Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70603
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 298 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.603, "Rolón, Hermelinda c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria , Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, integrada con magistrados del fuero Civil y Comercial, modificó la sentencia de fecha 4 de octubre de 2007 dictada por la jueza de primera instancia, en cuanto al monto resarcitorio del daño patrimonial causado a la demandante por la muerte de su cónyuge, incrementándolo a setecientos mil pesos ($700.000) y confirmando el importe de cien mil pesos ($100.000) como indemnización del agravio moral.
Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 299/307).
Dictada la providencia de autos, glosado el memorial presentado por la demandada obrante a fs. 248/250, oída la señora Procuradora General, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que al recurso interesa, la señora Hermelinda Rolón interpuso demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Plata solicitando el reconocimiento de una suma en concepto de indemnización por la muerte de su esposo producida en momentos en que, encontrándose en el interior de su automóvil en el Paseo del Bosque de esa ciudad, se desplomó un árbol de dieciocho metros de altura sobre el vehículo.
La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2, el 4 de octubre de 2007 -en sentencia obrante a fs. 153/167- hizo lugar a la pretensión indemnizatoria actoral condenando a la Municipalidad de La Plata a pagar la suma de ciento cincuenta y tres mil ciento noventa y dos pesos ($153.192) en concepto de reparación del daño emergente (gasto de tasa y sellados, gastos de sepelio, gastos médicos), valor vida ($50.000), lucro cesante ($432), daño moral ($100.000) y daño psíquico ($1.400).
II. El 4 de junio de 2009 la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso interpuesto por la actora y, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, modificando la sentencia apelada reduciendo la cuantía indemnizatoria a la suma de ciento tres mil ciento noventa y dos pesos ($103.192) e impuso las costas del proceso por su orden (v. fs. 205/214).
III. Contra dicha sentencia se alzó la accionante mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, al que esta Corte hizo lugar dejando sin efecto los montos resarcitorios correspondientes al valor vida y al agravio moral, disponiendo que la Cámara -debidamente integrada- fije los importes indemnizatorios con arreglo a las pautas esbozadas por la magistrada de primera instancia (v. fs. 252/270).
IV. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, integrada con los magistrados Carlos Tenreyro Anaya y Alejandro Torre, modificó la anterior sentencia en cuanto al monto resarcitorio del daño patrimonial causado a la demandante por la muerte de su cónyuge, incrementándolo a la suma de setecientos mil pesos ($700.000), y lo confirmó respecto al importe determinado por el agravio moral (v. fs. 286/292).
Para así resolver consideró que en primer lugar correspondería dar tratamiento al monto correspondiente al daño patrimonial causado a la demandante por la muerte de su cónyuge, enmarcando la cuestión en lo normado en los arts. 1.084 y 1.085 del Código Civil, y advirtiendo que a tal efecto debía contemplarse todo aquello que la víctima habría constituido para el damnificado como sostén y ayuda, de tal modo que el dañado pudiera seguir, luego de dispuesta la reparación, en la misma situación en que estaba antes de ocurrir el ilícito.
Agregó que en el sustento de la vida humana se integran factores materiales y espirituales, debiéndose considerar circunstancias vinculadas tanto con la víctima como con el damnificado.
Así, evaluó las condiciones personales y sociales de la víctima y su cónyuge, concluyendo que -en función de las directivas legales y pautas explicadas, como de los elementos de prueba obrantes en la causa- la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) reconocida en la sentencia apelada en concepto del valor vida debía ser incrementada con mayor realismo y equidad a la suma de setecientos mil pesos ($700.000).
Respecto al agravio relativo al daño moral, en consideración de las repercusiones disvaliosas y a tenor de las circunstancias propias del caso, consideró que debía convalidarse el importe de cien mil pesos ($100.000) fijado en el fallo de la anterior instancia.
V. Contra este pronunciamiento se alza la parte accionada mediante recurso extraordinario de nulidad (arts. 296, CPCC; 168 y 171, Const. prov.) planteando el siguiente agravio:
Sostiene que la sentencia atacada es nula por ausencia absoluta de fundamentos, debiendo dejarla sin efecto, en cuanto al daño patrimonial reclamado como valor vida, por encontrarse ausente la operación lógica de subsunción de los elementos de la realidad del caso.
Afirma que las circunstancias acreditadas en la causa que deberían tomarse como factores de ponderación fueron simplemente mencionadas, evidenciando una ausencia de análisis a ese respecto.
Indica que la Cámara limitó su estudio a citar precedentes jurisprudenciales y doctrina en su relación con factores determinantes al momento de cuantificar el monto indemnizatorio, destacando que la sentencia superó holgadamente el monto de doscientos mil pesos ($200.000) solicitado por la actora. Con referencia a la jurisprudencia de esta Corte sostiene que la alzada soslayó la labor de subsunción, habiendo identificado la plataforma fáctica, pero sin señalar en qué medida la conducta obrada es constitutiva del deber de responder.
VI. Cumplido el traslado para dictaminar, la entonces señora Procuradora General se expidió propiciando la denegatoria del recurso extraordinario de nulidad examinado.
Allí destaca su insuficiencia, evidenciada por la ausencia de identificación de las infracciones que se invocan y la perspectiva general desde la que la recurrente analiza tanto el razonamiento como la modalidad justificante de la decisión.
En tal sentido, afirma que la decisión impugnada ha quedado intacta en cuanto a sus fundamentos lógicos, teóricos y normativos.
Concluye su dictamen sosteniendo que resulta evidente que los planteos traídos por la recurrente resultan inatendibles, pues si bien se alega la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local y normas procesales, los agravios expuestos no se sustentan en el contenido normativo del precepto constitucional.
VII. Adelanto que, tal como dictaminara la señora Procuradora General, el recurso de nulidad interpuesto no puede prosperar, ello en razón de su insuficiencia.
Al respecto cabe recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la falta de la mayoría de opiniones; por lo que resulta inadmisible el recurso de nulidad que se circunscribe a citar los arts. 296 del Código Procesal Civil y Comercial y 171 de la Constitución provincial.
La circunstancia de que el impugnante se haya limitado a invocar tales normas sin concretar desarrollo argumental suficiente con sustento en ellas, evidencia la manifiesta insuficiencia del recurso en tratamiento (doctr. causa A. 70.639, "Elorriaga", sent. de 12-VI-2013).
Corresponde entonces rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas a la recurrente vencida.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra la decisión de la Cámara que elevara la indemnización, la Municipalidad de La Plata interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por entender que la sentencia no dio cumplimiento con la razonabilidad fundada exigida en el art. 3 del Código Civil y Comercial, por lo que la decisión judicial resultaría arbitraria y carecería de sustento.
Con pie en el art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial, afirma que la decisión recurrida -al elevar el concepto "valor vida" a setecientos mil pesos ($700.000)- incurre en el supuesto excepcional del absurdo al no expresar los elementos tomados a los fines de arribar a la suma que se condenó a pagar; por ejemplo, si se le asignó relevancia a los datos estadísticos y, si eso fue así, si se consideró la estadística que refiere a la esperanza de vida en nuestro país, si se ponderaron datos relativos a los ingresos del oficio del difunto o si se dedujo la pensión que habría percibido la viuda. También, si es plausible dicho cálculo asumiendo que al causante le quedaban -siempre en términos estadísticos- no más de siete años de vida, para finalmente alegar que ha habido confusión con elementos más propios del rubro "daño moral".
II. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco puede prosperar, debido a su manifiesta insuficiencia.
II.1. En aquello que puede colegirse como una denuncia relativa a la inaplicación de la ley, para el caso, del art. 3 del Código Civil y Comercial que el municipio dice tener "aplicación inmediata por tratarse de una norma de naturaleza procesal", cabe notar que esa parcela de la crítica se limita a la enunciación del precepto, sin proceder a demostrar cómo es que la Cámara lo habría omitido o inaplicado. En tales condiciones, su insuficiencia es ostensible (doctr. causas C. 111.115, "Brandan", sent. de 3-XII-2014; C. 99.553, "Indusoda SACI", sent. de 23-XII-2009 y A. 73.303, "Farmacia Central Morón SRL", sent. de 22-XI-2017).
II.2.a. En cuanto al alegado absurdo, vale recordar que este instituto supone la denuncia de un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado (doctr. causas C. 74.854, sent. de 8-XI-2006 y C. 91.954, sent. de 8-VIII-2007).
De allí que no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a consecuencias inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas L. 80.468, sent. de 12-V-2004; L. 79.601, sent. de 23-II-2005; L. 88.862, sent. de 21-V-2008; A. 69.321, "Bellia Munzón", sent. de 27-VIII-2008; L. 103.295, "Gutiérrez", sent. de 24-XI-2010; L. 103.061, "Gorosito", sent. de 9-XII-2010; L. 103.923, sent. de 15-XII-2010 y L. 99.436, "Gómez", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
Siendo así, disentir con lo decidido por la Cámara no es base idónea de los agravios, ni constituye absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha situación queda configurada sólo cuando media cabal demostración de su existencia (doctr. causas Ac. 77.510, sent. de 28-V-2003; Ac. 84.317, sent. de 12-II-2004; Ac. 92.270, sent. de 9-XI-2005; Ac. 88.941, sent. de 15-III-2006; C. 95.221, sent. de 11-IV-2007; entre muchas otras).
Con esa definición, es menester apuntar que la fijación de los montos indemnizatorios constituye una típica cuestión de hecho y prueba que incumbe a los jueces de grado y sólo puede ser revisada en instancia extraordinaria en el referido raro supuesto (doctr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015 y A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; e.o.); esto es, situaciones que quepa reputar "extremas" dado que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (doctr. causas A. 71.518, "Boada", sent. de 19-X-2016 y A. 73.283, "Troncoso", sent. de 13-XII-2017; e.o.).
II.2.b. Sobre esa base, es evidente que el recurrente no se ha hecho cargo de la línea argumental seguida por la Cámara de Apelaciones, la que al fallar como lo hizo afirmó estar siguiendo la jurisprudencia tanto de la Corte federal como de este Tribunal.
En su crítica de fs. 305 y vta. el municipio no monta un embate efectivo de los razonamientos desplegados por la Cámara para arribar al monto fijado. Lejos está el recurso de acreditar que el procedimiento lógico seguido resultó tan irrazonable y contradictorio a la luz de la prueba producida en la causa -de consuno con las directivas indicadas por esta Corte en su sentencia de fs. 252/270- que indefectiblemente deba ser censurado (cfr. causas Ac. 50.167, sent. de 6-IV-1993; Ac. 56.490, sent. de 15-XI-1994; Ac. 51.683, sent. de 7-II-1995; Ac. 56.510, sent. de 14-II-1995; Ac. 59.875, sent. de 20-II-1996; Ac. 91.554, sent. de 29-III-2006; C. 98.267, "Somora", sent. de 23-IV-2008; L. 93.728, sent. de 22-XII-2010; C. 107.931, sent. de 16-II-2011; e.o.).
Para más, si efectivamente la Cámara entendió que a los fines de fijar el rubro en cuestión no estaba atada a datos estadísticos, sino que podía calcularlo más libremente teniendo en cuenta otras circunstancias o factores, claro está que la impugnación no ha sido suficientemente crítica de tal forma de análisis, dejándola incólume.
Por tal motivo, cabe desestimar la denuncia de absurdo en la sentencia de fs. 286/291 vta.
III. Por lo dicho hasta acá, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 298 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/11/2020 10:14:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2020 17:47:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2020 10:22:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 10:23:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/12/2020 07:03:31 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia