Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76794
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, primer párrafo, y 289, in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.794, "Etchepare, Eduardo Víctor contra Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó lo decidido por la jueza de primera instancia, que a su turno había rechazado la demanda promovida por el señor Eduardo Víctor Etchepare contra la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 201/206).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 208/216 y presentación electrónica de fecha 26-VII-2019, 09:00:29 a.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 28-XII-2020), agregado el memorial de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 13-VII-2021, 1:09:35 p.m., en el sistema Augusta), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor Eduardo Víctor Etchepare promovió acción contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se le conceda la jubilación extraordinaria por invalidez que le fuera denegada por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos en el expediente administrativo 12.117/08 (v. fs. 2/4, 6, 14/15 del expediente judicial y 33 y 66 de las actuaciones administrativas agregadas sin acumular).
La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Lomas de Zamora rechazó la demanda deducida (v. fs. 135/142).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora; revocó el pronunciamiento de grado y le reconoció al señor Etchepare el beneficio de jubilación extraordinaria por invalidez en el setenta y cinco por ciento (75%) de la jubilación ordinaria, a partir del reclamo administrativo de fecha 19 de mayo de 2008 (arts. 55, 56 y 59, CCA; 15 y 16, ley 7.014), más los intereses calculados de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósitos a treinta días prevista para las operaciones electrónicas (tasa pasiva "digital"), vigente en los distintos períodos de aplicación, computados a partir del día 19-V-2008 y hasta su efectivo pago. Impuso las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 51 inc. 1, 77, ley 12.008 -texto según ley 14.437- y 274, CPCC).
II.1. Para así decidir, entendió que se encuentra acreditado en el caso el grado de incapacidad invalidante que requiere la norma para otorgar el beneficio (arts. 15 y 16, ley 7.014). Ello, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho involucrado y habiendo efectuado una valoración integral de las pruebas agregadas en autos.
El Tribunal centró la cuestión controvertida en determinar si la incapacidad total del actor para ejercer la profesión se produjo mientras éste se encontraba en ejercicio de la profesión de martillero.
Señaló que -ante el eventual reconocimiento del derecho jubilatorio y su alcance- procederá a ponderar la relevancia de la petición tardía ante el organismo previsional.
Advirtió que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido (exclusión de la colegiación con fecha 23-XII-1993 y petición del beneficio ante la Caja previsional el día 19-V-2008), peritar la incapacidad del señor Etchepare ofrece ciertas dificultades. Sin perjuicio de lo cual, a partir de las constancias que dan cuenta de la patología tumoral en el año 1993 y su posterior evolución, encuentra configurada la incapacidad.
El juez del voto de la mayoría entendió, a fin de conceder la jubilación por invalidez solicitada, que los elementos probatorios colectados en sede administrativa dieron cuenta de que la patología invalidante tuvo su origen durante el ejercicio profesional del actor, situación que encuadra en las pautas hermenéuticas del art. 15 de la ley 7.014.
Para ello destacó el certificado médico agregado a fs. 36 y las constancias de fs. 40/54 del expediente administrativo agregado sin acumular. Ponderó además que los informes presentados por la Caja demandada no son idóneos para acreditar lo contrario.
II.2. Paralelamente, indicó que la solicitud tardía no impide acoger el beneficio.
Señaló que de los artículos invocados por la jueza de primera instancia relacionados con la previsión temporal de un año de inactividad del afiliado por razones de salud u otras causas atendibles (arts. 20 y 21, ley 7.014) a los efectos del cómputo de los años de servicio, no se infiere el rechazo de la demanda, menos aún en materia previsional y estando en juego derechos irrenunciables de jerarquía constitucional.
Encontró corroborada la incapacidad durante el ejercicio de la profesión del actor con los reportes médicos agregados en autos.
II.3. Puntualizó que para decidir realizó una tasación de la prueba de conformidad con el principio de la sana crítica, es decir, con patrones jurídicos y máximas de la experiencia que determinan libremente su juicio (cfr. doctr. arts. 384, CPCC y 77, CCA).
II.4. Por último, el Tribunal indicó que adoptar un criterio desestimatorio de la pretensión iría a contramano de lo dispuesto por el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, que en materia de seguridad social consagra -entre otros- los principios de justicia social, primacía de la realidad y propicia, en caso de duda, la interpretación a favor del trabajador; ello con expreso reconocimiento en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 inc. 22, Const. nac. y 11, Const. prov.).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 208/216 la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires denuncia que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo por haber quebrantado las reglas de la sana crítica.
