Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75190
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación solo en cuanto a la tasa de interés moratorio que ordenó adicionar al capital de condena en dólares estadounidenses y, asumiendo competencia positiva (art. 289, inc. 2, CPCC), se establece que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días, desde el pedido de restitución hasta su efectivo pago.
La ejecución de lo resuelto quedará a cargo del magistrado de primera instancia.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en virtud de la forma en que se decide (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.190, "Riedel, Mariano Matías y otro c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres , Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte demandada y acogió parcialmente el de la actora, estableciendo, por mayoría, el pago de los intereses a tasa pasiva digital o pasiva más alta desde el pedido de restitución de los importes omitidos en la rendición de cuentas formulada por la entidad bancaria que tuviera origen en la cuenta judicial n° 763.113/9, en la moneda en que fueron invertidos, hasta su efectivo pago. En todo lo demás, confirmó la decisión del señor juez de primera instancia, con costas a la demandada vencida (v. fs. 217/223).
Disconforme con este pronunciamiento, el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 228/238), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 240/243).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 243) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal a quo desestimó la apelación interpuesta por la demandada y acogió parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora, modificando la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto a los intereses moratorios, los que fijó de conformidad a la doctrina de este Tribunal en la causa "Ubertalli" y confirmó en lo demás el fallo que había hecho lugar a la pretensión indemnizatoria interpuesta por los señores Mariano Matías Riedel y Ariel Enrique Riedel contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires -en adelante, el Banco-. Así, condenó a la entidad a restituir los importes omitidos en la rendición de cuentas formulada por que tuviera origen en la cuenta judicial n° 763.113/9 en la moneda en que habían sido invertidas, con los intereses pactados por cada período.
En consecuencia, estableció, por mayoría, el pago de los intereses a tasa pasiva digital o pasiva más alta desde el pedido de restitución hasta su efectivo pago y confirmó en todo lo demás el decisorio de grado.
Para así resolver el Tribunal de Alzada estimó, con relación a la cuestión principal, que la pieza recursiva de la parte demandada no evidenciaba el desacierto interpretativo o la errónea o insuficiente valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas que le endilgaba al fallo de primera instancia, ya que de la prueba producida quedaba acreditada, de un lado, la existencia de una irregular administración y custodia de los fondos que el banco tenía a su cargo y la ausencia de razones que pudieran justificar lo ocurrido y, de otro, la falta de elementos que pudieran desacreditar las probanzas colectadas, que resultaban suficientes para justificar el reproche en términos de responsabilidad formulado y el deber de restitución (v. fs. 220/221).
Ahora bien, respecto de los intereses, estimó que razones de economía procesal imponían adoptar el nuevo criterio sentado por el Máximo Tribunal provincial en el precedente "Ubertalli" (causa B. 62.488, sent. de 18-V-2016).
Evaluó que el hecho de que los accesorios constituyan una consecuencia de la imposibilidad de contar con el dinero, justifica que deban computarse desde su pedido fehaciente de restitución hasta su efectivo pago (v. fs. 221 y vta.).
Entendió, respecto del alcance de la sentencia, que la decisión de primera instancia había sido clara y precisa al fijar la condena. En la parte dispositiva también estimó que no existía imprecisión en la condena ni resolución por fuera de lo solicitado, siendo que siempre se discutió en torno a los saldos faltantes u omitidos.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Esgrime que la sentencia de la Cámara incurre en error en la aplicación del derecho (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 y 31 de la Constitución provincial; 622, 2.189, 2.191, 2.220 y 2.506 del Código Civil (ley 340); 6 de la Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires; decreto ley 9.434/79 y arts. 18, 24, 25, 30 y 32 de la Acordada 2579 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).
Alega que en autos se reclama al Banco la restitución de fondos en moneda extranjera que fueran depositados a interés y por un plazo, en el marco de lo normado por la Acordada 2579 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el art. 6 de su Carta Orgánica.
Refiere que los depósitos judiciales en la Provincia de Buenos Aires poseen un estatuto normativo específico que conforma un régimen de derecho público de naturaleza contractual entre el Banco (por habilitación legal) y el Poder Judicial (por atribución constitucional, en el marco de su zona de reserva), representado por la Suprema Corte, a efectos de cumplir una función relacionada con el servicio de justicia.
Agrega que existe, así, un derecho real en cabeza del Banco (dominio) y un correlativo derecho personal (exigir la entrega -prestación a cargo del Banco-) cuyo titular es el juez a cargo del juzgado a nombre del cual se encuentran consignados los fondos (art. 18, Ac. 2579 cit.).
Sostiene que, en función de ello, la potestad para requerir el cumplimiento de la prestación que recae sobre el Banco es exclusiva del titular de dicho órgano, careciendo de tal atribución otro juez o el eventual destinatario final del dinero, quien solo puede acceder a el a partir de una actividad jurisdiccional específica, que no es otra que la libranza o la transferencia ordenadas en la forma reglamentaria prevista (arts. 18, 24 y 32, Ac. 2579/94).
Puntualiza que a través del fallo atacado (por ratificación del dictado en primera instancia) se viola la ley aplicable al caso, en tanto la relación jurídica acreditada (depósito judicial a plazo fijo) no habilita a la demandante para requerir dicha conducta al Banco accionado.
Alega que solo podrá exigir la "entrega" y no la "restitución" aquel juez a cuyo nombre esté constituido el plazo fijo, mas no el eventual destinatario de los fondos, ni tampoco otro órgano jurisdiccional.
Concluye que si se pide la entrega de los fondos depositados y no rendidos, ello debe ser requerido por el juez depositante; como, asimismo, que lo resuelto por el Tribunal de Alzada vulnera lo establecido por los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución provincial, ya que priva de su propiedad al Banco sin sustento legal legítimo.
II.2. Por otra parte, sostiene el recurrente que el fallo de la Cámara vulnera el derecho aplicable al establecer una tasa de interés correspondiente a imposiciones en pesos, para una moneda nominada en dólares estadounidenses, y ello es completamente injusto.
Estima que tasas que oscilan en torno a los dos dígitos no pueden considerarse nunca razonables para una inversión en dólares en nuestra economía, ya que además de la variación del valor de la moneda nacional frente a la extranjera en detrimento de la primera, ningún banco o entidad que reciba depósitos a plazo reconoce en nuestra economía intereses a las tasas que resultarían de aplicar la establecida en el fallo.
Argumenta que aplicar la tasa considerada en la sentencia de la Cámara implicaría una violación del derecho del Banco reconocido en los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución provincial, confiscatoria, así como un ejercicio irrazonable de la judicatura, por cuanto los fallos deben considerar los efectos económicos que conllevan.
Aduce que ello también afecta el debido proceso legal y el derecho a la igualdad de su parte (arts. 16 y 18, Const. nac.) en tanto no deviene una conclusión lógica de nuestro ordenamiento legal y constitucional, implicando una carga irrazonable que no tiene por qué soportar.
II.3. Por último, considera que lo resuelto por la Cámara vulnera lo establecido por el legislador en el art. 622 del Código Civil, ya que dicha norma dispone que, existiendo una tasa pactada o legal, la misma desplaza la facultad jurisdiccional para fijar otra.
II.4. Peticiona se haga lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocando las sentencias dictadas contra el derecho del Banco demandado. Formula y mantiene reserva del caso federal.
III. Adelanto que, en mi opinión, el recurso habrá de prosperar parcialmente.
III.1. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuraron los hechos que ocasionaron los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
III.2. La Cámara de Apelación consideró que más allá de la denominación utilizada (pretensión indemnizatoria), quedaba claro la existencia de una irregular administración y custodia de los fondos que la entidad demandada tenía a su cargo y sobre la base de esta se decidió su responsabilidad y condenó a la restitución de los fondos.
Con referencia puntual a la defensa de la entidad demandada respecto a que el depósito supuestamente se encontraba vigente y que por ello la pretensión de reintegro debía canalizarse de conformidad con la Acordada 2579, estimó que ello importaba desconocer su propia conducta: esto es las diversas contradicciones en las que incurriera al momento de informar la cantidad, monto y la moneda de los depósitos vinculados a la cuenta judicial y otras irregularidades acontecidas, todo lo cual impidió que la cuestión pudiera encauzarse como una simple restitución de un depósito judicial regulada por la mentada reglamentación.
En efecto, entiendo que acierta dicho Tribunal cuando explicita que las operatorias detalladas, la ausencia de razones que expliquen lo ocurrido y desacrediten las probanzas colectadas, son suficientes para justificar el reproche de responsabilidad formulado y el deber de restitución (v. fs. 220 vta. y 221). Ello con particular hincapié en la prueba de peritos producida y la falta de cuestionamiento eficaz de esta por parte del Banco demandado.
Frente a estos fundamentos la recurrente se limita a invocar nuevamente la errónea aplicación de las normas vinculadas a los depósitos judiciales, preceptos que no han sido actuados en el presente y que, por otra parte, tampoco merecieran un desarrollo suficiente para explicar en qué consiste esta, circunstancias que demuestran la insuficiencia del recurso en esta parcela.
No existe, como sostiene el Banco impugnante, errónea aplicación de las normas invocadas (arts. 622, 2.189, 2.191, 2.220 y 2.506, Cód. Civ. -ley 340-y 6, Carta Orgánica, Banco de la Provincia de Buenos Aires; dec. ley 9.434/79; arts. 18, 24, 25, 30 y 32, Ac. 2579 SCBA), por cuanto lo que se ordena al Banco de la Provincia de Buenos Aires en este juicio es restituir los importes invertidos a plazo fijo en dólares con los intereses pactados por cada período, omitidos en la rendición de cuentas formulada por la entidad bancaria y que tengan origen en la cuenta judicial n° 763.113/9 -a la orden del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, autos "Arnold de Riedel, Estela Inés y otros c/ Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios"-, con más los intereses moratorios desde que se requirió su restitución, ello con base en la probada prestación irregular administración y custodia de los fondos a su cargo.
Como puede apreciarse, la técnica recursiva utilizada define, por su insuficiencia, la suerte adversa de la impugnación traída. El recurrente denuncia como erróneamente aplicadas normas que no han sido las actuadas ni utilizadas en el caso, omitiendo hacerse cargo de lo expresamente resuelto por las instancias ordinarias.
Al respecto cabe recordar aquí que, conforme tiene dicho este Tribunal, se reputa insuficiente la queja que no alega infracción de la totalidad de las normas que fundan el pronunciamiento -aduciéndosela en cambio, respecto de algunas no actuadas- y que, además, soslayando claras motivaciones del sentenciante, insiste en un personal encuadre cuya preeminencia pretende (conf. causas C. 93.005, sent. de 18-II-2009; C. 99.974, sent. de 2-VII-2010; C. 107.998, sent. de 29-VI-2011 y A. 72.610, sent. de 6-XI-2019).
A esta altura también resulta útil recordar que quien denuncia la violación de preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, pues la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor. Dicha carga no es adecuadamente satisfecha por el recurrente si sus agravios en este sentido no pasan del mero enunciado y una escueta exposición discrepante, sin lograr demostrar las transgresiones que denuncia (doctr. causa A. 73.862, sent. de 3-V-2018).
Por su parte tampoco el recurrente ha invocado absurdo en el razonamiento de la Cámara, único supuesto en que este Tribunal se encontraría en condiciones de revisar la valoración de los hechos y las pruebas mediante las cuales el Tribunal de Alzada fundara la responsabilidad de la entidad demandada. Cabe señalar al respecto que, si el impugnante se limita a continuar propugnando, sin más sustento que en su propio concepto, un criterio diferente al considerado por el a quo , sin lograr demostrar, como era su carga hacerlo (art. 279, CPCC), que el razonamiento seguido por los sentenciantes en ejercicio de facultades que le son privativas haya incurrido en ese vicio, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es insuficiente (doctr. causa A. 74.559, sent. de 8-VI-2020).
III.3. Descartados los agravios vinculados con la pretensión principal corresponde abocarse a los accesorios dispuestos en la sentencia impugnada. Con relación al planteo formulado por el recurrente en el punto IV.C.1.3. incs. "b" y "c" (fs. 236 y vta.) por el cual se opone a la procedencia de los intereses moratorios fijados.
El objeto de este proceso fue la restitución de los importes invertidos en aquellos autos a plazo fijo en dólares, con más los intereses pactados por cada período. Constituye así una pretensión diversa, que a su vez origina el pago de intereses, dado que, tratándose de una obligación dineraria satisfecha tardíamente, y merced a lo dispuesto en el art. 622 del Código Civil -ley 340, hoy derogada-, concordante con el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-, el deudor debe adunar a la prestación debida, los intereses devengados durante el período de la mora.
Corresponde añadir que en los autos C. 123.306, "Panettieri", sentencia de 25-XI-2020, se señaló que el hecho de que la controversia encontrase su ámbito de subsunción en las normas establecidas en el anterior Código Civil conduce a la aplicación de la doctrina legal diseñada en derredor del referido art. 622. Esto, sumado a la consideración de la regla contenida en el art. 617 de ese mismo Código (texto según ley 23.928) según la cual "...si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República [como aconteció en la especie], la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero", no permite propiciar una interpretación diferente.
Por ello, corresponde en esta parcela desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Banco.
III.4. En lo que respecta a la tasa de interés aplicable, el tribunal a quo sostuvo que corresponde adoptar el criterio sentado por el Máximo Tribunal provincial en el precedente "Ubertalli" (causa B. 62.488, sent. de 18-V-2016), teniendo en consideración el criterio legal fijado y razones de economía procesal que justifican su acatamiento, fijando el pago de los intereses a tasa pasiva digital o pasiva más alta desde el pedido de restitución hasta su efectivo pago.
Cabe señalar que la doctrina legal referida, de acuerdo a lo expuesto por este Tribunal a partir de las causas B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016 y C. 119.176, "Cabrera", sentencia de 15-VI-2016, es a todo evento aplicable en supuestos de condenas fijadas en pesos y no en dólares, como en autos (conf. causa C. 121.978, sent. de 18-X-2018).
Así, no resultan aplicables los intereses establecidos por el Tribunal de Alzada, sino que considero corresponde aplicar en el presente supuesto, a las sumas que debían ser restituidas a las accionadas, la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
IV. Por consiguiente, propongo hacer lugar a esta parcela del recurso de inaplicabilidad de ley articulado, revocando la sentencia de la Cámara de Apelación solo en cuanto a la tasa de interés moratorio que ordenó adicionar al capital de condena en dólares estadounidenses y, asumiendo competencia positiva (art. 289, inc. 2, CPCC), establecer que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días, desde el pedido de restitución hasta su efectivo pago.
La ejecución de esta decisión quedará a cargo del magistrado de primera instancia.
V. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en virtud de la forma en que se decide (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance parcial indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada, se revoca la sentencia de la Cámara de Apelación solo en cuanto a la tasa de interés moratorio que ordenó adicionar al capital de condena en dólares estadounidenses y, asumiendo competencia positiva (art. 289, inc. 2, CPCC), se establece que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la tasa pasiva más alta que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos en dólares estadounidenses a treinta días, desde el pedido de restitución hasta su efectivo pago.
La ejecución de lo resuelto quedará a cargo del magistrado de primera instancia.
Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en virtud de la forma en que se decide (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/06/2021 13:26:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2021 13:38:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2021 14:47:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2021 15:12:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2021 18:30:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.