Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78822
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.822, "Goerens, Teodoro Luis c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Mancini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora, determinó la existencia de un nexo de causalidad entre la conducta de la Provincia de Buenos Aires y los daños cuya reparación se pretendía y —por mayoría— reenvió las actuaciones al juzgado de origen, a fin de que precise el porcentaje de responsabilidad que le incumbe, más el monto de la indemnización.
Contra dicho pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el órgano interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Teodoro y Mónica Goerens promovieron demanda contra la Provincia de Buenos Aires, persiguiendo una indemnización por los daños sufridos en el 2012 en una fracción de campo de su propiedad, ubicada en el partido de Rivadavia. Postularon que la causa del perjuicio radicaba en la inundación intencional de sus tierras a través del canal "América-Bajo San Ruperto", construido por la Dirección de Hidráulica provincial mediante el cual se conducen las aguas pluviales y cloacales de la localidad de América hasta su terreno. Recordaron que la misma situación ya se había presentado en 2001, motivando un primer reclamo indemnizatorio que culminó con una sentencia favorable (según adujeron, firme e incumplida).
Detallaron pormenores de la mencionada obra pública, remitiéndose en definitiva a las constancias de la acción judicial anterior, que había tramitado por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 20 de La Plata, y aclararon que en esta segunda demanda toda la inundación del campo era consecuencia directa de la acción humana, porque no había agua acumulada de manera previa.
Indicaron en qué consistiría el obrar irregular estatal, y en subsidio también postularon la existencia de responsabilidad por actividad lícita.
Detallaron los daños cuya reparación pretenden y citaron jurisprudencia.
II. El juez de primera instancia dictó sentencia y resolvió desestimar la demanda, ello al haber interpretado que no se encontraba configurado el nexo adecuado de causalidad entre el daño y la conducta de la Provincia.
Para así decidir entendió que el peritaje hidráulico agregado en autos, había determinado que las inundaciones respondían pura y exclusivamente al carácter extraordinario de las lluvias registradas en 2012 y al aspecto geomorfológico del campo de los actores.
Respecto de lo que se había resuelto en la causa civil anterior, dejó establecido que en aquella oportunidad se hubo comprobado —a diferencia de la presente— que el único factor con incidencia directa en la inundación del campo fue la obra pública, y por lo tanto no resultaba asimilable al presente caso.
III. Apelado dicho pronunciamiento, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata lo revocó parcialmente y consideró que cabía atribuir un porcentaje de responsabilidad al obrar estatal.
Ponderó a ese efecto —además del dictamen hidráulico— el informe elaborado por el INTA (v. fs. 239/248), el análisis de la perito agrónoma (v. fs. 352/359) y las conclusiones derivadas de la acción judicial anterior. Meritó que las obras de canalización aumentaron el riesgo hídrico de la propiedad de los actores, por la transferencia artificial de excedentes de agua derivados de otras cuencas; alteraron los ciclos de anegamiento/secado, y elevaron el nivel de la napa freática, que tiene incidencia en la capacidad del suelo para absorber el exceso de agua.
Remarcó, también, con cita del informe del INTA, que dichas eventualidades se tornan visibles en períodos de fuertes excesos, como en la especie.
Respecto del estudio profesional que dio base a la sentencia de la instancia anterior, relativizó sus conclusiones al destacar que solo afirmó que las lluvias extraordinarias habían constituido el principal factor de inundación (lo que no implicaba que fuera el único), y que no logró explicar qué vinculación existía entre las obras públicas y el agua existente en la zona oeste del campo objeto de autos, que es justamente donde desemboca el canal.
Señaló también que el informe técnico no indicó cómo pudo arribar a una conclusión opuesta a la del juicio anterior, y que no hizo mención alguna del material probatorio recolectado en ese entonces.
En definitiva, sostuvo el Tribunal de Alzada que las obras "importaron un manejo artificial de excedentes hídricos que modificó las condiciones normales del campo, imponiéndole [...] condicionamientos ajenos a los propios de su natural condición e introdujeron sobre él un riesgo hídrico con el que no contaba antes de dicha intervención antrópica, a lo que se añade que por las características típicas de esta geomorfología, el agua de procedencia extraordinaria no puede seguir su curso tan fácilmente" (cons. III.3.g.).
Establecido de tal modo el nexo causal, fundó la responsabilidad estatal en los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional; 11 y 31 de la Constitución provincial, y dispuso que en primera instancia se determine el porcentaje específico que le incumbe asumir.
IV. Contra dicha sentencia, se alza la Fiscalía de Estado planteando la existencia de absurdo en la valoración de la prueba por parte de la Cámara de Apelaciones, con violación de las normas que rigen la responsabilidad civil.
Resume los antecedentes del caso, transcribe largos párrafos de la sentencia cuestionada y detalla que el error en el juicio valorativo reside en lo siguiente:
- No se ponderaron las condiciones del inmueble previas a las obras.
- No se meritaron adecuadamente los registros históricos de lluvias para la zona, en especial para 1987 y 2012.
- Se incurrió en una equívoca interpretación del peritaje hidráulico.
- El pleito tramitado con anterioridad tiene una plataforma fáctica diferente a la de autos.
Sostiene que el fallo impugnado interpreta equivocadamente los arts. 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que se encuentra probado que el campo de los actores no fue afectado por la obra hidráulica, porque sin su existencia de todos modos se inundaba por sus características geomorfológicas, que se vieron agravadas por las lluvias extraordinarias.
Con referencia al dictamen hidráulico, las imágenes satelitales aportadas como prueba y los registros pluviométricos, insiste en que los resultados de 2012 son similares a los de 1987, cuando las obras aún no se habían realizado, y que esta circunstancia, por sí sola, demuestra el absurdo en que habría incurrido el Tribunal de Alzada.
Pone de relieve que los informes de la estación Trenque Lauquen del Servicio Meteorológico Nacional, confirman que 2012 fue el pico histórico anual de lluvias, de modo que el carácter excepcional del fenómeno se constituye como la única causa del daño, en combinación con las características del terreno.
Alega que la perito habría concluido que las inundaciones fueron mayores en 1987, sin obra pública, y que en realidad esta última tuvo un efecto paliativo.
Propone unos cuadros comparativos de datos que abonarían su tesis y concluye que las condiciones meteorológicas de marzo de 1987 y marzo de 2012 resultan similares, aunque la cubierta hídrica es menor en 2012 que en 1987.
Replica las afirmaciones de la sentencia de segunda instancia con cita del dictamen del peritaje hidráulico y alega que el terreno naturalmente acompaña la evolución de la cantidad de agua, como lo hacía con anterioridad a la intervención humana.
Además, asigna trascendencia a las planillas administrativas suscriptas por los actores para adherir al plan de desastre agropecuario, y les atribuye entidad de declaración jurada que confirmaría el carácter natural del fenómeno.
Respecto de la sentencia recaída en la acción judicial anterior, le resta importancia haciendo hincapié en que se trataría de supuestos fácticos diferentes: expone que el evento climático de 2012 fue más virulento que el de 2001, y de acuerdo con la experta interviniente en autos, en la segunda oportunidad las condiciones del inmueble fueron determinantes para provocar las inundaciones. Cita jurisprudencia y formula reserva del caso federal.
V. Adelanto que en mi opinión el recurso no puede prosperar, atento la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
V.1. En la especie se denuncia el modo en que el tribunal a quo valoró la prueba, con lo cual se plantea una impugnación vinculada con la apreciación de los hechos y del material probatorio.
Tiene dicho al respecto esta Corte, de manera constante, que por vía de principio los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos y la valoración de la prueba por lo que el control casatorio queda por regla excluido salvo, claro está, en los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad (conf. causas Ac. 52.204, sent. de 25-IV-1995; Ac. 57.124, sent. de 20-II-1996; A. 69.841, sent. de 7-IV-2010; A. 70.187, sent. de 15-XII-2010; A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011 y A. 71.891, sent. de 3-XII-2014).
En esa inteligencia se ha expresado que el vicio de absurdo es entendido como el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, del que resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (conf. causa A. 78.549, "Frigorífico Paloni S.A.", sent. de 22-XII-2025).
Es que, si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella solo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de extremas.
No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos probados, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable, en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera en que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; A. 77.421, "Báez", sent. de 7-III-2024; e.o.).
V.2. Bajo tales parámetros, considero que el ensayo argumental de la recurrente no logra acreditar semejante error en la sentencia que cuestiona, partiendo de la base de que no se discute que las condiciones naturales del terreno y el carácter extraordinario de las lluvias fueran la causa principal de la inundación en el campo de los actores, porque esa porción de la decisión se encuentra firme.
El interés litigioso remanente a esta altura consiste en dilucidar si, además de dichos factores, la acción estatal tuvo algún tipo de incidencia concausal.
V.2.a. Postula el Fisco que se habría incurrido en una equívoca interpretación del peritaje hidráulico, con cita de varios de sus párrafos y trae a colación un pasaje de aquél según el cual " de no existir la canalización de las aguas las consecuencias en los campos, vías y alrededores hubieran sido sustancialmente peores que las acontecidas." (fs. 303).
Señala hitos históricos cuya comparación abonaría su argumento, expresando que fue mal interpretado por el tribunal a quo , al entender que no había brindado una explicación suficiente para la presencia de agua en el sector oeste del campo.
Cita la respuesta al ítem 10 del estudio (v. fs. 334/339), en la cual la experta distinguió los sectores este y oeste del inmueble, cuyas masas de agua no tienen conexión entre sí, y que solo el último recibe las aguas provenientes del canal aliviador "América-Bajo San Ruperto".
Mas no logra rebatir la contundente afirmación del Tribunal de Alzada, referida a la falta de una justificación razonable por parte de la profesional para apartarse de las conclusiones vertidas en el pleito anterior trabado entre las mismas partes, desentendiéndose del resultado obtenido en ese entonces y el profuso material probatorio que consta en dicha causa, respecto del que no efectuó análisis ni mención.
Entendió la Cámara que la aseveración que resalta la recurrente resultó descontextualizada en función de los restantes elementos colectados tanto en este juicio como en el anterior, y que no se le dio una justificación satisfactoria.