Asimismo, denuncia la errónea aplicación del art. 15 de la ley 7.014 y la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
III.1. Afirma que no se encuentra controvertido que el actor realizó la solicitud de la jubilación casi quince años después de haber sido excluido del ejercicio de la profesión, no formando parte del sistema previsional al que acude para acceder al beneficio previsional.
Destaca que el art. 15 de la ley 7.014 exige para conceder la jubilación extraordinaria por invalidez que dicho estado se produzca estando el solicitante en actividad, por lo cual estima imprescindible que el estado de incapacidad lo acredite el peticionante.
Aduce que, pese a que el actor tenía la carga de acreditar ante el organismo previsional que la incapacidad ocurrió en estado de afiliación, el Tribunal de Alzada -desviándose de las reglas de la lógica- no halló en los informes producidos en sede administrativa elementos de convicción suficientes para denegar el beneficio.
Señala que el magistrado que concitó la mayoría sin perjuicio de advertir la dificultad de peritar la incapacidad del actor a la fecha de cese, optó por reconocerla a partir del año 1993.
Resalta que la inactividad del señor Etchepare durante casi quince años, es demostrativa de la falta de incapacidad en el grado requerido en la ley.
En ese entendimiento, pone de relieve la negligencia de la parte actora al omitir acreditar la incapacidad al tiempo de su afiliación, señalando que la Cámara ha interpretado y valorado de manera absurda las actuaciones administrativas, haciendo mérito de un certificado expedido por un médico particular, ajeno a la Caja y a su debido contralor.
Arguye que el fallo impugnado al basarse en la documental de fs. 37/55 para situar la incapacidad del actor y tener por cumplido el requisito del art. 15 de la ley 7.014 -que exige que el afiliado se incapacite totalmente para el ejercicio profesional-, se apartó de las constancias obrantes en la causa que, si bien dan cuenta de la existencia de la patología en el año 1994, no evidencian la incapacidad total laborativa.
Puntualmente se agravia de que el a quo ha incurrido en un error grave y ostensible, mediante una indebida valoración de la prueba y, en consecuencia, en una tergiversación de las reglas de la sana crítica, dado que no existe prueba alguna que demuestre que el señor Etchepare, ya sea en el año 1993 o en el año 1994, se encontraba absolutamente incapacitado para llevar a cabo su ejercicio profesional.
Denuncia que las conclusiones a las que arriba la sentencia se oponen a la prueba pericial que da cuenta de que el actor tuvo un largo padecimiento que disminuyó su capacidad visual en forma permanente e irreversible, que comenzó entre los años 1993 y 1994 (v. fs. 36 y vta.), dado que mal puede considerarse el inicio de un padecimiento como el momento en el que la incapacidad se consumó, al grado que exige la norma (art. 15, ley 7.014).
Con base en ello aduce que la Cámara, al otorgarle al actor el beneficio jubilatorio extraordinario, inaplicó el art. 15 de la ley 7.014, por cuanto la norma exige, entre otras cosas, que el estado de incapacidad absoluta (no la enfermedad) se produzca estando, quien la pretenda, en actividad, lo cual no ha sido acreditado en autos.
III.2. Por su parte también se agravia del argumento por el cual la Cámara interviniente ponderó que el reconocimiento de derechos previsionales e irrenunciables, no puede rechazarse por la aplicación de la doctrina de los propios actos, tal como lo sostuviera la jueza que previno (v. fs. 141).
Señala que es ilógica la conclusión de la segunda instancia cuando excluye de la aplicación de la doctrina de los actos propios al actor por el sólo hecho de tratarse de una cuestión previsional, cuando el más Alto Tribunal de la Provincia dispone lo contrario, y lo aplica a todo proceso, sin importar la naturaleza del derecho debatido.
Destaca que el Tribunal de Alzada no se hizo cargo de lo ponderado por la jueza de primera instancia con relación a la inactividad procedimental del actor por cuanto no solicitó en tiempo oportuno el otorgamiento del beneficio que hoy se discute .
En este lineamiento advierte las no pocas dificultades que dicha conducta trajo aparejadas, sobre todo en relación con la imposibilidad de peritar la incapacidad, circunstancia de la cual el actor salió favorecido, permitiendo el acogimiento de su solicitud en base a pruebas precarias, indiciarias y ajenas al contralor del organismo previsional.
III.3. Por último, agrega que el actor pretende mediante este proceso que se le conceda el beneficio, mas ha omitido atacar judicialmente el acto que se la denegara en sede administrativa (v. fs. 65 del expediente administrativo agregado sin acumular).
Sostiene que la Cámara del fuero de esta ciudad omitió el abordaje de uno de los fundamentos esgrimidos por la jueza de primera instancia, cuyo análisis y tratamiento era inevitable al momento de decidir en contrario.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Preliminarmente debo señalar que es doctrina consolidada de este Tribunal que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (causa A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009).
A su vez, la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa, pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien recurre (doctr. causa L. 83.615, sent. de 20-VI-2007; e.o.).
En particular, la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos en su pieza recursiva si bien le endilga al decisorio el mencionado vicio, no lo acredita.
Es más, los argumentos esgrimidos en el recurso en tratamiento constituyen una mera disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Alzada, tanto de las constancias de autos como de las obrantes en el expediente administrativo, con relación a la configuración de los requisitos del art. 15 para la procedencia de la jubilación extraordinaria por invalidez, lo cual no es suficiente para cumplir con las cargas técnicas que supone el remedio extraordinario.
El a quo tuvo por acreditada una incapacidad total para el ejercicio de la profesión mayor del noventa por ciento (90%) por la presencia de una patología tumoral en el año 1993 y su posterior evolución, en base a los reportes médicos que lucen agregados en las actuaciones administrativas. Con ello dio por acreditado el requisito del art. 15 de la ley 7.014 para la concesión del beneficio que determina que la incapacidad total para el ejercicio profesional sea con anterioridad al cese o desafiliación.
Así, no sin advertir la dificultad en evaluar la incapacidad del actor a la fecha de cese -dado del tiempo transcurrido- la Cámara reconoció -con base en los elementos probatorios colectados en sede administrativa- "el origen de la patología durante el ejercicio profesional y el compromiso que la misma generó en la esfera vital del individuo con anterioridad al cese o desafiliación" (v. fs. 203 y vta.) , criterio que, al margen de su acierto o error, llega incólume a esta instancia extraordinaria, pues más allá de su referencia a las conclusiones del informe pericial de fs. 96/97, no ha sido refutado con la rigurosidad que aquí cabe exigir.
Específicamente en los párrafos segundo y cuarto de fs. 203 vta. se ponderó que durante el ejercicio de su profesión, la patología sufrida por el señor Etchepare, no sólo estaba presente, sino que alcanzó -siempre en aquel tiempo- el grado invalidante exigido por la norma. Esto último no es debidamente refutado por el quejoso, quien insiste en indicar que la prueba en la que se apoya la sentencia demuestra " solamente de que la patología existía ya en 1994 y no, como lo requiere el artículo 15 de la ley 7014, que en ese momento el actor portaba incapacidad absoluta " (el destacado figura en el original).
La Cámara, en ejercicio de una facultad que le es privativa, sí hallo que en el período 1993/1994, el actor no sólo padecía la patología en cuestión, sino que ésta se encontraba en el grado incapacitante exigido por el citado art. 15 de la ley 7.014. El recurrente no hace foco en tal conclusión, evidenciando así la insuficiencia recursiva.
En el recurso en tratamiento, reiteradamente se alude a la carga probatoria del actor y al tiempo trascurrido hasta la solicitud. Para más, los argumentos relacionados con el grado de incapacidad que requiere la norma (incapacidad total para el ejercicio de la profesión) no resultan eficaces a la revisión extraordinaria pretendida, pues, como se señalara antes, no se ha logrado demostrar que la Cámara, al ponderar las constancias administrativas, haya incurrido en un vicio lógico del razonamiento o en una grosera desinterpretación del material probatorio.
Lo anterior, que es estructural en el razonamiento del pronunciamiento en crisis, no ha sido debidamente refutado, bastando por sí solo como argumento para abastecer la sentencia.
IV.2. De la mano de lo anterior, cabe desestimar los restantes agravios articulados por el ente demandado, vinculados con la aludida violación de los actos propios y la falta de impugnación debida del acto. Ello así, pues la insuficiencia expresada en el apartado anterior, deja incólume un razonamiento que da suficiente sustento y abastece por sí mismo a la sentencia.
Esta Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (A. 73.509, "Diez", sent. de 9-VIII-2017; Ac. 79.513, sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, sent. de 2-IV-2003; entre muchas otras). Como quedó visto, ello no ocurre en este caso.
V. Por las razones expuestas, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 289 in fine y 279, CPCC).
Con costas a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, primer párrafo, y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 11:52:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:29:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 10:00:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 22:54:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/11/2021 07:14:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 07:30:21 hs. bajo el número RS-196-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia