Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74620
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art.31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1 ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.74.620 "SORIANO CECILIA SUSANA C/ REGISTRO PROVINCIAL DE LAS PERSONAS DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S / PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El titular del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Cecilia Susana Soriano contra la Provincia de Buenos Aires -Registro Provincial de las Personas-. Declaró de ese modo la nulidad de la resolución n° 1677 en lo atinente al traslado a la delegación de Pacheco y condenó a la accionada a reincorporar a la actora a la delegación de San Isidro en el término de 30 días. Rechazó a su vez la demanda en lo que respecta a la limitación efectuada a la asignación de funciones de Subdelegada en esta última dependencia.
Para así decidir el juzgador de origen relacionó los antecedentes fácticos y procesales del caso y señaló en lo sustancial que la actora pretendía la nulidad del acto administrativo que había ordenado su traslado de la delegación de San Isidro del Registro Provincial de las Personas, a la delegación de Pacheco de ese organismo sin atender a que su discapacidad física le dificultaba el traslado, generándose asimismo una desjerarquización laboral y salarial.
Manifestó que la parte accionada sostenía que por disposición n°1353/06 de le habían asignado funciones interinas de Subdelegada, las que fueron limitadas por resolución n°1677/09 y que luego de cesar en sus funciones interinas de subdelegada, continuó desempeñándose en la categoría 18 del agrupamiento técnico de planta permanente.
En primer término se expidió en relación a la desjerarquización laboral planteada señaló que de la documentación acompañada surgía que el día 28-XII-2006, por medio de la disposición n° 1353, se designó a la agente Soriano para que se desempeñara como Subdelegada de la delegación de San Isidro a partir del 1-XII-2006 y hasta disposición en contrario, destacó que en dicho acto se indicaba que los motivos obedecían a la jubilación de otra agente que ocupaba dicho cargo, y a fin de continuar con el normal desenvolvimiento de la delegación.
A su vez, se refirió a la resolución n° 1677 del 26-XI-2009 que disponía que por razones operativas del servicio, se limitaban las funciones de la actora a partir del día 25-XI-2009 a la asignación de funciones de Subdelegada de San Isidro, comisionándola a la delegación de Pacheco a partir de la misma fecha.
Recordó que las designaciones interinas eran aquellas que la administración efectuaba ante la ausencia transitoria del titular de un cargo y que recaían en agentes que pertenecían a la misma organización situación que consideró acontecía en autos. Que en razón de ello, los empleados designados de tal modo carecían de estabilidad en el cargo o función, correspondiente a su desempeño circunstancial, ello así por considerar que dichos nombramientos obedecían a una necesidad temporaria generadora de una situación precaria y por ende, susceptible de ser limitadas por la Administración.
Concluyó el sentenciante de primera instancia sosteniendo que el nombramiento de la actora como subdelegada de la delegación de San Isidro, no pudo haber generado efectos que trascendieran los límites allí dispuestos, careciendo de todo fundamento la pretensión de ampararse en la garantía de la estabilidad de un cargo que nació sin dicha cualidad.
En segundo término, analizó lo atinente a el traslado a la delegación de Pacheco dispuesto por la resolución n° 1677, recordó que la actora señalaba en su demanda que padecía discapacidad motriz parcial y permanente por paraplejia de miembros inferiores, como secuela de una poliomielitis sufrida en su infancia, circunstancia esta que le dificultaba cumplir con el traslado dispuesto. Seguidamente hizo incapié en algunos de los principios establecidos en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Ley 23378- particularmente al referido a la movilidad personal previsto en el art. 20, en ese contexto consideró que le asistía razón a la actora al sostener que el traslado del que fue objeto omitió el componente de la razonabilidad con que debieron evaluarse sus circunstancias personales.
Concluyó que correspondía dejar sin efecto el traslado cuestionado por cuanto en la resolución no se había tenido en cuenta que la actora presentaba una discapacidad, ni así tampoco el régimen de protección y asistencia del que gozaba: Estableció la nulidad parcial de la resolución n° 1677 en relación al traslado, recordó que la actora reclamaba el reconocimiento de gastos de traslado, viáticos medicamentos y atención médica, justipreció el rubro reclamado en relación a las dolencias sufridas en un marco de prudencia y razonabilidad en la suma de diez mil pesos.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandante agraviándose de no haber admitido el fallo de origen su reincorporación definitiva en el cargo de Subjefa de la delegación de San Isidro ya que entendió que había adquirido estabilidad conforme lo normado por los arts. 6 y 10 de la ley n° 11.758, sostuvo que en función de lo alegado la limitación de funciones devenía ilegítima, se agravia además por no haber analizado el juzgador el daño moral reclamado.
II. A su turno la Cámara Contencioso administrativo de San Martín, rechazó el recurso de apelación esgrimido por la accionante en lo atinente a la ilegitimidad de la limitación de las funciones dispuesta por la resolución n° 1677 así como los daños reclamados al respecto, con iguales fundamentos a los expresados por el tribunal de origen.
En cambio hizo lugar al recurso interpuesto en relación a la procedencia del daño moral sufrido a raíz del traslado dispuesto el que fijó en la suma de cinco mil pesos.
III. Disconforme con tal pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la errónea interpretación y la violación de los principios que rigen la aplicación de la legislación estatutaria 11.758 e ignorando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la estabilidad del empleo público y la garantía constitucional del art. 14 bis.
IV. 1. El recurso no puede prosperar, la insuficiencia que porta (conf. art. 279 del C.P.C.C.) habilita la aplicación del 31 bis de la ley 5827- texto según la ley 13.812- que faculta a ésta Corte a proceder a el rechazo de recursos extraordinarios con la sola invocación de ésta norma cuando han sido insuficientemente fundados o cuando, como sucede en autos, las apreciaciones que se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el juzgador, sin rebatir adecuadamente las reales motivaciones del fallo.
IV. 2. A su vez, el agravio por el cual se denuncia la errónea interpretación de los preceptos legales no es de recibo.
Tiene dicho este Tribunal que quien afirma que la sentencia viola preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un escrito interpretativo distinto al del juzgador como ocurre en la especie (conf. causas A. 71.488, "Gras", 9-III-2016; A. 73.506, "Scarimbolo", sent. 22-III-2016; A. 74.745, "Amado" resol. de 12-XII-2018; A. 74.818, "Magnanego", resol. de 17-IV-2019).
IV. 3. Esgrime la accionante también que la sentencia recurrida vulnera respecto de su parte la garantía fundamental del art.14 bis. de la Constitución Nacional.
Sobre el particular esta Corte ha resuelto que resulta estéril la generalizada denuncia acerca de la infracción de preceptos constitucionales cuando queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común sin que, como se ha señalado precedentemente, se haya acreditado la errónea aplicación de estas (conf. Ac. 87.882, sent. del 5-IV-2006; A. 71.802, sent. del 22-X-2014; A. 72.052, "Benitez", sent. de 17-V-2017).
IV. 4. Tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de doctrina legal.
Este Tribunal reiteradamente ha afirmado que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina que se reputa violada o erróneamente aplicada, por lo que su insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia sin individualización, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que edita el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Para más, la doctrina legal a la que alude la citada norma es la que emerge de los fallos de ésta Suprema Corte, establecida sobre la misma o análoga situación jurídica, por lo tanto no lo son las citas jurisprudenciales correspondientes a fallos que provienen de órganos jurisdiccionales distintos a éste Tribunal, aún cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema Nacional. (doctr. causa A. 74.458 "Scaglia", sent. 19-XI-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art.31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1 ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Pe-Ko
Reg. Nº 357
Fin de la sentencia