indicó que, si bien era imprescindible el suministro de oxígeno a los nacidos pretérmino, igualmente imprescindible resultaba su constante monitoreo, para evitar variaciones bruscas en la saturación de este, que en el caso de P. osciló entre 87% y 99% conforme su historia clínica, porcentajes que como dijo también la experta en pediatría, excedieron los parámetros de alarma -ver fs. 843-, (v. fs. 1.040). También evaluó que, según esta profesional, los controles deben llevarse a cabo en la cuarta semana luego del nacimiento o en la semana 32 de edad gestacional -lo que ocurra primero- (v. fs. 844 ratificado a fs. 845).
Advirtió así, que las dos profesionales fueron contestes en señalar la omisión de llevar a cabo los controles de saturación de oxígeno y oftalmológicos que impidieron un diagnóstico precoz de la patología y el consecuente tratamiento de lo que resultaría a la postre la retinopatía que padece P., con una ceguera total de ambos ojos.
A continuación, analizó la responsabilidad atribuida a la Clínica Privada Provincial S.A., donde fueron derivadas las menores. En este punto meritó, que la pericia pediátrica indicó que P., en ocasión de su ingreso presentaba falta de vascularización, y que frente a ello los controles posteriores no se correspondieron con las normas de prevención aplicables, que frente a este resultado imponía la necesidad de llevar a cabo un seguimiento estricto hasta la semana 43, a fin de detectar precozmente la patología que generó la ceguera total de la menor. A ello añadió, por un lado, que la médica interviniente, doctora Taboada, en sus informes indicaba que la menor no presentaba Retinopatía, sumado a la ausencia de toda indicación al momento del alta, sobre futuros controles, de todo lo cual da cuenta la propia historia clínica.
Dejó para el final el análisis de la relación causal entre la ceguera de P. y las omisiones señaladas. Apreció con sustento en las pericias llevadas a cabo que si bien la menor había sido una paciente de riesgo por su nacimiento pretérmino y su bajo peso, que había generado la necesidad ineludible de aplicarle oxígeno, ambas expertas fueron contestes en indicar la vigencia de un protocolo de seguimiento para estos casos a fin de prevenir la ceguera en la infancia por retinopatía del prematuro, elaborada por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y adoptado por la resolución 26/03 de mayo de 2003 del Ministerio de Salud de la Nación, que disponía los mecanismos a seguir en supuestos como el de autos en aras de evitar esta patología. Normas que fueron ignoradas por los diversos profesionales que atendieron a la menor.
Por último, ponderó que ambas especialistas coincidieron en señalar que los profesionales que asistieron a la menor, omitieron informar debidamente a los padres, sobre la patología en cuestión y la importancia de su seguimiento para evitar que la fibroplasia retrolental resulte irreversible.
En base a lo expuesto, tuvo por acreditada la relación de causalidad entre las omisiones reseñadas y el resultado final de la ceguera de M. P., y responsabilizó en forma solidaria al hospital público y a la clínica privada por el funcionamiento deficiente del sistema de salud y por el accionar irregular de los profesionales dependientes de esta última, con fundamento en los arts. 1.112 y 1.113, respectivamente, del Código Civil -ley 340-.
I.2. Contra ese decisorio, en lo que aquí interesa las codemandadas interpusieron recurso de apelación (v. fs.1.061/1.068 y 1.070/1.074).
II. Presentados los recursos, la Cámara interviniente, previo a resolver, a fs. 1.126/1.127 estimó necesario el dictado de una medida para mejor proveer consistente en la realización de una pericia complementaria, la que fue llevada a cabo por la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de La Plata, suscripta por la doctora Picone, especialista en pediatría y neonatología (v. fs. 1.197/1.203) y, con sustento en ella, rechazó la demanda en su totalidad (v. fs. 1.231/1.262 vta.)
Para así decidir sostuvo que la prueba rendida en la causa no resultaba convincente para acreditar que la retinopatía del prematuro que padeció la menor M. P. V. y que le ocasionó la ceguera bilateral, se haya producido por la mala praxis conjunta de las codemandadas Provincia de Buenos Aires y Clínica Privada Provincial S.A. en la atención posterior a su nacimiento pretérmino.
Añadió que el resultado del pleito llegó definido por la falta de prueba respecto a la vinculación causal de los daños con las omisiones achacadas a las demandadas en el tratamiento médico brindado a la niña.
En base a la pericia de la asesoría departamental el tribunal evaluó que, se trata de una enfermedad multifactorial, de difícil prevención, y que por ello el examen oftalmológico de rutina durante la hospitalización y al momento del alta en todo recién nacido de muy bajo peso resulta fundamental a fin de detectarla. Agregó que el compromiso visual que presentaba la menor obedecía a antecedentes de prematurez y falta de controles ambulatorios oportunos por especialistas en oftalmología pediátrica, pero sin que pueda establecerse a ciencia cierta cuál hubiese sido la evolución de haber recibido algún otro tratamiento.
Justificó apartarse de las conclusiones de las pericias pediátricas y oftalmológicas porque ambas expertas ponderaron los niveles de oxígeno con las constancias de fs. 481/482 que se corresponden con la copia certificada de la historia clínica n° 157.404, perteneciente a M. V. V., identificada como C. I y no con la perteneciente a la menor que aquí litiga. Indicó que en el mismo error incurrió la perito oftalmóloga, al tomar también como valores de oxigenación los obrantes a fs. 481/484, y señalar a fs. 846 y 859 a M. V. como Primera Gemelar o Gemelar I, y a fs. 870 referirse del mismo modo en relación a M. P..
Consideró que tales confusiones entre una niña y la otra constituían graves y sustanciales errores, suficientes para descalificar los dictámenes presentados, no obstante apuntar que dichas irregularidades bien pudieron ser subsanadas de haber formulado los accionados interesados el pedido de aclaraciones pertinente.
Argumentó que tales anomalías fueron las que motivaron la decisión de ordenar la pericia complementaria, a fin de esclarecer la verdad de los hechos controvertidos.
Expuso que esta Corte ha sostenido que en los casos donde se controvierte la praxis médica, la historia clínica reviste capital importancia porque su confección se va desarrollando a medida que ocurren los acontecimientos que involucran al paciente, registrándose en ella una totalidad sucesiva de aconteceres que facilitarán luego, a quien la analice con ojo crítico, discernir con claridad tanto el fundamento científico de la asistencia brindada como el cabal cumplimiento de los deberes inherentes a la profesión ejercida.
Concluyó que, no obstante, las irregularidades acontecidas en el Hospital Provincial "Héroes de Malvinas", vinculadas con el control adecuado de los niveles de oxígeno proporcionado a la menor y la omisión de efectuar el examen oftalmológico correspondiente, éstas resultaban insuficientes para responsabilizar a la Provincia demandada, frente a los múltiples factores de riesgo que presentaba la recién nacida (prematurez, bajo peso, sepsis, hipoxia, hiperoxia, acidosis, asistencia respiratoria mecánica y enfermedad de membrana hialina), que impedían atribuirle un rol preponderante al suministro de oxígeno como causa adecuada de la patología desarrollada (v. fs. 1.260, cons. 19°).
En relación a la atención brindada en la Clínica Privada Provincial S.A., sostuvo que la historia clínica allí confeccionada daba cuenta de que a M. P. le efectuaron varios controles oftalmológicos hasta el momento mismo del alta médica, sin que se constataran signos de retinopatía. Sostuvo que, pese a que al momento de otorgarse el alta médica no se indicó el seguimiento que debía hacerse en adelante, la invocada falta de información suficiente, cedía frente a la prescripción anotada en la hoja de epicrisis acompañada por los propios actores con la demanda, en la que figura anotado "control de retina en un mes". A ello agregó que, a pesar de que en dicha constancia no se consignó el nombre de la menor, sino sólo el apellido de ambos padres, se registró el grupo sanguíneo de la niña (A rh positivo), dato que puntualizó, permitía relacionarla con la paciente en cuestión, M. P. V. -conforme considerando 15° punto "B", apartado i; punto "C", apartado iv; y punto "D" de fs. 1.251 vta./1.252- (v. fs. 1.260 vta.).
Por último, argumentó que la única constancia que daba cuenta de un primer examen oftalmológico posegreso de la clínica codemandada y de la patología en el grado más avanzado (Fibroplasia Retrolental), es de un instituto de diagnóstico ajeno a aquella de fecha 18 de abril de 2005, esto es, a casi dos meses del alta de la menor (crf. cons. 15°, pto. "E", v. fs. 1.252), cuando ni durante la internación ni al momento del egreso se había asentado en la historia clínica la presencia de signos de la afección aludida, siquiera en un estadio precoz (v. fs. 1.260 vta.).
Estimó así, a diferencia de la instancia de grado, que los elementos probatorios producidos en la causa resultaban insuficientes para tener por acreditada la relación de causalidad entre los hechos atribuidos a los codemandados y el daño efectivamente padecido por la menor.
III. Contra dicho pronunciamiento el apoderado de la parte actora, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de lo dispuesto por los arts. 163 inc. 5, 375, 384, 473 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 512, 902 y 1.109 del Código Civil y 18 de la Constitución nacional; denuncia además absurdo en el tratamiento de los hechos y apreciación de la prueba.
Sucintamente los vicios que endilga al fallo en crisis son: a) desconocimiento de la presunción contraria que generan las falencias en la confección de la historia clínica respecto de los profesionales involucrados; b) violación de la doctrina de esta Corte sobre la carga dinámica de la prueba que impera en la materia; c) ausencia de argumentación para apartarse de los dictámenes periciales y; d) violación al principio de congruencia por desvirtuar el contenido y conclusiones de las pericias realizadas en la causa sin base científica suficiente.
Afirma que la Cámara le asignó a las historias clínicas el valor de plena prueba, sin considerar las deficiencias puestas de manifiesto tanto por las peritos pediatra y oftalmóloga en oportunidad de presentar sus dictámenes, en relación a la falta de precisión al identificar a las gemelas, como así también al señalar las inconsistencias que existían entre la historia clínica acompañada por la Clínica Privada al contestar demanda y la copia simple con la que contaba la familia V., y que fue adjuntada con la demanda, -en particular, la constancia inserta a la fecha del alta respecto al último control oftalmológico realizado el 25 de febrero de 2005 (v. fs. 54, 558 vta. y 1.292 y vta.).
Señala que iguales reproches formuló en oportunidad de contestar el traslado sobre los registros informáticos acompañados por la Clínica Privada Provincial S.A., en el marco de la medida para mejor proveer, dispuesta por el tribunal, pues en éstos constaba el último control oftalmológico realizado el 23 de febrero de 2005.
Puntualizó que en dichos registros médicos no obraba ninguna indicación sobre el control de la menor luego de la externación, pese a tratarse de una paciente de riesgo.
Cuestiona por absurda la ponderación efectuada por la Cámara, en el considerando 15° "C" i, iv apartado "D", "G", i, ii, sobre la epicrisis, obrante a fs. 38, en la que se asentó sin más "retina en un mes", como elemento demostrativo de que los galenos indicaron que P. debía ser controlada oftalmológicamente. Cuando, en rigor, en tal documento no hay ninguna referencia a cuál de las gemelas corresponde.
Sostiene que tales circunstancias, no hacen más que reafirmar la existencia de irregularidades en los registros médicos, confeccionados en la Clínica Privada Provincial S.A., que el Tribunal de Alzada desconoció, pese a la observación de las expertas de la causa (v. fs. 1.294 y vta.).
Señala que la pericia complementaria realizada por la Asesoría Pericial de La Plata, indicó al igual que las ya producidas, que en los casos de niños prematuros y de bajo peso al externarse debe indicárseles un control a las 48 o 72 horas para verificar su progresión de peso, además de las derivaciones con otros especialistas según las necesidades del paciente (v. fs. 1.295). Extremos de los que no había ninguna constancia.
Entiende que la Cámara vulneró la doctrina legal de este Tribunal para los casos en que se controvierte la responsabilidad médica, donde cobra vital importancia la producción de prueba compartida que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo.
Con igual temperamento sostiene que las omisiones en los registros médicos debieron operar como una presunción en contra de los galenos que tuvieron a su cargo la salud de la niña. Ello, sumado al deber de demostrar la ruptura del nexo causal entre su accionar y el daño pues son quienes se encuentran en mejores condiciones de informar con precisión y en detalle el proceder al cual fue sometida la paciente.
Por otra parte, afirma que la Cámara se apartó de las conclusiones de las pericias llevadas a cabo en la causa, sobre la base de la irregularidad de nombrar gemelar I o II a la niña equivocada, al tiempo que prescinde de esta misma irregularidad, para ponderar las historias clínicas.
Considera así, que es incongruente el fallo que afirmó que los registros médicos de la menor labrados en la Clínica Privada Provincial S.A., no fueron cuestionados por las partes, y de los que surge la realización de varios y frecuentes controles oftalmológicos hasta el momento del alta, en los que se consignó que no había signos de retinopatía. Ello no se corresponde con la realidad de lo acontecido, pues su parte cuestionó tales registros en ocasión de contestar el traslado de la prueba documental adjuntada por la Clínica.
Finalmente, sostiene que la Cámara incurrió en absurdo al desacreditar la relación causal entre el daño, la ceguera total de P. y el obrar médico.
Concluye que ambas pericias son coincidentes en relación a que a ambas gemelas se les suministró oxigeno por encima de los valores adecuados a su peso y edad gestacional, y que no se lo controló debidamente, circunstancia que incrementó el riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro (ROP) y que, precisamente por tratarse de una enfermedad multifactorial, adquieren tanta importancia la prematurez como la oxigenación por encima de los niveles adecuados (v. fs. 104 vta.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.