Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75822
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la queja traída y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad, el que se concede (arts. 296 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 1790).
II. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 168, Const. pcial; 296, CPCC; 31 bis, ley 5827), con costas a la parte recurrente (art. 31, ley 14.967).
III. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.822 "SILVENTE JOSE ANTONIO Y OT. C/ MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY Y SU ACUM. Q. 75.755 SILVENTE JOSE ANTONIO Y OT. C/ MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR.(NULIDAD)"
La Plata, 11 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, rechazó el recurso de apelación intentado por los accionantes y confirmó lo resuelto por la jueza de grado que, a su turno, desestimó la demanda intentada por José Antonio Silvente e Hilda Inés Arce contra la Municipalidad de Cañuelas (v. fs. 345/352vta.).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada, en un meduloso fallo, ingresó al tratamiento de cada uno de los agravios expuestos por los accionantes en su recurso de apelación.
Así, sostuvo que "(…)conforme los elementos probatorios de autos, no puede desprenderse derecho alguno de los actores a ser mantenidos en el tiempo sine die en tal situación, ni la exigencia de recaudos formales allende los modos habituales de exteriorización de la voluntad del Estado para disponer la desocupación del predio, ni tampoco, la procedencia de una indemnización por el cambio de condiciones o por el cese de tal función que no se refleja en los registros ni de la demandada (v. pericial contable, cuaderno de prueba de la parte actora fs. 390vta. y fs. 407), ni en los registros del IPS que los mantiene activos dentro de la planta permanente de la comuna (cuaderno de la demandada fs. 166), sin variable en el escalafón de cada uno de los actores."
Señaló que a partir de las circunstancias fácticas documentadas en la causa, no se puede considerar demostrado que la decisión de intimar la desocupación del inmueble "denote un ejercicio abusivo de las prerrogativas estatales sobre un inmueble de su dominio, pues se llevó adelante en el marco de un acuerdo con la Dirección General de Escuelas (Ordenanza n° 2034 del 27/10/04; disp. n° 316/06 del Cuerpo de Consejeros Escolares de Cañuelas fs. 77), descartándose así la ausencia de motivación del cambio de destino del bien, y la vulneración de derecho alguno de los actores al mantenimiento del uso sobre la vivienda."
De tal modo fue, punto por punto, desestimando cada uno de los agravios, como lo referente a las horas extras y/o tareas adicionales, o el reclamo por mejoras en la vivienda y mantenimiento, ya que "a tenor del complejo probatorio valorado por el a quo , a la luz de las reglas de la sana crítica", consideró también que debía rechazar los agravios esbozados en subsidio, con fundamento en la figura del enriquecimiento sin causa (v. consid. 3, fs. 297vta.).
También confirmó el rechazo del daño moral y psicológico, resultando insuficientes los agravios de la recurrente para torcer el rumbo de la sentencia de grado, al sostener que la jueza de primera instancia "ha realizado una tasación de la prueba conforme con el principio de la sana crítica, es decir, con patrones jurídicos y máximas de experiencia que determinan libremente su juicio, habiendo valorado las probanzas colectadas a lo largo del juicio, y que fueran expresamente referidas por el a quo en su pronunciamiento."
Finalmente, en relación a la postura de la parte actora, en tanto alegó aplicable al caso de autos el régimen previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, señaló que la relación de empleo no se desarrolló bajo el régimen del derecho privado, razón por la cual, la solución debe buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo, en consecuencia, tampoco prosperó ese agravio en cuanto a la imposición de costas en el orden causado.
II. Frente a lo así decidido, la parte actora dedujo recursos de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. escrito electrónico de fecha 16-XI-2018), siendo concedido el primero y denegado el segundo –por encontrarse la cuestión que se dice omitida, desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia- (v. fs. 357/358), lo que motivó la queja deducida a fs. 398/402vta.
II.1. Pasando a analizar el recurso de queja deducido, cabe aclarar que las consideraciones vertidas por la Cámara para fundar la denegación de la concesión del recurso, exceden el límite de las facultades que le otorga el artículo 281 del Código Procesal Civil y Comercial con relación al examen de las condiciones formales de admisibilidad, al incursionar en materia que es privativa de esta Suprema Corte (doctr. causas A. 73.752, "Pardo S.A.", resol. de 12-VIII-2015; Q. 73.907, "Banco", resol. de 11-V-2016 y Q. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018).
En consecuencia, hallándose reunidos los requisitos de admisibilidad del recurso de nulidad deducido (arts. 296 y 297, CPCC), corresponde admitir la queja traída y conceder la mencionada vía impugnativa (art. 292, cit. y Acordada 1790).
II.2. No obstante lo señalado, ingresando ahora al análisis de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia, la misma sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (conf. doctr. causas A. 73.031, "Prieto", resol. de 16-VII-2014; A. 74.956, "Di Francisco", resol. de 8-XI-2017; A. 71.821, "Luna", sent. de 6-XII-2017 y A. 75.279, "Odisa", resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, "Cornejo", resol. de 10-X-2018).
