Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 80258
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaOído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289 in fine , CPCC).
A.80.258 "CAMPO ROSANA JUDIT Y OTRO/A C/ PUJOL PAOLA KARINA Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Violini dijeron:
I. El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, luego de detallar el marco jurídico aplicable y los presupuestos que debían concurrir para tener por configurada la responsabilidad del Estado, hizo lugar parcialmente a la pretensión indemnizatoria promovida por Rosana Judit Campo y Manuel Ángel Fariña -en representación de su hija menor V. F.-, condenando a la Municipalidad de Trenque Lauquen a que les abonara -dentro del plazo y en la forma que fijó- la suma de diecisiete millones quinientos un mil cuatrocientos pesos ($17.501.400), con más los intereses que fueran establecidos en el decisorio, en virtud de los daños y perjuicios derivados de la deficiente atención brindada a la niña nombrada en el Hospital Municipal de dicha localidad durante el mes de marzo de 2.016.
Al mismo tiempo, rechazó la demanda contra los codemandados Nora Susana Grimberg, Paola Pujol, Mario Schwindt y Andrea Marchesi, como también en relación a la citada en garantía Seguros Médicos S.A. (v. sent. de fecha 24 de mayo de 2023).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó -con sus propios fundamentos- la exclusiva responsabilidad de la Municipalidad demandada y, admitiendo parcialmente los embates articulados por los actores y el Ministerio Público Pupilar, modificó la cuantía de los rubros indemnizatorios estimados en el fallo de primera instancia, determinando -además- los intereses a aplicar (v. sent. de fecha 20 de mayo de 2025).
Para así resolver, en lo que aquí concierne atento las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario en tratamiento, el Tribunal de Alzada al momento de determinar el quantum indemnizatorio elevó los montos de la condena, fijándolos a valores actuales al momento de su pronunciamiento.
Así, en cuanto al rubro "incapacidad sobreviniente" ponderó la edad de la víctima al momento del hecho, el grado de incapacidad determinado pericialmente (49,26%) y la gravedad de las secuelas diagnosticadas -kernícterus, hipoacusia bilateral severa y retraso madurativo y motriz- con su consecuente impacto en la vida de relación e integridad de la niña y; entendiendo -además- que los montos quedan librados al prudente arbitrio judicial y sujetos a la equidad, consideró que correspondía establecer la indemnización por tal concepto en la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000).
Continuó con el examen del ítem "daño moral". Al respecto -recordando que dicha reparación no es mensurable con parámetros estrictamente objetivos ni procedimientos matemáticos- teniendo en cuenta el quiebre del proyecto de vida familiar, el sufrimiento derivado de la frustración de un nacimiento inicialmente exitoso y las incomodidades permanentes que la patología genera en el núcleo familiar, estimó justo y razonable cuantificar el resarcimiento por “daño moral” para V. F. en el importe de doce millones de pesos ($12.000.000); y el correspondiente a los coactores Rosana Judit Campo y Manuel Ángel Fariña, en la cantidad de cinco millones de pesos ($5.000.000) para cada uno de ellos.
Por otra parte en cuanto al concepto denominado "gastos de traslados y farmacológicos", estimó justo el importe de un millón de pesos ($1.000.000) atento a las constancias de la historia clínica y el certificado de discapacidad.
Luego analizó el rubro indemnizatorio "gastos médicos futuros". Así, en ejercicio de las facultades contempladas en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, considerando lo prescripto por el perito medico actuante y los aranceles profesionales vigentes -sin perjuicio de la cobertura legal por discapacidad que le asista a la víctima- juzgó que la indemnización que corresponde para el rubro debía establecerse prudentemente en el importe de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
Finalmente, respecto a los accesorios, dispuso la aplicación de la tasa de interés puro del 6% (seis por ciento) anual desde la fecha en que se constató el hecho dañoso -11 de marzo de 2016- y hasta la sentencia de segunda instancia. A partir de allí y hasta el efectivo pago, ordenó aplicar la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a treinta días, con la salvedad del rubro “gastos futuros”, el cual devengará dicha tasa pasiva durante todo el período de mora.
III. Frente a ello, la comuna demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia violación y errónea aplicación e interpretación de normas legales que cita en materia de responsabilidad estatal y cuantificación del daño.
Esgrime -alegando violación de doctrina legal- que los incrementos dispuestos son desproporcionados, infundados y contrarios a las constancias objetivas de la causa. En tal sentido, afirma que la sentencia evidencia que el quantum indemnizatorio no fue el producto de parámetros objetivos y prudentes, fundados en prueba pericial y clara fundamentación del caso concreto, sino que tuvo como única fuente valoraciones subjetivas que habrían generado un enriquecimiento sin causa.
Asimismo, afirma que el Tribunal de Alzada además de haber aumentado los montos en forma exorbitante, impuso -incurriendo en arbitrariedad- el pago de intereses calculados a través de la aplicación de la tasa pasiva desde la fecha del hecho dañoso y sobre un capital muy superior al fijado en primera instancia, lo que hace -a su entender- que el monto final supere ampliamente los parámetros de una reparación justa y razonable.
A su vez alega que la Cámara tampoco ponderó la capacidad contributiva del municipio ni el impacto que genera sobre el Estado municipal, lo que -aduce- viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad en la responsabilidad del Estado.
El recurso fue concedido.
IV. Oído lo expuesto por el señor Procurador General en su dictamen de fecha 10 de febrero de 2026, se anticipa que el remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
V.1. Ha dicho este Superior Tribunal -en reiteradas ocasiones- que la determinación de los rubros indemnizatorios y la fijación de sus montos constituyen típicas cuestiones de hecho y prueba que incumben a los jueces de grado y solo pueden ser revisadas en instancia extraordinaria en el supuesto de absurdo, para lo cual no es suficiente denunciarlo y exponer la propia versión de los hechos, sino que hace falta demostrar fehacientemente que lo concluido por el a quo es producto de un grave y ostensible error que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (conf. doctr. causas A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; A 74.126, "Martinez", sent. de 27-III-2019; A. 71.721, "Luna", sent. de 3-IV-2024; A. 77.911, "Ferreyra", sent. de 6-III-2026; e.o.).
En efecto, los fundamentos expuestos por la alzada que —frente a la ponderación de los elementos de juicio— le permitieran arribar a la decisión modificatoria respecto a las cuantificaciones otorgadas, no logran ser conmovidos por las escuetas objeciones ensayadas en el escrito impugnativo.
Pues bien, una detenida lectura de la pieza fundante deja advertir que los agravios esbozados se reducen simplemente a discrepar con los argumentos expuestos por la Cámara interviniente, limitándose a exteriorizar una disconformidad con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo y discrepante sobre la carencia de motivación del fallo atacado y la cuantía indemnizatoria establecida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 120.959, "Freire Hns. S.A.I.C.F.", resol. de 5-IV-2017; A. 74.126, "Martínez", cit.; e.o.).
V.2. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal, en tanto ha manifestado este Superior Tribunal que es carga específica de los recurrentes denunciar aquellas que reputan violadas o erróneamente aplicadas, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (conf. doctr. causas C. 118.230, sent. de 15-VII-2015; C. 121.434, "Lebedis", resol. de 5-IV-2017; A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022), actividad esta última soslayada por quien aquí recurre, que permite desechar esta parcela revisora.
V.3. A su vez, se observa que no se encuentra adecuadamente desarrollada alguna explicación de cómo es que los preceptos legales que cita fueron violados por el fallo que impugna.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
V.4. Tampoco es audible la pretendida arbitrariedad, toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra —como sucede en el caso— que la operación intelectual desarrollada en la formación del fallo carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. causas C. 126.573, “Borrione”, resol. de 28-X-2025; C. 130.366, "Admiraal", resol. de 9-XII-2025; C. 138.165, "G., J.D.", resol. de 11-II-2026; entre otras).
V.5. Misma suerte corre la infracción del principio de congruencia que subyace en el remedio traído (violación del art. 34 inc. 4, CPCC), en tanto no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del juzgador del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (doctr. causas A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017; A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, A. 78.725, "Rife", sent. de 22-XII-2025; entre otras).
V.6. Por último, devienen inidóneas para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las argumentaciones vinculadas con la transgresión a las garantías constitucionales puntualizadas, por cuanto no se logra acreditar de qué manera el decisorio atacado colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado —en el caso insatisfecha— que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 117.413, resol. de 3-XII-2014; C .117.139, sent. de 8-IV-2015; A. 78.299, "Spirito", sent. de 18-XI-2025).
VI. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Oído el señor Procurador General, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, atento a que ha sido insuficientemente fundado (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/07/2026 14:09:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/07/2026 08:43:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/08/2026 10:16:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 13:10:38 - VIOLINI Victor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2026 13:56:56 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/08/2026 13:58:05 hs. bajo el número RR-681-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia