Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75573
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.573, "Campaña, Solange L. y ot. c/ Prov. Bs. As. s/ pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Pettigiani, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 427/432) contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la excepción de prescripción formulada por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 408/418). Asimismo, admitió el incoado por la aludida codemandada (v. fs. 426 y vta.) y, en consecuencia, modificó la atribución de costas y las impuso a la parte actora en su condición de vencida (conf. art. 51, inc. 1, segunda parte, CCA; v. fs. 520/533).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la coactora Aldana Campaña interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 545/557 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 563/564.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 575) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En estos autos, la pretensión indemnizatoria fue promovida por la señora Solange Leticia Campaña por su propio derecho y en representación de su sobrina -por entonces menor de edad- Aldana Campaña contra la Provincia de Buenos Aires y la firma Provincia Seguros S.A., a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios que les habría irrogado el fallecimiento de la señora Sabrina Andrea Campaña (quien en vida fuera, respectivamente, hermana y madre de las mencionadas coactoras) ocurrido el día 13 de agosto de 2007 a raíz de la caída de un helicóptero, propiedad del Estado provincial, en el que la víctima se transportaba.
I.2. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida (conf. arts. 35 inc. 1 apdo. "h" y 36 inc. 2 apdo. "d", CCA; 1, 139, 142, 163, 164 y 228, ley 17.285).
Consideró que a pesar de la invocación que respecto de las normas del derecho civil efectuara la accionante en su demanda, la cuestión debatida debía ser analizada a la luz de las disposiciones contenidas en el Código Aeronáutico Argentino, el cual legisla lo relativo a la modalidad bajo la cual viajaba la víctima y la responsabilidad derivada de la actividad que contempla no solo las relaciones contractuales emanadas del transporte de personas sino también la repercusión extracontractual de la actividad aérea (conf. arts. 163, 185 y concs., norma cit.).
Entendió que el plazo de prescripción aplicable en la especie era el de un año previsto por el art. 228 del mismo ordenamiento, el que debería computarse, en principio, a partir del accidente ocurrido el día 13 de agosto de 2007, por lo que a la fecha de promoción de la demanda (el 3 de agosto de 2009, conf. sello fechador, fs. 39 vta.), se hallaba cumplido el referido término prescriptivo.
Señaló que, en el caso, la señora Solange Campaña inició la demanda por derecho propio y también en representación de su sobrina Aldana, por entonces menor de edad, acreditando su condición de tutora de la nombrada (v. fs. 29 y vta.).
Consideró que el plazo de prescripción previsto por la aludida norma también se encontraba superado respecto de la acción articulada por la actora en representación de su sobrina Aldana Campaña. En esta parcela ponderó que el impedimento temporal para promover la demanda cesó el día 30 de diciembre de 2008, oportunidad en la que se le otorgó a aquella la tutela judicial de la menor (conf. testimonio, fs. 7/10) y que, al momento en que se inició esta acción, el día 3 de agosto de 2009, había transcurrido el plazo de tres meses que la ley otorga para hacer valer sus derechos (conf. arts. 3.966 y 3.960, Cód. Civ., entonces vigente).
I.3. Contra dicho pronunciamiento el letrado de la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 1 de julio de 2014 (v. fs. 427/432 vta. y 436/437).
I.4. A fs. 477, la señora Aldana Campaña denunció que adquirió la mayoría de edad, lo que ocurrió el día 23 de mayo de 2015 -conforme la constancia que acompaña a fs. 476-. Debido a la señalada circunstancia, el día 3 de junio de 2016 la señora Asesora de Incapaces cesó su intervención (v. fs. 481/482).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado en cuanto resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción promovida por la Fiscalía de Estado y desestimar la demanda interpuesta contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 520/533).
Señaló que las objeciones de la parte actora al acogimiento de la defensa de prescripción blandida por la accionada Provincia de Buenos Aires giraron exclusivamente en torno a la idea de que el Código Aeronáutico (ley 17.285) -y, por ende, el plazo de prescripción anual que este prevé en su art. 228 inc. 1- no resultaría aplicable al caso por cuanto el supuesto carácter extracontractual de la responsabilidad que se intenta hacer valer impediría encuadrar el caso como un supuesto de transporte benévolo regido por los arts. 163, 164 y concordantes del citado digesto.
Consideró que era irrelevante la discusión en punto al eventual carácter contractual o extracontractual de la responsabilidad endilgada al transportador demandado por las consecuencias dañosas del infortunio aéreo. Ello, porque la particular naturaleza y especificidad del esquema delineado por el Código Aeronáutico impondría la aplicación prevalente de dicho estatuto (conf. art. 2, título VII) que contempla no solo las relaciones contractuales derivadas del transporte de personas sino también la repercusión extracontractual de la actividad aérea (conf. art. 185 y sigs.) incluyendo, entre sus previsiones, el transporte gratuito (conf. art. 163 y concs.).
Concluyó que el carácter extracontractual que pudiera reconocerse a la responsabilidad asumida por la Provincia de Buenos Aires frente a la víctima transportada en la aeronave en manera alguna conmovería - per se - la aplicación del plazo de prescripción anual contemplado por el art. 228 inc. 1 de la ley 17.285 en cuanto dicho precepto, apartándose de los plazos que fija el ordenamiento civil para la reparación de daños causados por hechos ilícitos o por incumplimiento de contratos, dispone que la acción de indemnización por daños sufridos por los pasajeros prescribe al año, sin distinción acerca de la modalidad bajo la cual el transporte se llevó a cabo.
Destacó que la apelante prescindió de un mínimo cuestionamiento hacia el modo en que el señor magistrado de primera instancia computó el mentado plazo extintivo de la acción o hacia el análisis que este efectuara respecto de eventuales hechos o actos suspensivos de la prescripción.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto a fs. 545/557, la coactora Aldana Campaña denuncia la violación de los arts. 2 inc. 1, 3 inc. 1 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratif. ley 23.849); 1, 2, 3, 5, 27 y 29 de la ley 26.061 y su decreto reglamentario 415/06; 4 y 12 de la ley 13.298 y 38 inc. 4 de la ley 14.442; de las "Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad" receptadas en la Acordada 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de los arts. 8 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054); 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 3.966 y 3.980 del Código Civil. También acusa la violación de la doctrina legal que cita.
III.1. En primer lugar la recurrente realiza una síntesis de lo actuado en la causa.
III.1.a. Señala que con fecha 3 de agosto de 2009 la señora Solange Leticia Campaña promovió demanda por daños y perjuicios, por sí y como representante legal (tutora) de Aldana Campaña, quien en la fecha indicada tenía doce años de edad (v. fs. 29/39).
Refiere que el hecho que fundamenta el reclamo es el accidente producido el día 13 de agosto de 2007, cuando un helicóptero de propiedad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se precipitó a tierra, en un campo ubicado a la altura del kilómetro 35 de la ruta provincial n° 55, en la localidad de Balcarce, establecimiento rural denominado "La Independencia". El helicóptero había despegado del Aeropuerto de Mar del Plata en misión a la ciudad de Ayacucho y, al volver, se cayó, falleciendo los cuatro ocupantes, entre ellos la madre de la menor Aldana Campaña.
III.1.b. Indica que a fs. 50/52 la letrada de la Fiscalía de Estado opone excepción de prescripción, con fundamento en el art. 228 del Código Aeronáutico -ley 17.285- y el señor juez de primera instancia decide diferir la resolución de esta defensa hasta la oportunidad de dictar sentencia definitiva (v. fs. 65/65).
Continúa narrando que, a fs. 169/174, la Provincia de Buenos Aires contesta la demanda y, a fs. 175, el Juzgado interviniente advierte que en autos había reclamado una menor y decide -a su entender, tardíamente- conferir vista a la Asesoría de Incapaces.
III.1.c. Destaca que el día 23 de febrero de 2010 se presentó la señora Asesora de Menores, quien exclusivamente se preocupó del pacto de cuota litis -agregado a fs. 28- celebrado entre la tutora de la menor mencionada y su letrado (v. f. 176).
Agrega que la referida funcionaria reconoció a fs. 186 que ella intervino en los autos caratulados "Campaña Aldana s/ Tutela", que tramitaron por ante el Tribunal de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, oportunidad en la que también manifestó que "...encontrándose debidamente representados los derechos de la menor Aldana Campaña, considero que deberán continuar las presentes actuaciones según su estado...".
III.1.d. Relata que abierta la causa a prueba y producida la ofrecida por las partes, con fecha 13 de junio de 2014 se dicta la sentencia de primera instancia en la que se resuelve admitir la excepción de prescripción de la acción opuesta por la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida contra dicha autoridad (arts. 35 inc. 1 apdo. "h" y 36 inc. 2 apdo. "d", CCA y 1, 139, 142, 163, 164 y 228, ley 17.285; v. fs. 408/418 vta.).
Resalta que el señor magistrado de grado, al tratar la aludida defensa, sostuvo que la actuación de la tutora fue tardía porque debió promover la demanda dentro de los tres meses de la resolución que le otorgaba la tutela de la menor (el día 30 de diciembre de 2008, conf. testimonio, fs. 7/10), por aplicación del art. 3.980 del Código Civil -entonces vigente-.
Expresa que apeló la sentencia de grado y la Cámara del fuero la confirmó el día 22 de febrero de 2018, modificando lo concerniente a las costas, las que fueron impuestas a la parte actora.
III.1.e. Por último, advierte que la señorita Aldana Campaña adquirió la mayoría de edad el día 23 de mayo de 2015, cesando la intervención de la señora Asesora de Incapaces en la causa (v. fs. 476/478 y 481).
III.2. Con posterioridad a la reseña de las actuaciones judiciales la recurrente fundamenta el recurso y expresa agravios (v. pto. V, fs. 548/557).
III.2.a. En primer lugar denuncia la violación del art. 38 inc. 4 de la ley 14.442 en cuanto dispone que "...son deberes y atribuciones del Asesor de Incapaces intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que interese a la persona o bienes de los incapaces, cuando las leyes lo dispongan, so pena de nulidad de todo acto o proceso que tuviere lugar sin su participación, sin perjuicio de la responsabilidad de quienes -por acción u omisión- la hubieren impedido..." y "...peticionar en nombre de ellos, por propia iniciativa, cuando carezcan de representantes o existan entreéstos y los incapaces conflicto personal u oposición de intereses o resulte necesario para impedir la frustración de los derechos a la vida, salud, identidad, y de ser oídos por el juez de la causa...".
Invoca el precedente de esta Suprema Corte C. 117.505, "M., M. N. d. C.", sentencia de 22-IV-2015, en cuanto ponderó que la función del señor Asesor de Incapaces no es simplemente la de "mirar el proceso", dejando que el representante legal del menor actúe en su representación, sino que le impone un deber principal de actuar y por ello le obligó, frente a una insuficiencia en el recurso, que asuma responsablemente su fundamentación en nombre de su representado.
Se agravia porque en estos autos ni los señores jueces ni la señora Asesora de Incapaces protegieron el interés superior de la niña Aldana. En tal sentido, expone que el señor juez de primera instancia advirtió tardíamente que el reclamo involucraba a una menor, al hacerlo luego de trabada la litis, cuando ya se había opuesto excepción de prescripción y contestado la acción por ambos demandados (v. proveído, fs. 175).
Considera que debió dársele intervención a la aludida funcionaria con anterioridad al traslado de la demanda y así permitir que participe activamente frente a la oposición de la excepción de prescripción y al traslado de la documental que la fundamentaba.
Destaca que agravó la situación el hecho de que la señora Asesora de Incapaces, al tomar intervención (v. fs. 176), no se pronunció acerca de lo actuado en la causa ni se expidió sobre la aludida defensa de la demandada.
Cuestiona que en la segunda intervención la referida funcionaria reconoce que se encontraban debidamente representados los derechos de la menor Aldana Campaña y debían continuar las actuaciones según su estado (v. fs. 186), sin agraviarse de que le dieron una intervención tardía y, por ende, no tuvo oportunidad de contestar los traslados que fueron conferidos a la parte actora.
Afirma que en el proceso no se respetaron los derechos de la entonces menor Aldana, con grave incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratif. ley 23.849) y de las leyes 26.061 y 13.298, que son de orden público.
Agrega que la señora Asesora de Menores tampoco participó en la producción de ningún medio probatorio en representación de la menor Aldana y, luego de certificado el término probatorio (v. fs. 372), dictaminó a fs. 377 reiterando lo expuesto a fs. 186 que "...estando debidamente representados los intereses de mi representada promiscua considero que pueden continuar los autos según su estado...".
