Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76228
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda en todas sus partes.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971 procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.228, "Flores, María Cecilia contra Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo y otro. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, de Lázzari, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido parcialmente la demanda promovida por la señora María Cecilia Flores (v. fs. 205/215).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30 de septiembre de 2019, 11:23:04 a.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 253), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora María Cecilia Flores promovió demanda contencioso administrativa contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires pretendiendo el reconocimiento del derecho a ser recategorizada como Directora del Centro de Referencia de Pergamino por las funciones cumplidas en virtud de la disposición 56 de fecha 29 de mayo de 2008, mediante la cual el Director Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil le encomendara la atención de la dirección del referido establecimiento (v. fs. 10/11).
Asimismo, solicitó que se le abonen las diferencias salariales resultantes de su situación de revista (planta permanente con estabilidad, Agrupamiento Ocupacional 03, Personal Administrativo, Clase 4, Grado XIV, Categoría 04, Código 3-0000-XIV-4, administrativo con un régimen de cuarenta y ocho horas semanales de labor más la bonificación por peligrosidad equivalente al 50% de sus haberes) y la categoría pretendida, más intereses.
I.2. El juez de primera instancia en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la demanda (v. fs. 151/162).
En primer lugar, consideró aplicables las disposiciones del hoy derogado Código Civil (ley 340) toda vez que los hechos de la causa fueron consumados con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Luego analizó el material probatorio de autos y el marco legal aplicable (ley 10.430 y su decreto reglamentario 4.161/96).
Consideró que la demandada no ha desconocido, ni en sede administrativa ni en sede judicial, el desempeño de la señora Flores como responsable del Centro de Referencia de Pergamino.
Afirmó que negarle el reconocimiento del desempeño de un cargo superior y sus consecuencias salariales conduce inexorablemente a dar preeminencia a cuestiones formales por sobre la realidad; sorteando el principio constitucional que rige en materia laboral y de la seguridad social de "primacía de la realidad" (art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Adicionó a lo expuesto que las cuestiones relativas a la estructura administrativa como a la cobertura del cargo no pueden imputársele a la actora, ni ser fundamento válido por el cual se perjudique a quien ha obrado de buena fe poniendo a disposición de la Administración sus conocimientos y fuerza de trabajo.
Consecuentemente reconoció a la accionante el derecho al reconocimiento del desempeño de un cargo superior en la Dirección del "Centro de Referencia de Pergamino" dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y condenó a la demandada a abonar las diferencias salariales reclamadas desde el día 29 de mayo de 2008 y mientras dure su desempeño, más intereses. Impuso las costas a la demandada, por resultar sustancialmente vencida (conf. art. 51 inc. 1, primera parte, CCA, texto según ley 14.437).
Por último, señaló que las cuestiones relativas a diferencias salariales derivadas de la relación de empleo público son alcanzadas por el plazo decenal del art. 4.023 del Código Civil entonces vigente.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal y confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia (v. fs. 205/215). Impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 51, CCA, texto según ley 14.437).
Para así decidir el Tribunal interviniente consideró que la asignación de funciones jerárquicas, directivas y de conducción emitida por un superior constituye un acto administrativo que ha sobrevivido en el mundo jurídico y por lo tanto ha generado en la actora una razonable expectativa de obtener el reconocimiento del derecho y el pago de las diferencias salariales derivadas; además de no haber sido controvertido por la propia Administración.
Corroboró tal argumento con las normas de la ley 10.430 y la interpretación sistémica que debe efectuarse de las disposiciones relativas a los deberes de los agentes (art. 78), el régimen disciplinario (art. 83) y las retribuciones por desempeño (art. 25).
Señaló que, para determinar el alcance de una norma en el caso concreto, deben subsumirse los hechos a la misma, lo cual implica efectuar un análisis de las circunstancias fácticas para evaluar si fueron las previstas en el marco normativo y luego de una operación lógica desprender las posibles consecuencias.
Advirtió que en el sub lite , la realidad -en la asignación de funciones y la posesión del cargo- supera el andamiaje formal de la Administración.
Indicó que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si de los elementos obrantes en la causa puede derivarse que la accionante ejerció -en los hechos- un cargo de mayor relevancia institucional que el que detentaba formalmente, circunstancia que admitiría las diferencias salariales pretendidas.
Puntualizó que los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la demandada se asientan sobre el aspecto formal del caso (inexistencia de un acto administrativo de designación), sin hacerse cargo de rebatir las circunstancias fácticas que se vinculan con el desempeño de las funciones encomendadas por el superior.
Asimismo, señaló el Tribunal de Alzada que la representación fiscal no refutó los hechos que llevaron a la agente Flores a promover la demanda y que fueron acreditados en autos; como así tampoco la existencia y consecuencias de la disposición 56/08, acto administrativo que "continúa existente en el mundo jurídico y que plasmó la voluntad de la Administración de 'encomendar' tareas más allá del cargo formal de la actora" (sic).
En otro orden, desestimó los agravios esgrimidos por la accionada relacionados con la vulneración de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte, por entender que, si bien es cierto que la organización de las dependencias de la Administración Pública provincial constituye una facultad privativa y discrecional del Poder Ejecutivo, ello supone un ejercicio legítimo de las amplias potestades de organización con que cuenta la Administración para cumplir con sus fines específicos, indicando que dicha presunción de legitimidad declina si se demuestra que se ha vulnerado el principio de razonabilidad, límite al que para su validez, está sometido el actuar de toda potestad pública (causa B. 66.927, "Tonelli", sent. de 31-V-2017).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30 de septiembre de 2019, 11:23:04 a.m., en el sistema Augusta).
Denuncia la errónea interpretación de la disposición 56/08 y la violación del art. 25 inc. "e" del decreto 4.161/96, reglamentario de la ley 10.430. Asimismo, aduce que la sentencia impugnada infringe el art. 103 inc. 2 de la Constitución provincial.
Alega también que la sentencia puesta en crisis transgrede la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en las causas B. 58.586, "Llopis", sentencia de 6-X-2004 y en los precedentes concordantes B. 53.748, "Salas", sentencia de 20-XII-1994; B. 55.197, "Donadío", sentencia de 12-VIII-1997 y B. 53.522, "Angelini", sentencia de 14-III-1995; entre otros.
II.1. Manifiesta que la propia norma estatutaria (art. 25 inc. "e", decreto 4.161/96, reglamentario de la ley 10.430) determina los presupuestos que debe reunir un agente para percibir una bonificación especial por el desempeño interino de funciones que pertenecen a un cargo superior.
Señala que la disposición aludida establece que al agente que -dentro de su plantel básico- desempeñe interinamente un cargo de categoría superior al de su situación de revista por ausencia temporaria del titular, se le reconocerá la diferencia de sueldo existente como bonificación especial, siempre que su designación haya sido dispuesta por autoridad competente, situación que no ha ocurrido en autos.
Afirma que la accionante carece de un acto que le otorgue tal reconocimiento y no concurre el supuesto de ausencia temporaria del titular, toda vez que no existe estructura que contenga el cargo ni previsión presupuestaria al efecto.
Expresa que el Tribunal de Alzada le otorga a la disposición 56/08 un efecto que desvirtúa su alcance, toda vez que el funcionario actuante (Director Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil) no revestía la calidad de autoridad competente para efectuar designación alguna en cargos jerárquicos sin estabilidad, cuya competencia es resorte del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, no desconoce que a la parte actora se le ha encomendado la atención de la Dirección del Centro de Referencia de Pergamino, más de modo alguno ello significa la modificación de su situación de revista ni una mayor remuneración.
II.2. Por otra parte, señala que el fallo impugnado lesiona las atribuciones constitucionales de la Legislatura teniendo en cuenta que toda erogación pública conlleva un complejo procedimiento para su previsión a través de la ley de presupuesto que constituye la base sobre la cual se asienta todo gasto en la Administración provincial.
Afirma que la demanda es improcedente no sólo a la luz del bloque normativo relacionado con la ley de ministerios y de presupuesto sino porque en el caso no se verifican los requisitos establecidos por el legislador para el reconocimiento de la mayor función reclamada (art. 25 inc. "e" del decreto reglamentario de la ley 10.430).
Ratifica que para ello es necesario un acto administrativo de autoridad competente, en una estructura orgánica funcional y la correspondiente previsión presupuestaria, indicando que la falta de alguno de esos requisitos denota una irregularidad que impide acceder a las diferencias salariales peticionadas.
Cita en apoyo a su postura la doctrina legal de este Tribunal por la cual para admitir el reconocimiento de las mayores funciones se exige el nombramiento regular por autoridad competente.
II.3. A todo evento, cuestiona la imposición de las costas considerando procedente el supuesto consagrado en el art. 51 apartado 1 in fine del Código Contencioso Administrativo que autoriza al juez a apartarse del principio objetivo de la derrota en ciertas circunstancias.
III. Considero, por los fundamentos que seguidamente desarrollaré, que el recurso interpuesto debe prosperar.
Los fundamentos expuestos en la pieza recursiva demuestran el yerro de las instancias ordinarias en la resolución de la causa de conformidad con el régimen normativo aplicable y la doctrina legal sentada por este Tribunal.
Merece acogida el agravio relacionado con la interpretación y alcance que debe darse del art. 25 inc. "e" del decreto 4.161/96.
En efecto, el citado precepto dispone: "El agente que dentro de su plantel básico desempeñe interinamente un cargo de categoría superior a la de la situación de revista, trátese de vacantes o de ausencia temporaria del titular, se le reconocerá la diferencia de sueldo existente como bonificación especial, siempre que su designación haya sido dispuesta por autoridad competente, y su desempeño sea superior a TREINTA (30) días corridos, no computándose en dicho término la licencia anual, ni comisiones del titular. La designación interina lo será sin perjuicio del cumplimiento del cargo del cual el agente es titular permanente".
Surge evidente que el régimen legal del empleo público impone como requisito inexcusable para acceder a las pretendidas diferencias salariales la designación expresa por autoridad competente en cargo de mayor jerarquía, circunstancia que no acontece en autos.
Es decir que el acto expreso de designación regular -en el cargo- o de reubicación en funciones jerárquicas constituye una condición ineludible -entre otras- para la procedencia de las diferencias salariales, y en el caso de autos la disposición 56/08 no resulta suficiente a dichos fines.
Para más, se encuentra acreditado que al momento en que se le encomendó la atención de la Dirección del Centro de Referencia de Pergamino a la agente Flores no existía una estructura orgánica ni plantel básico que contemple el cargo pretendido (v. informes de la Dirección Provincial de Personal agregados a fs. 66 y 71).
El estatuto y escalafón para el personal de la Administración Pública define al plantel básico como la dotación de personal cuantitativa y cualitativamente necesaria para la consecución de las misiones y para el ejercicio de las funciones inherentes a esta, la que se ajustará anualmente al presupuesto aprobado (art. 139, ley 10.430).
Desde esta óptica vale recordar que los cargos comprendidos en toda estructura funcional deben estar contemplados en la correspondiente partida presupuestaria.
Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene no autoriza a exigir el pago de un sueldo correspondiente al cargo superior pues es necesario el nombramiento respectivo (conf. doctr. causas B. 57.874, "Acevedo", sent. de 30-V-2007; B. 63.504, "González", sent. de 31-VIII-2011; A. 74.424, "Cepeda", sent. de 17-X-2018; entre muchas otras).
Por otro lado, no resulta adecuada la mención de la causa "Tonelli" efectuada por el Tribunal de Alzada para sopesar el criterio de este Tribunal en la materia que nos ocupa. En dicho precedente se reconocieron servicios desempeñados por el actor en la Dirección General de Recursos Informáticos en virtud de un contrato en los términos de los arts. 111 inc. "c", 115 y 116 de la ley 10.430 (t.o. decreto 1.869/96 y dec. reg. 4.161/96) cuya continuidad durante el período reclamado (1-I-1999 al 30-VI-1999) no ofrecía dudas respecto de que su desempeño obedeció a una derivación razonable de la relación jurídica preexistente como también posterior de las tareas técnicas para las que fue contratado (causa B. 66.927, sent. de 31-V-2017).
En este aspecto el Tribunal de Alzada al resolver como lo hizo se ha apartado de los lineamientos expresados por la doctrina legal derivada de los precedentes B. 53.522, "Angelini", sentencia de 14-III-1995; B. 53.525, "Abbatista", sentencia de 26-IX-1995; B. 60.996, "Rocca", sentencia de 23-V-2007; B. 58.586, "Llopis", sentencia de 6-X-2004; entre otros.
Contrariamente a las ponderaciones efectuadas por los jueces de grado considero que el efectivo desempeño por parte de la actora de funciones que resultarían propias de un cargo distinto al que exhibe su situación de revista, no permite tener por demostrado sin más el cumplimiento de las exigencias normativas para admitir la demanda en la extensión que lo decidieron las instancias ordinarias.
Le asiste razón a la recurrente en cuanto expresa que la accionante no ha logrado acreditar la concurrencia de la totalidad de los presupuestos previstos por la legislación a los fines de acceder al cargo pretendido y a las diferencias salariales requeridas, por cuanto sólo mediando designación regular, el funcionario puede percibir las diferencias de sueldos correspondientes al cargo superior (conf. doctr. causa B. 49.062, "Nardini", sent. de 30-X-1984).
Por los fundamentos expuestos, procede hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto (art. 289 inc. 2, CPCC) y revocar la sentencia impugnada rechazando la demanda en todas sus partes.
Voto por la afirmativa .
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437 y 274, CPCC).
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, (art. 289 inc. 2, CPCC) se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se rechaza la demanda en todas sus partes.
Las costas de las instancias de grado se imponen en el orden causado (arts. 51 inc. 2, ley 13.101, texto según ley 14.437 y 289, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 09/02/2021 13:24:26 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 13:59:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/02/2021 14:27:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:47:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 13:57:35 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia