Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75529
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.529 "ARIAS ROSA INES C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I.1. La señora Rosa Inés Arias promovió demanda contencioso administrativa contra el Hospital Interzonal de Agudos Diego Paroissien, dependiente de la Provincia de Buenos Aires, solicitando una indemnización por los daños y perjuicios padecidos a raíz del fallecimiento de quien fuera en vida su madre, la señora Rosa Inés Cañas, fallecida el 6 de septiembre del año 2004 con motivo de la deficiente atención que se le brindara en el nosocomio de referencia, configurándose en consecuencia la responsabilidad indirecta o refleja que incumbe al hospital por la actuación profesional de sus dependientes.
I.2. El juez en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la pretensión indemnizatoria deducida y condenar a la demandada al pago de la suma de pesos trescientos cinco mil ($ 305.000) con más los intereses que indicó(v. fs. 485/496).
I.3. Contra esa sentencia interpusieron recursos de apelación la actora y la demandada (v. fs. 500/502 y 504/506, respectivamente).
I.4. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e hizo lugar parcialmente al de la demandada en punto al cuestionamiento del monto determinado en concepto de daño moral, con su consecuente disminución, confirmando la sentencia de primera instancia en todo lo demás (v. fs. 523/529 y aclaratoria de fs. 535).
Para así resolver sostuvo, en lo que aquí interesa, que el fallecimiento de la madre biológica de la actora, ocurrido luego de ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital "Diego Paroissien" en circunstancias y por motivos que no fueron aclarados por la demandada, pudo haberle implicado una grave fuente de angustias y padecimientos espirituales, quien a pesar de convivir desde muy temprana edad con quienes posteriormente se convirtieron en sus padres adoptivos- conocía sus orígenes e identidad filiatoria, manteniendo una relación de afecto y asiduidad con la señora Cañas (dictamen psicológico de la perito Karina Verónica Arcuschin, v. fs. 201/303). Consideró que dicha pérdida debía ser reparada judicialmente en sus justos términos.
A pesar de ello señaló que las constancias probatorias de la causa daban cuenta que la actora prácticamente no convivió con la señora Cañas y que, luego de su deceso, fue adoptada plenamente por el señor Arias y la señora Juárez, matrimonio al que se les otorgó la guarda judicial de Rosa Inés cuando contaba con cinco años de edad, quienes se ocuparon siempre de su atención, sustento y cuidado.
En tal contexto, teniendo especialmente en cuenta la fecha del hecho que dio origen al litigio (6-IX-2004), y en consonancia con la prudente apreciación del resto de las constancias de la causa valoradas con arreglo a los principios de la sana crítica, consideró que la reparación del daño moral establecido por el magistrado de primera instancia debía ser modificada, determinando como monto para su reparación la suma de $ 120.000.
Por último, respecto de la reparación del rubro "valor vida", resaltó que del plexo probatorio obrante en la causa no surgía ningún elemento tendiente a demostrar que la accionante hubiera convivido con su madre biológica, que la señora Cañas hubiera colaborado en modo alguno con su manutención o que pudiera hacerlo en el futuro. Por el contrario, aclaró, fue la propia recurrente quien expuso que Rosa Inés Cañas era una persona mayor y extremadamente pobre, que recibía ayuda de terceros y de los padres adoptivos de la actora para poder sobrevivir (v. fs. 500 y vta.).
Agregó que de las constancias acompañadas era posible extraer que la señora Cañas aceptó que su media hermana, junto a su marido, se hiciera cargo de la crianza de Rosa Inés Arias en virtud de sus problemáticas personales y por no contar con medios suficientes para su manutención. Asimismo, la madre biológica de la actora tenía 62 años al momento de los hechos y hacía tiempo que presentaba un delicado estado de salud.
Señaló que tampoco había sido acreditado que la nombrada se desempeñara en una actividad remunerada o contara con algún tipo de aporte económico tal como una jubilación o una pensión a fin de solventar sus gastos cotidianos, todos ellos, datos que contrariaban cualquier presunción de ayuda económica a su hija biológica.
Concluyó que los elementos de convicción reseñados por la coyuntura expuesta, en conjunción con el hecho de que la actora fue adoptada con efectos plenos por la pareja constituida por Juan Manuel Arias y Ana María Juárez con efectos retroactivos al año 1991 (v. fs. 141/144), desvirtuaban el invocado perjuicio patrimonial, cuya acreditación en este proceso constituía una carga de la reclamante (art. 375 CPCC y 77 inc. 1 CCA).
