Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76259
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.259, "O., J. F. c/ Municipalidad de Exaltación de la Cruz y Ot. s/ Pretensión Indemnizatoria Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que a su turno hiciera lugar a la demanda contra una médica obstetra y la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, en su carácter de titular del nosocomio donde tuvo lugar el nacimiento de la hija menor del actor y, en consecuencia, rechazó la demanda respecto de los rubros incapacidad sobreviniente y gastos de atención médica futura y solo admitió la reparación por daño moral (v. fs. 986/1.012).
Contra tal pronunciamiento el letrado apoderado de la parte actora, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2019).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor J. F. O. -por sí y en representación de su hija menor de edad M. A. O.- promovió acción contra la obstetra María José Longarella y la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, alegando la presunta mala praxis en que habría incurrido la profesional codemandada.
Refirió que la médica Longarella efectuó una defectuosa atención médica al intervenir en el parto de la joven K. C. de -por ese entonces- dieciséis años, que llevó a que M. A. O. naciera con irreversibles secuelas neurológicas derivadas de una encefalopatía hipóxica isquémica.
I.1. El juez de primera instancia condenó a la médica con sustento en la prueba pericial realizada en autos en la que se arribó a la conclusión de que no hubo un adecuado control durante el parto. Ello, teniendo en cuenta que la joven K. C. cursaba su primer embarazo y contaba solo con dieciséis años de edad, por lo que debió considerarse el embarazo como de alto riesgo juvenil, y aplicar un control diferenciado.
Destacó que, de la experticia surgía la conveniencia de haber realizado un ecodoppler obstétrico y monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto, o al menos durante el período expulsivo, como así también que los controles obstétricos debieron hacerse con intervalos de tiempo menores, con seguimiento de la frecuencia cardíaca luego de cada contracción y no cada quince o veinte minutos como ocurrió en el caso (v. fs. 765/766).
Señaló también que de la historia clínica agregada a la causa surgía que la médica Longarella había atendido previamente a la paciente "por inicio de trabajo de parto", que conocía que estaba ante un parto de alto riesgo juvenil y que, pese a ello, omitió brindar una debida atención médica. Que no se realizó ni monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto, ni se controló la frecuencia cardíaca fetal luego de cada contracción, circunstancias que le habrían impedido detectar el sufrimiento fetal agudo intraparto que se habría producido durante el período expulsivo, y que fuera la causa probable de la encefalopatía hipóxico isquémica padecida por M. A. el 24 de enero de 2006 (v. fs. 765 vta. in fine /767).
Puso de resalto que, en los registros de enfermería y los del médico pediatra que controló a la menor de edad, daban cuenta de la existencia de meconio en las aspiraciones orofaríngeas y endotraqueales y que dicha materia no había estado presente al momento de la ruptura de membranas (v. fs. 767).
En conclusión, tuvo por acreditada la atribución de responsabilidad, la relación de causalidad adecuada entre ese deficiente control en el parto y los daños sufridos en la salud de la bebé.
Expresó que el perito fue contundente al señalar cual debió haber sido la respuesta de la institución luego de las primeras internaciones -tramitar su derivación a un centro médico de mayor complejidad- y la actuación médica durante el trabajo de parto, lo que se omitió (v. fs. 769 y vta.).
Atribuida la responsabilidad por el evento dañoso a los codemandados otorgó en favor de M. A. la suma de $475.000 por incapacidad sobreviniente, $142.500 para su padre y $285.000 también para la niña en concepto de daño moral y $1.200.000 por gastos de atención médica futura, con intereses a tasa pasiva digital con costas a las demandadas vencidas.
I.2. Contra tal decisión se alzaron la actora (v. fs. 809/822), y los codemandados María José Longarella (v. fs. 824/834) y el ente municipal (v. fs. 780/794).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en San Nicolás dispuso como medida para mejor proveer la realización de una prueba pericial médica por parte de la Asesoría Pericial, que estuvo a cargo de la perito médica forense doctora Clarisa Hernández.
Producida la experticia, hizo parcialmente lugar a las apelaciones deducidas por ambas partes y decidió que, en el caso, solo prosperaba la reparación en concepto de daño moral (v. fs. 986/1.012).
Para arribar a tal solución, en primer lugar, puso de relieve que ambos peritos médicos coincidieron en que se trató de un embarazo de alto riesgo debido a la edad de la madre (dieciséis años) y en que esta cursaba su primer embarazo (v. fs. 997 vta./1.006 vta.).
Sostuvo que en el caso se demostró que pudieron haberse tomado algunos recaudos, como la derivación previa al alumbramiento a un centro de mayor complejidad -teniendo en cuenta que se trataba de un embarazo de alto riesgo con la amenaza de parto prematuro por infección urinaria- o el monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto, pero que, sin embargo, estos no fueron concretados.
Expresó que conforme lo manifestado por el perito Signorelli debió efectuarse un monitoreo con mayor atención, pues las constancias de la historia clínica daban cuenta de períodos de más de dos horas sin registro de frecuencia cardíaca y demás cuestiones vinculadas al bienestar fetal (v. cons. IV, fs. 1.008).
No obstante, aclaró que cabía preguntarse si dichos recaudos hubieran resultado útiles para evitar el resultado disvalioso, ya que a su entender no existieron las pautas de alarma, que pudieran haber hecho sospechar a los médicos intervinientes de la existencia de sufrimiento fetal.
Con relación al término "expulsivo prolongado" consignado por el pediatra Forlani, la Cámara ponderó que más allá de su vivencia al momento de recibir a la niña, en términos médicos, no puede decirse que el tiempo que insumiera el parto de M. fuera extenso, teniendo en cuenta que se trataba de una joven primigesta, y que conforme lo informado por ambos peritos el período expulsivo puede durar hasta cincuenta minutos y en el caso fue de cuarenta y cinco.
Recordó que, para atribuir responsabilidad al médico actuante, debe demostrarse que la conducta reprochada haya sido la generadora del daño, extremo que, a juicio del Tribunal de Alzada, no fue fehacientemente acreditado.
Consideró que el caso bajo examen contenía más dudas que certezas en torno de lo que realmente aconteciera y provocara el daño neurológico que padece la menor de edad.
Sin perjuicio de ello estimó -textualmente- que el obrar de la médica "...visto en retrospectiva, pudo haber sido más precavido a lo largo del parto".
En otro orden citó el documento reconocido por ambos expertos titulado "Consenso Argentino sobre Parálisis Cerebral. Rol del cuidado perinatal", para afirmar que el daño neurológico padecido por M. pudo obedecer a otras causas diferentes de la hipoxia perinatal, e hizo hincapié en la imposibilidad de detección de la posible falta de oxígeno en el feto por parte del cuidador perinatal, circunstancia que -según la Cámara- pudo ser la acontecida en autos.
Entendió que no se había logrado acreditar el nexo causal entre el accionar de la doctora Longarella y el daño neurológico que padece la menor de edad. En consecuencia, decidió rechazar la pretensión indemnizatoria por los rubros incapacidad sobreviniente y gastos de atención médica futura reclamados y, admitirla solo en lo que respecta a la reparación del daño moral.
Estimó que este último rubro requería de un tratamiento distinto teniendo en cuenta las particularidades del caso, pues -en su razonamiento- si bien no pudo acreditarse que la conducta médica fuera determinante en el desenlace dañoso, esta bien pudo haber sido mejor o "mejorable" (v. fs. 1.009 vta. y 1.010, cons. IV).
En efecto, ponderó que ambos peritos fueron contestes en que el embarazo en una joven de dieciséis años de edad es de alto riesgo, que amerita un control y seguimiento más exhaustivo, aplicable también al trabajo de parto y a este propiamente dicho.
Añadió que un monitoreo fetal continuo durante el período dilatante y expulsivo hubiera contribuido muy probablemente a la detección de un eventual sufrimiento fetal y que, lo recomendable para el caso, hubiera sido que el parto se realizara en un centro de mayor complejidad a la que posee el Hospital San José, principalmente, a un centro que contase con servicio de neonatología.
Puntualizó que hubiera sido deseable una derivación previa al parto o bien durante su curso, y en palabras de la Cámara, "...es esa duda, la creencia de no haberse hecho lo necesario cuando pudo hacerse un diagnóstico más certero, la que genera un sufrimiento pasible de ser indemnizado..." (sic; cons. IV, párrafo cuarto, fs. 1.010).
Destacó que, en el caso, el hecho de no poder establecer el nexo de causalidad entre el accionar de la obstetra Longarella y el "daño neurológico severo", "...no impide analizar que la concatenación de sucesos ha alterado la paz de espíritu de los actores, que es lo que se pretende indemnizar bajo este concepto..." (sic; fs. 1.011).
De este modo, concluyó que el actuar de la doctora Longarella ocasionó ese "malestar" y padecimiento de espíritu en los actores, dado que la menor M. padece una incapacidad permanente del 95%, que requiere de asistencia para todos los órdenes de la vida y por el resto de esta, por lo que postuló que las demandadas sean condenadas a abonar a J. O. y su hija M. O. una suma dineraria que en principio se enuncia como de $500.000 para cada uno, aunque luego, menciona como de $1.200.000 -en total- (evidenciando un error numérico), con más intereses desde el momento del nacimiento de M. A. y hasta el efectivo pago conforme la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III. Contra este pronunciamiento la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando absurdo y violación de los arts. 163 incs. 4, 5 y 6, 354 inc. 1, 375, 384, 386, 421, 422, 423, 424, 472 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 161 punto 3, 168 y 171 de la Constitución provincial y 16, 17, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Asimismo, alega la vulneración de la doctrina legal de esta Corte que cita. Hace reserva del caso federal (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2019).
Plantea que hubo absurdo en la valoración de la conducta médica que era esperable según la naturaleza de la obligación y las circunstancias, por parte de la Cámara, al minimizar el incumplimiento del control de la salud fetal especialmente durante el trabajo de parto y período expulsivo, dirigidas precisamente a detectar alteraciones en el ritmo cardíaco. También señala que la Cámara, confundió las expresiones, "expulsivo prolongado" con "sufrimiento fetal agudo", sin tener en cuenta que este último, causante del daño, puede ocurrir sin que se verifique el primero.
Concluye que sostener que el sufrimiento fetal no existió, porque no ha podido acreditarse fehacientemente, y reconocer también en la misma sentencia que se omitieron las diligencias de control aconsejadas para diagnosticarlo, es palmariamente absurdo.
Añade que el caso no puede resolverse aplicando el Consenso Argentino de Parálisis Cerebral que es un documento teórico de medicina elaborado en el año 2000 y que refiere a una generalidad de supuestos, frente a un informe médico producido sobre el hecho concreto que diera origen a la litis, como así también las constancias relativas a este trabajo de parto, parto y nacimiento en particular de M. A., restando preponderancia a lo volcado en la historia clínica, especialmente, por el pediatra que recibiera a la niña deprimida y que consignara su vivencia.
Explica que la Cámara razonó que no existió sufrimiento fetal simplemente porque no fue evidenciado por la obstetra, cuando precisamente esta circunstancia es la que motiva que el obrar de la doctora Longarella sea reprochable a título de negligencia y no como dijo la Cámara de "mejorable".
Arguye que el Tribunal de Alzada omitió tener en cuenta que pudiendo detectarse el sufrimiento fetal que padeció la menor, mediante un simple control de los latidos, este fue omitido por la médica interviniente.
Entiende que esa circunstancia, debió colocar a las demandadas -cuya culpa fuera probada y declarada por el Tribunal de Alzada- en la necesidad de acreditar los hechos impeditivos que excusarían su responsabilidad, esto es, que el sufrimiento fetal que devino en un severo daño neurológico obedeció a otras causas; y ello no ha ocurrido.
Considera que, para tener acreditada la relación causal, no se exige certeza ni la completa seguridad -como sostiene erróneamente el Tribunal de Alzada- sino que basta la existencia de una probabilidad, la cual se configura, en el presente caso, por la razonable y previsible circunstancia de que al soslayar los controles de latidos fetales en el parto pudieron haberse pasado por alto signos que denotaran el sufrimiento fetal (v. pto. 4.2. in fine ).
Refiere que la sentencia valoró arbitrariamente la prueba rendida, a partir de la experticia requerida como medida para mejor proveer en la que la doctora Hernández (médica legista) omitió toda consideración acerca de que se trataba de un parto de alto riesgo por razones de edad; de las constancias obrantes en la historia clínica, entre ellos los partes de enfermería que daban cuenta de residuo meconial en sonda orogástrica, y de la aspiración de abundantes secreciones meconiales por boca y narinas en la recién nacida, a los que les restó todo valor con el fundamento de que carecían de firma; al igual que las anotaciones del doctor Forlani respecto al período expulsivo prolongado, desestimando de tal modo aquellos elementos que comprometen la veracidad de los asientos volcados por la doctora Longarella, únicos tenidos en cuenta para sostener que no hubo sufrimiento fetal.
Se agravia de que para la Cámara la historia clínica solo resultara fidedigna en lo que hace al partograma, efectuando así una lectura fragmentada de los informes incorporados en la causa y soslayando todo aquello que pone en crisis dicho informe (v. pto. 4.3.).
Esgrime que el fallo que ataca solo se sostiene en el dictamen pericial producido con motivo de la medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal de Alzada, experticia que se limitó, sin mayores precisiones, a señalar que la galena Longarella obró de acuerdo a los protocolos y según la evolución del parto, sin expresar qué razones tuvo para apartarse de una opinión y volcarse por otra, vulnerando la doctrina de esta Corte -que cita- sobre la eficacia de la prueba pericial médica y los fundamentos para desestimar sus conclusiones.
Seguidamente expresa que hubo absurdo en la valoración de la prueba testimonial rendida por el doctor Forlani, en cuanto consignó "expulsivo prolongado" en ocasión de recibir a la recién nacida, al igual que en relación con las anotaciones de enfermería -las que señala-, pasaron inadvertidas para la Cámara, como si no formaran parte de la historia clínica por carecer de firma. Circunstancia que, en todo caso, debió conducir invariablemente a considerar irregular la confección de la historia clínica como una presunción en contra de los médicos y el centro asistencial, pero de ningún modo oponerse a la víctima-paciente.
Sostiene que el razonamiento de la Cámara es equívoco, pues si bien ponderó la existencia de recaudos que pudieron tomarse como ser la derivación previa de la joven frente a la amenaza de parto prematuro sumado a una serie de incumplimientos en torno al control del parto, plantea dudas sobre las causas del daño, desestimando la relación causal entre aquella omisión y el resultado disvalioso, apartándose de la doctrina sentada por esta Corte.
Concluye que separar el resultado dañoso del deber de control soslayado en la atención médica no es posible, pues todos los incumplimientos consistieron en omisiones de control cuyo objetivo era detectar aquello que pasó inadvertido, cual fue el sufrimiento fetal acreditado con lo manifestado por el doctor Forlani en su informe al recibir a la recién nacida, sumado las hojas de enfermería y el partograma, que sugiere que el parto no fue controlado como era esperable por el tipo de embarazo y los antecedentes de la madre. Concluye así que, con los elementos obrantes en la causa y la valoración de la conducta expuesta en el decisorio que ataca, solo pueden escindirse las omisiones de la doctora Longarella del daño y negar el nexo de causalidad incurriendo en absurdo.
Se agravia también de la apreciación hecha en la sentencia en crisis, respecto de las conclusiones del Consenso Argentino sobre Parálisis Cerebral. Afirma que, en rigor, de este documento se desprende que, si bien no toda parálisis cerebral obedece a una asfixia perinatal, en los casos donde esta se produce, el nexo causal entre ambas tiene entidad suficiente.
Por último, se agravia de la imposición de costas por su orden.
IV. El recurso prospera.
Estimo que asiste razón a la recurrente cuando plantea que el razonamiento del Tribunal de Alzada resulta absurdo.
La Cámara consideró suficientemente acreditado el factor de atribución de responsabilidad y la relación de causalidad pertinente con el daño, sin embargo, y a pesar de que el daño físico sufrido por M. A., se encontraba debidamente demostrado, solo condenó a las accionadas por el daño moral reclamado, y rechazó -simultáneamente- el resarcimiento peticionado respecto de la incapacidad sobreviniente y gastos de atención médica.
Para así decidir en el fallo se expresa una contradicción; por un lado, se indica que el actuar de la médica fue adecuado de acuerdo a las particularidades que presentaba el parto y, por otro, se señala que no lo fue.
A saber, en la sentencia recurrida se expuso que era "...claro, en el caso, que pudieron haberse tomado algunos recaudos que no se tomaron, como la derivación PREVIA al parto, luego de la amenaza de parto prematuro por infección urinaria, el control o monitoreo fetal continuo durante el trabajo de parto..." (décimo párrafo del punto IV de la sentencia recurrida), para -luego- efectuar una escisión entre el daño moral y el resto de daños reclamados y pese a que estos últimos se encontraban probados los denegó, lo que evidencia una decisión contraria a la lógica y la razonabilidad.
IV.1. Tras exponer que el caso bajo examen contenía más dudas que certezas en torno a lo que realmente habría acontecido y que provocara el daño neurológico en la menor de edad, la Cámara terminó admitiendo esa procedencia del daño moral tras considerar que la conducta médica pudo ser "mejorable".
Invocó lo expuesto en "Consenso Argentino sobre Parálisis Cerebral. Rol del cuidado perinatal", que indica que el daño neurológico de la persona por nacer puede deberse a causas diferentes de la hipoxia perinatal. Dedujo que, en ese documento médico en el que se pone el foco en la impo
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.