Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76391
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto (arts. 168, Const. pcial.; 31 bis, ley 5827; art. 296, CPCC y 60, CCA) y declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, Cód. cit.; 60, cit.).
A.76.391 “BUJACICH CAROLINA Y OTRO/A C/ AMITRANO OSCAR FRANCISCO Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. La señora Carolina Bujacich -por derecho propio y en representación de su hija por entonces menor de edad, Dara Chaar- promovió una pretensión indemnizatoria contra la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y el Sr. Oscar Francisco Amitrano, tendiente a obtener una indemnización como consecuencia de los daños derivados del accidente de tránsito ocurrido la noche del 13-X-2003 en la intersección de la calle Juncal y las vías del ferrocarril de la ciudad de Mar del Plata, cuando el vehículo automotor conducido por el señor Javier Maximiliano Chaar (esposo y padre, respectivamente, de las coactoras) en compañía de la menor fue embestido por la formación ferroviaria n° 9075 -cuya locomotora era operada por el Sr. Amitrano- mientras intentaba atravesar el paso a nivel, provocando ello la muerte del conductor y lesiones a la niña (v. fs. 119/139).
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata -mediante el pronunciamiento de fecha 29-V-2012- concluyó en que la acción del conductor Chaar incidió de manera total en la producción del siniestro vial como factor autónomo y suficiente, excluyendo de responsabilidad a la Administración, a la empresa ferroviaria y al sr. Amitrano y, en consecuencia, rechazó en forma total la demanda deducida (v. fs. 879/890).
Por su parte, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en dicha ciudad, hizo lugar -con los alcances indicados en el voto que concitó adhesión- a los recursos interpuestos a fs. 912 vta./931 y fs. 939/949 y, en consecuencia, revocó parcialmente dicho pronunciamiento. Acogió la demanda en cuanto fuera dirigida contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Bonaerense, y condenó a dicho ente a abonar a las reclamantes, las sumas de ciento cincuenta y cinco mil pesos -$ 155.000- y ciento cincuenta y dos mil pesos -$ 152.000-, respectivamente, con más intereses. Impuso, finalmente, costas de Alzada en el orden causado (v. fs. 1205/1231).
Frente a lo así resuelto, la actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1238/1272), siendo ambos concedidos a fs. 1273/1274.
II. Respecto de la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución de la Provincia, cabe señalar que la misma sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; doctr. causas A. 71.821, “Luna”, sent. de 6-XII-2017; A. 75.279, “Odisa”, resol. de 27-VI-2018; A. 75.390, “Cornejo”, resol. de 10-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020; A. 75.869, "San Miguel", resol. de 13-V-2020).
En el remedio revisor en tratamiento la impugnante denuncia -alegando violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial- omisión de tratamiento de una cuestión esencial, cual es la eximición de responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires (en los términos del art. 1113, Código Civil, por entonces vigente), ausencia de fundamentación respecto a la reparación plena justa que debería contener y violación al principio de congruencia.
Al respecto, esta Corte ha sostenido reiteradamente que el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad del fallo aquellas omisiones incurridas por el juzgador por descuido o inadvertencia, mas no cuando la materia aparece desplazada de consideración por la razones expuestas en la sentencia, tal como ocurre en la especie, en que las cuestiones que se denuncian omitidas, quedaron desplazadas al resolver la Alzada que el hecho dañoso en que se funda la demanda de autos aconteció durante la vigencia del anterior Código Civil, que por lo tanto todo reclamo por responsabilidad extracontractual por actividad ilícita estatal debía encontrar, al menos, un punto de conexión con el factor de atribución “falta de servicio” contemplado por el art. 1112 del referido estatuto, y que la inaplicabilidad de tal esquema de responsabilidad objetiva implicaba descartar los agravios de la recurrente que pretenden justificar la responsabilidad endilgada a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y al Estado Provincial a partir de conceptos propios de la "teoría del riesgo" consagrada en el art. 1113 del Código Civil (doctr. causas A. 74.561, "Allegro", resol. de fecha 8-III-2017; A. 75.130; "Fisco c/Romanelli y Mendiola", resol. de fecha 19-IX-2018; A. 75.614, "Fisco De La Provincia De Buenos Aires", resol. de 29-V-2019; A. 75.107, "Arrieta", resol. de 6-XI-2019; A. 76.056, "Gorosito", resol. de 19-VIII-2020).
Así, en el caso, los agravios expuestos por la recurrente, en rigor de verdad, se vinculan con supuestos errores de juzgamiento, en tanto se controvierte la forma como ha sido resuelta la cuestión y el acierto de la decisión, aspecto que constituye un tema ajeno al medio revisor en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 72.551, "Di Santo", resol. de fecha 22-V-2013; A. 73.418, "Leto", resol. de fecha 29-IV-2015; A. 74.225, "Unilever", resol. de fecha 29-VI-2016; A. 75.754, "Rios", resol. de 21-VIII-2019; A. 75.081, "Tricinello Stefanazzi", resol. de 21-VIII-2019 y A. 75.983, "Genco", resol. de 12-II-2020).