Y más allá de citar porciones del dictamen técnico e insistir con validar sus conclusiones, la apelante no ha logrado demostrar que el razonamiento del órgano inferior resulte disparatado, o que el peritaje hidráulico revista algún sustento científico o probatorio en el expediente que no se hubiera ponderado, ni mucho menos que se haya explicado de qué modo la acción del canal en lugar de empeorar, habría mejorado las condiciones del campo de los actores.
De tal manera, la impugnación bajo análisis lejos de atacar el sustento jurídico de la decisión del Tribunal de Alzada, en realidad se ciñe a proponer una apreciación diferente de las constancias de la causa y del derecho aplicable, solamente discrepando con las conclusiones del fallo recurrido.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (doctr. causas Ac. 85.405, "Colombo", sent. de 31-III-2004; A. 72.124, "Cazullo", sent. de 6-VIII-2014; A. 71.175, "Frachia", sent. de 1-IV-2015; A. 74.114, "Massalin Particulares", sent. de 20-XI-2019; A. 76.818, "Burgos", sent. de 18-VII-2025; e.o.).
V.2.b. En cuanto a las presuntas diferencias entre la presente acción judicial y la anterior, sostiene la demandada que ambos juicios revisten una plataforma fáctica diferente y pretende que sus conclusiones sean independientes, mas no desarrolla su hipótesis ni intenta explicar qué es lo que torna a los casos tan disímiles como para no trasladar las consecuencias de aquel a este, dejando firme el argumento desarrollado en la sentencia atacada.
Se apunta en el fallo de segunda instancia que en el juicio anterior se tuvo por comprobado que, para evitar un mal mayor, la Provincia de Buenos Aires modificó el curso natural de las aguas y que las obras ejecutadas con ese objetivo incidieron en el campo de los actores, condicionándolo a futuro.
Pues bien, tratándose de las mismas partes, el mismo inmueble, la misma obra pública, el mismo tipo de perjuicio y habiéndose comprobado otrora que, de manera intencional y para evitar males mayores, con la construcción del canal "América-Bajo San Ruperto" se derivaron aguas exógenas a la propiedad de los actores, la ausencia de una crítica puntual de dicho fundamento central de la sentencia sella la suerte adversa del recurso interpuesto, pues, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Se desprende de ello, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, en este supuesto, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 74.114, "Massalin Particulares", sent. de 20-XI-2019 y A. 76.818, "Burgos", sent. de 18-VII-2025).
V.2.c. También, la demandada se agravia de que no se hayan ponderado las condiciones del inmueble previas a las obras, ni se hayan meritado adecuadamente los registros históricos de lluvias para la zona, en especial para 1987 y 2012.
Postula que quedó demostrado en la causa, a partir de un análisis conjunto de los registros pluviométricos, la geomorfología y las imágenes satelitales, que el comportamiento del campo fue similar para el período 1985-1987 (sin obras) y para 2012 (con obras).
Sostiene que el absurdo en que incurrió la Cámara radica en este ítem y que la sola observación de las imágenes satelitales agregadas a la causa, demuestran —a su juicio— la inexistencia de relación causal entre el daño y el obrar provincial.
Sin embargo, de la lectura detenida del considerando III.3. párrafos "c" a "g" del fallo de la instancia anterior, puede advertirse que los magistrados intervinientes sopesaron el profuso material probatorio obrante en autos, haciéndose cargo de las conclusiones del INTA, el dictamen de la perito agrónoma y los registros pluviométricos invocados por la demandada.
Justamente a partir de tal ponderación integral de la prueba obrante en autos fue que se arribó a una decisión diferente de la recaída en la acción judicial anterior, y se meritó la incidencia de los factores geomorfológicos y climáticos en la causación del daño, sin que en esta instancia haya podido demostrarse la irrazonabilidad de tal análisis o la desconexión palmaria de las conclusiones con las constancias de la causa.
Por el contrario, observo que el a quo demostró suficientemente la plausibilidad de su razonamiento al sopesar en conjunto la coherencia y concordancia de todas las constancias del expediente.
En tal sentido, ha interpretado este Tribunal que por más respetable que pueda ser la opinión de la recurrente, ello no autoriza —por sí solo— para que esta instancia extraordinaria sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. causas A. 77.102, "Pizurno", sent. de 30-V-2024; A. 75.771, "D. M., C.", sent. de 3-II-2022; e.o.).
En síntesis, de todo lo expuesto, juzgo que no ha podido demostrarse el error en el razonamiento presentado por los magistrados de la instancia anterior.
VI. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de adherir al voto del doctor Torres.
Como bien lo señala el colega el recurso articulado por la representación fiscal es insuficiente.
De un lado, se limita a disputar el análisis probatorio efectuado por el a quo , sin acreditar el absurdo, como lo indica el ponente.
Del otro, la Cámara destaca la incidencia del proceso anterior y analiza su impacto en la decisión de este pleito. Esta circunstancia, medular en el decisorio, es livianamente mencionada en la parte final del recurso, sin ser debidamente refutada.
Por tales consideraciones adhiero al voto del colega que abr
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.