Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75834
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.834, "Moore de Terrero, Elena A. y otros c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres , Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, exclusivamente en cuanto al planteo de la improcedencia de condenar a la demandada a iniciar un procedimiento expropiatorio y confirmó la sentencia de primera instancia en todo lo demás respecto de ese litigante.
Asimismo, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la Fiscalía de Estado y dejó sin efecto el pronunciamiento que condenara a la Provincia de Buenos Aires a iniciar un procedimiento expropiatorio, modificando a su vez la imposición de las costas de la anterior instancia, que quedaron a cargo de la actora. A su vez, impuso también las costas de la segunda instancia a la actora (v. fs. 956/973 y vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 977/1.012), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 1.021 y vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.031), presentada la memoria de la parte demandada a fs. 1032 -mediante escrito electrónico de fecha 10-12-2019 1:32:38 p.m.- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El señor juez de primera instancia admitió parcialmente la acción contencioso administrativa promovida por Elena Ana Moore de Terrero, Elena María Terrero, Estela María Terrero, Marcela Terrero de Lascaray, Margarita María Terrero de Del Valle y Felipe Eduardo Terrero, contra la Provincia de Buenos Aires, a quien condenó a iniciar el procedimiento de expropiación de la fracción de campo de su propiedad, que se encuentra por debajo de la cota IGM 82,00 m., perteneciente al establecimiento rural "El Hinojo", compuesto de dos parcelas designadas catastralmente como Parcelas 813-a y 813 b, Circunscripción XI, Sección Rural del Partido de Trenque Lauquen.
Desestimó también la indemnización por daños y perjuicios pretendida.
II. A su turno, y en lo que aquí interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata acogió parcialmente el recurso de apelación deducido por los actores, exclusivamente en punto a condenar a la demandada a iniciar un trámite expropiatorio, y confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la reparación de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la inundación del establecimiento rural referido, ocurrida como consecuencia de las obras hidráulicas efectuadas por la Provincia, vinculadas al Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado.
Para así decidir, estimó que la exposición de la parte actora permite encauzar el examen de los agravios a través de tres aspectos, a saber: la cosa juzgada, la plataforma fáctica y el alcance de la indemnización.
Señaló que la autoridad de las sentencias de la Corte federal en autos "Terrero, Felipe y otros c/ Buenos Aires, Provincia s/ Daños y perjuicios", T.217 XXI Originario del 10-VIII-1995 y "Terrero, Felipe Eduardo y otros", T.54 XXXVI Originario del 26-II-2002, que se pretende hacer valer mediante la nueva pretensión sometida a juzgamiento, no comporta una mecánica aplicación de sus mandatos en el único modo en que lo entiende la parte interesada, sino que, antes bien, requiere del examen de los presupuestos de admisibilidad y procedencia del reclamo, como de la implicancia del pronunciamiento sobre la cuestión. Exige, pues, una tarea intelectual de conocimiento y resolución, despliegue que torna ineludible el análisis e interpretación de los alcances y efectos de los antecedentes judiciales invocados.
Puntualizó que la sentencia de primera instancia no equivoca en el juzgamiento ni presenta excesos respecto al encuadre del sub lite en la órbita de la responsabilidad del Estado por actuación lícita.
En este orden de ideas, ponderó que los embates planteados por los actores no abordan acabadamente ese aspecto pues, sin aportar mayores fundamentos, niegan la existencia de una actuación del estado ordinaria y conforme a la ley, a la par que alegan una conducta estatal arbitraria y contradictoria con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anteriormente ordenaron indemnizarlos.
Estimó que la posición del apelante en torno al alcance pleno de la indemnización y la censura sobre la limitación de aquel, no quiebra la lógica de un razonamiento que no restringe por vía de principio los lindes de la reparación en los supuestos de responsabilidad por actividad estatal lícita (conf. arts. 14 y 17 Const. nac.) sino que, partiendo de un concepto de resarcimiento integral, analiza los hechos que llevan a disminuir su extensión.
Concluyó así que, aun partiendo del criterio amplio y actual, en el sentido de admitir el lucro cesante como indemnizable, si se trata, como en el caso, de la responsabilidad extracontractual del estado por su actuación lícita (conf. doctrina CSJN, "Juncalán Forestal", sent. de 23-XI-1989; "El Jacarandá", sent. de 28-VII-2005; "Zonas Francas Santa Cruz S.A.", sent. de 9-VI-2009; entre otras), son las especiales circunstancias ponderadas por la sentencia, las que definen la suerte adversa de ese rubro.
