Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75088
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC)
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, Cód. cit.).
A.75.088 "CASTRO GUSTAVO JAVIER Y OT. C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 25 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó la apelación interpuesta por la parte actora y confirmo la sentencia de primer instancia que, a su turno, rechazó la pretensión incoada por la señora Gloria Miriam Castro y el señor Gustavo Javier Castro contra la Municipalidad de Necochea, la doctora Marta Cristina Esker y Seguros Médicos SA por la que persiguen el resarcimiento de los daños y perjuicios que alegan haber sufrido como consecuencia del fallecimiento de su hija por nacer, debido a un supuesta mala praxis (v. fs. 783/799 vta.).
I.1. Para así decidir, principió por rechazar el planteo de los actores referido a la pretendida aplicación de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación por resultar que el hecho generador de la responsabilidad acaeció con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha norma.
Asimismo, juzgó inatendibles las afirmaciones de los actores referidas a que el sentenciante de grado habría basado la solución del caso exclusivamente en elementos de convicción colectados en sede penal (principalmente el informe pericial médico allí presentado) dejando de lado completamente la prueba producida en autos. Ello por cuanto consideró que, del pronunciamiento en crisis surgía claramente que la posición del a quo sobre la ausencia de responsabilidad en cabeza de los codemandados se sustentaría tanto en prueba producida en el marco de la citada I.P.P. como en las conclusiones de la pericia médica producida en autos por los mismos expertos que dictaminaron en sede penal. En efecto, sostiene que los ataques de los apelantes evidenciaban una desatención frente al contenido y fundamento del temperamento materia de agravio, no aportando nada a la conformación de una crítica concreta y razonada del fallo apelado en los términos del art. 56 del Código Procesal Contencioso Administrativo y su doctrina.
I.2. Apuntado lo anterior, ingresó al análisis de los agravios referidos a la prueba de los extremos necesarios para tener por configurada la responsabilidad endilgada a las accionadas.
Para ello comenzó por señalar que en la especie correspondía elucidar si, a partir del análisis probatorio propuesto por los apelantes sobre los hechos que sustentarían su pretensión, aquel resultado dañoso aparecería como consecuencia de un obrar negligente de los profesionales médicos que brindaron atención a la coactora García en el ámbito del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra durante su embarazo, capaz de comprometer tanto su responsabilidad personal -como ocurre con la Dra. Esker- como la del Municipio derivada de la deficiente prestación del servicio público de salud que regularmente brinda a través del citado nosocomio -esto es la configuración de "falta de servicio"- único factor a partir del cual podría atribuirse responsabilidad al Ente Estatal.
Luego, partiendo de la premisa de que la obligación del profesional de la medicina con relación a su deber de prestación de hacer constituye una obligación de medios debiendo proporcionar al paciente todos los cuidados que conforme a los conocimientos y a la práctica del arte de curar son conducentes a un resultado aunque no pueda ni deba asegurar éste último, descartó los alegatos a través de los cuales los quejosos intentarían sustraerse de la regla general emanada del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial que -en principio- impondría a su parte la carga de acreditar la falta de prudencia y diligencia con que habrían sido prestados los servicios profesionales requeridos, proponiendo a tal fin que operaría una supuesta inversión de la carga probatoria por derivar la responsabilidad de las accionadas del incumplimiento -en su visión de una obligación de resultado.
En ese marco, respecto de la responsabilidad de la Dra. Esker, que los actores refieren causada por la supuesta omisión de brindar a la paciente oportuna atención, sostuvo que la prueba pericial producida da cuenta que el fallecimiento de la niña -no nacida con vida- se produjo antes del ingreso de la madre al Hospital Municipal (refiere a la historia clínica, constancia de entrada al nosocomio, pericias médicas y explicación brindada por el médico legista en la IPP).
Tampoco encontró acreditado que el hecho luctuoso haya sido consecuencia de una indebida o negligente atención brindada a la señora García por parte de los agentes del Municipio de Necochea, descartando la alegada falta de servicio que podría comprometen la responsabilidad de la comuna. Señaló que, a partir de analizar la situación y estudiar minuciosamente el dictamen médico obrante en autos y el efectuado en sede penal, la existencia de una relación causal entre la conducta médica enjuiciada y el resultado dañoso se ensombrece ante la circunstancia acreditada en autos consistente en que la madre gestante habría omitido tomar un medicamento indicado en razón de su patología de base y que tendría por efecto terapéutico mejorar la condición fetal intrauterina.
Así, juzgó desvirtuados los indicios sobre una posible mala praxis por las conclusiones que expusieron los expertos en el informe producido en sede penal, donde surge con contundencia la ausencia de un obrar negligente en el marco de las atenciones brindadas a la actora en el Hospital Municipal durante su embarazo. Destacó que los profesionales de la medicina intervinientes en sus informes afirmaron que los estudios realizados a la paciente -en su conjunto- habrían sido acordes a lo que marca la práctica de la especialidad y demostraría que la señora García recibió un control prenatal adecuado. En igual sentido luce el informe pericial elaborado por el Cuerpo Médico de la Policía Científica que indica que nada habilita a pensar en impericia, negligencia o imprudencia, pues se llevaron a cabo controles que están registrados en la hoja correspondiente, y nada hacía prever el desencadenamiento de la insuficiencia placentaria que causo la muerte fetal.
I.3. Finalmente, entendió que no es aplicable al presente caso la teoría de la carga dinámica de la prueba pues consideró que lejos de existir una situación desventajosa para la parte actora, la orfandad probatoria es consecuencia de la actitud procesal por ella asumida frente a la prueba producida en la causa. De ese modo ponderó que contando las accionantes con la posibilidad de cuestionar las conclusiones de los expertos o requerir a ellos mayores explicaciones, optaron por conformarse -mediante su silencio- con el resultado probatorio.
II. Frente a ello, los actores interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual esgrimen que el fallo atacado incurre en absurdo y arbitrariedad al no observar las normas sobre la valoración de la prueba producida en el expediente, citando las normas que consideran violadas (v. fs. 810/825 vta.), el que fue concedido (fs. 826/vta.).
III. El remedio no puede prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por los recurrentes respecto a que los puntos de interés que propone la Cámara interviniente para la resolución del caso resultan secundarios, accesorios y de análisis posterior a la cuestión principal que cree ver en la comprobación de la información y tratamiento médico brindado a la actora, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, lo que constituye -como se dijo, una tarea insuficiente a los fines impugnatorios.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018, entre otras).
Además, cabe señalar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, el recurrente manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin lograr acreditar la existencia de absurdo (conf. causas C. 105.970, "Ortiz Viuda de Polo", sent. de 9-VI-2010; C. 117.015, "Loaiza", sent. de 30-X-2013; A. 74.375, "Adonajlo", sent. de 29-VIII-2018).
IV.2. Para más, esta Corte ha resuelto que es facultad de los tribunales de las instancias de grado seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario invocar y demostrar que existió absurdo (conf. causas A. 69.506 “Vigil” sent. del 1-IV-2009, A. 69.321 “Bellia Munzón” sent. del 27-VII-2008, A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017, entre otras).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa no configurándose con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto (doctr. causas A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
En efecto, el Tribunal de Alzada, confirmando el razonamiento formulado por el sentenciante de grado consideró que la prueba rendida en las actuaciones lograba extraerse que el tratamiento pre natal dispensado a la actora en el hospital municipal, se llevó a cabo dentro de los estándares médicos razonable y acorde con las reglas del arte.
Tal conclusión, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logra ser desvirtuada por los reproches volcados por los impugnantes, en tanto sus críticas sobre la falta de estudios y tratamiento apropiado a la patología que padecía la actora, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la interpretación de la prueba, lo que no basta para demostrar el yerro legado, sino que sólo tiende a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC)
Costas a los recurrentes vencidos (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 489
Fin de la sentencia