Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76311
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, CPCC; 60, CCA).
A.76.311 “OTHARAN EDUARDO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
La señora jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por el señor Eduardo Otharan, declarando la nulidad parcial del art. 1° del decreto 168/10. Consecuentemente, condenó a la demandada a que abone al actor los haberes dejados de percibir desde el día 25/01/2010 hasta el día 23/04/2010 -fecha en que fue notificado el acto administrativo que limitara su designación-, con más el interés equivalente a la tasa pasiva más alta pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días. Asimismo, desestimó la pretendida indemnización por daño moral (v. sent. de 4-VII-2018).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en esta ciudad desestimó los recursos de ambas partes, a excepción del reconocimiento del SAC proporcional por el período de haberes que se ordenó liquidar (v. sent. de fecha 3-X-2019).
II. Frente a lo así decidido, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 29-X-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. 14-XI-2019). Posteriormente esta Corte llamó autos para resolverlo (v. proveído de 26-XII-2019).
III. Al respecto, en primer término, es dable señalar que el llamamiento de autos para sentencia no le impide a la Suprema Corte al resolver la causa examinar nuevamente si se han cumplido los requisitos de admisibilidad (doctr. causas A. 70.583, "Robla", resol. de 2-XI-2011; A. 71.180, "Coluccio", resol. de 11-XI-2015; A. 72.878, "Iogha", resol. de 19-X-2016; A. 73.282, "Gire SA", resol. de 29-VIII-2017; A. 75.647, "Rodriguez", resol. de 31-V-2021; e.o.).
IV. Sentado lo anterior, se impone advertir que el valor económico de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, a los fines previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo- de conformidad con los agravios traídos, se encuentra representado para el impugnante por la diferencia entre lo reconocido por la Cámara como capital de condena en concepto de daño patrimonial y el perseguido por el actor, con más la diferencia entre la tasa de interés moratorio pretendida y la tasa de interés aplicada, y el monto peticionado en concepto de daño moral -este último estimado en una suma equivalente al perjuicio patrimonial (v. pto. IX del escrito de demanda)- que fuera rechazado (doctr. causas A. 72.798, "Ruiz", resol. de 12-III-2014; A. 73.961, "Giacometti", resol. de 22-XII-2015; A. 74.238, "Aulicio", resol. de 10-VIII-2016; A. 74.569, "Bonacich", resol. de 7-VI-2017), sin que corresponda adicionar intereses a dicha suma ni actualizaciones (art. 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; conf. doctr. causas A. 72.798, A. 73.961, A. 74.238, cits.).
Aún mediando cierto grado de indeterminación en tanto no se ha practicado la pertinente liquidación en la demanda, de conformidad con los valores que surgen de las copias del expediente administrativo agregadas a la causa (v. fs. 131/132), es de toda evidencia que la diferencia entre lo pretendido y el monto de condena no podrá superar el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al presente en virtud de lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo (conf. Acuerdo 3947/19; doctr. causas A. 73.690, "Puchulo", resol. de 17-VI-2015; A. 74.412, "Bueno", resol. de 15-XI-2016; A. 75.717, "Dobler", resol. de 18-IX-2019; Q. 75.615, "Cedola", resol. de 24-IV-2019; A. 75.717, "Dobler", resol. de 18-IX-2019; Q. 76.107, "Alfonso", resol. de 11-III-2020).
Por otra parte, se aprecia que el impugnante no ha traído a consideración en el sub lite motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida, sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas C. 107.627, resol. de 29-IX-2010; Q. 72.571, resol. de 5-VI-2013; Q. 72.785, resol. de 13-XI-2013 y Q. 73.654, resol. de 13-V-2015, entre otras). Ello así, toda vez que los agravios desarrollados remiten a la consideración de cuestiones de derecho local que denotan que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal (CSJN Fallos: 310:1542; 325:2192).
Por lo demás, cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional", si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221; doctr. causas Q. 73.948, "Scarimbolo", resol. de 25-XI-2015, A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016, A. 74.781, "Veronesi", resol. de 3-V-2018, A. 76.873, "Moreno", resol. de 3-XI-2021), circunstancia que no se constata en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278, CPCC; 60, CCA).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20, resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2022 20:01:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/04/2022 09:49:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2022 18:31:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:59:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 19:10:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2022 19:11:12 hs. bajo el número RR-380-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia