Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76075
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.075, "Vaccaro, Miguel Angel contra Ministerio de Justicia y Seguridad. Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes resolvió hacer lugar a la demanda interpuesta y declarar la nulidad de las resoluciones 4.851 y 7.614, ambas del Auditor General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y de la resolución 1.727 del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y ordenó la reincorporación del actor en la misma función y jerarquía que poseía antes de la exoneración (arts. 63, CCA y 163, Const. prov.).
Dispuso asimismo hacer lugar a la pretensión indemnizatoria, fijando una suma equivalente al 60% de los sueldos que le hubieran correspondido en situación de actividad y dejados de percibir desde que fue exonerado, hasta la fecha de su efectiva reincorporación, debiendo descontarse en la etapa de liquidación, los importes percibidos por el actor durante su tránsito temporal por la situación de desafectación y luego la disponibilidad.
Por último, hizo lugar a la pretensión de resarcimiento del daño moral, que fijó en la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) y al tratamiento psicológico determinado en la suma de veinte mil ochocientos pesos ($20.800), con intereses.
Explicó que de las constancias de la causa surgía que el sumario se inició como consecuencia del mismo hecho por el cual también se formó la investigación penal, esto es, por la denuncia de apremios ilegales ocurridos en la comisaría de Luján, en los días 15/16 y 18/19 de junio del año 2002, donde el accionante prestaba servicios a la fecha del hecho.
Señaló que la investigación en sede penal y luego en sede administrativa, estuvo orientada a verificar la efectiva participación de los agentes policiales que prestaron servicios durante aquellas fechas. Agregó que, una vez transitado el procedimiento administrativo, y luego de tipificar la conducta del agente -participación en apremios ilegales- en lo prescripto en el art. 59 inc. 7 del decreto ley 9.550/80-, se le impuso al actor la máxima sanción allí prevista.
Destacó que todo el sumario administrativo se nutrió única y exclusivamente de la prueba reunida en la investigación penal.
Sostuvo que durante el tránsito de la etapa recursiva y en forma previa a que el Ministro de Seguridad dictara el acto final, resolviendo los recursos de apelación interpuestos por los imputados, el Tribunal en lo Criminal n° 3 dictó el veredicto absolutorio respecto del actor y otros.
Sin embargo, aclaró, el Ministro de Seguridad resolvió con fecha 6 de agosto de 2013 rechazar el recurso de apelación deducido por Miguel Angel Vaccaro, contra la resolución 4.851 que dispuso su exoneración. Frente a ello sostuvo que al corresponderse lo investigado administrativamente con la investigación penal y al valerse la Administración única y exclusivamente de las constancias de la causa penal, debió expresar las razones concretas que dieran fundamento a la sanción impuesta, ponderando el resultado al que se arribó en el procedimiento criminal y, en su caso, de estimar que el accionar del agente era igualmente demostrativo de un perjuicio para la institución policial, debió justificar su decisión.
Entendió entonces que el ejercicio de la potestad disciplinaria del que dan cuenta las resoluciones administrativas atacadas resultó ilegítimo, lo que motiva la nulidad de las mismas.
II. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto.
Sostuvo que los actos dictados en el proceso sancionatorio y que fueran objeto de impugnación por parte del actor en sede judicial, sólo portan una motivación aparente por haber prescindido de un elemento probatorio a todas luces esencial a tenor de la concreta imputación que se le efectuara al agente en la decisión de segregación.
Reafirmó que la única prueba producida en sede administrativa al momento de la imposición de la sanción, resultó ser la causa penal en la que, ulteriormente, se dictó veredicto absolutorio respecto del aquí actor. Así, al no haberse valorado ningún hecho particular sino sólo ratificado las resoluciones que se habían limitado a una remisión en general a la causa penal, resulta indeterminable la causa del acto administrativo.
Luego analizó las críticas referidas a los rubros reconocidos y a los montos otorgados por el magistrado de primera instancia.
Entendió que a raíz de la ilegitimidad de la resolución de cesantía dictada y que fuera anulada judicialmente, correspondía reconocerle a la parte actora una suma con carácter indemnizatorio por los daños y perjuicios que aquella le irrogó.
En ese sentido, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa, la prueba testimonial producida y los parámetros ponderados en diversos precedentes análogos, consideró que correspondía confirmar el porcentaje con el cual fue mensurado el daño material.
Continuando con el tratamiento del agravio referido al rubro "daño moral", teniendo en cuenta que el actor al momento de su exoneración contaba con cuarenta y tres años de edad, sus condiciones personales, familiares, sociales y económicas (cfr. manifestaciones vertidas en el escrito de demanda y declaraciones testimoniales), que sufrió una ilegítima segregación de la fuerza de seguridad de la que formaba parte, circunstancia que denotaba los sufrimientos e incomodidades que hubo de soportar y que repercutieron en el normal desarrollo de su vida diaria a partir de dicho momento; y ponderando tales elementos a la luz del resto de las constancias probatorias reunidas, apreció que el monto reconocido por el juez de primera instancia reflejaba los sufrimientos espirituales que a la víctima debió haberle provocado el evento dañoso.
Finalmente, en cuanto al agravio dirigido a cuestionar el rubro "daño psicológico", destacó que el informe técnico del caso se encontraba debidamente fundado, resultando de trascendental fuerza probatoria para determinar la entidad de los daños reclamados, en conjunción con los restantes elementos vinculados al hecho dañoso. Juzgó entonces que no había motivos para invalidar las conclusiones producto de un detallado estudio previo. En esa inteligencia y en el entendimiento de que el tratamiento aconsejado resultaría útil para revertir las secuelas reseñadas, rechazó el agravio planteado.
En función de los argumentos expuestos, dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció una incorrecta valoración de la prueba obrante en la causa y señaló la suficiente motivación del acto que dispuso la exoneración.
Destacó que en la sentencia atacada no se logró deslindar las diferentes responsabilidades de los distintos ámbitos. Sostuvo que no había quedado descartada la participación de un número de agentes de la Policía provincial entre los que se hallaba el actor a mediados del mes de junio -15, 16 y 18- en hechos que no pueden ser admitidos en el ejercicio de la función policial. Así, agregó, la verificación de los deberes incumplidos no se fundó únicamente en el proceso penal abierto, sino también en informes médicos producidos a los detenidos que dan cuenta de lesiones (conf. doctor Rudoni); copias del libro de guardia en el cual se informan los hechos que fundaron el sumario; y copia del libro de detenidos donde también quedaron evidenciadas las irregularidades en el actuar de los agentes al frente de la Seccional Primera de la Comisaría de Luján. Concluyó que el actuar del señor Vaccaro en el marco de los hechos antes detallados importaron una pérdida de confianza de la Administración dado el desprestigio que ocasionó en la localidad donde se encontraba la dependencia policial, como en la misma Policía provincial.
Señaló que la circunstancia de que el actor no haya sido encontrado autor responsable del delito imputado, o de que se haya declarado que, ante la falta de mayores pruebas, no existía un "hecho delictual" que reprochar en sede penal (declaración negativa), en modo alguno equivale a "afirmar la inexistencia de todo hecho material" (declaración positiva), ni a cerrar toda posibilidad de ejercicio de potestad disciplinaria, dejando ello un margen colateral y no superpuesto de evaluación independiente del asunto en el ámbito disciplinario, dentro del cual se produjeron pruebas suficiente de la materialidad de un "hecho disciplinario".
En forma subsidiaria cuestionó la indemnización fijada (60%) de los salarios dejados de percibir, como también lo referido al daño moral y psicológico.
Manifestó que en el caso no se han individualizado pruebas que legitimen la decisión adoptada; la que se basa más en una apreciación personal de los magistrados actuantes que los hechos y pruebas agregados a la causa en tal sentido.
Destacó asimismo violación de la doctrina legal que sobre el punto en análisis se ha forjado con relación a las pautas a considerar para arribar al monto de condena en casos como el debatido en el sub lite .
