Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75162
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc.1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.162 "C. P. S. Y OTRO/AC/ MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM Y OTRO/A S/ PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Hurlingham y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por P. S. C. y N. A. C., por derecho propio y en representación de su hijo menor M. M. contra el citado municipio, la doctora Marisa Mabel Chaile y la citada en garantía "Federación Patronal Seguros S.A.", por la que se persiguiera obtener una indemnización por los daños y perjuicios originados por la mala praxis llevada a cabo por la profesional interviniente, dependiente del Hospital Municipal de Hurlingham, y que desembocara en una lesión de gravedad en el niño M. -incapacidad del 80 %-, debido al sufrimiento de un prolongado trabajo de parto de su madre y falta de oxigenación.
Luego de indicar que la responsabilidad del Estado por falta de servicio o irregular prestación del servicio público en el caso el de salud encontrara fundamento en el art. 1.112 del Código Civil, entonces vigente, y resaltar los caracteres de la prestación médica, señaló que las pruebas producidas debían ser apreciadas según las reglas de la sana crítica -cfr. art. 384 del CPCC- y que los jueces cuentan con un amplio margen para su ponderación, pudiéndose inclinarse por la que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito, no estando obligado a seguir a las partes en todas sus argumentaciones ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado.
Bajo tales parámetros expresó que la valoración de los medios probatorios aportados -resumen de historia clínica, informe de controles del período dilatante en el parto de la señora C. y pericias realizadas por los Dres. Cerdaverich y Cejas- efectuada por el señor juez de primera instancia era correcta para atribuir responsabilidad a los demandados y que, más allá de las manifestaciones vertidas por ellos acerca de las divergencias del monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, la apreciación de la experticia es pertinente en cuanto da cuenta de una falta de servicio consistente en un intervención negligente de la médica interviniente.
Así especifico que conforme a las probanzas existen indicios claros de que la causa de anoxia padecida por el menor M. C. tuvo origen en un "período expulsivo prolongado" y que la historia clínica consignó el "descenso de latidos fetales" del niño, quien no fue tratado adecuadamente, ello al visualizarse una demora en la extracción del feto desde que se constató la referida baja de latidos.
Precisó que la mala praxis establecida se sustentó de modo correcto en el dictamen pericial que estableció que "la alteración de los latidos fetales habría sido en el período expulsivo" y de allí surgía con nitidez la falta de servicio en la atención hospitalaria, en tanto señaló el experto que la "falta de dilatación deriva en cesárea".
También indicó que de la historia clínica de la señora C. se desprendía que existió un período expulsivo prolongado y el descenso de latidos fetales y del dictamen del Dr. Cerdarevich que es de "buena práctica, en el período prolongado el parto instrumentado o la cesárea" y que "la decisión de una intervención quirúrgica, se toma cuando el parto se prolonga demasiado; se hubiera evitado con una cesárea, el sufrimiento fetal y por lo tanto la anoxia cerebral sufrida".
Entendió que de conformidad a ello el galeno interviniente incurrió en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación asistencial, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, faltando a sus obligaciones en aras de preservar la salud de la accionante como de su bebé. Por lo tanto conforme a lo expuesto por los peritos y las constancias de la causa existia una razonable y adecuada conexión causal entre la causa médica y jurídica -mala praxis en la atención durante el parto- y la lamentable consecuencia acontecida -anoxia padecida por el menor M. C.- (cfr. arts. 901, 902,903 y 904 del Código Civil, entonces vigente).
II. Contra dicho pronunciamiento, el apoderado de la Municipalidad de Hurlingham interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs.955/970 vta.), el que fue concedido a fs. 977/979.
En su presentación, alega absurdidad en la valoración de la prueba e invoca la violación de la doctrina legal de esta Corte emergente de las causas Ac. 39.671, sent. de 7-VI-1988; Ac. 43.168, sent. de 23-IV-1990; Ac. 55.133, sent. de 22-VIII-1995; Ac. 79.514, "Castillo", sent. de 13-VIII-2003 y Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-2004. Asimismo aduce que vulnera los arts. 901, 902 y 903 del Código Civil, entonces vigente, y derechos y garantías constitucionales.
Señala que el Tribunal de Alzada efectúa una interpretación parcial, fragmentaria y no integrativa de la prueba producida en esta causa -en especial la pericial médica-, derivando en un fallo que carece de motivación, y que a su vez, prescindió de indicar los actos u omisiones del profesional tratante y de las pruebas para justificar la falta de servicio imputada, partiendo sólo de resultados negativos del tratamiento para condenar a la recurrente.
Expresa que los agravios formulados contra el fallo de primera instancia no fueron tratados por la Cámara que incurre en una apreciación absurda de la prueba toda vez que cimientan una atribución de responsabilidad en extremos no acontecidos y que no poseen los efectos que el fallo pretende atribuirles.
Así sostiene que el Tribunal de Alzada le asigna a un evento -disminución de la frecuencia cardíaca fetal- un resultado distinto al que el perito médico le otorgara que dictaminó que la alteración de los latidos habría sido en el período expulsivo, no constando su disminución en otro momento durante el trabajo de parto y por ello ante tal situación la sentencia impugnada concluyó -de modo ilógico- que era necesario realizar una cesárea.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts.279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En efecto, la Cámara, realizó una ponderación de los elementos colectados y concluyó en la existencia de pruebas convincentes que acreditaran el sustrato fáctico en el que la accionante apuntaló su pretensión, esto es, la falta de servicio que se le endilga a la demandada con base en la deficiente prestación médica.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la valoración de la prueba aportada a la causa a fin de determinar la existencia del hecho que motivó la litis, como si ha mediado un obrar negligente por parte de la demandada y en su caso, si éste está vinculado causalmente con los daños reclamados -en el caso, entre la deficiente prestación de servicio médico brindada por el nosocomio involucrado y el posterior daño padecido por el menor-, constituyen cuestiones de hecho que no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado a incurrido en absurdo (doctr. causas C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; C. 120.949, "Borra", sent. de 28-VI-2017 y A. 73.568, "Altopiedi", sent. de 18-IV-2018), es decir, que se verifique un error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas C. 117.312, "Camuyrano", sent. de 19-X-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018 y A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018).
Vicio de magnitud que no se advierte configurado en la especie (art. 279, CPCC).
En tal marco, la crítica del impugnante se centraliza a reproducir los mismos argumentos explicitados en su apelación referidos a la errónea ponderación de la prueba (v. fs.806/817 vta.) que han sido abordados por el Tribunal de Alzada y en esta instancia en su discurrir recursivo evidencia la insatisfacción con el mérito que de las pericias médicas efectuara la sentencia impugnada, efectuando una interpretación personal en torno a cómo debieran apreciarse la prueba pericial médica producida en la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016 y A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; e.o.).
Es que la apreciación de la prueba en general y de la pericia médica en particular -específicamente lo atinente al mérito y fundamento-, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio, la adjudicación de su pertinente eficacia probatoria, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables (doctr. causas C. 120.946, "Andaluz", snet. de 8-XI-2017; A. 73.975, "Ballejo", sent. de 10-X-2018).
Por ello, cuando se impugna una tarea propia de las instancias ordinarias, tal como lo es la valoración de los hechos y prueba, es imprescindible demostrar -a más de denunciar- un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado (conf. doctr. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017 y A. 75.347, "Melgarejo", resol. de 19-XII-2018). Extremo que la impugnante no logró demostrar (art. 279, CPCC).
Asimismo cabe señalar que la valoración de las probanzas realizadas de manera conjunta o integral, relacionando distintos elementos de juicio, constituye un método de razonamiento que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo (cfr. causas A. 72.299, "Morales", sent. de 15-VI-2016; A. 74.126, "Martinez", sent. de 27-III-2019).
En suma, los agravios replanteados ante esta instancia extraordinaria no evidencian absurdidad en el razonamiento seguido por los sentenciantes de grado al concluir que se encuentra acreditada la mala praxis denunciada por la actora y, en su consecuencia, existente la falta de servicio que se le endilga a la demandada. Lo que permite rechazar esta parcela del intento recursivo y descartar los planteos formulados (conf. art. 279, CPCC).
III.2. Por otro lado, en punto a la vulneración de los arts.901, 902 y 903 del Código Civil, entonces vigente, el recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal parcela.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017), tal como acontece en la especie.
III.3. Por último, tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal.
Al respecto, es del caso recordar que la mera mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquéllos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio.
Del mismo modo este Tribunal ha expresado que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018, e.o.).
A ello cabe agregar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, tal como la alegada en la pieza recursiva (v. fs. 962) (doctr. causas A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016, A. 74.648, "Candela", resol. de 8-XI-2017, A. 74.117, "Morales", resol. de 16-V-2018).
Finalmente, a su vez, en algunos de los precedentes invocados (causas Ac. 55.133, "Cayarga" y Ac. 86.304, "Alba") se encontró responsable a la entidad pública médica demandada, circunstancia contraria a los intereses de la recurrente.
III.5. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (cfr. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc.1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 355
Fin de la sentencia