En ese sentido, la Cámara estimó que el señor juez de primera instancia ha valorado adecuadamente dichas circunstancias peculiares, sin quebrar el contenido en las sentencias de la Corte Suprema nacional antes individualizadas, ya que éstas se dedicaron a resarcir el lucro cesante y el daño futuro por los períodos allí considerados, sin pronunciarse en relación a los eventuales que pudieran ocurrir más adelante, agregando que más bien se advierte, al contrario, una conveniente limitación.
Por último, y en cuanto a la disconformidad manifestada por los actores en punto al rechazo de la petición incluida en su escrito inicial -donde solicitaron el traspaso del dominio de las hectáreas del predio de su propiedad que resultaren económicamente inaprovechables a la Provincia de Buenos Aires con la correlativa indemnización del valor- la Cámara consideró que a pesar del extenso desarrollo dedicado por los recurrentes a explicar que su pretensión no se encuadra en la acción de expropiación inversa, soslayan por completo la necesaria referencia a un precepto jurídico que fundamente su petición.
III. Contra dicho pronunciamiento se alzan los actores a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alegan que la sentencia de la Alzada ha violado la cosa juzgada de las sentencias firmes dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello así ya que, ateniéndose a los lineamientos trazados por la vocal preopinante en otro precedente, rechazó sus agravios incurriendo en incuestionables absurdos que descalifican en forma insanable la validez del decisorio.
Plantean que la sentencia recurrida sustenta criterios repugnantes a la razón, y efectúa afirmaciones no veraces y opuestas a lo probado en los autos, como sostener que no hubo en el caso daños ciertos sino solo eventuales, haciendo caso omiso de elementos esenciales obrantes en el proceso.
Agregan que es falso y absurdo que su parte haya pretendido hacer valer la autoridad de las sentencias de la Corte federal intentando una mecánica aplicación de sus mandatos en el único modo por ella entendido.
Sostienen que yerra el decisorio cuestionado cuando afirma que "...no asiste razón a la parte actora cuando aduce que el presente litigio se ve limitado a comprobar si se mantienen o no las mismas condiciones de anegamiento del bien que no ha sido expropiado, para, de ser así, determinar el monto resarcitorio por el lucro cesante y daño futuro"; y en cuanto agrega que el pronunciamiento antecedente que adquiere la calidad de atributo de cosa juzgada no extiende sus efectos más allá de sus alcances que "...conforme se verá se consumaron con el acotamiento por segunda vez de la pretensión indemnizatoria allí reconocida y la cuantificación del monto".
Entienden que también deviene absurdo que la sentencia sostenga que su parte afirmara que "...sólo queda a la presente causa judicial fijar ulteriores indemnizaciones en tanto y en cuanto no se produzca el único impedimento para ello, esto es, la recuperación de productividad de las tierras o bien su transferencia a la Provincia demandada". Si esta hubiera sido la posición de su parte -esgrimen- carecería de todo sentido que hubieran ofrecido y producido la profusa prueba existente en las actuaciones.
Argumentan que, en función de la prueba producida en autos, resulta arbitrario y absurdo que la sentencia establezca que "...la evaluación de los hechos en el presente, realizada por el iudex con sustento en las pruebas producidas en autos, no implica una ruptura de los fundamentos inconmovibles de aquellos" (en referencia a los anteriores fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los dos juicios previos de la familia Terrero).
Exponen que es absurda la conclusión del pronunciamiento impugnado que señala que "el juez efectúa correctamente la distinción entre hechos antecedentes y los actuales, con sustento en las constancias de la causa y especial ponderación del transcurso del tiempo y de haber sido ya resarcidos en dos ocasiones los perjuicios que se vuelven a invocar".
Agregan que no existe en la sentencia de primera instancia tal distinción. Aducen que no tiene sentido que se afirme que se han ponderado las constancias de la causa, siendo que se han ignorado pruebas esenciales como la pericia de Ingeniería Hidráulica y las constancias de los expedientes ofrecidos como prueba instrumental.
Reputan equivocado que se otorgue un efecto novador al mero transcurso del tiempo, que supuestamente fue especialmente ponderado para rechazar las pretensiones de la actora.
Exponen que es claramente desacertada la confirmación por parte del a quo de la sentencia de primera instancia que juzgó improcedente la reclamación por el lucro cesante sobre la base de considerar que habiendo sido los demandantes resarcidos por el anegamiento de su finca hasta el año 2003, no surgía de autos la constancia de inundación de nuevas superficies "toda vez que el fundo no volvió a tener bajo agua las 351 ha. que fueron conocidas en el pleito precedente".
Alegan que en el voto de la vocal preopinante se dispone la confirmación del rechazo del lucro cesante por considerar que las nuevas circunstancias evaluadas son suficientemente relevantes y convincentes para dar fundamento a lo ya resuelto sobre el rechazo de dicho rubro.
Lo absurdo y arbitrario del fallo se completa -sostienen- con la afirmación de que la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria de actualidad y que la prueba producida ha versado sobre datos abstractos que no apuntan al concreto emprendimiento comercial.
Detallan así su valoración sobre la prueba producida. Y expresan que solamente faltando a una mínima coherencia y apego a las constancias del expediente puede sostenerse que su parte pretendió la reparación de un ítem solamente fundado en una alegada potencialidad del establecimiento y no en beneficios reales de los que se ha visto privada de obtener en ejercicio de una actividad efectiva anterior al ingreso de las aguas.
Concluyen, con relación al rechazo del traspaso de dominio de las hectáreas del predio que resultaren económicamente inaprovechables a la Provincia de Buenos Aires, con la correlativa indemnización de su valor, que es absurdo que se mencione que esta pretensión ha resultado huérfana de todo fundamento normativo, ya que la misma sentencia establece que la ley 12.542 -que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los inmuebles que se considerasen necesarios para la ejecución del Proyecto Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado- dispuso que si el expropiante no promovía el juicio dentro de los quince años de sancionada la ley, la expropiación se consideraría abandonada.
Ponen de resalto que la pérdida de un bien productivo trabajado en debida forma, como de hecho lo ha explotado históricamente la familia Terrero, lleva a que el mismo no se agote y, por ende, deviene contrario a la lógica, como así también al derecho a obtener la justa reparación integral, que no se reconozca y abone el valor integral de las hectáreas definitivamente afectadas y se rechace el traspaso dominial a la Provincia de Buenos Aires.
Formulan y mantienen reserva del caso federal por encontrarse insanablemente violadas las garantías de defensa en juicio, debido proceso, como así también los principios de igualdad, propiedad, y los derechos convencionales que revisten el rango de derechos constitucionales.
IV. El recurso no prospera, debido a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, con relación al cuestionamiento que efectúa la recurrente a la cita de otro precedente (causa "Lanusse" -confirmada por esta Suprema Corte; ver A. 71.890, sent. de 28-XII-2016) mencionada por la doctora Milanta en su voto, cabe destacar que la afirmación de que los lineamientos trazados en aquella oportunidad exhiben una significativa similitud con la configuración del supuesto bajo estudio y que las consideraciones allí expuestas resultan de utilidad para la resolución de este proceso, es una consideración que no determinó por sí sola la solución del caso, tal como quedó claro con el desarrollo realizado en el pronunciamiento atacado.
Y ello sin perjuicio de dejar aclarado que efectivamente el precedente recién indicado guarda cierta analogía con la presente contienda.
Sentado lo que antecede, es dable consignar que los recurrentes alegan que la sentencia ha violado la cosa juzgada de los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia nacional en autos "Terrero, Felipe y otros c/ Buenos Aires, Provincia s/ Daños y perjuicios", T.217 XXI Originario, sent. de 10-VIII-1995; y "Terrero, Felipe Eduardo y otros", T.54 XXXVI Originario, sent. de 26-II-2002.
En el primero de dichos juicios, el Alto Tribunal federal, luego de evaluar la información aportada en sendos dictámenes periciales, concluyó que la inundación del campo de los actores obedeció a la participación de dos concausas: los eventos naturales invocados por la demandada -precipitaciones- a las que asignó un porcentaje de incidencia del 30% y las obras llevadas a cabo por la Provincia de Buenos Aires, cuya participación en la consecuencia dañosa estableció en un 70%.
