Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77508
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.508, "Castellucci, Jorge Oscar y Otro/a contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Otros s/ Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Soria , Kogan , Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó los recursos de apelación interpuestos por el codemandado Atilio Francisco Amado, y su aseguradora -Federación Patronal Seguros S.A.-, el de la parte actora y el deducido por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, confirmó en lo sustancial la sentencia de primera instancia y, modificó la condena en costas imponiéndoselas a la actora y a los demandados vencidos.
Disconforme con dicho pronunciamiento el codemandado Atilio Francisco Amado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2021) el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante proveído de fecha 2 de septiembre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver, (v. auto de fecha 9-XI-2022), agregadas las memorias presentadas por el codemandado y la Fiscalía de Estado, (v. presentaciones electrónicas de fechas 19-VII-2022 y 16-VIII-2022) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmo la sentencia dictada en primera instancia y rechazó los recursos de apelación interpuestos por el codemandado Atilio Francisco Amado y su aseguradora Federación Patronal Seguros S.A., el deducido por la parte actora y el presentado por La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.
Para así decidir, expuso que en el caso se demanda el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de quien fuera Martín Leandro Castellucci, hijo de los actores, en momentos en que al intentar ingresar al local bailable "La Casona" de Lanús, recibió una golpiza por parte de un empleado del lugar, que originó su internación y posterior deceso luego de tres días. Precisó que en los sucesos se evaluó la participación de los empleados de la agencia de seguridad privada Preveer S.R.L., de dos agentes de la policía bonaerense que se hallaban en el lugar, la atención dispensada por el Hospital "Evita" de Lanús, por el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento además de la conducta del agresor y su principal/empleador el codemandado Amado, a fin de determinar la gravitación que cada uno tuvo en el desenlace fatal.
Adelantó que comparte la solución brindada en la sentencia dictada en primera instancia en la que se hizo especial hincapié en la causa penal 728.828 tramitada en el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, donde se condenó a José Segundo Linqueo Catalán a la pena de once (11) años de prisión por el delito de homicidio simple previsto en el art. 79 del Código Penal, por haber producido la muerte de Martín Castellucci empleando un medio lesivo adecuado para la producción de ese resultado, pese a la aplicación de los procedimientos médicos (v. punto IV.1.a. de la sentencia de Cámara).
Así tuvo por acreditado que el día 3 de diciembre de 2006, siendo aproximadamente las tres (03:00 hs.) de la madrugada, en circunstancias en que la víctima se encontraba a la espera de ingresar a la discoteca denominada "La Casona" de Lanús, un empleado del comercio, en su función de portero, dirigió dos violentos puñetazos al mentón y rostro de la víctima, quien termina impactando contra el piso, circunstancia que le provoca las lesiones que desencadenaron en su fallecimiento.
Señaló que los informes médicos analizados en la sentencia condenatoria penal, concluyeron que el hijo de los actores murió como consecuencia de una hemorragia cerebral y que las lesiones recibidas en la cabeza y en el labio superior fueron capaces de causar tal resultado. Al mismo tiempo, descarto que el grado de intoxicación alcohólica hubiera influido siquiera mínimamente en la evolución del cuadro clínico.
Sostuvo que la responsabilidad del codemandado Amado, nace por su calidad de principal/empleador por el defecto en la prestación de su dependiente y en esa condición, en referencia a Linqueo Catalán (art. 1.113 y concs., Cód. Civ. cit.). En esa lógica afirmó que es menester elucidar si el hecho se produjo en ocasión o en ejercicio del despliegue funcional a cargo del organizador y titular del fondo de comercio "La Casona" de Lanús.
Respecto a este punto, señala que el hecho aconteció en el espacio destinado a la atención de los concurrentes que es inherente al lugar -La Casona- del que fuera dependiente el autor del hecho. Y que este se produce por una reacción deliberada y espontánea de este último, quien golpeando de manera violenta la cabeza de la víctima (mentón y rostro) resulta imputado como autor del hecho en ejercicio de las funciones encomendadas por su empleador, hacia quien traslada, solidariamente, la responsabilidad por las consecuencias derivadas de ese actuar.
Pondera que, de este modo el ataque recibido por la víctima resulta originado en ejercicio de las funciones en las que se desempeñara el victimario, cuanto menos en ocasión del desempeño de las labores encomendadas por el principal/organizador, con cita de fojas de la causa penal (v. punto III.1.a. de la sentencia de Cámara).
En ese contexto el desenlace fatal se produce con motivo y en ocasión de la relación laboral, que no ha sido desmentida, por lo que corresponde atribuir y mantener el factor reflejo de atribución de responsabilidad del demandado Amado en el marco del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Desestima la eximente de culpa de la víctima por la presencia de alcohol etílico en sangre ocho horas después del evento dañoso, con fundamento en que el informe pericial médico efectuado en sede penal concluye que el fallecimiento de Martín Castellucci se produjo por los golpes recibidos de parte de Linqueo Catalán de manera excluyente. Agrega que el informe descarta que el grado de intoxicación alcohólica hubiera influido, siquiera mínimamente, en la evolución del cuadro clínico de Martín Castellucci.
Precisa que la hipótesis que plantea el demandado requiere de una carga probatoria que, en el caso, no se satisface. Por el contrario, solo promedia acreditado el fallecimiento de la víctima en ocasión de concurrir al local bailable "La Casona", y sin que se hayan probado hechos que desplacen la atribución de responsabilidad que rodea al caso.
Del mismo modo descartó el intento de endilgar responsabilidad a los progenitores por el incumplimiento de los deberes a su cargo y por el hecho de su hijo, por falta de prueba. No obstante advertir que la incidencia de la educación en un suceso solo atribuible a la conducta de un tercero no resulta una variable causal siquiera concurrente en su desarrollo.
En relación al reproche por la atención médica brindada al joven en el Hospital Evita de Lanús y el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, la Cámara desestima de plano toda responsabilidad, desde que no se produjo ninguna prueba tendiente a establecer la conexión causal adecuada entre una acción u omisión de los nosocomios mencionados y el resultado perjudicial.
En este punto el Tribunal insiste con que en autos no se encuentra discutido que la víctima falleció por los golpes recibidos en su intento por ingresar a la discoteca la madrugada del 3 de diciembre de 2006. Sumado a la ausencia de toda prueba pertinente que demuestre algún desenvolvimiento irregular en la atención médica brindada.
Por otra parte, descarta la responsabilidad que la parte actora y el demandado Amado, atribuyen a la Policía de la Provincia por el accionar de los agentes Guzmán y Messina. Ello, por cuanto el contexto acreditado en la causa penal revela que la omisión de la debida diligencia propia de la función policial, base de la imputación, no alcanza para configurar un nexo causal adecuado en la producción del evento dañoso.
Añade que las conductas reprochables de los policías, que se encontraban en el lugar y que les valieran condenas tanto penales como administrativas, sucedieron con posterioridad a los golpes recibidos por Martín Castellucci.
Así, el traslado de la víctima a un cantero cercano a la puerta de ingreso al local bailable, la falta de identificación del personal de seguridad y los posibles testigos, la falta de comunicación a sus superiores y a las autoridades judiciales de turno y de resguardo de la escena del crimen son omisiones que no tuvieron aptitud para producir el desenlace fatal (v. punto IV.1.e. de la sentencia de la Cámara).
Para más agrega que los agravios de la actora como del demandado Amado, solo muestran, en este aspecto, una disconformidad general con las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, que revela la inexistencia de relación de causalidad adecuada entre la omisión predicada y el fatal desenlace insuficiente para erigirse en crítica concreta y razonada del fallo.
Finalmente se expide sobre los rubros y montos reconocidos en la sentencia. En cuanto a la pérdida de chance se pronuncia desestimando las críticas sobre el monto reconocido con fundamento en la ausencia de prueba útil para probar los ingresos que permitan cuantificar un impacto económico mayor al otorgado en la primera instancia que se apoya en una definición de este rubro similar al de la propia Cámara conforme los antecedes que cita y que se traduce en la concreta disminución de las variables de ayuda futura frustradas por el deceso y, siempre en relación con la justificación de un impacto económico determinado y ponderable objetivamente en la situación de los deudos.
Con relación al monto otorgado por daño moral cuya cuantía solo impugnaron las demandadas, confirmó lo decidido previamente al considerar razonable la ponderación allí efectuada en cuanto trató con acierto las características del caso y la incidencia presunta del luctuoso suceso en el espíritu de los padres de la víctima, con criterio semejante al expresado por el Tribunal en precedentes propios que, sostiene, derivan en una suma justa. Y sin que las críticas esbozadas en los recursos aporten elementos de convicción que justifiquen modificar la determinación presunta que dispone la sentencia apelada.
Modifica la imposición de costas, pues admite los recursos interpuestos por la Fiscalía de Estado y la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, como aseguradora de la firma Preveer S.R.L., las que impone en un 50% a la parte actora y el otro 50% a cargo del demandado Atilio Amado y su aseguradora, Federación Patronal, de conformidad con el doble rol de demandadas y citadas como terceros, ambas desestimadas.
Las costas de alzada las impone a la actora y al demandado vencido.
II. Contra dicho pronunciamiento el demandado Atilio Amado, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo por eximir de responsabilidad a la Provincia de Buenos Aires por la omisión de los agentes Guzmán y Messina; por desestimar la responsabilidad endilgada al Hospital Evita de Lanús por la defectuosa prestación del servicio y la del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por la falta de consentimiento informado.
Afirma que la Cámara no ponderó la incidencia que pudo tener en el desenlace fatal el hecho de que la víctima había consumido alcohol y marihuana.
Se queja de que el decisorio lo responsabilizara en su calidad de organizador del espectáculo no deportivo y principal de Linqueo Catalán. Insiste que en el caso hubo culpa de la víctima y de terceros por quien no debe responder, reiterando sustancialmente los mismos agravios que esgrimió al apelar la sentencia de primera instancia.
Así, reprocha que los sentenciantes soslayaron arbitrariamente ponderar como factores coadyuvantes en el resultado dañoso la referencia que la prueba pericial médica practicada en sede penal hace sobre la presencia de alcohol y marihuana en los análisis clínicos de la víctima.
Crítica el decisorio en cuanto exime de responsabilidad a la Provincia cuando las causas penales seguidas contra los agentes Guzmán y Messina culminaron con condenas por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y falta de servicio.
Argumenta que la decisión a la que se arribó en autos se fundó exclusivamente en la condena penal recaída sobre Linqueo Catalán por homicidio preterintencional, dejando de lado ponderar la incidencia que el resto de los elementos que denuncia tuvieron en el evento dañoso.
Cuestiona el fallo por desestimar la responsabilidad de los establecimientos médicos utilizando argumentos aparentes que se apartan de las reglas de la sana crítica.
Imputa mala praxis a los galenos del Hospital Evita, por la precariedad de la historia clínica que da cuenta de que el paciente permaneció allí seis horas luego de sufrido el golpe, sin que se arribara a ningún diagnóstico ni recibir asistencia paliativa del traumatismo encéfalo-craneano padecido. Concluye al respecto que el Hospital involucrado no puso a disposición de Martín Castellucci los recursos médicos asistenciales que se hallaban a su alcance, que debió traducirse en una irregular prestación del servicio que genera responsabilidad.
Igual responsabilidad le atribuye al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, de un lado por el método de diagnóstico utilizado sin considerar la ingesta de alcohol y el consumo de marihuana por parte del paciente y de otro por no haber advertido sobre los riesgos que representaba la operación quirúrgica a la que fue sometido el joven y que derivó en el paro circulatorio cerebral.
En concreto, le atribuye al personal médico de esta entidad haber vulnerado el deber de información al paciente y no haber gestionado el consentimiento informado de los familiares para llevar a cabo la cirugía antes mencionada.
En definitiva, las quejas del demandado se resumen en que la sentencia de Cámara no ponderó debidamente los distintos factores que coadyuvaron al fatal resultado y que según afirma, tuvieron entidad para interrumpir la relación de causalidad adecuada entre el golpe propinado por su dependiente y el fallecimiento del hijo de los actores, entre los que menciona la falta de servicio imputable a la policía de la Provincia, la culpa de la víctima, la de sus progenitores y la de los establecimientos médicos que lo asistieron con posterioridad.
Por último, solicita se revoquen los montos de condena impuestos por daño moral y pérdida de chance y/o se los reduzca por resultar desmesurados, irrazonables y contrarios a las reglas de la sana crítica en la medida en que se apartan de la realidad económica de los demandados en autos.
III. Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud -endilgada a la demandada- que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (conf. doctr. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Sentado ello, opino que el recurso extraordinario interpuesto no puede prosperar.
IV.1. Básicamente se discute el modo en que la a quo valoró la prueba rendida, lo que sitúa a la apelación extraordinaria en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio.
Al respecto, cabe recordar que para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho no basta con denunciar absurdo y exponer de manera paralela la propia valoración de la prueba, sino que es necesario demostrar contundentemente que las conclusiones que se controvierten son el producto de una ponderación irrisoria. Por ende, dicho vicio no se configura ante cualquier error, ni siquiera ante la apreciación opinable que aparezca como discutible u objetable, requiriéndose un grave desvío lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación de alguna prueba (doctr. causas A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; A. 76.040, "Rossi", sent. de 26-XI-2021; A. 71.797, "Heredia", sent. de 24-XI-2022; A. 75.279, "Odisa", sent. de 28-VIII-2021; A. 71.594, "Silva", sent. de 9-IX-2015; e.o.).
IV.2. Para arribar a la solución, la Cámara examinó con detalle los elementos probados en la causa y su gravitación en la producción del evento luctuoso.
IV.2.a. Destacó que la defensa articulada por el demandado para eximirse de responsabilidad en el hecho, por haber acaecido fuera del local bailable, no tenía andamiaje, pues el fundamento de su responsabilidad por la actuación del señor Linqueo, quien en su rol de seguridad y portero del local bailable golpea al hijo de los actores, surge por su calidad de principal, organizador y propietario del local bailable, encuadrando el supuesto en el primer tramo del art. 1.113 del Código Civil.
IV.2.b. Añadió que los elementos probatorios analizados, en especial el informe del perito médico producido en sede penal, daban cuenta de que el consumo de alcohol por parte de la víctima no tuvo ninguna gravitación en el evento dañoso, descartando de ese modo la responsabilidad que pretende atribuirle a la propia víctima y a sus progenitores.
IV.2.c. Expuso que la conclusión a la que arribó ese perito resulta aplicable para rechazar la responsabilidad que le atribuye al Hospital Evita de Lanús y al Instituto Argentino de Diagnóstico, sin perjuicio de que como bien destaca la a quo, no se aportó ningún tipo de prueba que acredite un actuar irregular en las prestaciones médicas brindadas.
IV.2.d. Por último, desestimó la responsabilidad imputada a la Provincia de Buenos Aires, por la actuación de los oficiales de policía Guzmán y Messina al señalar que, pese a la irregularidad cometida por los agentes que motivó condenas en el ámbito penal y administrativo, con relación al hecho que se ventila en autos, aquella careció de toda entidad en la producción del fatal desenlace, pues ocurrieron con posterioridad a los golpes recibidos por Martín Castellucci. Para más, la a quo , se encarga de especificar que el traslado de la víctima a un cantero cercano a la puerta de ingreso al local bailable, la falta de identificación del personal de seguridad, de los posibles testigos y, la falta de comunicación a sus superiores y a las autoridades judiciales de turno y la de resguardo de la escena del crimen, son omisiones que no tuvieron aptitud para producir el deceso de Martín Castellucci.
IV.3. De la pieza recursiva surge que la argumentación del recurrente se dirige a cuestionar la valoración de las pruebas producidas, realizando una interpretación distinta a la efectuada por el Tribunal de Alzada, pero sin que ese reproche demuestre un error palmario y fundamental, único supuesto en el cual esta Corte podría analizar cuestiones que, por regla y como se adelantó, resultan ajenas a la principal función casatoria del recurso extraordinario de inaplicabilidad.
En el caso no se ha logrado demostrar el yerro grave que se denuncia acerca de la interpretación del material probatorio, en tanto que las argumentaciones vertidas -referidas a la ponderación de la presencia de alcohol en la víctima, al incumplimiento de los deberes de funcionario público de los agentes Messina y Guzmán y la actuación de los nosocomios respecto a la ausencia de diagnóstico en uno y la falta de información y obtención del consentimiento en el otro- no alcanzan a desvirtuar las conclusiones a las que arribara la a quo a partir de una lectura completa e integral tanto del dictamen peri
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