I.5. Contra dicho pronunciamiento la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 540/547). La Cámara interviniente denegó el primero y concedió el segundo (v. fs. 549/550).
En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, la actora sostuvo que el escueto análisis que realizó el Tribunal de Alzada sobre las circunstancias particulares de la causa al rechazar parcialmente la demanda en virtud de la existencia de una adopción plena, tornaba descalificable la sentencia por arbitrariedad, habiendo omitido una adecuada valoración de los hechos y situaciones cuyo debido tratamiento resultaba conducente para fundar una correcta solución al caso.
Hizo referencia al informe pericial de fs. 178/180 y a los distintos testimonios brindados en la causa, y señaló que se encontraban suficientemente probados los perjuicios padecidos.
Por último, consideró arbitrario, escaso e irrisorio el monto otorgado en concepto de daño moral.
II. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud endilgada a la demandada, que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (confr. art. 7 del Código Civil y Comercial, ley 26.994).
Sentado ello, el recurso no puede prosperar atento su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5.827).
Tiene dicho esta Corte que la cuantificación de los perjuicios constituye, en principio, una cuestión de hecho y como tal sólo puede ser analizada en esta instancia extraordinaria cuando la prerrogativa de los jueces de grado no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, incurriéndose en absurdo.
El señalado vicio hace referencia a un error grave y ostensible al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de lo que haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas C. 120.101, "Pacheco", sent. de 17-VIII-2016; C. 117.312, "Camuyrano", sent. de 19-X-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018 y A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018).
Por ello, cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, tal como lo es la valoración de los hechos y prueba, es imprescindible demostrar a más de denunciar- un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. doctr. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017 y A. 75.347, "Melgarejo", resol. de 19-XII-2018). Extremo que la impugnante no logró acreditar (art. 279, CPCC).
En la especie, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en su sentencia de fs. 523/529, por medio de la cual hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada en punto al cuestionamiento del monto determinado en concepto de daño moral, con su consecuente disminución, por considerar que de las constancias probatorias de la causa surgía que la actora prácticamente no había convivido con la señora Cañas y que, luego de su deceso, fue adoptada plenamente por el señor Arias y la señora Juárez, matrimonio al que se les otorgó la guarda judicial de Rosa Inés cuando contaba con cinco años de edad y que se ocupó siempre de su atención, sustento y cuidado, son argumentos que no logran ser desvirtuadas por el discurso impugnativo traído (art. 279, CPCC).
El mismo razonamiento cabe realizar respecto de la disconformidad de la actora con el rechazo de la reparación del rubro "valor vida".
Al respecto la Cámara reiteró en primer lugar la ausencia de convivencia de la actora con su madre biológica, a lo que agregó que del plexo probatorio obrante en la causa no surgía ningún elemento tendiente a demostrar que la señora Cañas hubiera colaborado en modo alguno con su manutención o que pudiera hacerlo en el futuro, destacando que se trataba de una persona mayor y extremadamente pobre, que hacía tiempo que presentaba un delicado estado de salud, no encontrándose tampoco acreditado que contara con algún tipo de aporte económico tal como una jubilación o pensión, datos que contrariaban cualquier presunción de ayuda económica que pudiera brindarle a su hija biológica.
En ese sentido, el Tribunal de Alzada resolvió acerca de la procedencia y alcance de los diferentes rubros indemnizatorios sobre la base de los distintos elementos probatorios incorporados en la causa, no habiendose demostrado que se haya incurrido en vicio lógico alguno.
Estas valoraciones son privativas de los jueces de grado y no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, a menos que se invoque y demuestre que en dicha labor el órgano jurisdiccional ha incurrido en absurdo, vicio que, como fuera ya expuesto, no se configura en la especie.
Cabe recordar también que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado, quienes pueden sin incurrir en absurdo, inclinarse hacia unas y desechar otras, sin necesidad de expresar en el fallo la meritación de todas (conf. doctr. causas C. 113.694, sent. de 16-IV-2014; C. 118.235, sent. de 13-V-2015; C. 120.786, resol. de 15-VI-2016; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 388
Fin de la sentencia