En lo que respecta al daño moral puso especial énfasis en la ausencia de pruebas que acrediten el daño que el actor alegó haber padecido, presupuesto ineludible a la hora de decidir su procedencia, por lo que solicitó se revoque la sentencia también en ese aspecto. A todo evento consideró la suma reconocida excesiva.
Por último, en cuanto al rubro de daño psicológico, señaló que resultaba inatendible, en tanto si bien el actor produjo prueba pericial al respecto, de la misma surgía que padeció un leve trastorno de carácter reversible.
V. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte, y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio respecto de los actos aquí cuestionados, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver su nulidad del modo en que lo hizo.
En efecto, la Cámara sostuvo que los actos dictados en el proceso sancionatorio y que fueran objeto de impugnación por parte del actor en sede judicial, sólo portaban una motivación aparente por haber prescindido de un elemento probatorio a todas luces esencial a tenor de la concreta imputación que se le efectuara al agente en la decisión de segregación, reafirmando que la única prueba producida en sede administrativa al momento de la imposición de la sanción, resultó ser la causa penal en la que, ulteriormente, se dictó veredicto absolutorio respecto del aquí actor. Así, al no haberse valorado ningún hecho particular sino sólo ratificado las resoluciones que se habían limitado a una remisión en general a la causa penal, consideró que resultaba indeterminable la causa del acto administrativo.
En base a ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011 y A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014 y A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, sent. de 19-III-2014 y A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
En tal marco, la crítica del impugnante no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual y conforme reiteradamente se ha declarado, configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; entre tantas).
VI. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016 y A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000 y Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015).
VII. No mejora la suerte de la impugnación la crítica formulada respecto de la violación de la doctrina emanada de los precedentes que cita, en tanto en ellos mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; entre muchas otras).
VIII. Por último, corresponde desestimar los agravios relacionados con la cuantificación de los daños, en tanto las críticas esgrimidas resultan insuficientes a los fines pretendidos.
Por principio la cuantificación de los perjuicios constituye una cuestión de hecho y como tal sólo puede ser analizada en esta instancia extraordinaria cuando la prerrogativa de los jueces de grado no ha sido ejercida con la necesaria prudencia que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, incurriéndose en absurdo, que lejos está de haber sido demostrado en autos.
En el caso, el recurrente se limita a disentir con la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada, sin exponer elemento alguno de entidad que permita descalificar las determinaciones arribadas, no cumpliendo de tal forma con la carga de demostrar el absurdo incurrido.
IX. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Genoud, sin perjuicio de efectuar las siguientes consideraciones complementarias en orden a robustecer la declaración de insuficiencia del recurso extraordinario.
I. En primer término, es dable apuntar que la tesis central en la que se apoyó el a quo en orden a justificar el progreso de la pretensión radicó en una inadecuada motivación del acto segregativo, al señalar que la Administración había omitido toda consideración sobre el desenlace favorable de la causa penal en la que se encontraba involucrado el actor, en particular porque los "hechos cuestionados en ambas sedes -penal y administrativa- resultan ser los mismos y la prueba del procedimiento sumarial consiste sustancialmente en las constancias de la investigación penal" (v. cons. 7°, voto de la doctora Bezzi, que concitó la adhesión de sus colegas).
En ese trance, la Cámara aclaró que tal conclusión no implicaba desconocer la consabida independencia entre la responsabilidad penal y disciplinaria de los agentes públicos, lo cual, por lo demás, se ajusta a lo resuelto por esta Corte en un supuesto análogo, al indicar que "la consabida independencia entre ambos fueros, penal y administrativo, en virtud de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por los mismos y de las distintas responsabilidades disciplinaria y penal [...] no impide [...] confrontar sus pronunciamientos" en especial cuando la autoridad administrativa ha fundado el reproche en las constancias penales "desde que las partes se benefician y perjudican por igual con el resultado de los elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas. Por tanto, si la Administración basó el juzgamiento de la agente Giménez en dicha pieza procesal con ecuanimidad debió considerar asimismo su desenlace favorable para la nombrada o, en su defecto, ordenar nuevas diligencias o medidas pr
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