Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 71821
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 71.821, "Luna, Liliana Marcela y otros contra Poder Ejecutivo y otros. Pretensión Indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia que a su turno -y en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 6 de diciembre de 2017- cuantificó los daños y perjuicios reclamados como consecuencia de la deficiente atención médica verificada en autos respecto de la coactora M. M. L. -actualmente mayor de edad- y, en consecuencia, condenó a los codemandados Eliseo Reategui y a la Municipalidad de Berazategui a pagar la suma de trescientos sesenta millones novecientos sesenta y seis mil ciento treinta y cinco pesos ($360.966.135), importe al que adicionó intereses desde la época del hecho dañoso -25 de marzo de 2003- hasta su efectivo pago (v. sentencia de fecha 23 de diciembre de 2021).
Disconformes con ese pronunciamiento, ambas partes, por un lado las coactoras M. M. L. y Liliana Marcela Luna, y por otro la codemandada Municipalidad de Berazategui, deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentaciones electrónicas de fecha 7 de febrero de 2022, 6:26:42 p.m. y 9 de febrero de 2022, 9:34:28 a.m., respectivamente) los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 17 de marzo de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. resolución de fecha 20-IV-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Mediante sentencia de fecha 6 de diciembre de 2017, esta Suprema Corte resolvió hacer lugar -parcialmente- al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, determinó la responsabilidad de los codemandados Eliseo Reategui y Municipalidad de Berazategui por la mala praxis médica verificada en autos y ordenó devolver la causa a la instancia de origen para que procediera a cuantificar los perjuicios causados (cfr. art. 289, CPCC).
II. Así, la jueza de primera instancia, tras destacar que los rubros indemnizatorios reclamados requerían para su procedencia la acreditación suficiente de los daños invocados, trató cada uno de ellos.
De tal modo, y luego de considerar que la mala praxis recayó sobre una menor de edad (4 años al tiempo del hecho), provocándole la amputación -a distinto nivel- de los miembros superiores e inferiores, cuantificó la indemnización pertinente y condenó a los codemandados a pagar a la parte actora la suma de $360.966.135, con más intereses desde la época del hecho dañoso (25 de marzo de 2003) hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con excepción de los montos reconocidos en concepto de gastos farmacéuticos, gastos futuros de prestaciones ortopédicas y de prótesis, asistencia personal y pérdida de chance, a los cuales aplicó desde la fecha del hecho un interés resarcitorio puro del 6% anual hasta la fecha del pronunciamiento (29 de marzo de 2021), y desde allí hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, reconoció en concepto de daño patrimonial en favor de la parte actora la suma de $11.173.900, ya otorgada a la demandante, en orden a la medida anticipatoria oportunamente dictada a fin de que se abonaran las prótesis, el equipamiento y los tratamientos prescriptos por su médico (v. pronunciamientos de fechas 27-II-2019, 12-III-2019 y 29-III-2021).
III. Apelada la sentencia por ambas partes, la Cámara del fuero con asiento en La Plata, rechazó, por mayoría, tanto los recursos interpuestos por los coactores, M. M. L., Liliana Marcela Luna y S. E. L., como así también los interpuestos por los codemandados, Eliseo Reategui y la Municipalidad de Berazategui y, consecuentemente, confirmó la decisión de la instancia anterior.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada efectuó las siguientes consideraciones:
Puntualizó que para la solución de la cuestión debatida en autos -cuantificación de la indemnización- correspondía aplicar el régimen del Código Civil (ley 340) por encontrarse vigente al tiempo de consumarse el hecho generador de la pretensión indemnizatoria (ocurrido el 25 de marzo de 2003), ello sin perjuicio de lo concerniente a los aspectos accesorios de la condena (cfr. art.3, t.o. 17.711, Cód. Civ. cit.; conc. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Refirió que, en virtud de la sentencia dictada por esta Suprema Corte con fecha 6 de diciembre de 2017, la responsabilidad de los demandados Eliseo Reategui y la Municipalidad de Berazategui, se encontraba firme y -por tanto- fuera de discusión.
Posteriormente, y circunscripta la cuestión a la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios establecidos en la sentencia de grado, desestimó los planteos formulados por las partes en virtud de no advertir error de juzgamiento en la decisión de la magistrada de grado.
Al efecto, realizó las siguientes consideraciones en relación a cada rubro en particular, a saber:
III.1. Gastos de Farmacia: al igual que la jueza de primera instancia, consideró que la erogación de este tipo de gastos resultaba evidente en virtud de la gravedad de las lesiones, aunque no hubiera prueba efectiva a su respecto y, toda vez que no se presumen gratuitos ni cubiertos en su totalidad por la obra social, juzgó razonable la suma de $200.000 otorgada por este concepto.
III.2. Gastos futuros de prestaciones médicas, rehabilitaciones y tratamientos: la Cámara confirmó el monto reconocido de $1.008.000 en la sentencia de grado, ponderando que los dictámenes periciales daban cuenta de que la damnificada necesitará de por vida tratamientos médicos y de rehabilitación, los que variarán según el momento en que ella se encuentre. Agregó no encontrar acreditado que la totalidad de los mentados tratamientos y gastos fueran cubiertos por su obra social.
III.3. Gastos futuros de prestaciones ortopédicas y de prótesis: en este punto, para confirmar la condena decidida por la suma de $320.676.135 (además de la concedida por la medida anticipatoria) consideró que las prestaciones otorgadas por Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) no abastecían íntegramente las necesidades de la damnificada; que ella ya tenía veintidós años al momento de la sentencia; se estimó un período de vida de setenta y cinco años y que el promedio de recambio de las prótesis ortopédicas era de tres años y medio. Así el Tribunal de Alzada indicó tener especialmente en cuenta: i) el tipo de prótesis que el médico particular tratante de la actora le había prescripto; ii) el presupuesto de dichas prótesis expedido por la firma Ortopedia Alemana; iii) los informes periciales de las doctoras Luchini y Bartolo que daban cuentan del mal equipamiento de la "niña"; iv) que, si bien, la perito Bartolo había sugerido y detallado la posibilidad de uso de un tipo de prótesis alternativa, ello no implicaba que las indicadas por el médico tratante resultaran inapropiadas y v) que el tiempo de recambio de las prótesis sugerido por la perito Bartolo era de entre dos a cinco años, dependiendo de la intensidad con que fueran utilizadas.
Por otro lado, desestimó la petición actoral de que el rubro sea fijado en dólares estadounidenses tras considerar que el requerimiento violentaba el principio de congruencia, las normas dictadas en función de la emergencia económica y que el presupuesto acompañado por la demandante (tenido en cuenta para la cuantificación) había sido efectuado en pesos, sin que surgiera del mismo que debía contarse con dólares para acceder a las mentadas prótesis.
En esas condiciones, en función de los derechos involucrados, confirmó la suma reconocida por este rubro con intereses a tasa pura del 6% desde la fecha del hecho dañoso hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda y, a partir de allí, la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
III.4. Asistencia personal: en coincidencia con la jueza de primera instancia tuvo por acreditado -a partir de las pericias y el grado de incapacidad determinado en 83,29%- que la actora necesitaría asistencia de por vida.
Así, consideró que el monto reconocido en $35.769.600 se ajustaba a esas necesidades en virtud de los derechos que le asisten en función de su discapacidad y teniendo en cuenta las pautas analizadas por la magistrada de grado para establecer la cuantificación, entre las que había indicado que los requerimientos de la damnificada excedían las prestaciones que pudiera reconocer la obra social (la cual no fue demandada en autos).
III.5. Gastos de traslado: si bien en la instancia anterior se consideró que el rubro era procedente aunque no hubiera prueba al respecto, la Cámara coincidió en que era evidente que la damnificada debió y deberá realizar traslados ordinarios y extraordinarios.
Asimismo, indicó que el hecho de que la actora se encontrara afiliada a IOMA no era óbice para su reconocimiento, pues los beneficios que pudiera recibir del mentado instituto resultaban independientes del rubro en estudio y remarcó que el origen y la causa correspondía atribuirlos exclusivamente a los codemandados. Asimismo, en función de los derechos comprometidos y las obligaciones asumidas a nivel internacional, confirmó la suma otorgada de $504.000 .
III.6 Incapacidad sobreviniente: Señaló que la magistrada de grado fijó por este concepto la suma de $500.000 en función de lo peticionado en la demanda y de las conclusiones del dictamen pericial, de las que surge que la incapacidad laboral de la damnificada ha sido estimada en un 83,29%, representando una gran invalidez.
Desde esa perspectiva, estimó que el pronunciamiento reflejaba un equilibrado juicio y que los datos destacados del caso no se visualizaban omitidos en la determinación del monto resarcitorio. En consecuencia, también confirmó la sentencia de grado en relación a este rubro.
III.7. Daño a la integridad estética o daño biológico: estimó, al igual que la instancia anterior, que en el caso correspondía reconocer el rubro de manera autónoma del daño incapacidad física sobreviniente o daño moral, dada la magnitud y gravedad de las lesiones estéticas sufridas y agregó que el daño a la imagen era irreversible.
En función de lo expuesto, convalidó la suma otorgada por este concepto en $190.000 .
III.8. Indemnización por tiempo invertido en la recuperación (pérdida de la chance): mantuvo la decisión de la jueza de grado en cuanto reconoció en favor de la coactora Liliana Marcela Luna la suma peticionada de $518.000, al tener por acreditado que por los cuidados que debió brindar a su hija no tuvo posibilidad de acceder a ningún trabajo, indicando -además- que al momento del evento dañoso la requirente se encontraba cursando la carrera de profesorado.
Asimismo, recordó que para su cuantificación en la instancia anterior se tuvo en cuenta: i) el salario mínimo vital y móvil; ii) una jornada legal completa de trabajo y iii) los dos años reclamados en la demanda. A ello, adicionó que el dictamen del perito había detallado la incapacidad generada y las graves dificultades que le ocasionara en su vida cotidiana, explicitadas en las constantes necesidades de asistencia y cuidado.
En tal contexto, consideró que la reparación establecida resultaba razonable y ajustada a una perspectiva de género, con especial consideración de la situación de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de hijos en situación de discapacidad.
III.9. Gastos futuros por educación especial: sostuvo que, bajo el prisma de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el reconocimiento de este rubro resultaba ajustado a derecho, sin perjuicio de los beneficios que perciba la actora o su familia por el sistema de seguridad social y/o las prestaciones que brinde su obra social.
En función de ello, confirmó la suma peticionada y reconocida en la sentencia de primera instancia por $360.000 .
III.10. Daño psicológico: al igual que la jueza de primera instancia, la Cámara señaló que la magnitud del perjuicio y su carácter de permanencia justificaban reconocer el daño psíquico infringido, reparándolo en forma independiente del daño moral.
Asimismo, tuvo por acreditada la necesidad de llevar adelante un tratamiento psicológico, motivo por el cual estimó que, por tal concepto, la suma establecida en $120.000 lucía acorde a la prueba producida, resultando insuficientes las impugnaciones efectuadas al respecto.
III.11. Daño moral: luego de destacar la prudencia y razonabilidad que deben imperar al reconocer este tipo de daños, ponderó que se encontraba ajustada a derecho la indemnización otorgada en primera instancia, toda vez que el grave hecho de autos le había provocado a la damnificada y a sus progenitores -a título personal- una gran afección espiritual, perturbando con ello diferentes aspectos de su vida y su tranquilidad.
En cuanto al monto indemnizatorio, consideró prudente la estimación efectuada por la jueza, al reconocer las sumas de $640.000 a favor de M. M. L., de $380.000 a favor de Liliana Marcela Luna y de $100.000 a favor de S. L..
Finalmente, desestimó por insuficiente el agravio de la demandada tendiente a cuestionar la aplicación de intereses, indicó que era ajena a la contienda la alegada afectación del interés público municipal, y respecto a la consolidación de deuda señaló que debía ser evaluada -oportunamente- en la instancia y etapa pertinente.
IV. Contra dicho pronunciamiento, ambas partes interponen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley; en líneas generales, la parte actora con la finalidad de elevar el monto indemnizatorio y la codemandada con el fin de reducirlo.
IV.1. Por un lado, las coactoras M. M. L. y Liliana Marcela Luna, en su impugnación (v. presentación electrónica de fecha 7-II-2022), denuncian la violación de las normas que entienden aplicables al caso y de la doctrina legal que citan, como así también plantean absurdo en la valoración y cuantificación de los rubros incapacidad sobreviniente y daño moral fijado en favor de ambas, por estimarlos insuficientes.
Asimismo, insisten en solicitar que la condena del rubro gastos futuros de prestación ortopédica y prótesis, se imponga en dólares estadounidenses.
IV.2. Por su parte, la Municipalidad demandada en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2022), también denuncia la violación de las normas que dice aplicables y de la doctrina legal que invoca, reprochando asimismo la configuración del vicio de absurdo en la valoración de las pruebas y las circunstancias del caso, por estimar irrazonable la procedencia y/o cuantificación de los rubros reconocidos, impugnando a su vez la tasa de interés aplicada en el fallo.
Afirma que se ha impuesto una condena excesiva, inequitativa y exorbitante, alejada de la realidad económica imperante en la actualidad, que se desentiende de las consecuencias patrimoniales que el fallo tendría respecto del interés público, al afectar gravemente las arcas municipales.
Finalmente insiste con la aplicación de la ley de consolidación de deudas.
V. Conforme surge del relato de antecedentes, la cuestión sustancial que se trae a revisión de esta Suprema Corte es la determinación del monto de la condena (rubros y montos) y la tasa de interés aplicable al caso, ello así toda vez que la responsabilidad atribuida a los demandados Eliseo Reategui y Municipalidad de Berazategui se encuentra firme.
Teniendo en cuenta que los planteos de las partes se entrelazan con el desarrollo de los distintos rubros que fueron analizados en las instancias de grado (si bien haciéndolo en sentido contrario: la actora para obtener la elevación de algunos y la demandada para lograr la impugnación o reducción de varios), por una cuestión de orden metodológico los abordaré a través de la misma secuencia propuesta por los jueces de grado, ponderando en cada caso los agravios que generan para una o ambas partes y brindando así tratamiento común a los recursos en forma simultánea.
VI. De tal manera, adelanto que los recursos de las partes prosperan parcialmente, cada uno en la medida y en relación al rubro que logran conmover respectivamente, según el alcance que seguidamente paso desarrollar:
VI.1. Preliminarmente, corresponde dejar sentado el marco legal que habrá de aplicarse para resolver la presente contienda, en especial teniendo en cuenta que uno de los agravios de la actora versa sobre este punto, pues se enfoca a solicitar la aplicación de las nuevas pautas del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
En tal sentido destaco -como lo hicieron los jueces de grado- que el presente caso se encuentra regido por las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340), por ser las que se hallaban vigentes al momento en que se configuró el hecho (25 de marzo de 2003) que ocasionó los daños cuya reparación reclama la actora (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.944).
Al respecto esta Suprema Corte ha señalado "...que el daño es un elemento constitutivo de la relación jurídica que se establece entre la víctima y el responsable por disposición de la ley y no su consecuencia (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, 1ra. Edición, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 100 a 104)..."; razón por la cual la cuestión deberá ser resuelta a la luz de las disposiciones del código fondal vigente al momento del hecho (aquí de fecha 25 de marzo de 2003), o sea, el Código Civil de Vélez Sarsfield (cfr. causas C. 123.161, "Ahumada", sent. de 15-IV-2020; C. 123.134, "Perez", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
VI.2. Aclarado lo que antecede, cabe recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que todo lo relativo a la procedencia y cuantificación de los rubros de la indemnización de daños y perjuicios, por principio general, es facultad privativa de los jueces ordinarios de la causa y que esta prerrogativa solo puede ser analizada por este Tribunal cuando no es ejercida con la necesaria prudencia jurídica y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (doctr. causas C. 112.849, "Teerink", sent. de 28-XII-2011; A. 72.518, "Torino", sent. de 16-III-2016; A. 72.673, "Gonzalez", sent. de 18-X-2017; C. 121.817, "Gómez", sent. de 9-VI-2020; e.o).
Los casos excepcionales en los que esta Suprema Corte ha tenido por configurado dicho vicio lógico en la determinación de los daños, se han presentado en aquellas situaciones en las que los jueces de grado establecieron montos de condena con apartamiento de las constancias y pruebas de la causa, y/o sin brindar pautas necesarias para justificar la cuantificación de rubros y/o las sumas dinerarias otorgadas, impidiendo reconstruir el cálculo realizado o sin exponer los fundamentos razonables que demuestren por qué el resultado al que se llega es el más justo (cfr. causas C. 121.649, "Valentín", sent. 26-XII-2019; A. 72.518 y A 72.673, cits.).
VI.3. En ese sentido, estimo que la sentencia de la Cámara impugnada por ambas partes, en algunos rubros específicos, al confirmar mecánicamente los montos establecidos en la sentencia de primera instancia, sin mayor detenimiento y anál
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