Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78084
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.084, "Robotti, Eduardo Carlos c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora y, con ello, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión deducida por el señor Eduardo Carlos Robotti (v. sent. de fecha 1-VII-2021).
Disconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14/7/2021, 16:21:00), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 31-VII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso deducido por la parte actora y, consecuentemente, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto desestimara la pretensión incoada por el señor Eduardo Carlos Robotti por la cual persiguiera la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761; la liquidación de la prestación jubilatoria conforme la ley 13.364 y el pago de las diferencias que correspondieren en tal concepto, con más los aumentos paritarios y todo otro rubro salarial reconocido a los empleados activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 1-VII-2021).
Lo mismo hizo respecto de los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 39 y 41 de la ley 15.008, incorporados al proceso como denuncia de hecho nuevo (v. resol. de 15-V-2018); vale recordar que esta norma reemplazó el régimen de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
I.1. Para así resolver, se basó en el criterio que había seguido en precedentes análogos, los que reprodujo en lo pertinente.
A partir de ellos, extrajo que -en lo medular- correspondía confirmar la sentencia de primera instancia en tanto había observado el principio general que informa la materia previsional en casos como el presente. Este es, que el marco jurídico aplicable resulta ser aquel vigente a la fecha en que se produce el cese con fines jubilatorios, atendiendo al carácter contributivo del sistema en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas, sin que puedan sufrir variación en lo sucesivo. Expresó que esto aplicaba para la base de cálculo del haber y su porcentaje respectivo (conf. art. 75 y concs., ley 11.761), mas no a la movilidad, la cual quedaba abierta a modificaciones futuras.
En esa inteligencia, dijo que la diferencia de criterio legislativo para la determinación del haber sustitutivo y sus incidencias según las distintas normas sancionadas en el tiempo no suponía un impermisible trato inequitativo, en tanto los parámetros para la estimación de aquel se hallaban atados a los componentes remunerativos y la correspondiente carga de aportar.
En suma, concluyó que era acertada la decisión del juez de grado de considerar que los derechos del actor se consumaron bajo la vigencia de la ley 11.761, sin que la modificación operada por la ley 13.364 en lo tocante -principalmente- a la base de estimación y al porcentaje del beneficio pudiera repercutir beneficiosamente en su situación actual.
I.2. Expuesto lo anterior, tildó de improcedentes el resto de los agravios de base constitucional. Ante todo, al no refutar idóneamente los fundamentos de insuficiencia brindados por la sentencia apelada y, en segundo lugar, al no haberse identificado un "acto aplicativo singular" a partir del cual quede revelada una lesión patrimonial de entidad como consecuencia de la actuación de alguno de los preceptos atacados, atinentes tanto a la fijación del haber inicial como al cálculo de la movilidad.
I.3. Por último, rechazó la inconstitucionalidad planteada respecto de los arts. 39 y 41 de la sobreviniente ley 15.008, admitida en el juicio como hecho nuevo y que atañen también a esos dos rubros. Lo anterior, al no haberse acreditado una "aplicación singular" de esas normas reputadas regresivas, siendo las manifestaciones del actor "una enunciación sin un desarrollo que autorice el tratamiento singular que intenta".
II. Contra el pronunciamiento, este último dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 14/7/2021, 16:21:00).
Denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 y 40 de su par provincial; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Especialmente, en cuanto consagran los principios de progresividad, prohibición de retroceso y justicia social en materia laboral y/o previsional. Alega absurdo.
II.1. Puntualmente, se agravia, porque la Cámara entiende aplicable a su beneficio jubilatorio las leyes 11.761 y 15.008, que en comparación con los términos de la ley 13.364 inciden de modo negativo tanto en la estimación de la prestación inicial como en la fórmula para la movilidad.
Aduce que la primera ley vulnera los principios de progresividad, igualdad y no discriminación al compararla con el sistema implementado por aquella que la vino a reemplazar. En cuanto a la segunda, dice que destruye el "derecho a la movilidad" que se hallaba garantizado por las fórmulas de las leyes anteriores, pues ellas calcaban la variación salarial de los trabajadores activos del Banco Provincia.
II.2. En lo tocante al mantenimiento en el tiempo de la ley 11.761 para el cálculo de su haber de base, dice que la Cámara rechazó su pretensión mediante un argumento dogmático y estricto, fundado en una aparente regla general según la cual el derecho a la jubilación se rige por la ley vigente a la fecha de la cesación de servicios.
En su lugar, entiende que su caso debe resolverse siguiendo la doctrina emergente de las causas "Gaspes" y "Martin" falladas por esta Corte, en las cuales se declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.761 y se reivindicó el principio de la razonable proporcionalidad que debe mantenerse entre la jubilación y el salario en actividad atendiendo a su carácter sustitutivo.
Subraya que tales postulados han sido elaborados por el Máximo Tribunal nacional en los casos "Bercaitz" (Fallos: 289:430), "Sánchez" (Fallos: 328:1602) y "Badaro", además de receptados por este Tribunal Superior provincial en el voto mayoritario de la causa "Macchi", al examinar el art. 41 de la ley 15.008.
Insiste con que la continuada aplicación de la ley 11.761 a su situación de pasividad, con exclusión de la ley 13.364, es inconstitucional. Ello, al haberse desvinculado el monto del haber de sustitución de los últimos salarios normales y habituales previos a la jubilación. Recalca que la prolongada ignorancia del método de estimación que trajo esa ley posterior -más beneficioso- viola los principios de progresividad y prohibición de regresividad receptados por los arts. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14 bis de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de su par provincial, además de lo sostenido en el caso "Aquino" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asegura que esto causa una discriminación entre iguales, beneficiarios de la misma Caja, quienes a pesar de haber ejercido el mismo cargo y función cobran hoy diferentes jubilaciones. En ese sentido, comenta que al otorgársele el beneficio percibió el equivalente al 43% del sueldo del activo correspondiente al puesto en el que revistaba.
Hace notar que la ley 13.364 admitió en su exposición de motivos que los derechos de los jubilados y pensionados se vieron alterados en forma sustancial por el dictado de la ley 11.761 y, no obstante, la Caja mantiene la aplicación de esta última normativa.
Por ende, en esta parcela reclama que se liquide su haber en forma equivalente al 82% de la remuneración mensual asignada al cargo del que era titular a la fecha de cesación en el servicio, o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado (conf. art. 54, ley 13.364 -texto según ley 13.873-).
II.3. En lo que atañe más precisamente a la movilidad, acusa que la Cámara incurrió en absurdo al fundar el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 con el argumento de no haberse acreditado su carácter regresivo. Entiende que esto es dogmático y sirvió para dejar sin tratamiento un planteo central de la controversia, vulnerando así su derecho de defensa y el debido proceso.
Al respecto, sostiene que se ignoró el principio pro persona, la aplicación de la norma más favorable en materia previsional y lo dicho por la Corte federal en la causa "Arcuri Rojas", sentencia de 3-XI-2009, en torno a los cambios legislativos con incidencia sobre los derechos sociales.
Recuerda que cesó en sus servicios el 7 de julio de 2003, adquiriendo el beneficio conforme lo previsto en la ley 11.761 y que, a partir del 24 de octubre de 2008, rigió la ley 13.364, derogada y reemplazada luego por la ley 15.008. Reitera que esta última modificó de manera perjudicial el sistema de cálculo para la movilidad de la cual venía gozando, al remitir a un mecanismo extraño al sistema (i.e., en un primer momento la fórmula IPC-RIPTE, a la postre reemplazada por otra), vulnerando así los principios de progresividad y prohibición de retroceso.
Ante semejante situación, dice que reclamó sin éxito que la actualización de su ingreso se efectúe en atención a la paritaria bancaria conforme a lo estatuido por el art. 57 de la ley 13.364.
II.4. Superado lo anterior, avanza ya directamente con el planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008 referente a la movilidad, cuya aplicación -entiende- la Cámara tácitamente convalidó. A todo evento, impugna también el art. 39 de la misma ley, que regula el cálculo del haber de sustitución.
Asevera que hizo una crítica efectiva al régimen previsional instaurado por la ley 15.008 y, en concreto, de los arts. 39 y 41, exponiéndose tanto las objeciones constitucionales como el daño patrimonial que la aplicación de esos dispositivos le irrogaba.
En ese orden, expresa que dichos preceptos vulneran derechos y garantías constitucionales; entre ellos: la inviolabilidad del derecho de propiedad, la movilidad de las jubilaciones, la igualdad y no discriminación, la razonabilidad, la obligación de los poderes públicos de promover medidas de acción positiva que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, de los ancianos y de las personas con discapacidad y la prohibición de regresividad en el campo de los derechos sociales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 28, 43, 75 incs. 22 y 23, Const. nac. y 11, 31, 36 inc. 6, 39 inc. 3 y 40, Const. prov.).
Asegura que en la causa I. 75.132, caratulada "Asociación Bancaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de la ley 15.008", en trámite por ante esta Suprema Corte, la demandada admitió los vicios que aquí se traen al frente, impulsándose la derogación de dicha ley a los fines de restablecer los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Banco conculcados por la ley 15.008. En particular, el sistema de movilidad histórico y la tasa de sustitución del 82% prevista en la ley 13.364.
Aprovecha además a reseñar el voto mayoritario en la causa I. 75.111, "Macchi", resolución de 17-IV-2019, donde a la hora de conceder la medida cautelar en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida contra la ley 15.008, se señaló que el art. 41 de dicha norma - prima facie analizado- contenía indicadores ajenos al cargo regulatorio del haber, provocando la pérdida del carácter sustitutivo de la prestación.
Finalmente, aduce que desde el mes de enero de 2018 el impacto de ese precepto en su jubilación representa una quita superior al 33%, dato que surge de los índices oficiales y de los convenios colectivos acordados y, por ende, concluye que no existe ningún obstáculo para abordar la institucionalidad manifiesta del art. 41 de la ley 15.008.
III. El recurso prospera, parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el Tribunal de Alzada abordó la cuestión atingente al régimen legal aplicable al actor, atendiendo a la fecha en que este se acogió al beneficio previsional. Desde ese mirador, determinó que la ley 11.761 era aplicable a un "bloque" integrado por la base de cálculo del haber inicial, como así también, por el porcentual correspondiente. Aclaró que ello era sin perjuicio de la fórmula para la movilidad, que no quedaba consolidada sino sujeta a fluctuaciones por leyes futuras.
Debo decir que en este tramo el actor no logra desbaratar el razonamiento de la Cámara, en cuanto a que la ley aplicable a su situación es aquella que regía al momento de retirarse, ni tampoco, como era su carga, acredita violación a las normas en cuestión. Dicho déficit exhibe la pieza recursiva en la cual se denuncia violación de diversos preceptos jurídicos, pero limitándose a reiterar consideraciones anteriormente formuladas acerca de sus alcances, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el a quo con sustento inclusive en el art. 25 de la ley 13.364, sumado a otras ponderaciones en torno al carácter contributivo del sistema.
Como se sabe, es requisito de ineludible cumplimiento en la vía extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte, al margen de su acierto o error (doctr. causas Ac. 81.965, "Farías", sent. de 19-III-2003 y Ac. 90.421, "CICOP", sent. de 27-VI-2007).
Aquí el impugnante argumenta en paralelo e insiste en propugnar su propio criterio interpretativo basado fundamentalmente en los principios de progresividad, prohibición de regresividad y justicia social, no constituyendo tal proceder un embate idóneo a los fines recursivos (doctr. causas A. 69.344, "Brisa Serrana", sent. de 4-VI-2008; A. 70.950, "Puntieri", sent. de 6-IV-2016; A. 74.262, "Capomaggi", sent. de 13-III-2019; e.o.).
Por otra parte, el argumento basado en el quebrantamiento de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas de rango legal, no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.788, "Plata", sent. de 18-X-2017; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; e.o.).
III.2. Los restantes agravios esgrimidos resultan sustancialmente análogos a los resueltos y desestimados por este Tribunal en las causas A. 72.826, "Actis Goretta" (sent. de 16-VIII-2017); A. 74.236, "Rugolo" y A. 73.519, "Conde" (sents. de 11-IV-2018) y los precedentes en ellas citados. En particular, se observa que los argumentos desplegados en el punto IV.8 de la pieza recursiva, vinculados con la violación del principio de igualdad y no discriminación, han sido expresamente abordados en la citada causa "Actis Goretta".
Siendo ello así, el art. 31 bis de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a esta Corte, con su sola invocación, a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios cuando se plantean agravios ya desestimados en otros casos análogos, potestad que puede ejercer en cualquier estado de su tramitación.
Por ende, este segmento de la impugnación también debe desestimarse (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
III.3. Similar suerte adversa corre el reproche formulado en torno al tratamiento dispensado al planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 15.008.
Tal como reseñé, la Cámara al inicio de su fallo concluyó que el régimen aplicable para la determinación del haber inicial del señor Eduardo Carlos Robotti era la ley 11.761, por ser ella la vigente a la fecha del cese de servicios. Siendo así, al margen de cierta ambigüedad en el lenguaje empleado, no es desviada la lógica del tribunal apelado al evadir el examen de constitucionalidad de una norma que, en virtud del propio contenido decisorio, jamás podía tener gravitación en la situación de pasividad del actor, por ser uno de los elementos que se reputaron consolidados y no abiertos a modificaciones futuras.
Es decir que, en este aspecto y siguiendo el razonamiento del pronunciamiento atacado, el art. 39 de la ley 15.008 no ha de proyectar efectos sobre el actor dada la injerencia permanente del art. 54 de la ley 11.761. Mal o bien, siendo que por lo indicado supra III.1. y III.2. esa parte del decisorio ha de quedar firme, la falta de agravio concreto es evidente y el rechazo del planteo se impone (conf. doctr. causa A. 77.261, "Frade", sent. de 20-IX-2022).
IV. Sin embargo, en lo tocante al tratamiento dispensado por la Cámara al planteo de inconstitucionalidad del art. 41 de la ley 15.008, cabe concluir que este no fue adecuado a las circunstancias del caso.
IV.1. Luego de ratificar que la determinación del haber inicial se calculaba conforme la ley vigente a la fecha del cese de servicios (la ley 11.761 y no la ley 13.364), el órgano judicial expresó seguidamente que eso era "...sin perjuicio de su movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación, por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras...".
De esa lógica se sigue, necesariamente, la aplicación automática del art. 41 de la ley 15.008 a la situación previsional del actor, que dispone: "Los haberes de las prestaciones indicadas serán móviles y se actualizarán conforme la variación del índice de movilidad establecido en la Ley Nacional 26.417, y sus modificatorias, que se aplica a de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, con la periodicidad que determina dicha norma. El régimen de movilidad precedente será de aplicación a los actuales beneficiarios a partir de la vigencia de la presente ley".
Dicha ley comenzó a regir desde el día de su publicación, el 16 de enero de 2018 (art. 59).
El reclamante manifiesta desde la denuncia del hecho nuevo (v. fs. 479/485) que el citado dispositivo se le aplica y lo perjudica. Lo reitera en su recurso de apelación (v. ptos. V y VII) y en esta Sede también expone que: "...conforme la sentencia, se convalida la aplicación a mi prestación de la ley 11.761 y de la ley 15.008 en lo que se refiere, en particular al art. 41 es decir a la movilidad jubilatoria" (sic, v. pto. IV del recurso extraordinario). Y continúa diciendo: "Ambas normas inciden negativamente en forma significativa en el menoscabo de mi prestación previsional inicial y en su movilidad posterior. No solo se mantiene la aplicación a mi jubilación de un régimen jubilatorio que vulnera el principio de progresividad, de igualdad y no discriminación, como es el de la ley 11.761 respecto de la ley 13.264 -ref. ley 13.873- sino que reitero se acepta la destrucción de mi derecho a la movilidad conforme la variación salarial de los trabajadores activos del banco que estaban reconocidos en la ley 11.761 y en la ley 13.264
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.