Por ello, condenó a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a los accionantes por diversos conceptos vinculados con daños emergentes (perjuicios a las praderas y mejoras) así como el lucro cesante configurado por la privación de ganancias por la explotación plena del fundo desde el año 1987 a 1996.
En la segunda causa, el Máximo Tribunal, verificó que subsistió la situación de emergencia, originada por las mismas causas, condenando a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar a los actores tanto el lucro cesante como el daño futuro reclamados por las pérdidas sufridas en las campañas 1996 a 2003.
Tal como en reiteradas oportunidades lo ha declarado este Tribunal, la apreciación por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada es una cuestión de hecho que proviene de una labor que les compete en forma privativa y que, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (conf. causas L. 42.562, "Kessler", sent. de 12-XII-1989; L. 76.260, "Quiroga", sent. de 21-V-2003; Ac. 82.415, "Copani", sent. de 8-IX-2004; Ac. 87.666, "Schonfeld de Bru", sent. de 11-V-2005; entre muchas otras).
Cabe consignar que para tener por configurado el absurdo no basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de las cuestiones fáctico-probatorias. Es necesario demostrar que lo concluido por la Cámara es producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causa C. 96.946, sent. de 4-XI-2009; A. 75.080, sent. de 19-VIII-2020; A. 74.632, sent. de 23-IX-2020).
No advierto que aquí se verifique tal excepcional supuesto, pues a mi juicio no demuestra la quejosa que la Cámara haya despreciado las decisiones de la Corte nacional que se traen como fuente de la demanda entablada.
Al respecto, en esencia el a quo señaló que la cosa juzgada resulta operativa con respecto a las causas de la inundación de las tierras de los actores y que, en cambio, no se encuentra subordinada a igual solución que los anteriores en punto al reconocimiento de nuevas indemnizaciones, ya que a este respecto era menester "evaluar la existencia y, en su caso, magnitud de los perjuicios", que no formaron parte de aquellas decisiones.
Por derivación de tal razonamiento la Cámara estimó -en sintonía con lo expuesto por el magistrado de primera instancia- que no se habían acreditado nuevos daños en el presente litigio.
De tal forma -y más allá del acierto o error de tales conclusiones-, no aprecio entre los agravios expuestos más que una exposición del particular punto de vista de los recurrentes sobre cómo deben ser interpretados los pronunciamientos judiciales dictados por la Corte Suprema nacional, no encontrándose acreditado el vicio de absurdo, esto es, un apartamiento grosero de aquellos decisorios.
Ello así, debe ser confirmado el pronunciamiento atacado, en este punto, en razón de la insuficiencia del remedio deducido (art. 279, CPCC).
IV.2. Por su parte, y analizada la pieza recursiva es posible advertir reiteradas alegaciones de arbitrariedad, falsedad y absurdo en torno a las razones dadas por el a quo a fin de tener por indemostrados los daños alegados por los actores.
En el orden provincial, esta Corte ha puntualizado que las cuestiones de hecho y prueba no pueden ser abordadas en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (causas A. 71.029, "Álvarez", sent. de 19-XI-2016; A. 73.979, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Macromet S.A.", sent. de 15-VIII-2018; entre otras).
En concreto, los recurrentes se agravian del rechazo de la reclamación por lucro cesante.
Juzgó el a quo a fs. 967 vta. y 968 que el haber sido indemnizado en dos oportunidades tanto el lucro cesante como el daño futuro, hasta el año 2003 -inclusive- el tiempo transcurrido desde que ocurrió la situación generadora del pedimento, la ausencia de anegamiento de nuevas hectáreas, la retracción de las aguas respecto de las fracciones originariamente inundadas por las que se establecieron las reparaciones y la imposibilidad de considerar la aptitud productiva de las hectáreas que se encuentran bajo el agua desde hace casi 30 años (al no tratarse de una porción de tierras con cultivos en progreso que permita afirmar que se ha privado de una "ventaja económica esperada de acuerdo a probabilidades objetivas" ), derivan en la pérdida de expectativa que presenta una plataforma de hecho que difiere de la considerada por los fallos anteriores.
Así, estimó que no existía derecho a obtener un resarcimiento por una explotación inexistente, bajo las especiales circunstancias del sub-j
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