Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79274
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.274, "G., M. S. y Ots. c/ Municipalidad de Coronel Suárez y Otros. s/ Pretensión Indemnizatoria Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini, Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación articulados por la parte actora, la codemandada señora Kirchheim, la Municipalidad de Coronel Suárez y la citada en garantía Seguros Médicos S.A. En consecuencia, modificó por unanimidad y por mayoría según el caso, elevando los montos otorgados en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral, daño emergente futuro, y confirmó en lo demás la sentencia de primera instancia. (v. sent. de Cámara de fecha 9-XI-2023).
Contra tal pronunciamiento el letrado patrocinante de la parte actora y la apoderada de la Municipalidad de Coronel Suárez, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 27-XI-2023 y 28-XI-2023, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad codemandada?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El presente pleito se origina por la presentación mediante apoderados de M. S. G. y C. F. G. —ambos por su propio derecho y en representación de sus hijos menores, M. R. G., M. E. G. y J. B. G.— y de M. B. G., y promueven acción indemnizatoria contra el Hospital municipal "doctor Raúl A. Caccavo" de Coronel Suárez, la Municipalidad de Coronel Suárez, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la doctora Amalia Yolanda Kirchheim, el doctor Osvaldo Oscar Maldonado, Ana Paula Bec y Seguros Médicos S.A.
Relatan que con fecha 3 de enero del año 2012 M. S. G., ingresó al Hospital municipal para ser intervenida a raíz de un cuadro de colecistitis aguda por el cirujano Osvaldo Maldonado, y la médica anestesióloga Amalia Yolanda Kirchheim. Expresan que esta última profesional al suministrar la anestesia tuvo dificultades en la maniobra de intubación traqueal, que se tradujo en una deficiente ventilación de las vías aéreas y oxigenación de la señora G., que a la postre le ocasionó una encefalopatía hipóxica producto de un cuadro de hipoxia cerebral.
I.1. El juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta contra el Instituto Médico Asistencial (IOMA), Osvaldo Oscar Maldonado médico cirujano, y Ana Paula Bec, auxiliar de anestesiología. Y la admitió parcialmente condenando a la Municipalidad de Coronel Suárez, a Amalia Yolanda Kirchheim y a la citada en garantía Seguros Médicos S.A., teniendo en cuenta las constancias de la causa penal que halló penalmente responsable del delito de lesiones culposas a la profesional médica Kirchheim.
Asimismo, atribuyó responsabilidad a la Municipalidad de Coronel Suárez, que como organizador del servicio de salud debe responder de modo directo y objetivo cuando como en el caso su funcionamiento sea deficiente; responsabilizó, también, a la citada en garantía Seguros Médicos S.A., en la medida del seguro.
De tal modo, teniendo en cuenta que la actora al momento de la intervención quirúrgica tenía 41 años de edad y que su incapacidad fue determinada por los peritos en el 100% de la total laboral y definitiva, otorgó por este concepto la suma de $1.500.000; reconoció por daño emergente y daño emergente futuro la suma de $500.000; respecto al daño moral fijó como resarcimiento la suma de $2.000.000 para la víctima S. G.; la de $300.000 para C. F. G., la de $200.000 para la hija M. B. G., y la suma de $150.000 para cada uno de los hijos menores, M., M. y B. G..
Por último, dispuso que los intereses debían calcularse conforme la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días (conforme pautas fijadas por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016, por mayoría), desde el 3 de enero de 2012 hasta su efectivo pago.
Impuso las costas a la vencida (art. 51, CCA, modif. por ley 14.437).
I.2. Contra tal decisión se alzaron la médica anestesióloga Kirchheim, la Municipalidad de Coronel Suárez, Seguros Médicos. Lo propio hizo la parte actora.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en Mar del Plata hizo parcialmente lugar a la apelación deducida por la parte actora y rechazó las restantes.
Destacó que la responsabilidad atribuida a la profesional Kirchheim y al municipio arribaron firmes a la instancia recursiva, circunscribiendo sus agravios al segmento patrimonial.
En cuanto a la reparación otorgada por la incapacidad sobreviniente, sostuvo que, de conformidad con lo blandido por las partes, la sentencia no adolece de insuficiente fundamentación. Destacó que la actora reclamó que la suma reconocida no se ajusta a las fórmulas polinómicas empleada por la propia Cámara en casos análogos. Por su parte el municipio y la citada en garantía cuestionaron que el juzgador no suministrara parámetros que justifiquen el monto finalmente otorgado.
