Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76527
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.527, "Vizzotti, Héctor Oscar c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso interpuesto por el Banco demandado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado en cuanto fue materia de agravio, imponiéndole las costas de la alzada (v. sent. de fecha 30-IV-2020).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2020, 02:05:27 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de fecha 19-VI-2020).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 28-VII-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Héctor Oscar Vizzoti contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 12-VII-2019).
En consecuencia, le reconoció el derecho a: i) el cálculo de la "retribución estimulativa" sobre la base de todos los rubros salariales, en tanto tengan la condición de resultar objeto de aportes, con la sola excepción de las "horas extras" y del concepto denominado "suma Acta 01/06/05", durante el período que transcurrió entre el mes de junio de 2003 y el mes de abril de 2011; ii) que el cálculo de "horas extras" se haga considerando todo el sueldo que revista la condición de remunerativo con aportes, con la sola exclusión del concepto antes señalado; y iii) la percepción de los restantes rubros salariales, incididos por el cobro de los ítems anteriores (v.gr., SAC, aguinaldo y "asignación incentivada").
Rechazó planteos de inconstitucionalidad formulados por el actor, condenó al Banco Provincia a efectuar el pago con intereses, e impuso las costas a este último en su objetiva condición de vencido (conf. art. 51 inc. 1, CCA, texto según ley 14.437).
Ambas partes apelaron el pronunciamiento.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que al caso interesa, rechazó el recurso deducido por el Banco y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fue materia de agravio (v. sent. de fecha 30-IV-2020).
II.1. Dijo que para determinar si la sentencia de primera instancia se ajustaba a derecho había que establecer, primero, si la liquidación de la "retribución estimulativa" debía calcularse atendiendo a todos aquellos rubros sobre los que efectivamente se habían realizado aportes, con excepción de las "horas extras" y la "suma Acta 01/06/05". Luego, si también correspondía el cobro de otros rubros incididos por el incompleto pago de la referida retribución.
II.2. Ante todo repelió las críticas dirigidas contra el modo de proponer la demanda y la supuesta "imprecisión del objeto demandado". Ello, pues de la lectura del pronunciamiento de primera instancia se desprendía que el magistrado interviniente apuntó a que la aparente oscuridad se refería a los alcances de la norma que había de regir la cuestión aquí suscitada y no a la delimitación del reclamo de fondo contenido en el escrito de inicio.
II.3. Seguidamente, descartó la aplicación del plazo de prescripción que el Banco consideró aplicable en el sub lite.
Tras aclarar que el instituto no resultaba alcanzado por el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) al momento de interponerse la demanda el 29-VII-2013, adoptó la doctrina mayoritaria de esta Suprema Corte en diversas causas que citó, la cual estableció que en casos como el de autos debía estarse a lo preceptuado por el art. 4.023 del Código Civil (ley 340), entonces vigente, que fijaba un plazo decenal.
Además, reparó en que el juez de primera instancia había considerado que dicho término se había interrumpido ante el reclamo administrativo del actor y que las diferencias reclamadas se retrotraían hasta el mes de junio del año 2003.
Agregó que el cómputo efectuado por ese magistrado no fue adecuadamente rebatido por el demandado.
II.4. Aclaradas las cuestiones preliminares, la Cámara detalló la normativa vigente desde el mes de junio de 2003 hasta el mes de abril de 2011, en el ámbito del Banco Provincia.
Señaló que, conforme surgía de la prueba documental anexada, la Circular 2 actualizada al 4-IX-1989 (modificatoria de la de fecha 29-X-1986), en su Parte IV, y la versión posterior de fecha 25-VI-2005, dispusieron que la "retribución estimulativa" se abonaría al personal de la entidad sobre el sueldo sujeto a aportes correspondiente al mes de diciembre de cada año.
Expresó que la versión existente a partir del 23-V-2011 modificó hacia adelante la base de cálculo, fijando que la mentada retribución se abonaría sobre el sueldo básico y sus adicionales. Esto es, al margen de si sobre ellos se hubieran realizado o no aportes.
Puso de relieve que esa diferencia en la redacción fue crucial para la decisión de grado, por cuanto permitió corroborar el real alcance de la primera norma y, a partir de sus términos, acoger la pretensión del señor Vizzotti en función del período reclamado, con arreglo al derecho vigente.
Notó también que el juez de primera instancia coligió que toda norma anterior al 25-VIII-2005 era irrelevante frente a la claridad de aquella que fuere actualizada a dicha fecha, la cual estableció la forma de calcular la "retribución estimulativa", excluyendo de ella ciertos rubros (v.gr., las horas extras). De modo tal que cualquier otra limitación proveniente de la normativa previa -sostuvo- debía ser ignorada.
II.5. Por no compartir esto último, la Cámara reputó que la queja del Banco era atendible en cuanto postulaba que las normas anteriores al 25-VIII-2005 se encontraban plenamente vigentes. Y que de su recta lectura se podía concluir que había todavía más rubros exceptuados a los fines del cálculo de la "asignación incentivada" y la "retribución estimulativa", que no obstante iban a quedar incluidos en la condena.
Pero a pesar de esta observación, adelantó que ello no bastaba para revertir lo decidido.
En efecto, dijo que era necesario estudiar la resolución 1.447/97, que le otorgó carácter remunerativo a una serie de adicionales y asignaciones que se enumeran en su Anexo y que hasta ese momento no estaban sujetos a aportes, aclarando que ellos "no serán considerados para el cálculo de la retribución estimulativa, asignación incentivada y sueldo anual complementario".
A partir de allí, señaló que si bien los conceptos "asignación personal de sucursales" (cód. 1179), "asignación especial no remunerativa" (cód. 1223) y "adicional zonas de veraneo" (cód. 1243), reclamados por el actor y reconocidos por el a quo para el cómputo de la base de cálculo de la retribución, se hallaban entre los mencionados en el Anexo -y por ende, excluidos a los fines del cómputo-, consideró que la identificación de códigos y conceptos liquidados en los recibos de haberes obrantes a fs. 283, 316, 346, 368, 471, etcétera, no lucía indubitada frente a otros recibos incorporados a la causa (v. fs. 241/569).
Así, precisó que de las constancias citadas en primer término surgía que se habían liquidado: i) 1223 "adic. especial remunerativo"; ii) 1179 "asig. para sucursales"; y iii) 1243 "adicional zona veraniega".
Destacó que la denominación de esos componentes salariales se hallaba en discordancia con aquellos contenidos en el Anexo y los recibos de haberes indicados.
En ese orden, estimó que el documento adjunto a la resolución examinada no mencionaba aquellos códigos -faltando una equivalencia textual-, a la par que las denominaciones y codificaciones que exhibían los recibos de sueldos se correspondían con lo previsto en el Digesto, en su Módulo 10: Recursos Humanos, Parte V, Capítulo 2, "concepto haberes", versión de 7-III-2013, en su apartado "4.1.7 - adicionales remunerativos", el que contiene los componentes "1179 asig. para sucursales", "1223 adic. especial no remunerativo" (rubro liquidado en los mentados recibos como "adic. especial remunerativo") y "1243 adicional zona veraniega".
En dicho contexto, infirió que con la variación en la denominación de los rubros se había producido una modificación reglamentaria y, ante el cambio en la nomenclatura de los componentes, no correspondía aplicar, sin más, la resolución 1.447/97 con sus exclusiones.
Dejó sentado que el derecho sectorial no se presume conocido por los jueces, por lo que era carga del Banco aportar los elementos necesarios para sustentar su posición. Y que al no haberlo hecho, cabía estarse a la solución propuesta y ante el margen de duda resolver en favor del actor.
II.6. Por otro lado, reputó que la demandada carecía de un perjuicio actual y concreto con relación a la resolución 838/05 y su modificatoria 380/10, con motivo de que el pronunciamiento de primera instancia estimó que los componentes allí previstos no debían ser computados para el cálculo de la "retribución estimulativa".
II.7. También desestimó el reproche referido a la falta de individualización en el decisorio de grado de los rubros que habrían de integrar la base de cálculo de la referida retribución.
Manifestó que, pese a que el juez de grado no indicó cada uno de los ítems sujetos a aportes, ni cuantificó el crédito adeudado, sí dispuso que el monto a abonarle al actor por las diferencias salariales, por fuera de lo informado por el perito, debería ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia y, en esta fase, calcularse mes a mes lo que debió haberse abonado por tales conceptos y descontarse lo pagado.
Por ello, entendió que el presentado constituía un agravio hipotético y eventual.
II.8. Por último, descartó el reproche relativo a la condena en costas, en tanto que la sentencia de primera instancia observó lo establecido en la ley 14.437, vigente desde el 17-II-2013, que receptó el principio objetivo de la derrota (conf. art. 51 inc. 1 primera parte, CCA).
Sobre esto, estimó que si bien el acogimiento de la pretensión del actor no fue integral, ello no autorizaba a desconocer -atendiendo a las particularidades del caso- el carácter de vencedor al señor Vizzotti, por ser exitoso en el reconocimiento perseguido.
III. Disconforme con el pronunciamiento, el Banco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2020, 02:05:27 hs.).
En la pieza desarrolla cuatro agravios, los que titula: "Imprecisión del reclamo"; "Prescripción"; "Rubros reclamados" y "Costas".
III.1. En primer lugar, se agravia por cuanto la Cámara confirmó el decisorio de grado que acogiera una demanda poco clara e imprecisa, mediante suposiciones de lo que el actor podía estar queriendo reclamar.
III.2. En otro orden, reprocha que el Tribunal de Alzada considerase aplicable el plazo de prescripción decenal del art. 4.023 del Código Civil.
En su lugar, entiende aplicable el término quinquenal del art. 4.027 de dicho plexo. O mejor aún, el plazo bienal que pregonaría una postura jurisprudencial, la cual sostiene que el vacío normativo provincial en la cuestión salarial corresponde ser integrado con la Ley de Contrato de Trabajo n° 20.744, que al regular relaciones análogas prevalece por sobre las disposiciones de la legislación civil de fondo.
III.3. En otro punto se queja porque la Cámara, respecto a los rubros reclamados a los fines de integrar la base de cálculo de la "retribución estimulativa", habría analizado fragmentariamente la normativa del Banco.
Destaca que el fallo se fundó, lisa y llanamente, en lo contemplado en el Módulo 10: Recursos Humanos, Parte V, Liquidaciones, Capítulo 6: Asignación incentivada, del Digesto administrativo de la entidad, pero omitió precisar el "concepto de haberes" al que se hace referencia en el Módulo 10, Parte V, Capítulo 2, apartado 4 y que sería imprescindible hacer para poder comprender todos y cada uno de los rubros que lo componen.
Además, asegura que cada vez que se incorporaron nuevos rubros al sueldo a través de actas del Directorio, inmediatamente se los excluyó del cómputo para la "asignación incentivada" y la "retribución estimulativa". Ello, con sustento en la autonomía que posee el Banco para dictar su propio régimen de gobierno de acuerdo a los arts. 7 del Pacto de San José de Flores; 3 de la ley convenio 1.029 y 1 y 8 de su carta orgánica.
Insiste que en el Anexo a la resolución 1.447/97 se mencionaron expresamente tres conceptos que, no obstante pasar a ser remunerativos, se los sustrajo a los fines de la estimación de los ítems que aquí reclama el actor, pero que no obstante fueron incluidos en la condena ( i.e., "asignación personal de sucursales" [1179], "asignación especial no remunerativa" [1223] y "adicional zona de veraneo" [1243]).
Cuestiona, además, que al haberse omitido especificar en la sentencia los rubros que compondrían la liquidación a practicarse, se vulneró su derecho a rebatir cada uno de los ítems que la integran, colocándolo en un estado de indefensión.
III.4. Denuncia que la sentencia impugnada es absurda y arbitraria, en tanto contiene errores graves y manifiestos que implican el desvío de las leyes de la lógica, al apartarse de las constancias agregadas a la causa.
III.5. Sostiene que el decisorio también transgredió el principio de congruencia.
III.6. Por último, se agravia por cuanto el Tribunal de Alzada, no obstante haber rechazado algunos pedidos del actor, se lo consideró vencedor, imponiéndole al Banco las costas del proceso.
Concretamente, indica que se omitió evaluar que el planteo de inconstitucionalidad, la tasa de interés y el cómputo de algunos rubros peticionados por el demandante no han prosperado, por lo que debió eximir al Banco del pago de las costas en el porcentaje en que resultó victorioso (conf. arts. 51 inc. 1, CCA y 71, CPCC).
IV. El recurso no prospera.
Algunos de los planteos son semejantes a los tratados y descartados en casos anteriores (conf. art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; causas A. 74.085, "Tarchini", sent. de 19-VIII-2018 y A. 74.213, "Iparraguirre", sent. de 10-IV-2019). Otros son distintos o novedosos, pero no por eso habrán de correr mejor suerte.
IV.1. En primer lugar, no es de recibo la queja vinculada a la supuesta oscuridad o defecto en la postulación.
Sobre el tópico, la Cámara notó que el magistrado interviniente sostuvo que la poca claridad se refería a los alcances de la norma que ha de regir la cuestión litigiosa y no a la delimitación del reclamo de fondo contenido en la demanda. Al respecto, aclaró que el asunto controvertido era algo conocido, apuntándose a casos análogos anteriores que ayudaban a esclarecer el marco legal aplicable, guiando así la solución del caso.
Advierto que en este punto la recurrente repite argumentos expuestos en el recurso de apelación e insiste con que la imprecisión se centra en el objeto y alcance de lo pretendido, aspecto disímil al indicado por el juez de primera instancia y destacado por el a quo .
Aún más, la posición de la recurrente soslaya el fragmento del pronunciamiento que la Cámara transcribe de la sentencia de grado, en torno al reclamo formulado, en cuanto a que este: "...concierne a diferencias salariales derivadas -según lo denunciado- de la incorrecta liquidación de los siguientes rubros, a saber: (i) Retribución Estimulativa; (ii) Horas extras; (iii) Conceptos no remunerativos; (iv) Asignación Incentivada; y (v) S.A.C. y Aguinaldo, generados por las diferencias anteriores".
Por lo tanto, la crítica formulada resulta ineficaz en esta instancia, toda vez que el impugnante argumenta en paralelo y no logra desbaratar el razonamiento seguido por el Tribunal de Alzada (doctr. causas A. 75.630, "Montoto", sent. de 27-VIII-2020; A. 75.113, "Alderete", sent. de 27-V-2021; e.o.).
IV.2. En lo tocante al plazo de prescripción para reclamar las diferencias salariales involucradas en autos, si bien la recurrente efectúa una introducción en la que estima aplicable el plazo quinquenal del art. 4.027 del Código Civil -sin precisar cuál inciso- ante el vacío normativo en el orden local, no desarrolla apropiadamente este agravio. En su lugar, sostiene que tal cosa debe ser así, sencillamente, dado que eso "...resulta acorde a toda corriente doctrinaria relativa a la prescripción que impone la seguridad jurídica ante la inactividad de las partes".
En tan escuetos términos, la pieza bajo análisis se muestra dogmática, dejando en pie un pilar estructural de la sentencia (doctr. causas A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021; A. 76.499, "Cogliano", sent. de 12-VII-2022; e.o.).
En lo remanente, que atañe al pedido de aplicación del plazo prescriptivo de dos años proveniente de la Ley de Contrato de Trabajo, el apelante recalca que dicha norma posee la misma jerarquía que el Código Civil, aunque debe prevalecer en la especie dada "...la naturaleza de la relación generadora del crédito que se reclama".
Sin embargo, más allá de la pretendida analogía, cabe señalar que semejante afirmación no se condice con el vínculo estatutario que ligaba al actor con el Banco Provincia, donde se desempeñaba como cajero principal de una de sus sucursales.
Además, se pretende abastecer esa teoría a partir de una "...jurisprudencia administrativista creada al efecto y que fuera detallada al momento de fundar el recurso de apelación". Pero como es sabido, el desarrollo expositivo en el marco del recurso extraordinario debe ser autosuficiente. Y este, con esa remisión a otro lugar, claramente no lo es (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019; e.o.).
Por ende, los planteos desplegados en esta instancia se muestran insuficientes para revertir esta parcela de la sentencia de la Cámara, con independencia del acierto o error de lo allí resuelto en torno al plazo de la prescripción (art. 279 in fine , CPCC).
IV.3. Sentado lo que antecede, los reproches esbozados por el impugnante, respecto a la interpretación que efectuara la Cámara de la normativa del Banco y la apreciación de la prueba documental, también resultan técnicamente insuficientes para revertir lo decidido por el Tribunal de Alzada.
Es de ineludible cumplimiento para el recurrente, la réplica concreta, directa y eficaz de todos los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte (doctr. causas A. 72.417, "Back", sent. de 19-II-2015; A. 71.101, "Marín", sent. de 11-III-2015; A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016; e.o.). Esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causa A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
El apelante propone que para resolver el caso debió necesariamente efectuarse una interpretación acerca del alcance y contenido del concepto general de haberes que trae el Digesto del Banco (Módulo 10, Parte V, Capítulo 2 apartado 4), insistiendo a su vez en la aplicación amplia de las exc
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