Por otra parte, la denuncia de falta de fundamentación respecto a la reparación plena justa tampoco puede prosperar, toda vez que bajo tal expresión en realidad se cuestiona la cuantía de las sumas indemnizatorias otorgadas, ya que el fallo se sustenta en expresas disposiciones legales que, en el caso, dan cabal cumplimiento a la manda del art. 171 de la Constitución local que se aduce violada, con independencia de que las mismas se correspondan o no con los planteos de la parte o del acierto con que han sido aplicadas (doctr. causas C. 90.052, "B. , G.M. . Incidente de disolución de sociedad en autos:a. ,E. . Sucesión", sent. de 19-IX-2007; C. 97.842, "A. , G. contra Morganti", sent. de 3-XI-2010; C. 117.943, "López de Bartolomé", resol. del 3-VII-2013; C. 118.418, "Rodríguez Epherra", resol. del 18-XII-2013 y C. 119.049, "B. , G.M.", resol. de 2-VII-2014).
Asimismo deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del embate en análisis, la denuncia de infracción del principio de congruencia, en tanto no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del juzgador del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017, A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018, entre otras).
III. En relación a la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley corresponde señalar, en primer lugar, que en los casos de litisconsorcio facultativo el inc. 2 del artículo 60 del Código Contencioso Administrativo establece que la aludida vía sólo será admisible cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda, respecto de cada recurrente, el importe fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas A. 73.273, "Alarcón", resol. de 4-V-2016; A. 74.401, "Fariña", resol. de 15-XI-2016; A. 74.955, "Machado", resol. de 11-IV-2018; A. 75.277, "Albanese", resol. de 4-VII-2018; A. 75.376, "Libera", resol. de 21-XI-2018).
Y por otra parte que, de acuerdo a los agravios desplegados en el escrito de impugnación en análisis, el monto de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria se halla representado por la diferencia entre el capital reclamado en la demanda para cada coactora -$819.375 y $998.000 (v. liquid. fs. 135)- y el importe de la condena fijada por el tribunal de Alzada -$155.000 y $152.000, respectivamente-, sin que corresponda adicionar intereses, ni actualizar dichas sumas (A. 73.961, "Giacometti", resol. de 22-XII-2015; A. 74.481, "Garin", resol. de 7-XII-2016; A. 74.655, "Ballarini", resol. de 19-IV-2017; A. 74.897, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 28-II-2018; Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 13-VI-2018; A. 75.376, "Libera", cit. y Q. 76.262, "Maldonado", resol. de 19-II-2020, entre otras), resultando, en consecuencia, que los mismos no superan el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo dispuesto en el art. 60 del Código Contencioso Administrativo, para acceder a su revisión por la vía intentada (confr. Acuerdo 3953/2019; doctr. causas A. 74.771, "Cuartucci", resol. de 12-VII-2017; A. 74.812, "Morente", resol. de 18-X-2017; A. 75.858, "Zurita", resol. de 25-IX-2019; A. 75.860, "Comaschi", resol. de 29-IV-2020).
Asimismo, en torno a la alegación introducida en el punto IV.2.1 del recurso en tratamiento, alusiva a la inexigibilidad del requisito establecido en el referido art. 278 respecto del valor del litigio, con invocación del criterio sentado en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), debe agregarse que no se observa, en el sub lite, motivo alguno que autorice a hacer excepción a la postura aludida, sobre la base de la referida doctrina, por la que se condiciona la validez de las restricciones de los recursos extraordinarios locales a la circunstancia de que en la causa no se encuentre en juego una cuestión federal que pudiera ulteriormente ser materia de la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 (doctr. causas Q. 72.162, "Nico", 9-X-2013; A. 70.721, "Fisco c/ Petit Four", 5-III-2014; Q. 73.625, "Cablevisión S.A.", resol de 20-V-2015; Q. 75.359, "Interbas SA", 29-VIII-2018; A. 75.534, "Castro", sent. de 21-XI-2018; A. 75.621, "Moure", resol. de 5-VI-2019; A. 75.860. "Comaschi", cit.).
Por otra parte, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 ap. 3 inc. "a" de la Constitución provincial establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (“Acuerdos y Sentencias”, 1962-I-513; III-339; doctr. causas Q. 72.162, "Nico", resol. de 9-X-2013; A. 73.049, "Almeida", resol. de 12-XI-2014; A. 70.987, "Banfi", resol. de 26-III-2015; Q. 75.344, "Macchia", resol. de 22-VIII-2018; CSJN Fallos: 253:469, entre otros).
En relación a la pretensión de que se considere el valor del agravio a la fecha de interposición de la demanda, en la inteligencia de que a ese tiempo lo reclamado superaría los 500 jus, tales argumentaciones no pueden admitirse, desde que este Tribunal ha sostenido -reiteradamente- que las condiciones de admisibilidad de los recursos extraordinarios, y en particular el monto mínimo para recurrir, se rigen por la ley vigente al momento de su interposición (doctr. causas C. 116.602, "Tenenbaum", resol. de 9-V-2012; C. 122.919, "Godoy", resol. de 20-III-2019; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020; Q. 75.965, "Solomajina", resol. de 25-VI-2020; Q. 76.147, "Furnari", resol. de 1-VII-2020; Q. 75.567, "Beneito", resol. de 1-VII-2020; A. 75.837, "Medivid", resol. de 19-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto (arts. 168, Const. pcial.; 31 bis, ley 5827; art. 296, CPCC y 60, CCA) y declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, Cód. cit.; 60, cit.).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:46:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:37:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:17:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 17:19:21 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia