Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se confirma la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.301, "Cabanay, Ernesto Santos c/Fisco de la Provincia Bs. As. s/pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada por el demandante.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Ernesto Santos Cabanay condenando a la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad provincial) a reconocer y abonar al actor el beneficio establecido en el art. 11 inc. "n" de la ley 13.201, de acuerdo con las pautas establecidas en dicha manda y con la liquidación que se practique. Todo ello con intereses a partir de la fecha en que acaecieran las lesiones que afectaran al actor (21-III-2008) y hasta su efectivo pago, calculados a la tasa pasiva más alta, vigente en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus depósitos a treinta días (conf. causa B. 62.488, "Ubertalli"; e.o.; arts. 622 y 623, Cód. Civ., ley 340; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994). Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmó la sentencia cuestionada, con costas de la instancia a la recurrente vencida (art. 51, CCA).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte en punto a que la percepción de una indemnización laboral no resulta incompatible con el cobro del subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar los infortunios padecidos en ejercicio de la función de policía de seguridad (causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015 y doctr. allí cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente el art. 11 de la ley 13.201, vigente al momento del siniestro denunciado, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Acusa que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un mal llamado subsidio policial (el de la ley 13.201), el que afirma, resulta incompatible con la indemnización civil por daños y perjuicios reclamada y percibida por el actor, en el marco de la causa "Cabanay, Ernesto Santos c/Provincia ART S.A. s/accidente de trabajo", en trámite por ante el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial previsto por el art. 11 de la ley 13.201 tiene una finalidad indemnizatoria. Asimismo, plantea que la normativa que regula ese llamado subsidio policial, prevé de manera expresa que la percepción de dicho beneficio será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar que se otorgue a los agentes por la misma causa considerada para su otorgamiento. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización integral por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio, es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio, resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Pone de relieve que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es -por tal motivo- incompatible con la indemnización integral. Cita causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revise y ajuste su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 11 de la ley 13.201 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. Considero que el recurso extraordinario no prospera.
Cabe señalar que el tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019; A. 74.161, "Gonzalez", sentencia de 29-V-2019; A. 74.810, "Peralta", sentencia de 11-IX-2019; L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020; A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; A. 75.998, "Rodriguez", sentencia de 19-VIII-2021 y A. 75.840, "Peralta", sentencia de 2-XII-2021; entre otras; esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sin perjuicio de no haber participado en el debate que condujo a sentenciar las causas L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009; L. 110.774, "A., E. E. y ots", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019; L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020 y A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020, dejando a salvo mi opinión y en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por la señora Jueza doctora Kogan, toda vez que la misma refleja el actual criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
En esas condiciones, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y se confirma la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada en su calidad de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:52:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:37:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:26:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 13:59:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 17:55:20 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 17:57:48 hs. bajo el número RS-89-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia