Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78174
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.174, "C., J. L. y otros c/ D., R. M.y otros s/ Pretensión indemnizatoria y otros. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado. Por ello hizo lugar a la demanda incoada contra los doctores R. M. D., S. M. y el Hospital "Saturnino E. Unzué" de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, condenándolos a abonar solidariamente un importe en concepto de reparación de daños y perjuicios por el fallecimiento de M. F. C. ante la deficiente atención médica recibida en dicho nosocomio (v. sent. de 26-IV-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Municipalidad de Veinticinco de Mayo (v. presentación de fecha 5-V-2022, 11:01:58 a.m.) —por un lado— y los galenos codemandados D. y M. en forma conjunta —por otro— (v. presentación electrónica de fecha 12-V-2022, 13:15:14 p.m.), articularon sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente.
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-X-2023), glosado el memorial de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 25-X-2023, 02:56:01 a.m.), dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 5-X-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Municipalidad de Veinticinco de Mayo?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por los codemandados D. y M.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en lo que al caso interesa, rechazó la pretensión indemnizatoria deducida por J. L. C. y de M. B. E., quienes actúan por sí y en representación de su hijo menor L. A. C. (hermano de la víctima) y de su nieto N. P., M. S. C. (hermana de la víctima), I. C. A. (tía abuela conviviente de la víctima) y J. F. C. (tío conviviente de la víctima), contra el doctor R. M. D., la doctora S. M., el Hospital "Saturnino E. Unzué" y la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, por la cual reclamaron los daños y perjuicios que alegan haber padecido a raíz del fallecimiento de quien en vida fuera M. F. C. ocurrido el día 14 de mayo de 2007 (v. sent. de fecha 20-XI-2020).
Señaló el magistrado que la parte actora adujo al promover la demanda un actuar negligente e imprudente de los mencionados galenos en la oportunidad en que M. F. C. fuera reinternada con fecha 13 de mayo de 2007 en el hospital municipal, luego de habérsele practicado una cesárea el día 8 de mayo de ese año por el nacimiento de su hijo N. P.
I.1. Para desestimar la acción entablada, en prieta síntesis, afirmó —tras examinar el informe del perito médico forense oficial agregado a la causa penal— que no se encontraba acreditada la responsabilidad del doctor D. en la atención brindada a M. F. C. en el nosocomio. La paciente había ingresado con un cuadro de sepsis, y el experto señaló que no existía certeza de que, con el tratamiento antibiótico, se hubiese evitado el desenlace fatal.
Destacó que el factor tiempo que ha sido determinante en el caso, no puede serle achacado al mentado profesional, en virtud de que ha quedado demostrada la resistencia de la joven a ser trasladada al hospital, en tanto lo hizo recién al quinto día de la cirugía, padeciendo un cuadro de sepsis puerperal.
I.2. Con relación a la doctora M., que atendió a M. F. a partir de la mañana siguiente de su reingreso al nosocomio, sostuvo que no se desprendía de la historia clínica ni de la prueba pericial médica producida en esta causa un actuar culposo y, más aún, la parte actora no ha precisado el incumplimiento y su repercusión en el fallecimiento de M. F.
I.3. Finalmente, juzgó que no habiéndose demostrado una falta personal de los médicos en su carácter de agentes públicos en el ejercicio de sus funciones en los términos del art. 1.112 del Código Civil, entones vigente, no correspondía atribuir responsabilidad a la Municipalidad de Veinticinco de Mayo, único fundamento por el cual se demanda a la comuna, en virtud de que el deber de prestar asistencia médica a la población se ha realizado de manera adecuada (cfr. art. 36 inc. 8, Const. prov.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de General San Martín, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado. En consecuencia, hizo lugar a la demanda incoada contra los doctores R. M. D., L. S. M. y el Hospital Municipal "Saturnino E. Unzué" de Veinticinco de Mayo, condenándolos a abonar solidariamente la suma de $2.631.600 por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de M. F. C. (v. sent. de 26-IV-2022).
En lo que al recurso deducido por la apoderada de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo interesa, el Tribunal de Alzada efectúo las siguientes consideraciones:
II.1. De conformidad con la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de diversas causas que menciona, resolvió que en atención a la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados, el caso debe decidirse conforme las normas del derogado Código Civil de la Nación.
II.2. Luego, al examinar el agravio concerniente a la exención de la responsabilidad municipal, con fundamento en la ausencia de un actuar culposo, negligente u omisivo en la atención médica brindada a la joven C. refirió a lo dicho por este Tribunal Superior provincial en torno a la responsabilidad de los médicos y, desde allí, analizó en concreto la actuación del doctor D. a tenor de la prueba aportada a la causa.
II.2.a. Refirió que de la historia clínica surgía que:
i) el mentado profesional le practicó una cesárea programada a M. F. C. el día 8 de mayo de 2007, naciendo un niño y siendo dada de alta el 10 de mayo del mismo año. Que fue reinternada en el Hospital "Saturnino E. Unzué" de Veinticinco de Mayo el día 13 de mayo de 2007 por indicación de la doctora R., médica pediatra de Norberto de la Riestra, siendo recibida por el doctor D.;
ii) el día 14 de mayo es ingresada M. F. a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) desde Ginecología con diagnóstico de sepsis de origen ginecológico y luego del resultado de la laparotomía exploradora se la ingresa a cirugía y se le realiza una histerectomía, siendo regresada a UTI en estado crítico, produciéndose su fallecimiento el día 15 de mayo.
II.2.b. También manifiesta el Tribunal de Alzada que de la autopsia realizada se desprendía la causa de muerte "paro cardio-respiratorio no traumático, secundario a fallo multiorgánico por sepsis (septicemia) por endometritis puerperal".
II.2.c. Estimó, a su vez que, las declaraciones testimoniales eran concordantes y complementarias de la historia clínica en cuanto a que los días 11 y 12 de mayo de 2007 la madre de la víctima se comunicó con el doctor D. manifestándole que M. F. tenía fiebre y dolor abdominal y que la citada progenitora decidió efectuar una interconsulta al doctor J., a su vez, el día 13 de mayo fue trasladada de urgencia por indicación de la doctora R., médica pediatra, del hospital de Norberto de la Riestra al hospital de Veinticinco de Mayo.
II.2.d. En otro punto ponderó que las pericias médicas elaboradas en la causa penal y en autos con relación a la causa de muerte y tratamiento llevado a cabo por los profesionales, eran coincidentes en cuanto a la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de acuerdo al cuadro médico de la causante, con antecedentes de una intervención quirúrgica (cesárea), fiebre y dolor abdominal.
Así puntualizó que los expertos repararon en el suministro de un antibiótico y la realización a tiempo de una práctica laparoscópica y concluyeron de modo contundente en la existencia de mala praxis.
Desde allí consideró desacertada la sentencia de primera instancia en cuanto aludiera al compás de espera invocado por los profesionales intervinientes y que no existiera certeza en cuanto a que con el tratamiento antibiótico se hubiese evitado el desenlace fatal, en virtud de que la prestación médica, tal como lo ha precisado esta Corte, configura una obligación de medios y en el caso se omitió al no cumplirse con las normas indicadas por la ciencia médica referida a la necesidad del suministro de los antibióticos.
II.3. Consideró, de los datos insertados en la historia clínica y documental agregada y de los informes periciales, que se desprendía la responsabilidad del doctor D. ante las omisiones en el tratamiento correcto que debió indicar ante el cuadro y práctica obstétrica realizada y que, el compás de espera alegado por el galeno para retrasar el tratamiento era desaprensivo de la salud de la paciente y contrario a la lex artis que, con motivo de que la sepsis es un cuadro usual posterior a ese tipo de práctica quirúrgica, se exigía un tratamiento con la premura requerida, lo que no aconteció en el caso.
II.4. En otro orden sostuvo que la doctora L. S. M., especialista en tocoginecología y Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Municipal "Saturnino E. Unzué" de Veinticinco de Mayo, es responsable por el fallecimiento del M. F. C., de modo solidario con el doctor D..
Estimó que, conforme la historia clínica, se desprendía la falta de control eficiente de la doctora M. por lo menos entre los días 14 y 15 de mayo de 2007, atento a su especialidad y la asiduidad con que se presentan las afecciones en los días posteriores a las intervenciones por cesárea, en virtud de que la citada profesional al momento del reingreso de M. F. al nosocomio tuvo acceso a todo su historial y antecedentes e indicó en forma contraria a lo aconsejado no suministrar tratamiento antibiótico a la espera de los resultados de estudios ordenados, ello a pesar del estado de mejoría por la aplicación de antitérmicos.
