Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78328
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.328, "M., A. O. c/ Clínica Psicopatológica del Mar y otro s/ pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Soria , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y admitió la pretensión indemnizatoria promovida por el señor A. O. M. contra la Provincia de Buenos Aires y la Clínica Psicopatológica del Mar S.A., por el fallecimiento de su hijo a consecuencia de su suicidio, acaecido mientras se hallaba internado y detenido, por disposición de las autoridades judiciales provinciales. Asimismo, esa decisión la hizo extensiva a la citada en garantía "Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." (v. sent. de fecha 4-XI-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-XI-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 28 de diciembre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 27-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, en lo que al caso interesa, acogió el recurso de apelación deducido por la parte actora.
En consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia y admitió la pretensión indemnizatoria promovida por el señor A. O. M. contra la Provincia de Buenos Aires y la Clínica Psicopatológica del Mar S.A., por el fallecimiento de su hijo R. A. M., de veintisiete años de edad, a raíz de su suicidio acaecido el día 22 de julio de 2009 estando internado y detenido —en el mentado establecimiento privado— por disposición de las autoridades judiciales provinciales.
Dicha decisión la hizo extensiva a la citada en garantía "Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A." contratada por la entidad mencionada (v. sent. de 4-XI-2021).
El Tribunal de Alzada atribuyó un 50% de responsabilidad a la clínica y el restante 50% a la Provincia de Buenos Aires en la producción del evento.
I.1. Sostuvo que de las actuaciones que tramitaron por ante el Tribunal de Familia n° 2 y Juzgado de Garantías n° 2, ambos del Departamento Judicial de Mar del Plata, se desprendían elementos de convicción susceptibles de comprometer la responsabilidad patrimonial de las demandadas.
I.1.a. En primer lugar refirió que la causa 4.602/07, "M., R. A. s/ Internación", fue iniciada por el señor A. M. con fecha 5 de marzo de 2007 con el objeto de dar con el paradero de su hijo R. y para que le realizaran un examen médico psiquiátrico con el objeto de evaluar su eventual internación; manifestó allí que el causante desde hacía aproximadamente ocho años —a esa fecha— consumía sustancias psicoadictivas, que tenía actitudes ciclotímicas, y "conductas de autolesión y agresión a terceros", y adjuntó informes profesionales que avalaban el estado emocional que presentaba.
Ante dicha solicitud el Tribunal de Familia ordenó diligencias preliminares y, con fecha 24 de abril de aquel año, el padre del joven informó que, pese a que su hijo seguía sin ser ubicado, había recibido veintitrés mensajes de texto de él pidiendo que lo dejaran tranquilo ya que "si lo agarran se va a matar...".
Señaló que con fecha 27 de abril de 2007 el titular del Juzgado de Garantías n° 2 anotició al Tribunal de Familia n° 2 que había ordenado la detención de R. por la presunta comisión del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes y su evaluación psicológica-psiquiátrica.
Precisó que, luego, el padre del joven informó al Tribunal de Familia que su hijo había sido excarcelado y que, ante el temor por su integridad física y de las personas que lo rodeaban dicho órgano ordenó constatar la situación de R., dar intervención al médico psiquiatra del Tribunal y librar oficio al Centro de Prevención de las Adicciones y al establecimiento denominado "Posada del Inti" para que lo evaluaran y le brindaran un tratamiento o lo derivaran a una institución acorde a su patología.
Relató que el médico psiquiatra había sugerido tratamiento en una institución especializada y que la trabajadora social informó que el joven se encontraba conviviendo con su padre y realizando un tratamiento ambulatorio, y que posteriormente la causa 4.602/07 se paralizó. Que, casi dos años después, con fecha 26 de enero de 2009, reseñó el señor M. que solicitó al Tribunal de Familia n° 2 la internación de su hijo en un centro especializado de puertas cerradas, en atención a que se "...torna violento cuando consume alguna droga o cuando mezcla alcohol con medicamentos", y el día 29 de enero de ese año requirió la averiguación de paradero de R..
Y que después el reclamante informó que R. se encontraba cumpliendo una internación voluntaria y así las actuaciones se paralizaron. Agregando que, con posterioridad manifestó que su hijo había renunciado al tratamiento, marchándose súbitamente.
I.1.b. Luego reseñó que de las instrucciones penales preparatorias (IPP) 08-00-012370/09 y 13096/09 esta última caratulada "M., R. A. s/ Averiguación de causales de muerte", surgía que con fecha 17 de julio de 2009 R. fue aprehendido por robo en grado de tentativa convertida luego en detención y que la señora jueza de garantías había dispuesto con fecha 19 de julio su alojamiento transitorio a pedido de su progenitor, en la Clínica Psicopatológica del Mar, "…lugar donde deberá permanecer acompañado por una custodia policial, y proveérsele de la medicación necesaria por su enfermedad", encontrándose "…detenido a disposición de este Juzgado".
Expresó que esa medida fue anoticiada al Tribunal de Familia n° 2 con fecha 21 de julio de ese año, quien ordenó librar oficio a aquel establecimiento sanitario para que informara sobre el estado de salud de R. y el régimen aconsejado para su tratamiento.
Señaló que el día 22 de julio de 2009 ese órgano tuvo presente el informe remitido acerca de que R. se hallaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con conciencia de la enfermedad, ansiedad por situación de internación en habitación de contención y distimia, y que aguardaba una vacante en el centro de rehabilitación para adicciones.
Finalmente, el Tribunal de Alzada manifestó que ese mismo día a las 15:40 hs. R. se quitó la vida.
I.2. Tras efectuar la precedente reseña consideró que, el suicidio de R. fue consecuencia directa del incumplimiento del deber de seguridad que pesaba sobre la clínica, más aún cuando estaba en conocimiento de su inestabilidad emocional al haberse alojado allí unos pocos meses antes del evento fatal.
Entendió que ese deber no importaba sólo la ejecución de actos puramente médicos sino también aquellos vinculados con la atención y estadía de R., y que el mismo no podía considerarse satisfecho con recluirlo en una habitación de aislamiento, ya que requería mayor control y cuidado, en virtud de que era habitual que el encierro provocara alteraciones psicofísicas.
Apreció que las características del recinto (en cuyo interior había una ventana con rejas que daba a un espacio de aire y luz, que se encontraba al alcance de cualquier persona) y los elementos de cama suministrados (por ej. sábanas con alta resistencia a la torsión) le brindaron el escenario propicio para concretar el suicidio el que pudo ser evitado.
I.3. Luego, en lo que a esta vía interesa, responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires, a tenor de los siguientes fundamentos:
I.3.a. Consideró que de las actuaciones reseñadas se acreditaba el incumplimiento de los deberes de seguridad y custodia por los fueros penal y de familia respecto de R. M., quien se hallaba internado y privado de su libertad en la Clínica Psicopatológica del Mar S.A.
Sostuvo que, aun cuando la detención se estaba llevando a cabo en un centro neuropsiquiátrico privado y no en una cárcel, ello no bastaba para relativizar la responsabilidad estatal por el incumplimiento de los mentados deberes para con las personas que se encuentran privadas de su libertad, cuestión que fuera analizada por esta Suprema Corte en distintas causas (causas A. 69.485, "Lobato", sent. de 30-IX-2009; A. 69.977, "R., E.", sent. de 30-XI-2011; A. 70.456, "G. M. L.", sent. de 13-XI-2012; A. 71.596, "Squassi", sent. de 25-X-2017; e.o.).
Recordó que conforme señalara esta Corte, el postulado que emana del art. 18 de la Constitución nacional tiene un contenido operativo que impone al Estado la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral, en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. CSJN Fallos: 318:2002, cons. 3°) y que la seguridad, como deber primario del Estado, no solamente importaba el resguardar los derechos de los ciudadanos frente a los hechos delictivos, sino también los de los propios detenidos —condenados o no—, cuya readaptación social se constituía en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas de control carcelario (cfr. doctr. CSJN Fallos: 326:1269).
Apuntó que ante la custodia y seguridad debida debían evitarse daños a las personas privadas de su libertad o a terceros (doctr. causa L. 71.070, "Gimenez", sent. de 23-XII-2003).
I.3.b. Juzgó que dichos postulados eran aplicables a este caso y que, por ende, la Provincia por el solo hecho de haber encomendado a una institución privada la contención de R. M., no quedaba desvinculada de su deber de custodia y seguridad.
Estimó que la adopción por el Juzgado de Garantías de la detención e internación del joven enmarcada en el art. 168 del Código de Procedimiento Penal, ley 11.922 y modificatorias —precepto que faculta a disponerla por ese órgano, aún a pedido de parte como alternativa a su alojamiento en una unidad penitenciaria, cuando se comprobare "…que el mismo sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para los demás"— implicaba que dicho organismo tenía plena conciencia, o cuanto menos debía tenerla, del estado de vulnerabilidad y endeblez emocional de R..
Indicó que el órgano penal en ningún momento constató, con el grado de agudeza y exigencia que las circunstancias del caso imponían, que la Clínica Psicopatológica del Mar S.A. contara con un equipo profesional, la infraestructura y los elementos de seguridad apropiados para garantizar la indemnidad del detenido e internado.
Finalizó en este aspecto que la excesiva laxitud con que instrumentó el señor juez de garantías en su resolución de fecha 19 de julio de 2009 la medida de coerción personal que antes se reseñara, no verificada por prueba alguna, derivó en una deficiente prestación del servicio de justicia.
I.3.c. En otro punto, consideró comprobada una desidia en el obrar del fuero de familia, a cuya orden conjunta fue anotada la internación del joven.
Reparó que dicho órgano judicial fue el que mejor conocía la situación de R. M., al hallarse institucionalizado desde el mes de marzo de 2007 cuando su padre promovió las acciones de averiguación de paradero e internación, y que ignoró el dictamen de la licenciada en psicología Nélida Pozzi que alertaba sobre la posibilidad cierta de que pudiera cometer una conducta suicida, como también que el denunciante manifestara reiteradamente sobre su preocupación por un posible accionar autolesivo de su hijo y sus amenazas de suicidio.
Sostuvo que la omisión por parte del fuero de familia de tener en consideración las señales de alerta explicitadas eran inexcusables por resultar un órgano especializado en el tratamiento de este tipo de problemáticas, ya que no adoptó las medidas necesarias de contención posible, exteriorizando desinterés y abandono estatal sobre la suerte del detenido.
Refirió que el Tribunal de Familia debió actuar urgentemente poniendo en conocimiento a la clínica privada la situación de R. y alertar sobre la necesidad de extremar las medidas de seguridad, no sólo tomar nota de la internación cursada por el Juzgado de Garantías, solicitando —de modo laxo— un informe de estilo sobre el estado del paciente.
I.4. Consideró que las omisiones detalladas en las que incurrieran los órganos judiciales intervinientes tuvieron una relevancia causal gravitante, posibilitaron la consumación del trágico desenlace (cfr. arg. arts. 1.074 y 1.112, Cód. Civil, entonces vigente) y revelaron la falta de servicio que consistió en una defectuosa prestación del servicio de justicia (art. 15, Const. prov.).
Por todo lo expuesto vislumbró un elevado grado de probabilidad de que si los fueros penal y de familia hubieran actuado con la prudencia necesaria se podría haber previsto el hecho y agregó que a pesar de que se trató de una autolesión, ello no resultaba en el caso, un eximente, ni aun parcial, de la responsabilidad de la Provincia.
Concluyó que, en atención a los rasgos psicológicos de R. y las condiciones de alojamiento, los organismos actuantes debieron otorgar una custodia especial que no fue brindada.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 512, 901, 903 y 904 del Código Civil, entonces vigente; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 375, 474 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional y 31, 168 y 171 de la Constitución provincial. También acusa la vulneración de la doctrina legal de esta Corte y, por último, alega absurdo (v. escrito electrónico de fecha 24-XI-2021, 04:57:04 hs.).
II.1. Aduce que el fallo impugnado incurre en el mentado vicio al carecer de un razonamiento lógico en sus conclusiones.
Se agravia de que la Cámara atribuyera la responsabilidad a la Provincia por el incumplimiento de los deberes de seguridad y control de los órganos jurisdiccionales, no obstante que las conductas atribuidas a estos no derivan de las constancias de la causa y del derecho aplicable.
Esgrime que la situación de extrema vulnerabilidad de R., cuyos tratamientos por sus adicciones fueran efectuados con la intervención del fuero de familia y, el hecho de que resultara ser peligroso para sí mismo y para terceras personas, no resulta por sí solo causa adecuada, única, exclusiva y excluyente del desenlace fatal.
Alega que la Cámara de modo absurdo sostuvo que el Tribunal de Familia debió adoptar medidas de cuidado y contención respecto del joven al tener conocimiento previo al hecho de sus informes psicológicos, de las denuncias de su padre y otras alertas, en tanto ello excede marcadamente la órbita de su competencia. Asevera que lo requerido por el fallo es dogmático, descalificable como un acto jurisdiccional válido.
Entiende que el Estado no tenía incumbencia para sustituir ni invadir los criterios de tratamiento respecto de R., que los criterios de seguridad e internación se encontraban en cabeza del establecimiento privado en donde se hallaba alojado, institución especializada en adicciones y dotada de profesionales y auxiliares competentes para encarar el proceso de recuperación de la salud, con protocolos de seguridad y controles propios.
En ese sentido aduce que la guarda estaba trasladada materialmente a la clínica codemandada, de régimen cerrado, siendo su deber prever y garantizar el debido tratamiento psiquiátrico para R., cuya internación fue solicitada por su progenitor y concedida por el Juzgado de Garantías interviniente.
II.2. En ese contexto considera que existió el hecho de un tercero como factor interruptivo de la relación de causalidad adecuada, que no ha sido ponderado por el Tribunal de Alzada conforme los arts. 512, 901, 902, 906, 1.112 y concordantes del Código Civil, entonces vigente.
Enfatiza que es anómalo que la Cámara considere existente una relación causal entre el resultado dañoso y los deberes del Estado, en tanto que el suicidio cometido por R. en el marco de una detención-internación adoptada por su estado de salud, no coincide con el concepto jurídico de la causalidad adecuada.
Sostiene que el fallo impugnado efectúa una apreciación dogmática de los antecedentes del caso en virtud de que en ninguna parcela del fallo recurrido se explicita cuál hubiera sido la conducta que debió haber tomado el órgano judicial para evitar el evento fatal.
Afirma que la actuación del Tribunal de Familia fue ajustada a las circunstancias del caso, de modo tal que vincular su obrar con el resultado fatal, llevando a un extremo arbitrario el deber genérico de seguridad a cargo del Estado, constituye un error que patentiza el desvío de la decisión.
Expresa que el fallo vulnera la doctrina legal de esta Corte sobre la relación de causalidad adecuada entre los deberes de custodia y seguridad de los penados y el daño sufrido por la víctima.
Refiere que se soslayó apreciar que, si bien en la falta de servicio está presente un factor de atribución objetivo, muchas veces se deberá apreciar la conducta de los agentes u órganos encargados de la prestación (cfr. doctr. causa L. 71.070, sent. de 23-XII-2003) y concluye en que la Cámara no interpretó la prueba producida conforme las reglas de la sana crítica (cfr. arts. 384 y 474, CPCC) sino que forzó la constitución de un vínculo de causalidad entre lo sucedido y el obrar estatal.
II.3. Asimismo, señala que para responsabilizar a la Provincia es necesario que se trate de una obligación y no de un deber genérico o difuso, tal como se ha imputado en este caso y por ello se transgrede la doctrina legal de esta Corte en torno al deber de seguridad respecto de las personas privadas de su libertad.
II.4. En otro punto se agravia en cuanto el fallo atacado imputó una serie de irregularidades al Tribunal de Familia, sin que fuera declarada la invalidez de sus actos.
Indica que la resolución de fecha 18 de julio de 2009 emitida por la señora jueza de garantías que convirtió la aprehensión de R. M. en detención y la de fecha posterior, que dispuso su traslado y alojamiento en la Clínica Psicopatológica del Mar S.A., tampoco fueron declaradas ilegítimas y que ni siquiera fue cuestionada la actuación del Tribunal de Familia al tomar conocimiento de la medida de coerción.
Sostiene que los órganos judiciales actuaron correctamente al dictar una medida coercitiva teniendo en mira la salud mental del causante, con intervención del fuero especializado, que previó una custodia policial y ordenó el alojamiento en una institución acorde a la situación dotada de profesionales idóneos.
En ese marco aduce que la Cámara vulnera la doctrina del error judicial emergente de la causa C. 109.036, "Resumil", sentencia de 3-IV-2014, que siguiendo los lineamientos de la Corte federal plasmados en la causa "Balda", consideró que los actos judiciales generan la responsabilidad del Estado cuando ellos han sido declarados ilegítimos, circunstancia que no ha sucedido en este caso.
Por todo lo expuesto concluye que resultan inviables los incumplimientos atribuidos al Estado provincial por error judicial o, por una deficiente prestación del servicio de justicia.
III. El recurso prospera.
Preliminarmente he de advertir que las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró la ilicitud endil
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.