Se agravia porque la señora Asesora de Incapaces no advirtió que la menor -quien quedó huérfana a los diez años- nunca fue llamada al proceso para ser escuchada, incumpliendo con los requisitos del art. 27 de la ley 26.061.
Destaca que la sentencia de primera instancia se dictó el día 13 de junio de 2014 y nunca se le notificó a la niña Aldana, quien llegó a la mayoría de edad el día 23 de mayo de 2015.
Concluye que la aludida funcionaria del Ministerio Público violó con su actuación el art. 38 inc. 4 de la ley 14.442.
III.2.b. El segundo agravio de la recurrente se fundamenta en la vulneración del debido proceso legal.
Sostiene que el art. 27 de la ley 26.061 dispone que los organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, los derechos a ser oídos, a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que los afecte, a ser asistidos por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, a participar activamente en todo el procedimiento y a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que los afecte.
Agrega que el decreto 415/06 reglamenta que el derecho a la asistencia letrada previsto por el inc. "c" del art. 27 referido incluye el de designar un abogado que presente los intereses personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar.
Destaca la deficiente actuación de la señora Asesora de Incapaces descripta en el punto II.1. y señala que el señor juez de grado llevó un proceso donde ignoró claramente los derechos reclamados a favor de la menor. Por ello, afirma que la menor Aldana nunca fue llamada al proceso ni se la escuchó ni se le dio la posibilidad de participar activamente, tan así que cuando se dictó sentencia no se atendió el "interés superior del niño" y se lo trató como un mayor.
Afirma que el Estado provincial en esta causa no ha cumplido con lo normado en el art. 29 de la ley 26.061 (principio de efectividad), norma que es de orden público.
Aduce que el debido proceso sustantivo exige que se adecuen los mecanismos procesales para asegurar la tutela judicial continua y efectiva (arts. 15, Const. prov. y 8.1, CADH).
Entiende que si las normas que protegen los derechos del niño son de orden público ellas debieron ser aplicadas por el señor juez, aun sin cita de las partes, por aplicación del principio iura novit curia , tal como lo impone el art. 2 de la ley 26.061.
Arguye que un proceso donde se debaten los derechos de un menor en el que no se le ha dado participación personal ni se lo ha escuchado; que no ha respetado la Convención sobre los Derechos del Niño ni la ley 26.061 y en el que no se ha explicado cómo se ha tenido en cuenta el interés superior del niño al resolver, no es un debido proceso legal, en los términos exigidos por los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 18 de la Constitución nacional y 15 de la carta provincial.
III.2.c. El tercer agravio se basa en la vulneración de la directiva que emana del texto constitucional en cuanto consagra "el interés superior del menor" (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 3 inc. 1 y concs., CDN) y del principio favor debilis o favor minoris , receptado en los arts. 3 y 5 de la ley 26.061, conforme al cual, ante la posible colisión o conflicto entre los derechos e intereses de los menores y los de otros igualmente legítimos, han de prevalecer los primeros.
Aduce que estos principios debieron ser aplicados al momento de resolver la cuestión relativa al cómputo del plazo a los fines de contar el inicio de la dispensa de la prescripción, es decir, cuando realmente estuvo en condiciones de actuar la tutora para promover la acción, en los términos que exige el Código Contencioso Administrativo, evitando cuestionamientos a su demanda.
Reconoce que la prescripción corre contra los incapaces (art. 3.966, Cód. Civ., entonces vigente) y que se prevé la dispensa de la prescripción (art. 3.980, ordenamiento cit.), con fundamento en las dificultades o imposibilidad de hecho que hubieren impedido temporalmente el ejercicio de una acción.
Se agravia porque el señor juez de grado entendió que, como la tutela de la niña Aldana se otorgó a su tía Solange Leticia Campaña el día 30 de diciembre de 2008, la demanda debió ser interpuesta dentro del plazo de tres meses por lo que, al promoverla el día 3 de agosto de 2009, la acción estaba prescripta.
Denuncia que la resolución referida padece errores. En primer lugar, porque la decisión fue objeto de una aclaratoria, la que fue resuelta el día 4 de marzo de 2009 -momento en que se cor
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