En la impugnación en abordaje, los actores aducen que la sentencia es nula pues sostienen que la Cámara omitió expedirse sobre el agravio atinente al erróneo encuadre e interpretación de las pretensiones efectuadas en la demanda, vinculados al restablecimiento o reconocimiento pleno de los derechos de los actores en cuanto a sus condiciones laborales previas –con suministro de vivienda-, así como la impugnación o anulación de la decisión irregular de prescindir un cargo o función sin acto administrativo.
Al respecto, cabe recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del fallo no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de tratamiento de una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del tribunal y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas A. 73.443, "Bentaberry", resol. de 17-XII-2014; A. 71.558, "Gonzalez", sent. de 4-VIII-2016 y A. 74.732, "Gonzalez", resol. de 28-VI-2017).
En autos no se advierte la trasgresión denunciada, desde que los agravios fueron expresamente tratados por el Tribunal de Alzada, solo que en sentido desfavorable a los intereses de los recurrentes.
Para más, el embate deducido deviene improcedente pues, de la simple lectura del escrito impugnativo se advierte que -bajo el aparente reproche de omisa consideración de cuestiones esenciales y la violación del principio de congruencia- la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo cómo el órgano de grado abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (doctr. causas A. 70.823, "Gómez", sent. de 4-V-2016; A. 71.821, "Luna", sent. de 6-XII-2017; A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018).
Cabe destacar, que tampoco merece acogida la aducida vulneración al principio de congruencia, toda vez que la misma se erige como un ataque impropio de este medio revisor y por tanto, deviene inabordable (doctr. causas A. 74.227, "Buiani", resol. de 29-VI-2016; A. 74.354, "Golfer's Country Club Asoc. Civil", resol. de 19-X-2016; A. 74.733, "Mendía", resol. de 28-VI-2017).
III.1. Pasando ahora al tratamiento del recurso de inaplicabilidad de ley, el mismo tampoco prospera.
Los accionantes fundamentan sus agravios con base en que el decisorio impugnado realiza una aplicación contraria o errónea, denunciando en consecuencia la violación de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; art. 39 de la Constitución provincial; arts. 375, 384, 386, 474 y ccdtes. del CPCC; arts. 77 y ccdtes. del CCA; de los arts. 499, 907, 1109, 1112 y ccdtes. del Código Civil -Ley 340, actualmente derogado- y arts. 9, 14 y 24 de la ley 11.757 (actualmente derogada). Asimismo, denuncian que el fallo de la Cámara incurrió en absurdo e incongruencia en la apreciación probatoria y también se agravian de la pretendida violación a doctrina legal de este Tribunal.
Discurren a través de afirmaciones vinculadas al supuesto menosprecio y/o subvaloración sobre lo que "surge de la prueba testifical, lo cual da cuenta de las tareas y funciones desplegadas por los actores durante años, claramente en exceso de una jornada laboral, incluso días no laborables administrativos, que los mismos realizaron erogaciones de su propio peculio, así como el obrar de la demandada al disponer su cese en funciones y orden de desalojo causó graves perjuicios, en especial frente a la comunidad de Cañuelas en virtud de la exposición del conflicto ante los medios de comunicación (lo cual es abonado con prueba documental e informativa)".
III.2. Todo ello, en tanto típicas cuestiones de hecho, son privativas de los jueces de grado, por tanto ajenas a la competencia extraordinaria de este Tribunal, a menos que se alegue y demuestre la trasgresión a las reglas de derecho que regulan esa interpretación; o que sea producto de una apreciación o razonamiento absurdo. Todas situaciones que aquí no se verifican, es que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis , no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto del que se derivan conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (A. 74.518, "Ciancio", sent. de 10-IV-2019).
Por otro lado, la mera denuncia de arbitrariedad no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (conf. causas A. 71.581, "Barrios" y A. 71.673, "Agresti", ambas sents. de 15-X-2014; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, e.o.).
III.3. Por su parte el agravio referido a la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte también debe ser desestimado, atento a su deficiente postulación.
En efecto, si bien los recurrentes han individualizado algunos precedentes de este Tribunal, lo cierto es que no se han detenido a explicar de qué modo se ha violado la doctrina que de éstos emana, ni cuales han sido concretamente las circunstancias de hecho en las cuales se pronunció en cada uno de ellos y que hacen de dichos supuestos uno análogo al presente.
Como tiene resuelto esta Suprema Corte, sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar (conf. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. del 5-XI-2008; A. 71.852, "Bitar", sent. del 20-V-2015), situación ausente en el recurso en análisis.
Asimismo, es dable recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. del 29-II-2012; A. 70.553, "Ginnetty", sent. del 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. del 6-XI-2013).
III.4. Finalmente, la mención genérica que se formula en el recurso referida a la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la alusión a principios contenidos en la Constitución nacional y en la provincial, no tiene eficacia si no se expresa claramente de que manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación constitucional, extremo que tampoco se verifica en el sub examine (conf. doctr. causas A. 71.500, "Minho", sent. de 27-VI-2012; A. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. de 4-VIII-2016, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Hacer lugar a la queja traída y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad, el que se concede (arts. 296 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 1790).
II. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 168, Const. pcial; 296, CPCC; 31 bis, ley 5827), con costas a la parte recurrente (art. 31, ley 14.967).
III. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ge-So-Ko
Reg. Nº 50
Fin de la sentencia