Para resolver esta cuestión comenzó ponderando las conclusiones periciales que dan cuenta del cuadro irreversible que presenta la actora.
Detalló que al momento de la intervención quirúrgica la señora G. contaba con 41 años de edad, y que como secuelas de dicha cirugía presenta afasia de expresión, estado mínimo de conciencia de situación, achicamiento del sensorio del juicio, cuadriplejía espástica, trastorno deglutorio, porta bomba de baclofeno para el tratamiento de la hipertonía muscular/espasticidad, extremos que traducen en una incapacidad total y absoluta que exige ser asistida por terceros en forma permanente.
A partir de allí, el Tribunal de Alzada subrayó que para determinar el quantum económico en estos supuestos el anterior Código Civil se había erigido como la legislación aplicable al caso y que a la hora de calcular la reparación del daño derivado de la incapacidad física no existían fórmulas matemáticas ni reglas estrictas, pues a la luz de esta legislación la incapacidad debía apreciarse en función de pautas razonablemente generales, tales como las actividades encuadradas dentro de la normalidad actual y las presumiblemente futuras de toda persona, para lo cual era menester contemplar la edad de la víctima, su sexo, la repercusión de las secuelas en la vida de relación, la protección en sus actividades futuras, entre otras, conforme la propia doctrina del tribunal que cita (v. pto. 2.1.2, sent.).
Recordó que incluso esta Suprema Corte ha censurado el proceder de los jueces que al fijar el resarcimiento solo consideraron parámetros numéricos, como el porcentaje de la afectación, la edad de la víctima y el salario percibido, sin ponderar adicionales circunstancias vitales como la educación, trayectoria y proyecto de vida, situación familiar, u otras, de manera de arribar a una reparación integral (cfr. doctr. SCBA causa C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015).
En ese marco la Cámara anticipó que el criterio que se utiliza en la materia, como una solución de equilibrio para fijar en abstracto una indemnización capaz de representar futuros perjuicios o chances laborativas frustradas, evitando que esta sea una simple fórmula matemática o quede al exclusivo arbitrio judicial, fue receptado por el nuevo Código Civil y Comercial en su art. 1.746 que, en lo que interesa, normativiza una metodología de determinación del monto indemnizatorio por el rubro en análisis, mediante la adopción de pautas similares a las utilizadas por el tribunal en casos semejantes, tales como: para la determinación del "capital" deviene necesaria la aplicación de fórmulas matemáticas, siendo la jurisdicción la que seleccionará cuál será la ecuación que implementará en el caso concreto; sin que resulte obligatorio acatar el resultado matemático que pudiere arrojar la fórmula; pues el juez es quien debe ponderar y evaluar la integridad del daño conforme la singularidad del caso y la apreciación de otras variables de cálculo.
Agregó que las fórmulas matemáticas antes eran delineadas por la jurisdicción entre las que destacan las denominadas "Vuotto", "Mendez", "Marshall", "Acciari" —entre otras— cuyos vocablos identificadores derivan de los juicios en los que se aplicaron o de su autor en el último caso. Explicitó que estas técnicas poseían una estructura de matemática financiera estable, constante y predeterminada a la que se le adicionaban en cada caso las variables particulares (en general y principalmente: la edad de la víctima, sus ingresos probados o estimados, el tiempo restante o edad máxima para realizar actividades productivas o económicamente valorables) para arribar al resultado numérico de base. De modo de determinar un capital que, puesto a interés, se amortice en un período calculado como probable de vida productiva de la persona mediante la percepción de una suma mensual similar a la que hubiera recibido de no haber mediado el evento dañoso, sin que ello importe suplir la labor de ponderación propia de los magistrados.
Por último, puntualizó que si bien bajo la vigencia del Código Civil su utilización no resultaba impuesta, hoy, en cambio, su referencia se presenta insoslayable ante la expresa decisión del legislador nacional de incorporarlas como pautas de estimación inicial del capital y con el objeto de dotar de una mayor fundamentación a la sentencia individualizando y explicitando las bases objetivas utilizadas para arribar al resultado final, sin excluir a los parámetros provenientes de la sana crítica, la experiencia vital y el sentido común que posibilite a los jueces apartarse de la cuantía matemática argumentando los motivos o razones por los que se juzgue válido formular distingos del resultado numérico obtenido, sea aumentándolo, sea reduciéndolo.
Dicho todo ello, la Cámara sostuvo que aun cuando en el caso, la responsabilidad estatal se configuró durante la vigencia del plexo legal anterior, no ocurrió lo mismo con las consecuencias que del ilícito se derivaron, art. 7 del Código Civil y Comercial y de ese modo distingue la existencia del perjuicio y su cuantificación, operación esta última que, afirmó, puede realizarse acorde con la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida.
Añadió que el art. 1.746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino solo a las consecuencias que de ella se derivan (art. 7, Cód. Civ. y Com.), "máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación, que es compatible con el criterio de equilibrio adoptado por esta Alzada con anterioridad a su entrada en vigencia".
Concluyó así que a los efectos del cálculo del monto indemnizatorio aquí examinado y, en pos de dotar de mayor objetividad al pronunciamiento, no existe óbice alguno para ponderar la regla contenida en el mentado art. 1.746 del Código Civil y Comercial; por el contrario, su aplicación permite implementar y exteriorizar la fórmula de cálculo de capital utilizada que, ponderada junto con las demás variables, contribuye a objetivar el juicio valorativo jurisdiccional, sentando así pautas claras y revisables por los justiciables.
De este modo evaluó que la actora contaba con 41 años de edad al momento de la intervención quirúrgica —3 de enero de 2012—, que le provocó una incapacidad del 100% conforme los informes periciales; que el promedio de vida laboral debe situarse en los 75 años de edad considerando la vida activa junto con la realización de tareas con significación patrimonial; que al momento de su baja por discapacidad la víctima cumplía tareas como personal técnico de Enfermería Nivel 4, con 40 horas semanales, con una escala salarial de $139.428, conforme el decreto municipal 1.664/22.
Afirmó que la curva laboral vital de una persona con crecimientos y declives, permite suponer probabilísticamente que el promedio de ingresos durante esos 34 años productivos (75 menos los 41 años al momento del evento dañoso) sería de 1,25 veces el salario mensual de base, lo que arroja un valor de $174.285 esto es, un ingreso anual de $2.265.705; que es un dato indubitado en autos que el grado de incapacidad asciende al 100% (cfr. dictamen pericial médico, de fecha 16-X-2018); que el sistema de renta capitalizada exige establecer una tasa de interés de descuento, consecuente con el hecho de que la víctima incrementa el propio patrimonio en una medida equivalente a ese valor, por haber percibido el capital íntegro en forma anticipada. Aunque como interés puro ese porcentual varía según el riesgo y la rentabilidad de la economía, y siendo que los criterios doctrinales y jurisprudenciales oscilan entre el 3% y 8%, consideró prudente fijar un valor promedio de 6%.
Por ello, tomando como referencia la fórmula
C = a * [(1 + r)n - 1]
(1+r) n * r
(Computando períodos anuales)
3. (a) Ingreso para el período * incapacidad = $2.265.705
4. (r) Tasa de interés para el período decimalizada = 0.06%
5. Edad inicial computada = 41 años.
6. (n) Períodos restantes computables= 34
7. (C) Capital a ponderar conforme art. 1.746 del CCC =
$32.553.969,23
Acogió así el agravio de los actores y elevó el capital resultante por aplicación de la pauta contenida en el art. 1.746 del Código Civil y Comercial a la suma de treinta y dos millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos con veintitrés centavos ($32.553.969,23).
Finalmente, al capital obtenido mediante el uso de esta fórmula, añadió un 2%, teniendo en cuenta el estado de tetraplejía irreversible de la señora G. y el serio perjuicio en la vida de relación, que repercute en su actividad social, deportiva y familiar que debe ser objeto de reparación con independencia de la actividad productiva.
Lo que equivale por el rubro en análisis el valor total de $33.205.048,60.
II.1. Respecto al daño moral de la señora M. S. G., del que se agraviaron por bajo y alto respectivamente la parte actora y la demandada, la Cámara elevó la suma reconocida a $10.000.000, teniendo en cuenta el estado de permanente postración y vulnerabilidad personal y social de la actora, del que dan cuenta los informes periciales y la declaración concordante de los testigos con el agravante de que la víctima comprende su condición, que derivó de la mala praxis médica enjuiciada, que exige brindar una respuesta jurisdiccional acorde con el principio de reparación integral derivado del deber constitucional de no dañar.
II.2. En relación al daño moral, del esposo e hijos de la señora G., la Cámara confirmó el reconocimiento efectuado por el sentenciante de grado, pero con otros argumentos y elevó la suma otorgada en primera instancia.
A tal efecto señaló que las particulares circunstancias del caso permitían incluirlo entre los supuestos de excepción calificados como gravísimos por esta Suprema Corte en los cuales inaplicó el art. 1.078 del Código Civil —t.a.— a los que remite, (v. pto. 2.3.2). En donde la gravedad y entidad del perjuicio sufrido por el damnificado directo es tal, que repercute en la esfera íntima y personal de los damnificados indirectos, con graves efectos disruptivos en la estructura sentimental del entorno próximo y en consecuencia resultaría irrazonable disponer un tratamiento diferenciado en la legitimación.
Puso de relieve que en autos las pruebas producidas daban cuenta de la compleja situación atravesada por la familia G. desde el momento en que se produjo el evento dañoso y los cambios radicales y sustanciales que acontecieron en su proyecto de vida, tanto grupal como individual, como consecuencia del suceso. Y lo ejemplifica con el abandono de la carrera de psicología de la hija mayor M. que al momento de los hechos de autos contaba con 19 años de edad, con el caso de B. de 1 año y siete meses, quien debió mudarse a vivir con su abuela, y con el posterior fallecimiento de C. G. esposo de la víctima y padre de los nombrados, quien había sido diagnosticado con una depresión grado II (v. pto. 2.3.3, sent. de Cámara).
El tribunal, sostuvo que el cuadro descripto patentiza la gravedad de la situación atravesada por una familia que debió enfrentar una adversidad mayúscula, como es perder una esposa y madre conforme los extremos antes señalados. Pérdida que, a diferencia de la fatalidad de la muerte, exigió de cada integrante un esfuerzo diario y constante, muchas veces postergando planes personales, para asistir a quien, otrora, fuera el eje en derredor del cual se desarrolló un proyecto de familia.
Añadió finalmente que el temperamento jurisprudencial imperante respecto de la limitación del art. 1.078 del Código Civil, fue receptada de algún modo por el art. 1.741 del Código Civil y Comercial, en cuanto admitió expresamente la legitimación de los damnificados indirectos —ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivían con la víctima recibiendo trato familiar ostensible—, para reclamar indemnización por las consecuencias no patrimoniales si del hecho resultara una gran discapacidad.
En definitiva, afirmó que la restricción impuesta por el citado art. 1.078 del Código Civil no supera en el caso, el test de razonabilidad y que, si bien el examen de una cuestión de esta índole requeriría de un mayor debate, esta exigencia podría descartarse cuando el precepto que rige el asunto ya hubiese sido declarado inconstitucional, bajo equivalentes circunstancias, por esta Suprema Corte, como acontece en este supuesto. En consecuencia, incrementó el quantum indemnizatorio.
II.3. En relación al rubro daño emergente la Cámara (v. pto. 2.4, sent.) confirmó la suma de $50.000 otorgada en primera instancia y elevó la otorgada por daño emergente futuro, a la suma de $3.000.000. Para ello consideró que las constancias de autos acreditan que la señora G. es afiliada al IOMA, que en función de su patología y necesidades terapéuticas la obra social autorizó la cobertura de tres asistentes domiciliarios por un período de 24 horas, sin que se adviertan elementos que permitan concluir que la continuidad de esas prestaciones se hubiese interrumpido. Con respecto a la intervención de recarga de la bomba de baclofeno ponderó que, de la historia clínica del Hospital Español de Bahía Blanca, se desprendía que el IOMA, cubría la intervención quirúrgica necesaria y la entrega de medicación para la recarga de dicha bomba. Estimó acreditado también que la actora debe trasladarse a la ciudad de Bahía Blanca al menos cada 80 días para la recarga de la bomba ya mencionada, debiendo abonar los honorarios médicos durante los siguientes estimados 33 años.
Asimismo, sostuvo que no resulta insensato considerar que, a partir del fallecimiento del cónyuge y padre de los hijos de S. —circunstancia sobreviniente al inicio de esta causa—, se incrementó la necesidad de asistencia diaria para los quehaceres domésticos cotidianos, que actualmente se distribuyen entre B. de 13 años, M. de 17 años y M. de 23 años de edad.
De este modo y con base en las consideraciones expuestas incrementó a la suma de $3.000.000 el monto concedido por este rubro.
II.4. Con relación al resarcimiento del daño psicológico a favor del seño
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