II.5. Luego, en el marco de la apelación adhesiva, abordó el planteo relacionado con la eximición de responsabilidad del doctor D. en base a la absolución decretada en sede penal en orden al delito de homicidio culposo.
En ese orden, desestimó el agravio esgrimido por el galeno remitiéndose a lo resuelto en sede penal en cuya esfera se resolvió que "ante el estado de duda acerca de la relación de causalidad entre la conducta omitida y el resultado de la muerte" no procedía la vinculación contemplada en el art. 1.103 del Código Civil, entonces vigente, que refiere a la limitación de la responsabilidad civil en los supuestos de inexistencia del hecho o en la no autoría del acusado decretada en sede penal.
II.6. Finalmente, al calificar de negligente el comportamiento de los doctores D. y M. declaró la responsabilidad de los citados profesionales en forma solidaria con la Municipalidad de Veinticinco de Mayo por el fallecimiento de M. F. C.
III. Contra este pronunciamiento, el citado municipio (v. presentación de fecha 5-V-2022, 11:01:58 a.m.) deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y denuncia la aplicación errónea de los arts. 512 y 1.103 del Código Civil entonces vigente y de la doctrina legal de esta Corte emanadas de diversas causas que cita y de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín. También alega absurdo.
III.1. Aduce que la Cámara ha interpretado erróneamente los hechos y por ello incurrió en el mentado vicio al condenar a los profesionales D. y M. y al hospital municipal como responsables del fallecimiento de M. F. C.
Señala que en esta causa no se ha demostrado el nexo de causalidad entre el actuar de los profesionales médicos y el fallecimiento de M. F. que ingresó al hospital sin estudios previos y en buen estado general y ante ello el Tribunal de Alzada aplica erróneamente el art. 512 del Código Civil, entonces vigente.
Sostiene que los doctores D. y M. cumplieron con la diligencia debida, tal como surge de la prueba aportada —historia clínica, informes periciales, testimoniales producidas y causa penal—.
Manifiesta que de las pericias realizadas se desprende sólo probabilidades y dudas respecto de la actuación de ambos médicos, dictaminando que podría haberse evitado la muerte si hubiera recibido asistencia en tiempo y forma.
Argumenta en torno a ello, que el doctor Dr. solicitó el traslado de la paciente al nosocomio los días 11 y 12 de mayo de 2007, pero la familia hizo caso omiso y que al ingresar finalmente el día 13 de mayo de ese año, se realizaron todos los estudios de rutina y consultas con especialistas (cirujano) sin que los resultados iniciales fueran alarmantes.
También señala que la paciente llegó al hospital con un cuadro ya avanzado tras días de demora familiar y que no hay certeza de que la muerte se hubiera evitado con el suministro de antibióticos previos o, si la sepsis era reversible tras treinta y ocho horas de internación.
Ante tal contexto, entiende que la parte actora no ha demostrado el nexo de causalidad entre el actuar de los profesionales y el fallecimiento de M. F. que ingresó al hospital sin estudios previos y en buen estado general, por lo que el art. 512 no es aplicable al caso, incurriendo la Cámara en una absurda interpretación de los hechos.
III.2. Por otro lado, respecto a la vinculación entre la responsabilidad civil y lo decidido en sede penal, conforme el art. 1.103 del Código Civil, entonces vigente, manifiesta que el doctor D. fue sobreseído por homicidio culposo y el juez civil no puede apartarse de esta sentencia que hace "cosa juzgada" y que determinó la inexistencia de pruebas suficientes sobre el nexo de causalidad con el deceso.
III.3. Finalmente, rechaza la condena al Hospital Municipal "Saturnino E. Unzué", al sostener que el servicio de salud funcionó correctamente por contar con profesionales para la atención de M. F. al momento de solicitarlo.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Liminarmente señalo que, tal como lo indicara la Cámara interviniente, las disposiciones del derogado Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se configuró el hecho que ocasionó los daños cuya reparación reclama la parte actora (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2. Ingresando al análisis de la temática planteada por la recurrente referida a la incidencia causal que las conductas de los médicos tuvieron en la producción del evento luctuoso, esta Corte reiteradamente ha dicho que constituye una típica cuestión de hecho, irrevisable en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (doctr. causas C. 105.772, "Etchegaray", sent. de 9-VI-2010; C. 97.796, "Boragin", sent. de 31-VIII-2011; C. 113.386, "B., J.", sent. de 12-IX-2012; e.o.) circunstancia que en el caso no ha sido acreditada por la impugnante (doctr. art. 279, CPCC).
Ese vicio consiste en un error palmario, grave y manifiesto que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar cuestiones de índole fáctica, que lleva a conclusiones contradictorias o incongruentes (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 69.036, "Sandoval", sent. de 15-VII-2009; A. 70.717, "P., C. I.", sent. de 14-VI-2010; A. 78.519, "Cabrer", sent. de 1-XII-2025; e.o.).
En especial en cuanto al deber del municipio se ha dicho que "la prueba de la culpa del médico es indispensable, no porque la responsabilidad de éste se refleje en la entidad de la cual depende, en una responsabilidad indirecta, sino porque la prueba de aquella culpa sería la demostración de la violación del deber de seguridad, que como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional" (Bustamente, Alsina J.; "Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión", LL 1976-C, pág. 63; conf. causas Ac. 43.518, "Brito de Lescano", sent. de 16-VII-1991; C. 99.658, "S., D. R.", sent. de 22-XII-2010; C. 111.812, "Molleker de Balsamello", sent. de 27-VI-2012; C. 120.447, "Samaniego", sent. de 8-III-2017 y C. 120.051, "Calderón", sent. de 21-VI-2028).
IV.2.a. El impugnante alega que la Cámara ha incurrido en absurdo al interpretar erróneamente los hechos.
Aduce que de los informes periciales se desprenden sólo probabilidades y dudas respecto de la actuación del doctor D. y de la doctora M., quienes —alega— se desempeñaron de modo eficiente, por lo que sostiene que la causa del deceso se produjo por la demora de la víctima de arribar al nosocomio, en tanto que los días 11 y 12 de mayo de 2007 el doctor D. ordenó el traslado de la causante al establecimiento sanitario.
El Tribunal de Alzada para arribar a la solución del caso, tras reseñar los antecedentes quirúrgicos derivados de la historia clínica —cesárea— y las comunicaciones telefónicas efectuadas al doctor D. que aconseja su evaluación por otros profesionales pertenecientes al domicilio de la paciente, ello conforme las declaraciones testimoniales producidas, tuvo en cuenta las conclusiones coincidentes de los informes periciales para determinar el nexo causal entre las irregularidades en la atención y el control de los profesionales demandados, posterior a la intervención quirúrgica practicada en el nosocomio municipal y el fallecimiento de M. F. y, desde ahí atribuir la responsabilidad solidaria a la Municipalidad de Veinticinco de Mayo en razón del incumplimiento del deber objetivo de seguridad implícito en el contrato asistencial que la vinculó a la paciente.
En efecto, la Cámara ponderó el dictamen del forense, doctor R., reseñando que: "...es muy probable que de haber recibido la asistencia requerida en tiempo y forma de acuerdo al cuadro clínico que presentaba y a los antecedentes de la paciente (puérpera) podría haberse evitado la muerte de la víctima..."; "...los médicos que no cumplieron con la praxis médica indicada para el caso en cuestión son el médico que realizó la operación cesárea: Dr. D., pues de haber realizado los controles pertinentes de acuerdo a la sintomatología que presentaba la víctima podría haberse evitado el desenlace fatal..." y "...que la demora en la realización de la interconsulta y de adoptar la conducta quirúrgica pudieron haber tenido trascendental incidencia en la muerte de la víctima...".
Consideró también lo informado por el doctor M. G. en la causa penal "...el diagnóstico no se hizo en tiempo y forma y no se aplicó la terapéutica antibiótica que se impone ante la clínica, antecedentes y la sospecha franca y compartida con otros colegas", "...haber apresurado la consulta al cirujano Dr. R. esa misma noche [...] se demora la cirugía, con un cuadro ya instalado, y cuyo diagnóstico el también sospechaba...".
Apreció, asimismo, el dictamen del doctor R. en cuanto reitera "...es muy probable que de haber recibido la asistencia requerida en tiempo y forma de acuerdo al cuadro clínico que presentaba y a los antecedentes de la paciente (puérpera) podría haberse evitado la muerte [...] si ese proceso infeccioso en el útero se hubiera diagnosticado a tiempo la parturienta no hubiera llegado al cuadro sepsis, y el problema es que no se diagnosticó en el momento oportuno, no por la complejidad que a veces implica un diagnóstico de certeza [...] por la falta de cuidados y diligencia en la atención médica de C....".
Finalmente reparó en la pericia del doctor R. L. en esta causa e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.