Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77561
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el rechazo de la aclaratoria incoada (art. 278, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia definitiva, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.77.561 “FERREYRA JESICA ANDREA C/ HOSPITAL DR. EMILIO FERREYRA Y OTROS S/PRETENSION INDEMNIZATORIA (376) - RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la excepción previa de prescripción opuesta por la codemandada M. E. y, en consecuencia, declaró la inadmisibilidad de la pretensión indemnizatoria por mala praxis médica, incoada por Jésica Andrea Ferreyra contra la Municipalidad de Necochea (Hospital "Dr. Emilio Ferreyra") y los médicos que prestan servicios en dicho nosocomio, M. B. y M. E. (v. sent. de 16-VI-2020).
Para así decidir, señaló que la solución del juez de grado resultaba consistente con la doctrina legal de este Tribunal, de la que surge que la responsabilidad derivada de la mala praxis imputable a un médico de un hospital público es de naturaleza extracontractual, quedando sujeta al plazo de prescripción de dos años del art. 4037 del Código Civil (entonces vigente), por lo que el reclamo judicial de la demandante resultaba extemporáneo por haberse formulado luego de la expiración del mencionado lapso.
Por último sostuvo que, en cuanto a la causal de interrupción alegada -inicio de actuaciones preliminares el 4 de noviembre de 2013 con el fin de obtener el secuestro de la historia clínica-, se advertía que dicho planteo no había formado parte del repertorio defensivo de la actora en oportunidad de contestar el traslado de la excepción, razón por la cual su tratamiento devenía improcedente ante la a quo al no constituir más que el fruto de una reflexión tardía, elemento inhábil para sustentar la apelación. Finalizó afirmando que, por imperio de lo normado por el Código de rito, le estaba vedado al tribunal de alzada el tratamiento de cuestiones que no habían sido sometidas al conocimiento del magistrado de grado.
Confirmó así lo resuelto en primera instancia (v. sent. de 15-X-2020).
I.2. Frente a esa decisión, la parte actora presentó un recurso de aclaratoria (v. present. de fecha 20-X-2020) que la Cámara desestimó por considerar que no existía la necesidad de efectuar aclaración alguna en relación al alcance y contenido de su sentencia de fecha 15-X-2020 ya que -a contrario de lo sostenido por la actora- quedaba constatado que ésta, lejos de solicitar el esclarecimiento de algún concepto o la subsanación de alguna omisión, pretendía que se ingrese a la interpretación de un tópico que no había sido debidamente introducido en la etapa procesal correspondiente (v. resol. de 4-XII-2020).
II. Contra ambos decisorios la demandante (mediante presentaciones electrónicas de fechas 1-XI-2020 y 14-XII-2020) interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Los dos fueron concedidos con fecha 4-XI-2021.
III. Liminarmente, en cuanto al remedio presentado con fecha 14-XII-2020, es necesario recordar que esta Corte tiene dicho que sólo en el supuesto de que la aclaratoria sea procedente, la decisión que la acoge integra la sentencia y puede ser impugnada, igual que ésta, en los casos previstos por la ley procesal (doctr. causas Ac. 96.368, "R., S. B.", resol. de 13-IX-2006; C. 109.209, "Vuelta", resol. de 17-XII-2014; C. 122.377, "Gab S.A", resol. de 3-V-2018; C. 124.912, "Gonzalez", resol. de 29-VI-2021).
Por ello, en la especie, resultando inadmisible el remedio intentado contra la resolución que rechazó la aclaratoria, cabe declararlo mal concedido.
IV.1. Corresponde ahora tratar la pieza recursiva interpuesta contra la sentencia definitiva.
En ella, la señora Ferreyra denuncia absurdo y violación de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
Sustenta el agravio referido a la violación del principio de congruencia, por cuanto entiende que la a quo debió adentrarse en el tratamiento de todas las cuestiones que constituían parte de los agravios esgrimidos, como el efecto interruptivo del curso de la prescripción referida a la diligencia preliminar incoada por la apelante (sic), así como la fecha en que debía comenzar a computarse dicho plazo configurando de tal modo la violación y errónea aplicación de la ley (arts. 272, CPCC y 77, CCA).
Mediante la transcripción de sumarios de este Tribunal y de la Corte federal señala que el término "demanda" debe ser interpretado ampliamente, incluyendo en él -al efecto de los hechos interruptivos- a las diligencias preliminares.
Aduce asimismo que la Cámara incurre en absurdo al determinar el comienzo del plazo de prescripción el 28 de noviembre de 2011 -fecha de la intervención quirúrgica a la actora- o, eventualmente, el 30 de ese mes y año -fecha en que recibió el primer alta médica-, ya que la recurrente sostiene que recién pudo conocer el tenor de los daños padecidos cuando recibió por segunda vez el alta médica, los últimos días de diciembre del año 2011.
Concluye así, con apoyo en la transcripción de sumarios de esta Corte, que aquí ha quedado configurada la doctrina legal aplicable sobre los escritos postulatorios, toda vez que la cuestión referida a la diligencia preliminar iniciada por la actora ha tenido efecto interruptivo de la prescripción.
IV.2. El remedio interpuesto no debe prosperar atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.2.a. Es clara la doctrina del Tribunal respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
Eso es lo que ocurre si el impugnante se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante, dejando sin réplica los fundamentos del fallo atacado (doctr. causas A. 73.477, "Basualdo", resol. de 22-IV-2015, A. 74.269, "Zamparolo", resol. de 10-VIII-2016; A. 75.825, "Balduzzi", resol. de 12-II-2020, e.o.).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente respecto al enfoque jurídico del caso, no pasan de expresar un criterio divergente ni representan una crítica adecuada a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, en cuanto entendió que la actora no había logrado desvirtuar la aplicación del plazo de prescripción bienal, por lo que el reclamo judicial resultaba extemporáneo; solución que, a su vez, la a quo encontró conforme a la doctrina legal de este Tribunal.
IV.2.b. Los fundamentos vertidos en el recurso deducido tampoco demuestran el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (arts. 279 y 384, CPCC).
Es doctrina de esta Corte que la determinación del plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, como la interpretación de los escritos postulatorios -en atención a la tempestividad del planteo prescriptivo- constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.623, "Ortega", sent. de 9-XI-2011; A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; A. 71.567, "Zapata", sent. de 4-V-2016; A. 72.609, "Caparrotta", sent. de 31-V-2017; A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019; entre muchas otras).
Este vicio es de tal magnitud que solo puede constituirse por el error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual haya resultado una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (doctr. causas A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 75.529, "Arias", resol. de 14-VIII-2019; entre otras), extremos que no se encuentran configurados en la especie, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, en cuanto concluye que la a quo incurre en absurdo al computar el plazo de prescripción y desestimar el efecto interuptivo de la diligencia preliminar (art. 279, CPCC).
De ahí que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente. Se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (doctr. causa Ac. 64.420, "Tamborenea", sent. de 1-XII-1999, e.o.). Tal situación está lejos de configurarse en autos pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
IV.2.c. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de la doctrina legal que cita y transcribe parcialmente, pues como tiene resuelto esta Suprema Corte, sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar (doctr. causas A. 68.826, "Manuel Aguirre S.A.", sent. de 5-XI-2008; A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015), situación ausente en el recurso en análisis.
Asimismo, es dable recordar que la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Corte y no de los fallos de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (doctr. causas A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012; A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013).
IV.2.d. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el rechazo de la aclaratoria incoada (art. 278, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia definitiva, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:08:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2022 19:44:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2022 11:51:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2022 12:18:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2022 13:33:08 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/09/2022 15:51:56 hs. bajo el número RR-961-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia