Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.173, "Rivero, Luis Miguel y otros c/ Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la decisión del juez de grado que había admitido la excepción de incompetencia opuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en favor de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispuso que los autos debían seguir su trámite en sede provincial, descartando la intervención como tercero de esa última (v. sent. de 5-IV-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Malvinas Argentinas interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (25-IV-2022, 12:53:15 p.m.); el que fue concedido por la Cámara interviniente en la misma fecha.
Dictada la providencia de autos para resolver (9-XI-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de San Martín hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano"), ordenando remitir las actuaciones a la Corte federal, a sus efectos (v. art. 117, Const. nac.).
I.2. Apelado por la actora, la Cámara del fuero con asiento en la misma ciudad estimó sus agravios. Consecuentemente, revocó el pronunciamiento y residenció los autos por ante la jurisdicción provincial. Aunque también desestimó la intervención como tercero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sin perjuicio de que la Municipalidad de Malvinas Argentinas promoviese ante el fuero contencioso administrativo y tributario porteño las acciones y pretensiones a las que se crea con derecho.
I.2.a. Para así decidir, señaló que de los términos de la demanda —a los que correspondía estarse a efectos de delimitar la competencia— la presente trataba de una pretensión indemnizatoria derivada de la pretensa responsabilidad de las demandadas —entre ellas, la Municipalidad de Malvinas Argentinas (Hospital Municipal de Trauma y Emergencias "Dr. Federico Abete")— con motivo de una supuesta mala praxis médica.
Por lo tanto, basándose en una larga lista jurisprudencial acerca de la competencia federal en razón de las personas y la materia, reputó que en la especie no se configuraban los supuestos que justificaban la competencia originaria de la Corte Suprema nacional. Ni siquiera de cara a una eventual intervención procesal de la CABA, la que reexaminó en la misma oportunidad.
I.2.b. En este último aspecto, dijo que semejante evaluación no se hallaba precluida. Esto era así, puesto que si bien ella misma —en su hora— había revocado el fallo que consideró extemporáneo el pedido de citación como tercero de las autoridades del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" (bajo la órbita de la CABA), lo cierto era que a partir de la respectiva notificación, esta última —en su primera oportunidad procesal— planteó la excepción de incompetencia por considerar que la controversia debía ventilarse directamente por ante la Corte federal o, en su defecto, ante su propia justicia contencioso administrativa en virtud de su carácter de entidad autónoma.
Por lo demás, destacó que el actor expresamente afirmó no haber promovido demanda contra la CABA, pues no le endilgaba responsabilidad alguna al referido nosocomio. Por el contrario, dijo que allí fue atendido correctamente.
Añadió que el pedido de citación otrora efectuado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas fue formulado de manera genérica, limitándose a transcribir el texto del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, pero sin mayores explicaciones ni argumentaciones tendientes a demostrar sus dichos. A lo que se sumaba lo hipotético de una eventual acción de repetición.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el municipio codemandado a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia violado su derecho de defensa (con cita de los arts. 18, Const. nac.; 15 y 16, Const. prov.) y el instituto de la "cosa juzgada".
Sostiene que, al rechazarse la intervención como tercero de la CABA, se les privó a todos los codemandados la posibilidad de incorporar a la litis a otro de los efectores de salud que también brindó atención médica al quejoso.
Refiere que la propia actora inició diligencias preliminares requiriendo el secuestro de las historias clínicas pertenecientes a quien resultara víctima de la presunta mala praxis médica, entre ellas, la que se encontraba conservada por el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano".
Destaca que la intervención de este último establecimiento, por ser el que brindó una atención médica más prolongada al señor Rivero, fue más gravitante que la del Hospital Municipal de Trauma y Emergencias "Dr. Federico Abete", que se limitó a una atención por guardia. Y que, habiéndose denunciado como hecho nuevo la amputación del miembro inferior izquierdo del actor, el hospital porteño no podía ser desvinculado de las actuaciones.
Sobre esa base, alega que la sentencia incurre en violación del principio de "cosa juzgada" y su doctrina legal. Esto, por cuanto el 28-XII-2020 la cámara de apelaciones interviniente había dicho que el pedido de citación como tercero fue formulado tempestivamente, algo no cuestionado por la parte actora, deviniendo firme y consentido. Invoca absurdo en el razonamiento del a quo , al que ve en contradicción con criterios previamente sentados en la misma causa.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Me es imposible tener por configurada una violación a la doctrina legal acerca de la "cosa juzgada" (independientemente de su correcta identificación, puesto que sobresalen citas de precedentes de otros tribunales y no de este), en lo que atañe a la cuestión de la intervención como tercero del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es evidente que lo que pudo haberse afirmado en torno a la mera tempestividad de la citación (v. sent. de 28-XII-2020), poco o nada condicionaba la resolución final de la incidencia, siendo que a partir de allí recién se siguió el trámite de sustanciación —del cual naturalmente puede mediar, como acá, oposición— para luego el órgano judicial resolver, en definitiva, acerca del mérito de la participación procesal de alguien que no fue originalmente convocado al juicio (conf. arts. 11, CCA y 92, 94 a 96 in fine y concs., CPCC). De modo que lo concerniente a la integración de la litis nunca llegó a pasar en autoridad de "cosa juzgada", tal como se desliza.
Si, al margen de eso, la Cámara hizo bien o mal en abordar el punto tras dirimir la competencia, de si esto fue incongruente o —antes bien, como ella misma propuso— se trató de una consecuencia lógica de lo que acababa de aclarar acerca de la jurisdicción, no es algo que venga impugnado en el remedio en tratamiento, estrictamente ceñido a lo anterior.
III.2. Por similares razones, tampoco puede hablarse de la configuración de absurdo en la sentencia recurrida, a falta de error palmario o fundamental en lo tocante a la desestimación de la intervención (conf. doctr. causas A. 74.036, "Sena Villanueva", sent. de 5-VI-2019; A. 74.531, "Mossi", sent. de 8-VI-2020; A. 76.214, "Gómez", sent. de 27-V-2022; e.o.). Como ya se recalcó, ella no estaba necesariamente atada al resolutorio de fecha 28-XII-2020, relacionado sencillamente con la temporalidad de la citación.
III.3. Cabe finalmente agregar que la mera denuncia de violación de normas constitucionales (para el caso, las ligadas con el derecho de defensa), sin explicar ni demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos que se dicen conculcados, no resulta abordable en la casación (conf. causa A. 72.827, "Zapico", sent. de 18-X-2017 y sus citas).
IV. De todo lo expuesto concluyo que la pieza en tratamiento es manifiestamente insuficiente para revertir el fallo impugnado (arts. 279, CPCC y 31 bis, primer párrafo, ley 5.827).
Por lo expuesto, el recurso extraordinario debe ser rechazado. Con costas (arts. 60 inc. 1, CCA y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2025 12:31:50 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:47:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:16:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:54:59 hs. bajo el número RS-11-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia